La Comisión Europea da un ultimátum a España para que adapte la normativa comunitaria de eficiencia energética y seguridad nuclear

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EFE / Europa Press.- La Comisión Europea ha amenazado con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) si en un plazo de dos meses no aplica al completo la nueva normativa europea sobre seguridad nuclear. Asimismo, la Comisión Europea envió un ultimátum a España para que trasponga correctamente la legislación comunitaria sobre eficiencia energética, que exige la instalación de contadores individuales de calefacción y agua caliente en todos los edificios de pisos y no sólo en los nuevos.

«La Directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios de pisos existentes, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios nuevos», construidos después de 2007, indicó la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario envió a España un «dictamen motivado» al respecto, el segundo y último aviso de Bruselas antes de denunciar a España dentro de 2 meses ante los tribunales europeos por no adaptarse a una normativa de 2012, que obliga a instalar contadores individuales para medir el consumo y asignar costes en edificios en los que este tipo de servicios se suministran desde una instalación central.

Normativa europea sobre seguridad nuclear

Por otro lado, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a España y Polonia para instarles a que completen la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear. Bruselas aviso a España de que debe adoptar y comunicar todas las medidas necesarias para garantizar la plena y correcta transposición de la normativa comunitaria, ya que ésta refuerza el marco jurídico de la seguridad nuclear a nivel europeo e introduce objetivos de seguridad de alto nivel para evitar accidentes.

La Unión Europea enmendó su directiva sobre seguridad nuclear en 2014 tras haber efectuado pruebas de estrés en los países, a raíz del accidente nuclear de Fukushima y para cumplir con las exigencias de organismos internacionales, y los países debían introducir los cambios en su legislación a más tardar en agosto de 2017. Estas normas reforzaron la prioridad que se da a la seguridad en todo el ciclo de vida de las centrales y, entre otras cosas, obligan a hacer una reevaluación de la seguridad de todas las plantas nucleares al menos una vez cada 10 años, refuerzan el poder de los reguladores nacionales y su independencia de los gobiernos y permiten a unos Estados evaluar lo que hacen otros.

España y Polonia tienen dos meses para responder a la carta de emplazamiento que les ha enviado el Ejecutivo comunitario y, si no lo hacen o sus explicaciones no satisfacen a Bruselas, el procedimiento podría avanzar con una petición formal para que presenten medidas concretas y, eventualmente, terminar en los tribunales europeos. Además de España y Polonia, la Comisión ya había abierto en diciembre un procedimiento de infracción a Bélgica por este motivo, pero las medidas notificadas por el país para implementar las normas europeas no cumplen con las exigencias de Bruselas. Por este motivo, la Comisión Europea avanza un paso más en el procedimiento pidiéndole nuevas medidas en un máximo de dos meses o la llevará ante el TUE.

Cañete pide a los Gobiernos no «poner barreras injustificadas» a la entrada y salida de empresas de generación eléctrica

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Europa Press.- El comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, reiteró a los Estados miembros de la Unión Europea que «no conviene poner barreras injustificadas a la entrada y salida de empresas de generación de electricidad» y que los países deben establecer un marco reglamentario «apropiado que facilite las inversiones necesarias para la transición a la energía limpia».

En una respuesta a la pregunta en el Parlamento Europeo planteada por el eurodiputado José Blanco respecto a los planes del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, para endurecer las condiciones para el cierre de centrales de generación eléctricas, Arias Cañete, en nombre de la Comisión, señala que esta consideración ya está contenida en la nueva configuración del mercado recogida en las propuestas legislativas del paquete Energía limpia para todos los europeos.

Se trata de una medida que el Gobierno decidió presentar por medio de una proposición de ley a través del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, incorporando así observaciones que había realizado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe y en busca de dar rango de ley a la norma, tal y como planteó la CNMC.

En su respuesta, Cañete subraya que la Comisión se mantiene «en estrecho contacto» con las autoridades españolas con objeto de aclarar el contenido de estos proyectos de normas y «trabajar en la búsqueda de una solución que se ajuste al Derecho vigente de la Unión». Además, destaca que para alcanzar los objetivos de París «es necesaria la contribución de todos» y afirma que «es responsabilidad de los Estados garantizar que su marco reglamentario facilita la transición hacia una energía limpia».

España defiende en la Unión Europea un objetivo ambicioso en renovables para el año 2030 vinculado a reforzar las interconexiones

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Europa Press.- España ha defendido un nivel «ambicioso» en renovables para 2030, aunque ha subrayado que este objetivo debe venir acompañado «de un refuerzo muy significativo» de las interconexiones, así como de medidas tanto en eficiencia energética como en electrificación de demanda final que permitan la incorporación eficiente de nueva potencia renovable.

