En concreto, el Ejecutivo comunitario abrió procedimientos formales en contra de la empresa búlgara y de sus filiales de suministro de gas Bulgargaz y de infraestructuras gasísticas Bulgartransgaz por una posible vulneración del derecho comunitario.

La Comisión sospecha que BEH y sus filiales podrían estar entorpeciendo el acceso de competidores a las infraestructuras gasísticas claves del país, tales como las redes de transporte de este recurso y las instalaciones de almacenamiento.

En este sentido, la Comisión Europea consideró que el grupo energético búlgaro estaría rechazando o retrasando de manera explícita o bien encubierta el acceso de terceras empresas, según informó la misma institución en un comunicado.

Además, el Ejecutivo comunitario advirtió que estas compañías podrían estar dificultando el acceso de competidores al principal gasoducto del país, al reservar repetidamente capacidad que no usan, lo que impide que ésta salga al mercado.

La Comisión admitió que sin el acceso a esta infraestructura es imposible que ninguna compañía compita con Bulgargaz en el negocio del suministro de gas en Bulgaria, lo que reduciría la competencia, la capacidad de elección de los consumidores y deterioraría las condiciones del servicio.

En cualquier caso, la Comisión Europea avanzó que la apertura del procedimiento no prejuzga el resultado de la investigación.

No existe ninguna fecha límite para culminar el proceso, cuya duración dependerá de distintos factores, tales como la complejidad del caso, el nivel de cooperación de las compañías afectadas y el ejercicio de su derecho a la defensa.

El pasado mes de diciembre la Comisión Europea abrió otra investigación formal a BEH por abuso de posición dominante, al considerar que podría estar obstaculizando la competencia en los mercados mayoristas de electricidad en Bulgaria y los Estados miembros vecinos.

Precisamente, la Comisión anunció en abril el envío de una misión de expertos para evaluar el mercado energético del país y plantear medidas a corto plazo para corregir, entre otros, los altos precios de la electricidad, que motivaron intensas protestas populares.

Las manifestaciones ciudadanas forzaron la dimisión del anterior Ejecutivo búlgaro conservador, que convocó elecciones anticipadas para el mes de mayo, tras las que el independiente Plamen Oresharski fue nombrado primer ministro con el apoyo de los socialistas y del partido de la minoría turca.

Así, el Ejecutivo europeo puso en marcha el programa EASE para garantizar el acceso de la población nigeriana a las energías renovables, al tiempo que se persigue fomentar un modelo energético más eficiente en los hogares y en las pymes.

En concreto, Bruselas recordó que gran parte de la población de Nigeria no tiene acceso a la energía, o que utilizan combustibles contaminantes como la leña y el carbón vegetal, y advirtió que esta situación provoca graves consecuencias para la salud y el medio ambiente.

Además, aseguraron que más de mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, y que la mitad de ellos se encuentran en África, según las cifras facilitadas por la institución comunitaria.

El comisario europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, recalcó que el 80% de la población rural en Nigeria no tiene acceso a electricidad, motivo por el que reafirmó su compromiso para disminuir este número significativamente, así como para mejorar las instalaciones de aquellos que tienen acceso, precisó.

Asimismo, señaló que este programa del Ejecutivo comunitario también tiene como objetivo luchar contra la deforestación masiva y la tala, promoviendo un programa de plantación de árboles en Nigeria.

Por otra parte, Bruselas recordó que Nigeria se encuentra en el segundo puesto entre los países con mayor combustión de gas en el mundo, y que emite unos 40 millones de toneladas de CO2 cada día.

En este sentido, el programa EASE contribuirá a la conservación de los recursos y ayudar a combatir el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, el programa se llevará a cabo en colaboración con el Banco Mundial, que aportará 4,6 millones de euros, mientras que la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) aportará otros 9 millones de euros.

Este nuevo conjunto de ayudas, se suman a los más de 2.000 millones de euros que ya invirtió la Unión Europea en los últimos cinco años en proyectos de energía en países en desarrollo y, concretamente, a los mil millones de euros destinados a mejorar la situación del sector de la energía en África.

Los eurodiputados apoyaron retrasar la subasta de 900 millones de permisos de emisión que estaba previsto que salieran al mercado entre 2013 y 2015, con el fin de limitar el exceso de oferta y forzar así una subida de los precios del carbono. Y rechazaron las enmiendas de la comisión de Medio Ambiente para suavizar este plan, aunque avisaron de que esta intervención en el mercado es excepcional y no debe repetirse.

El Parlamento rectificó así su votación del pasado 16 de abril, en la que tumbó las propuestas de la Comisión por considerar que perjudicarían la competitividad de la industria europea.

