En una sentencia hecha pública este martes, la corte de Luxemburgo dio la razón al Estado holandés en el caso que enfrentaba a éste con las compañías energéticas Essent, Eneco Holding y Delta, según informó el tribunal.

El motivo del litigio era una normativa reciente holandesa que impedía a un inversor privado adquirir o ser titular de acciones o de participaciones en el capital de un gestor de redes de distribución de electricidad y de gas en el territorio neerlandés (ley conocida como «prohibición de privatización» en este país).

Holanda también prohibió los vínculos de propiedad o de control entre sociedades que también formen parte de tal gestor y sociedades integradas en una empresa de producción, suministro o comercialización de electricidad o gas en territorio neerlandés («prohibición de grupos»).

La ley nacional impide asimismo que el gestor o el grupo al que pertenezca lleve a cabo actividades que puedan menoscabar la gestión de la red de que se trate.

En este contexto, Essent, Eneco y Delta interpusieron sendos recursos ante los órganos jurisdiccionales nacionales arguyendo que la normativa nacional era incompatible con la libre circulación de capitales, y el caso fue remitido finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En su sentencia, la Corte de Luxemburgo recordó que los tratados europeos permiten a los Estados miembros «perseguir legítimamente el objetivo consistente en establecer o mantener un régimen de propiedad pública de determinadas empresas».

Según el Tribunal, los objetivos de mantener una competencia leal para proteger a los consumidores y garantizar la seguridad del suministro de energía constituyen «razones imperiosas de interés general», y por tanto justifican la restricción de la circulación de capitales.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisó que los obstáculos de que se trata «deben ser adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos y no deben ir más allá de lo necesario para alcanzarlos», extremos que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional nacional.

La sentencia responde a un recurso contra la tasa presentado por Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON, Bizkaia Energía y Bahía de Bizkaia Electricidad. El caso acabó ante el Tribunal Supremo, que preguntó a la corte europea si esta tasa, cuyo objetivo era reducir el déficit de tarifa, es compatible con las normas de la Unión Europea, al reducir la retribución por la producción de electricidad en función del incremento de los beneficios conseguido por la obtención gratuita de derechos de emisión.

En concreto, la medida española en cuestión dispuso que la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica se debía minorar por el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energía eléctrica para el periodo 2005-2007, y que creó el régimen europeo de derechos de emisión de gases en el marco de una directiva de 2003.

Las eléctricas alegaron que la directiva de comercio de emisiones asigna gratuitamente estos derechos, aunque se pueden explotar comercialmente y que, por tanto deben poder conservar las ganancias obtenidas a partir de estos derechos.

En su fallo, el Tribunal de Justicia declaró que «esta normativa española es compatible con el derecho de la Unión» ya que «no pretende imponer, a posteriori, una carga por la asignación de los derechos de emisión, sino paliar los efectos de las ganancias inmerecidas a que da lugar la asignación gratuita de derechos de emisión en el mercado eléctrico español».

A este respecto, aclaró el fallo, la asignación gratuita de derechos de emisión prevista en la directiva no tenía por objeto conceder subvenciones a los productores, sino mitigar el impacto económico de la introducción inmediata y unilateral por la Unión Europea de un mercado de derechos de emisión, evitando una pérdida de competitividad en determinados sectores de producción.

«De ello se infiere que el mecanismo de asignación gratuita de derechos de emisión establecido por la directiva no requiere que los productores de energía eléctrica puedan repercutir el valor de tales derechos en el precio de la electricidad y obtener así ganancias inmerecidas», señalaron los jueces.

También especificó que las empresas pueden utilizar los derechos de emisión que se les asignó gratuitamente para su actividad de producción de energía eléctrica, o venderlos en el mercado de derechos de emisión.

En su sentencia, la corte comunitaria señaló que dicha directiva no es contraria a que los Estados miembros puedan, en principio, adoptar medidas de política económica como el control de los precios que se fijan en los mercados de algunos bienes o recursos esenciales, determinando la manera de repercutir a los consumidores el valor de los derechos de emisión.

