Las empresas petrolíferas y de gas serán plenamente responsables de los daños medioambientales que causen a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales. Y deberán demostrar que tienen suficiente capacidad financiera para cubrir las consecuencias de un posible incidente.

Antes de empezar cualquier perforación, los operadores tendrán que realizar un análisis de riesgo completo y preparar un plan de emergencia de respuesta, que será examinado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Y la actividad sólo podrá empezar tras la aprobación por parte de una autoridad nacional independiente.

Las empresas que operen en aguas comunitarias deberán demostrar además que su política de prevención de riesgos se aplica también fuera de la Unión Europea. Los Estados miembros se comprometen a promover los mayores estándares de seguridad en las perforaciones en el ártico, aunque la Unión Europea no tenga aguas allí.

La Unión Europea dispone de casi un millar de instalaciones de gas y petróleo en alta mar. La mayoría de ellas son propiedad del Reino Unido (486) y Holanda (181), mientras que España tan solo dispone de cuatro, localizados principalmente en el golfo de Cádiz y en la costa de Tarragona y del País Vasco.

La Eurocámara rechazó una enmienda en la que se pedía prohibir perforaciones en áreas cercanas a zonas turísticas. Para el eurodiputado del PP Gabriel Mato, este resultado supone un aval para Canarias de cara a los futuros sondeos para comprobar si existe petróleo en aguas situadas entre las islas y Marruecos.

«Me alegro del avance que supone este acuerdo, y especialmente en un momento en el que el debate está abierto en Canarias, porque algunos con responsabilidades políticas pero con una actitud irresponsable tratan de impedir cualquier actividad sin más argumentos que sus propios intereses políticos y electorales«, dijo Mato, al criticar la actitud del Gobierno canario.

Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para incorporar esta norma -que ya fue pactada con el Consejo- a sus legislaciones nacionales. Las instalaciones ya existentes dispondrán de hasta 5 años para adaptarse a las nuevas normas.

Oceana denuncia que se protege a la industria petrolera

Oceana, por su parte, denunció que la nueva directiva para reforzar la seguridad de perforaciones en alta mar «protege a la industria petrolera y a intereses nacionales», lamentado que «la visión cortoplacista haya vuelto a sacrificar la prevención en beneficio de una industria multimillonaria».

La organización lamentó que la Eurocámara «no haya aprovechado esta oportunidad para endurecer la normativa medioambiental y de seguridad, mejorar la supervisión independiente y la transparencia, y establecer una cultura de la seguridad en alta mar para toda la Unión Europea».

Oceana estimó que el texto aprobado es «tan laxo que apenas asegura protección efectiva en caso de una catástrofe similar a la de la Deepwater Horizon» y lamentó que se hayan ido «suavizando las obligaciones hasta crear un vacío legal que permite a las compañías petroleras europeas efectuar operaciones fuera de aguas de la Unión Europea y aplicar estándares bajos en países en desarrollo, por ejemplo».

«Esta nueva directiva sobre la seguridad de las prospecciones en el mar es fruto de concesiones políticas para proteger a la industria petrolera y a intereses nacionales, y sólo reportará mejoras menores a la seguridad de las operaciones en el mar», reiteró Oceana.

«La Comisión teme que estas empresas hayan alcanzado un pacto ilícito para trasladar precios distorsionados a la Agencia de Información sobre Precios con el fin de manipular los precios publicados para varios carburantes y biocarburantes», según informó. Las compañías intentaron además excluir a otros rivales de este proceso para «distorsionar los precios publicados».

De confirmarse estos indicios, el Ejecutivo comunitario podría imponer a las compañías fuertes multas. Siguiendo su práctica habitual, Bruselas eludió identificar a las petroleras implicadas y a los países en los que están basados.

«Los precios analizados publicados por la Agencia de Información de Precios sirven como referencia para el comercio en el mercado físico y de derivados financieros para una serie de productos de consumo en Europa y a nivel internacional», denunció el Ejecutivo comunitario.

«Incluso pequeñas distorsiones en los precios pueden tener un enorme impacto en los precios de compraventa del petróleo crudo, productos refinados del petróleo y biocarburantes, perjudicando a los consumidores finales«, señaló la Comisión.