Según el Ministerio de Energía, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, asistió a una reunión donde se debatió sobre los objetivos en materia de renovables y eficiencia energía para el año 2030 en la Unión Europea. Además, se ha hablado de las medidas para alcanzar una gobernanza europea en materia de energía y clima, así como de la revisión de competencias de la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER).

Se busca un acuerdo de los países con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética y el Reglamento de Gobernanza antes del verano. En este sentido, se han celebrado varios trílogos para aproximar posiciones del Consejo con el Parlamento Europeo y la Comisión. Navia también reclamó que se apliquen pronto las nuevas reglas de Eurostat sobre la contabilidad pública de nuevas inversiones en eficiencia, así como mayores fondos europeos dedicados a eficiencia energética. Además, Navia destacó la importancia de garantizar que la transición energética sea eficiente, ofrezca unos precios competitivos de la energía y esté basada en reglas definidas.

La CNMC critica que Energía no introduzca ninguna novedad en el mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la Unión Europea

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no haya aprovechado para llevar a cabo una revisión del mecanismo de interrumpibilidad para adaptarlo a la normativa europea, de cara a la nueva subasta que se realizará para el periodo comprendido de junio a diciembre de este año, después de la primera, destinada a cubrir el periodo enero-mayo, que se celebró en diciembre.

La CNMC ha recordado que en la anterior orden de esa subasta ya expuso que el Ministerio de Energía debería haberla planificado mejor, de forma que cubriese todo el año. En su informe sobre la propuesta de orden del Gobierno para subastar potencia interrumpible durante los 7 últimos meses del año, la CNMC señala que el Ministerio justificó la existencia de dos subastas este año por necesitar más tiempo para adaptar el servicio de interrumpibilidad a las exigencias de Bruselas y los cambios que introducirá el nuevo marco regulatorio europeo, cuya entrada en vigor está prevista a finales de 2018. Sin embargo, el organismo señala que no aprecia en la propuesta del Ministerio «ninguna de las reformas regulatorias prometidas anteriormente».

Asimismo, al igual que en noviembre en su informe sobre la primera subasta de potencia interrumpible para 2018, la CNMC advierte del elevado coste que implica el mecanismo y considera que estas subastas «son complejas y que sus costes triplican a las del gas y electricidad». A este respecto, indica que el sistema de subastas de interrumpibilidad tuvo un coste de 1,3 millones en 2015 y de entre 500.000 y 600.000 euros cada año a partir de entonces, muy superiores al coste de organización de las subastas eléctricas y gasistas celebradas en España, con costes entre 75.000 y 205.000 euros.

Dos cambios para la subasta

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país. Respecto a las novedades introducidas por el Ministerio de Energía, la CNMC considera que la sustitución del producto de 90 megavatios (MW) por otro de 40 MW podría «ser insuficiente» para aumentar el número de empresas en la subasta, por lo que recomienda considerar adicionalmente otras alternativas, como permitir agregaciones de los proveedores de 5 MW.

Asimismo, comparte que se impida la participación en la próxima subasta a aquellas empresas con deudas pendientes con el operador del sistema, Red Eléctrica, en relación con el servicio de gestión de la interrumpibilidad en los cuatro años naturales anteriores a la temporada en la que desea participar. A este respecto, señala que en el primer trimestre de este año, el servicio se ha activado 35 horas, con un total de potencia interrumpida de 16.749 megavatios (MW), según Red Eléctrica.

Energía publicó en noviembre pasado una orden para que la interrumpibilidad pudiera ser usada no sólo como un mecanismo de ajuste del sistema cuando falta potencia, sino también como herramienta para la contención del precio de la electricidad. En los dos primeros meses de 2018, la interrumpibilidad se utilizó en 27 ocasiones por motivos económicos, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.

En la subasta que se hizo para el periodo entre enero y mayo de 2018, se adjudicaron un total de 384 lotes de potencia interrumpible a 117 pujadores de los 128 que se presentaron. El precio medio de asignación fue de 108.245 euros por megavatio y año en los bloques de 5 MW y de 235.167 euros por megavatio y año en los de 90 MW, mientras que la media ponderada se situó en 143.393 euros por megavatio y año.