La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, promotora de la iniciativa, se felicitó por el resultado de la votación porque a su juicio permitirá tener «un mercado europeo del carbono que funcione bien» y que «impulse las tecnologías con bajas emisiones en Europa». Hedegaard pidió a los Gobiernos que aprueben el plan «cuanto antes mejor».

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace expresó también su satisfacción pero avisó de que «el plan sólo tendrá un efecto temporal». «Sin más cambios estructurales, como la eliminación de permisos del sistema, la credibilidad y eficacia del mercado de CO2 no podrán restaurarse».

La asociación europea del acero, Eurofer, criticó este medida por considerar que «aumentará el coste de la energía para la industria europea del acero y la industria en general en un momento de crisis».

Para Ecologistas en Acción la decisión del Parlamento Europeo es un «parche» y pidió «más medidas urgentes y eficaces» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El grupo ecologista y otras 40 organizaciones sociales publicaron una declaración en la que rechazaron el régimen de comercio de cuotas de emisiones de la Unión Europea porque consideran que la compra venta de estos derechos para contaminar está incentivando y consolidando, en la práctica, el uso de combustibles fósiles.

Además, las organizaciones firmantes estimaron que llegó el momento de acabar con la práctica de fijar un precio justo para el carbono como política climática de la Unión Europea.

Asimismo, aseguraron que la subasta de derechos de emisión provocó el aumento de las emisiones causantes del cambio climático que está provocando «enormes» impactos sociales, económicos y ambientales.

Por ello, propusieron al Parlamento Europeo que si tiene voluntad política para aplicar políticas eficaces y justas para luchar contra el cambio climático debe promover una eliminación efectiva de las ayudas públicas a la prospección y el uso de combustibles fósiles, apoyar la disminución gradual de su uso, así como frenar la fracturación hidráulica («fracking») figuran entre las medidas a tomar.

Igualmente, señalaron que es preciso prohibir la importación de bienes en cuya producción se utilizaron fuentes de energía insostenibles y se violaron normativas medioambientales o derechos humanos.

Finalmente, propusieron interrumpir las negociaciones comerciales con Canadá y no comenzar a dialogar sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

Los eurodiputados apoyaron retrasar la subasta de 900 millones de permisos de emisión que estaba previsto que salieran al mercado entre 2013 y 2015, con el fin de limitar el exceso de oferta y forzar así una subida de los precios del carbono. Y rechazaron las enmiendas de la comisión de Medio Ambiente para suavizar este plan, aunque avisaron de que esta intervención en el mercado es excepcional y no debe repetirse.

El Parlamento rectificó así su votación del pasado 16 de abril, en la que tumbó las propuestas de la Comisión por considerar que perjudicarían la competitividad de la industria europea.

La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, promotora de la iniciativa, se felicitó por el resultado de la votación porque a su juicio permitirá tener «un mercado europeo del carbono que funcione bien» y que «impulse las tecnologías con bajas emisiones en Europa». Hedegaard pidió a los Gobiernos que aprueben el plan «cuanto antes mejor».

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace expresó también su satisfacción pero avisó de que «el plan sólo tendrá un efecto temporal». «Sin más cambios estructurales, como la eliminación de permisos del sistema, la credibilidad y eficacia del mercado de CO2 no podrán restaurarse».

La asociación europea del acero, Eurofer, criticó este medida por considerar que «aumentará el coste de la energía para la industria europea del acero y la industria en general en un momento de crisis».

Para Ecologistas en Acción la decisión del Parlamento Europeo es un «parche» y pidió «más medidas urgentes y eficaces» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El grupo ecologista y otras 40 organizaciones sociales publicaron una declaración en la que rechazaron el régimen de comercio de cuotas de emisiones de la Unión Europea porque consideran que la compra venta de estos derechos para contaminar está incentivando y consolidando, en la práctica, el uso de combustibles fósiles.

Además, las organizaciones firmantes estimaron que llegó el momento de acabar con la práctica de fijar un precio justo para el carbono como política climática de la Unión Europea.

Asimismo, aseguraron que la subasta de derechos de emisión provocó el aumento de las emisiones causantes del cambio climático que está provocando «enormes» impactos sociales, económicos y ambientales.

Por ello, propusieron al Parlamento Europeo que si tiene voluntad política para aplicar políticas eficaces y justas para luchar contra el cambio climático debe promover una eliminación efectiva de las ayudas públicas a la prospección y el uso de combustibles fósiles, apoyar la disminución gradual de su uso, así como frenar la fracturación hidráulica («fracking») figuran entre las medidas a tomar.

Igualmente, señalaron que es preciso prohibir la importación de bienes en cuya producción se utilizaron fuentes de energía insostenibles y se violaron normativas medioambientales o derechos humanos.

Finalmente, propusieron interrumpir las negociaciones comerciales con Canadá y no comenzar a dialogar sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos.