El colegio de comisarios tuvo el martes un debate de orientación como parte de la preparación de una consulta pública sobre la conveniencia o no de crear directrices específicas para analizar medidas de ayuda estatal en el campo de la energía y la protección medioambiental.

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, dijo que la Comisión Europea decidió «no incluir posibles ayudas estatales a la energía nuclear en las directrices».

Almunia explicó que «no hubo un cambio de postura» por parte de la Comisión Europea y que lo único que hubo hasta la decisión del colegio era un documento interno que se filtró a los medios en el que figuraba, entre paréntesis, la pregunta de si los subsidios a la energía nuclear debían ser incluidas o no en las directrices.

Eso fue interpretado en algunos medios como una señal de que la Comisión Europea se plantea facilitar los subsidios a la energía nuclear, algo que el Ejecutivo comunitario negó rotundamente.

Insistió entonces en que el control de las ayudas estatales es y seguirá siendo «neutral» con respecto a la energía nuclear, ya que corresponde a los países definir la composición de su cesta energética.

«Eso fue una consulta interna, escrita por mis servicios. Ahora por primera vez a nivel político el colegio dijo que no debía ser incluida» la energía nuclear, señaló Almunia.

«Creo que ha sido la decisión correcta», agregó el comisario, quien admitió que se trata de un tema muy político y recalcó que los «Estados miembros tienen la libertad de optar por una fuente energética u otra».

Actualmente no hay reglas específicas sobre ayudas estatales al sector energético, por lo que la Comisión Europea estudia adoptar directrices que definirían los criterios de compatibilidad de ese tipo de medidas de apoyo, en particular para «infraestructuras energéticas» y «mecanismos de capacidad».

Las ayudas estatales al sector nuclear no están prohibidas, pero se analizan directamente bajo las normas del Tratado de la Unión Europea al no disponer la Comisión Europea de reglas específicas.

Almunia explicó además que uno de los elementos que se abordarán en la consulta es hasta qué punto las industrias intensivas en energía deberían recibir alguna compensación por los elevados precios que tienen que pagar.

«La conclusión era que podemos tener en cuenta parámetros y criterios similares a los que empleamos para adoptar las directrices para el sistema europeo de derechos de emisión de CO2 (ETS) hace un año, pensando compensar al menos parcialmente esos mayores costes para esta industria», señaló.

Para ello habrá que definir qué industrias serían, cuán pequeño o grande son los sectores afectados y en ningún caso esas ventajas serían para siempre, recalcó.

«Tendrían que ser temporales, no para siempre, y tenemos que pensar en un esquema de protección de esos beneficios para estas industrias que incluiría una bajada progresiva en la intensidad de la ayuda», sostuvo.

Pese a que la normativa debía haber sido aplicada por todos los Estados miembros el 5 de diciembre de 2010, Italia y España «no han comunicado a la Comisión Europea todas las medidas de transposición necesarias que tienen previsto adoptar para incorporar plenamente la directiva sobre energías renovables a su legislación nacional», por lo que Bruselas envió sendos dictámenes motivados a estos países, el segundo paso de un procedimiento de infracción.

Si estos dos Estados miembros no cumplen dicha obligación jurídica en un plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a ambos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, advirtió el Ejecutivo comunitario.

Los dos dictámenes motivados siguen a diecisiete procedimientos similares que afectan a Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta y Polonia.

Según la citada directiva, cada Estado miembro tiene que alcanzar objetivos individuales en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía.

Para ello, los Estados miembros tienen que establecer normas concretas destinadas a mejorar el acceso a la red eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables, los procedimientos administrativos y de planificación, así como la información y la formación de instaladores, explicó la Comisión Europea.

En caso de que los Estados miembros recurran a biocarburantes para alcanzar el objetivo fijado en el área de transporte, los combustibles tienen que cumplir determinados requisitos de sostenibilidad, que a su vez deben incorporarse a la legislación nacional.

«Mientras este caso no se resuelva, seguirá siendo una piedra en el zapato en nuestra relación con Argentina. Está claro que es algo que complica la relación», explicó Matthias Jorgensen, responsable de Latinoamérica en la dirección general de Comercio de la Comisión Europea, en un seminario sobre el caso YPF organizado en el Parlamento Europeo.

El representante del Ejecutivo comunitario se comprometió a seguir abordando este caso en foros internacionales y en las relaciones bilaterales con el Gobierno de Buenos Aires, pero no anunció nuevas medidas y dijo que la disputa no debe afectar a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, porque debe primar el interés general.