La Eurocámara aprueba medidas de mejora de la eficiencia energética en los edificios y reducir sus emisiones con horizonte 2050

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EFE / Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo aprobó nuevas medidas que apuestan por la renovación de los edificios de la Unión Europea para garantizar la máxima eficiencia energética en las construcciones comunitarias en el 2050. El texto, que salió adelante con 546 votos favorables, 35 en contra y 96 abstenciones, tiene como objetivo recortar el volumen de emisiones contaminantes entre un 80% y 85%, respecto a 1990.

Para ello, la nueva norma, fruto de la revisión de una directiva anterior, obligará a los Estados a desarrollar estrategias nacionales a largo plazo para la renovación de sus edificios, tanto públicos como privados. Para el eurodiputado Bendt Bendtsen (Partido Popular Europeo), esta norma es una señal clara del compromiso con los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático y la determinación europea de avanzar hacia una Unión Energética. «El sector de la construcción juega un papel clave. Ofrecemos certidumbre a los inversores de que la renovación de edificios es un área prioritaria«, sostuvo.

La directiva introduce disposiciones para fomentar la movilidad eléctrica con al menos un punto de recarga en aquellos inmuebles con más de 10 plazas de aparcamiento y la instalación de cableado para la recarga. Por otra parte, se endurecen las normas sobre inspección de los sistemas de calefacción y refrigeración, y los edificios nuevos y aquellos renovados en los que se sustituyan los sistemas de calefacción, deberán contar con dispositivos automáticos para regular la temperatura.

Además, está prevista la creación antes de que acabe 2019 de una herramienta, denominada «indicador de inteligencia», para medir la capacidad de los edificios para mejorar su funcionamiento y su interacción con el sistema según las necesidades de sus ocupantes, reduciendo así el uso de energía. Esta normativa debe ser aprobada ahora por el Consejo de la Unión Europea, la institución comunitaria que representa a los Estados miembros, antes de entrar en vigor. Es la primera de las ocho propuestas incluidas en el paquete sobre Energías limpias, presentado por la Comisión en noviembre de 2016.

Reducción de emisiones del transporte

Por otro lado, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones derivadas de la edificación, el transporte, la agricultura y los residuos, que no están cubiertas por el sistema europeo de comercio de emisiones y que deben recortarse un 30% en 2030 en todo el bloque comunitario. España deberá rebajar en un 26% las emisiones de estos sectores. Luxemburgo y Suecia son los dos únicos países a los que se les ha exigido reducir un 40% sus emisiones, seguidos de Dinamarca y Finlandia (39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Italia (33%).

Estos esfuerzos forman parte del conjunto de medidas de la Unión Europea destinadas a cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, en el que el bloque comunitario prometió reducir en un 40% sus emisiones contaminantes totales con respecto a los niveles de 1990. Además, la Eurocámara también dio su visto bueno a una nueva normativa centrada en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de suelos y bosques, así como en aumentar el volumen de dióxido de carbono (CO2) absorbido por la masa forestal para hacer frente al cambio climático.

Instituciones e industria reafirman su apuesta por la energía renovable en la Unión Europea

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EFE. – Representantes de la Comisión Europea, la Eurocámara y la industria energética mostraron su apoyo al uso de energías renovables limpias y la descarbonización del sector en Europa, durante la celebración de la IV cumbre energética europea en Bruselas.

Ejemplo de ello fue el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, que ensalzó el papel de liderazgo de la Unión Europea (UE) en la materia durante el discurso de apertura que compartió con el primer ministro de energía de Bulgaria, Zhecho Stankov, y el presidente de la comisión de Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek.

Así, Cañete afirmó que la transición energética es «cada vez más urgente» ante las incertidumbres geopolíticas actuales y subrayó que para la UE es un «reto importante» puesto que aún depende mucho de los carburantes fósiles pese a los avances en renovables.

«El carbón, petróleo y gas todavía suponen más del 72% de nuestras fuentes primarias de consumo de energía en 2016 y la mayoría fue importado», señaló Cañete, quien defendió que la UE debe aumentar su resiliencia energética.

En 2016, la Unión Europea importó el 88% del petróleo, el 70% del gas natural y el 40% de otro tipos de carburantes fósiles, según explicó el comisario español.

Sin embargo, recordó que la UE está camino de lograr los objetivos de reducir su consumo energético un 40% para 2030 en comparación con 1990 y consideró que el liderazgo comunitario en la materia se verá impulsado con la presentación de una estrategia europea de emisión de gases de efecto invernadero de larga duración en 2019.