Las inspecciones por sorpresa son un paso preliminar en las investigaciones de prácticas contrarias a la competencia, pero no prejuzgan su resultado final. No hay plazos legales para completar estas investigaciones. Su duración depende de una serie de factores como la complejidad de cada caso, el grado de cooperación de las empresas y el ejercicio del derecho de defensa.

La Comisión Europea solicitó la opinión de los Veintisiete sobre la posibilidad de imponer derechos provisionales «antidumping» (tasas) del 47% a estos productos, con el fin de hacer menos atractivas las importaciones chinas, agregaron las fuentes comunitarias consultadas.

La decisión será debatida por expertos el próximo 15 de mayo, aunque su opinión no es vinculante, y entrará en vigor previsiblemente a partir del 5 de junio.

Por su parte, el portavoz comunitario de Comercio, John Clancy, dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea que no podía hacer ningún comentario sobre una investigación que sigue abierta y se limitó a recordar que la fecha en la que concluye el plazo para imponer medidas provisionales, si es que finalmente la Comisión Europea así lo decide, es el próximo 6 de junio.

«Si tiene que haber medidas, derechos provisionales, ese es el tiempo límite que tenemos para hacerlo», apuntó.

En esa fecha, se habrán cumplido nueve meses desde el inicio de la investigación, abierta tras recibir el Ejecutivo comunitario las denuncias presentadas por la patronal europea del sector fotovoltaico, EU ProSun, que representa a empresas españolas, alemanas o italianas, sobre que dichas importaciones procedentes de China estaban incurriendo en una competencia desleal.

Bruselas consideró que existen pruebas suficientes de que el país asiático vende estos productos por debajo del coste de producción (práctica conocida como «dumping») gracias a ayudas públicas, causando un grave perjuicio a los fabricantes europeos de paneles solares.

Clancy insistió en que la investigación sigue abierta y «sólo llegará a su final al cabo de unos quince meses desde que se inició, lo que nos lleva aproximadamente a diciembre de 2013. Ahora estamos a mitad del camino». No obstante, cuando termine, los Veintisiete deberán tomar una decisión sobre las sanciones definitivas.

Mientras, indicó que la Comisión Europea sigue recolectando evidencias, y precisó que, «si vemos que se está produciendo un verdadero daño a las compañías europeas concernidas, tenemos a nuestra disposición esta especie de medida de emergencia», declaró en relación con la posibilidad de aplicar medidas provisionales a estas importaciones chinas.

La Comisión Europea anunció el pasado 5 de marzo el registro de todas las importaciones chinas de paneles solares y sus principales componentes -como células y obleas-, en el marco de la investigación «antidumping».

Clancy hizo hincapié entonces en que tal registro se llevaría a cabo a petición de la industria europea, y agregó que tal decisión «no prejuzga de ninguna manera el resultado» de las investigaciones iniciadas.

El registro de importaciones permitiría la aplicación retroactiva de derechos «antidumping» durante un máximo de 90 días antes de la posible imposición de «derechos provisionales».

La Comisión Europea también señaló entonces que la decisión sobre la retroactividad de los derechos sólo se decidirá al término de la investigación, en diciembre.

Bruselas abrió en septiembre una investigación «antidumping» a las importaciones de placas solares procedentes de China al considerar que hay «evidencias» de que pueden causar «daños» a la industria europea.

La cuestión de los paneles solares ya desató una guerra comercial entre China y la Unión Europea. El Gobierno de Pekín presentó el año pasado una denuncia ante la OMC por las subvenciones que concede la Unión Europea y algunos Estados miembros, en particular Italia y Grecia, a la energía solar.

En 2011, China exportó a la Unión Europea paneles solares y sus componentes claves por valor de alrededor de 21.000 millones de euros.

El Ejecutivo europeo explicó que analizó la operación en un procedimiento simplificado comunitario, el habitual cuando una fusión a priori no presenta riesgos para la competencia en el mercado único.

La filial francesa de la energética española se dedica a gestionar parques eólicos y tiene inversiones en compañías que operan en el negocio de la energía renovable en territorio galo, según recordó la Comisión Europea.

La operación de venta de IBRF fue notificada a Bruselas el 7 de marzo.

El pasado 31 de diciembre, Iberdrola anunció la venta del 100% de su filial francesa, incluidos los 32 parques eólicos de su propiedad, por un importe de 400 millones de euros.