En su opinión, Bruselas reaccionó de forma «muy enérgica» ante la expropiación en abril de 2012 ya que denunció que vulneraba el acuerdo de inversión entre Argentina y España. Además, reclamó al Gobierno de Buenos Aires que no discriminara entre inversores y acordara una «compensación rápida y adecuada» a Repsol. También se llevó el caso a foros como la OCDE, que prepara un informe «confidencial» al respecto, según explicó Jorgensen.

El propio representante de la Comisión se cuestionó no obstante si la Unión Europea dispone de «todos los instrumentos» de presión para forzar el acuerdo, que es la solución que la institución desea. En este sentido, recordó que la expropiación no puede llevarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque ésta no cubre disputas sobre inversiones y lamentó que la Unión Europea no disponga de una voz única en foros como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, admitió que el hecho de que la Unión Europea no tiene ningún acuerdo bilateral firmado con Argentina dificulta encontrar una solución al caso YPF. Bruselas sí denunció a Buenos Aires ante la OMC por las restricciones a las importaciones y confía en ganar el caso.

En ese mismo sentido se expresó el director del centro de investigación European Centre for International Politica Economy (Ecipe), Fredrik Ericsson, quien lamentó la falta de instrumentos de presión efectivos para aplicar en casos como este.

Ericsson consideró que la nacionalización «forma parte de un programa político» en Argentina, que «cada vez más conflictos» con otros gobiernos en el mundo por su forma de actuar, y que las inversiones en otros países se encuentran «en una situación de riesgo político cada vez mayor», debido a los cambios en las reglas del juego, derivadas del desarrollo de países emergente que ganaron poder y por la globalización.

Repsol pide que el caso YPF no caiga en el olvido

El vicesecretario general de Repsol y máximo directivo que está gestionando el caso de Repsol con Argentina, Manuel Klingenberg, agradeció el apoyo del Gobierno español, del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en este caso y denunció que el país austral incumplió sistemáticamente la legislación comercial internacional en este caso.

«Se nos expropió, más bien se nos confiscó, hace ahora cerca de 16 meses, con cierta violencia», denunció Klingenberg en la Eurocámara. «Desde esa fecha, no hemos recibido ninguna compensación ni tenemos ninguna indicación de que se nos pagará. Al contrario, si escuchamos lo que algunos miembros importantes del Gobierno han dicho, nunca pagarán«, lamentó.

Klingenberg reiteró que Repsol permanece «permanentemente abierta a la negociación», ya que el «mayor deseo» de la compañía es lograr una solución consensuada. Sin embargo, destacó que «para negociar hacen falta dos».

El representante de Repsol dijo que «ojalá» el conflicto que mantiene la española con Argentina «se solucione fuera de un tribunal», aunque lamentó que la empresa no tiene otra alternativa que recurrir a los tribunales, incluso sabiendo que Argentina puede incumplir la sentencia. «Lo que podemos decir como empresa privada es que no nos olviden», pidió Klingenberg. «No nos pongan al final de la lista, manténganos como prioridad», apuntó, dado que la vía legal emprendida podría prolongarse mucho en el tiempo.

Respecto al principal litigio que tienen abierto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dónde Repsol reclama a Argentina una compensación de alrededor de 10.500 millones de dólares (unos 8.500 millones en euros), desde la compañía consideraron que va bastante avanzado respecto a los tiempos que emplea este tribunal internacional. Están actuando con «mucha diligencia, pero Argentina tiene una extraordinaria capacidad de defenderse», agregó el directivo.

Al arbitraje internacional se decidió acudir ante la negativa del Gobierno argentino de llegar a un acuerdo con Repsol y abonar por esa expropiación un precio que la compañía española considere justo. Klingenberg reiteró que seguirán con los litigios judiciales hasta que por la «confiscación» reciban una «compensación adecuada».

Tras reiterar que actualmente el caso se encuentra en «prioridad uno» para las instituciones europeas, recordó que «en las organizaciones políticas las prioridades cambian» y que «los problemas que no fueron resueltos tienen que tener un interés» principal.

Klingenberg comentó que los tratados de protección de inversiones han sido un elemento «poderoso» que ha «incentivado positivamente» la implantación en otros países, ya que garantizan el cumplimiento de la ley por la vía negociada. «Argentina es, desafortunadamente, un caso de estudio», señaló.