«La geopolítica internacional necesita que la UE urgentemente aumente su resiliencia energética. A medio y largo plazo reduciría la dependencia de nuestras economías de la importación de hidrocarburos», sostuvo Cañete.

Sobre los retos del futuro, el comisario español reconoció que Rusia seguirá siendo un suministrador clave para la Unión Europea, pero que el país debe garantizar «precios competitivos» para poder competir en el mercado europeo. También destacó el papel de Ucrania como país «de tránsito» entre Rusia y la UE, así como la importancia de que la reforma del sector energético «continúe» para garantizar la «seguridad energética» europea.

«La transición energética está sucediendo en todas partes, todos los países son importadores o exportadores. En Europa las energías renovables, la eficiencia energética y el papel de los consumidores como actores clave mitigarán la dependencia del gas externo», apuntó Cañete.

Por otro lado, el eurodiputado socialista José Blanco, aseguró que «la lucha contra el cambio climático no es una opción, es una obligación».

Blanco fue uno de los ponentes del paquete legislativo aprobado en enero por el Parlamento Europeo que defiende que la cuota de renovables de la UE sea del 35% en 2030, por encima del 27% que piden los Estados miembros y del 30% que propone la Comisión.

Apuntó que en la cumbre celebrada en París en 2017, auspiciada por el presidente galo, Emmanuel Macron, se ratificaron los objetivos del Acuerdo por el Clima firmado en esa ciudad en 2015 y se invitó a los Estados de la UE a cumplirlos en un «discurso muy esperanzado».

«Pero cuando uno habla con su ministro de energía y ve que defiende un 30% de energías renovables para el periodo 2020-2030, uno piensa que el discurso del presidente no está en consonancia con el papel que Francia desempeña en el Consejo», añadió.

El aumento de la competitividad de las energías renovables y la reducción de sus costes se plantearon como principales motivos para conseguir estos objetivos, así como una ventaja para su expansión futura.

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de ENEL, Simone Mori, añadió que «la energía renovable es la forma más barata para producir energía».

Mori también hizo hincapié en la importancia de la digitalización de la red eléctrica, una herramienta que considera que hay que promover «para que se convierta en el nuevo estándar europeo».

Durante la jornada también se debatió la presencia de la conocida como «energía azul» – que deriva de los océanos, ríos y mares- y su importancia en las economías verdes.

«La energía de los océanos puede llegar hasta el 10% de la demanda de la UE (…) y Europa es afortunada porque tenemos excelentes condiciones naturales para producir energía con las olas y las mareas, tenemos ingenieros expertos en marina y emprendedores muy motivados», sostuvo el comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella.

Por último, el secretario general de energía español, Daniel Navia, el cual consideró que concienciar a la ciudadanía es «la clave» de esta transición energética y destacó la inversión del Gobierno español en publicidad sobre eficiencia energética. «Tenemos que explicar a los consumidores que la transición energética no solo son las renovables, sino también eficiencia energética», apuntó.

Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala el fondo nacional de eficiencia energética de España

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Europa Press / EFE.- Una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha determinado que la ley española que obliga a empresas a abonar contribuciones a un fondo de ahorro energético sin darles la alternativa de cumplir ellas mismas con los objetivos de ahorro es compatible con el Derecho comunitario.

En las conclusiones que presentó, la abogada Juliane Kokott también ha señalado que es conforme con la directiva europea imponer obligaciones de eficiencia energética sólo a determinadas empresas de una cadena de suministro y no a otras de la misma cadena, pero siempre que la selección responda a criterios objetivos y no discriminatorios. En cualquier caso, las conclusiones de Kokott son preliminares y no vinculan a la futura sentencia que tendrá que dictar un juez del tribunal con sede en Luxemburgo en los próximos meses. Aunque suele seguir el criterio del Abogado, el TUE no está vinculado por el mismo.

La abogada general respondió así a la pregunta planteada por el Tribunal Supremo por la impugnación presentada por Saras Energía contra la normativa española que fija las obligaciones de aportación al Fondo, al defender que la legislación española es incompatible con la directiva europea al obligar a cumplir con las obligaciones de ahorro energético mediante contribuciones a un fondo de eficiencia energética sin permitir hacerlo mediante medidas de ahorro. La firma también denuncia que se imponga esta obligación a las empresas comercializadores de gas y electricidad y a los mayoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo, dejando al margen los distribuidores de gas y electricidad y los minoristas de productos petrolíferos y de gases licuados de petróleo.

La normativa española establece que a las empresas del sector energético se les asignará «una cuota anual de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro». La principal forma de cumplimiento de esas obligaciones de ahorro es el abono de una contribución financiera anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Como única alternativa se plantea la posibilidad de que el Gobierno español establezca un mecanismo de acreditación de que se ha conseguido un efectivo ahorro energético pero hasta la fecha el Ejecutivo no ha hecho uso de esa opción.

En el procedimiento han presentado observaciones escritas Acciona, Endesa, Engie España, Fortia Energía, Saras Energía, Viesgo, Villar Mir Energía y Enérgya VM Gestión de Energía. Sobre la primera cuestión, la letrada considera que la obligación de contribución sin alternativa es conforme a la directiva europea porque es una opción que encajaría entre las actuaciones que ésta recoge para lograr los objetivos de ahorro energético. En este sentido, Kokott subraya que esta obligación sin ofrecer alternativa forma parte de un instrumento financiero destinado a crear un marco de apoyo e incentivos, puesto que «es de suponer que los recursos del Fondo se utilizan para incentivar medidas que mejoren la eficiencia energética».

Sin embargo, la abogada general del TUE puntualiza que esta normativa será compatible con la legislación comunitaria siempre y cuando garantice un nivel de ahorro equivalente al del sistema de eficiencia energética previsto por la Directiva y se cumplan los requisitos establecidos. Sobre la segunda pregunta, Kokott asegura que es legal imponer estas obligaciones de eficiencia energética sólo a determinados eslabones de una cadena de suministro y no al resto, pero siempre que la selección de las empresas «responda a criterios objetivos y no discriminatorios». En ese contexto, añade que deberá ser el Tribunal Supremo español quien examine los requisitos procedimentales y materiales de la obligación de contribución sin alternativa.

Los 28 y la Eurocámara acuerdan normas para controlar emisiones de vehículos pesados

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Europa Press. – Los Veintiocho y la Eurocámara han llegado a un acuerdo preliminar sobre las nuevas normas que por primera vez introducirán un sistema de vigilancia e información estandarizado para controlar de la misma manera las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los nuevos vehículos pesados en la UE como los camiones, autobuses y autocares.

Las nuevas normas prevén la creación de un registro central europeo al que las autoridades y fabricantes enviarán los datos sobre emisiones de C02 y el rendimiento de consumo de combustible de los nuevos vehículos pesados, datos que estarán accesibles al público para permitir la comparación sencilla entre modelos.

Según datos de la Agencia de Medioambiente Europea, las emisiones de CO2 del sector transportes de carreteras representaron cerca del 73% del total de emisiones del sector en 2015 (incluidos la aviación y transporte marítimo (el 44,5% de coches y el 18,8% de los vehículos pesados), un 19% más respecto a los niveles de 1990.

Así, la UE se ha marcado el objetivo de reducir un 20% las emisiones del sector transporte en 2030 respecto a sus niveles de 2008 con el objetivo de cumplir los objetivos de clima.

Las nuevas normas, que precisamente forman parte del paquete de propuestas normativas europeas para reducir las emisiones de C02 y contribuir a una economía europea baja en carbono, cubrirán únicamente los nuevos vehículos, aunque servirán de base para fijar estándares en el marco de una nueva propuesta normativa que la Comisión presentará más adelante este año para los vehículos pesados ya en circulación.

Aevecar, CEEES, CERMI y los sindicatos se unen para defender las gasolineras «atendidas y seguras»

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Europa Press. – Las organizaciones patronales de estaciones de servicio Aevecar y CEEES; el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y los sindicatos UGT y CCOO se han unido con el objetivo de defender a las estaciones de servicios atendidas y seguras, reclamar a la Comisión Europea que determine «la falsedad del rumor sobre supuestas multas millonarias a las comunidades autónomas con una legislación contraria a las gasolineras sin personal» y apoyar los derechos de las personas con discapacidad en todas las gasolineras de la Unión Europea.

En un comunicado, las organizaciones piden a los responsables políticos de las comunidades autónomas que «no actúen con precipitación por la desinformación creada por un rumor falso y malintencionado que amenazaba con multas diarias y desorbitadas a aquellas comunidades que no permitieran en su legislación las gasolineras sin personal».

Así, reclaman una declaración pública de la Comisión Europea sobre el tema. Por otro lado, las organizaciones celebran y apoyan el resultado de las gestiones realizadas por el CERMI en el ámbito de la Unión Europea que ha logrado que la Comisión Europea, a instancias del Parlamento Europeo, investigue en toda la UE la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas para determinar si los derechos de movilidad de las personas con discapacidad están debidamente amparados.

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

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EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».