El eurodiputado del PP, Pablo Zalba, que actuó como maestro de ceremonias del seminario, le contestó que la Unión Europea no olvidará la expropiación de YPF. «Todos estamos de acuerdo en que este no es un caso español sino europeo, que no sólo afecta a las relaciones entre la Unión Europea y Argentina sino también con el resto de nuestros socios», afirmó.

Finalmente, el profesor de la escuela de negocios IESE, Pablo Fernández, presentó su informe en el que consulta con expertos españoles, argentinos e internacionales sobre la valoración de la compensación. En su estudio, Fernández aseguró que la mayoría de las 1.959 respuestas de profesores de economía, analistas y directivos de 42 países, indicaron que el valor de ese 51% de YPF oscila entre los 9.500 millones y 11.500 millones de dólares.

Así, destacó que, en el marco de recuperación de la crisis económica que comenzó hace cinco años, los objetivos 20-20-20 pusieron a la economía europea «en la senda del crecimiento ecológico» y la eficacia de recursos, reduciendo costes y de creación de puestos de trabajo.

En este marco, indicó que antes de final de 2013 se presentarán «propuestas concretas» en relación con el marco energético y climático de aquí a 2030 y que la Unión Europea seguirá perfilando la agenda internacional pergeñando con sus socios para que en 2015 se pueda lograr un tratado global sobre el clima «exhaustivo y jurídicamente vinculante».

En su discurso, Barroso insistió en que Europa necesita de la colaboración de otros países pero defendió que estos vectores del crecimiento forman parte de la agenda ‘Europa 2020’ por lo que «su plena y rápida ejecución es más urgente que nunca» e, incluso, en algunos casos se debe ir a una agenda más allá de 2020.

A este respecto, la comisaria del clima, Connie Hedegaard, valoró que el presidente Barroso envió un «fuerte mensaje» respecto a la política del clima como factor de crecimiento y aseguró que el marco de trabajo del clima para 2030 estará preparado para finales de este año.

«Petrobot», como fue bautizado el proyecto, tendrá un presupuesto total de 6,2 millones de euros a lo largo de tres años, en los que colaborarán juntas en un consorcio liderado por Shell nueve empresas de los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia, Noruega, Suiza y Alemania, según precisó la Comisión Europea.

El objetivo es fabricar robots que puedan sustituir a los trabajadores humanos en las inspecciones de los recipientes a presión y los tanques de almacenamiento que se utilizan de forma generalizada en los sectores del petróleo y el gas y en la industria petroquímica.

El actual sistema implica parar la actividad de las fábricas petroquímicas durante las operaciones de inspección de las instalaciones de almacenamiento de petróleo y gas.

El mantenimiento requiere desacoplar los recipientes de las secciones en servicio de la instalación para a continuación ser limpiados cuidadosamente a fin de eliminar todos los productos que pueden emitir gases inflamables o tóxicos, detalló la Comisión.

En el caso de los recipientes de mayores dimensiones, se levantan andamios para que los inspectores puedan acceder a todas las zonas necesarias. Tras la inspección, que puede durar varias horas, es preciso llevar a cabo todas estas operaciones a la inversa.

La Comisión Europea está convencida de que este largo y costoso procedimiento podría simplificarse gracias a la tecnología robótica, lo que reduciría la exposición del personal a «condiciones potencialmente peligrosas».

Además, podría ahorrarle tiempo y recursos al sector, abrir nuevos mercados para la industria robótica europea y hacer posible la creación de nuevos puestos de trabajo en el sector de la fabricación y el mantenimiento de robots.

«El proyecto ‘Petrobot’ hace patente nuestra voluntad de transferir los resultados de la investigación puntera al mercado, abrir nuevos mercados para las empresas de la Unión Europea y crear nuevos puestos de trabajo en Europa», indicó en la nota la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes.

Según el Ejecutivo comunitario, este proyecto moviliza toda la cadena de valor, incluidos los proveedores de tecnología robótica y de inspección, las empresas de servicios de inspección y los usuarios finales.

Las empresas que participan en el consorcio, que encabeza Shell, son la noruega Gassco; las británicas Chevron North Sea y Ocrobotics; la alemana Innospection; la sueca Dekra Industrial; la suiza Alstom Inspection Robotics, y las neerlandesas Koninklijke vopak, A.Hak Industrial Services y Quasset.