En cualquier caso, precisó que tales medidas no pueden neutralizar el principio de asignación gratuita de los derechos de emisión ni menoscabar los objetivos de la directiva, consistente en incentivar la reducción de las emisiones. «En particular, habida cuenta del hecho de que el valor de los derechos de emisión puede materializarse mediante su venta, esta normativa no tiene por efecto disuadir a los productores de energía eléctrica de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero», apuntó el tribunal, con sede en Luxemburgo.

El Parlamento Europeo y la presidencia holandesa ya cerraron un acuerdo sobre esta norma -que obligará a los fabricantes de coches a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) los vehículos hasta 95 gramos por kilómetro de aquí a 2020- el pasado mes de junio. Pero Berlín bloqueó el compromiso unos días después y forzó que se renegocie el expediente.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Peter Altmaier, reclamó «más flexibilidad» en algunos puntos, que no concretó, «sin poner en riesgo los objetivos de la norma». A su juicio es necesario «conciliar» las metas en materia de cambio climático con el «papel importante para la prosperidad» que juega la industria automovilística. Para Alemania todavía es posible alcanzar un acuerdo en primera lectura con el Parlamento en cuestión «de semanas y no de meses».

La postura alemana fue secundada por el representante de Reino Unido, Edward Davey, que dijo que existen «preocupaciones» en varios Estados miembros «sobre el impacto de la propuesta en la industria». Por ello pidió a la Comisión y a la presidencia que presenten «nuevas propuestas», aunque aclaró que se trataría de introducir «pequeños cambios» para generar más consenso.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, dijo que España apoya el compromiso original irlandés, que resulta satisfactorio para la industria, la tercera de la Unión Europea. «Pero no somos indiferentes a las preocupaciones de otros, especialmente de Alemania», agregó. Por ello, el Gobierno jugará un papel «constructivo», aunque espera un acuerdo final pronto.

La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, y otros países como Dinamarca o Italia, lamentaron la ruptura del acuerdo de junio, que atribuyó a la «real politik». Hedegaard avisó de que el margen de maniobra para lograr un acuerdo con la Eurocámara es «muy limitado» y que la negociación será «difícil».

La Comisión Europea seleccionó en total 248 proyectos, en su mayoría redes de transmisión de gas y electricidad, que podrán beneficiarse de una parte de los 5.850 millones de euros que facilitará Bruselas a las infraestructuras energéticas transeuropeas entre 2014 y 2020 mediante el Fondo «Conectar Europa«.

España figura en el listado, dado a conocer por la Comisión Europea, con cuatro proyectos destinados al desarrollo de infraestructuras eléctricas y otros dos gasísticos.

El primero de ellos es una línea eléctrica terrestre de 40 kilómetros y 400 kV que conectará Santa Llogaia, Ramis y Bescanó (Gerona) con la idea de aumentar la capacidad de la interconexión entre Bescanó y Baixas (Francia), que deberá estar construido y operativo en 2014.

El segundo proyecto español seleccionado es una interconexión eléctrica de 360 kilómetros y 2000 MW de capacidad entre el País Vasco y Aquitaine (Francia) a través del Golfo de Vizcaya, vía cable submarino, que deberá estar completa y operativa en 2020.

La instalación de transformación de la subestación eléctrica de Arkale (País Vasco) es la tercera que aparece en el listado comunitario y estará también destinada a aumentar la capacidad de la conexión con Argia (Francia) y deberá estar operativa en 2016.

También recibirá fondos comunitarios la interconexión eléctrica de 162 kilómetros entre Beariz-Fontefría (Orense) y Vila Fria-Vila do Conde-Recarei (Portugal), que deberá estar completado y operativo en 2016.

Los proyectos españoles incluyen además de estos cuatro planes eléctricos, otros dos para el desarrollo de infraestructuras gasísticas.

Uno pensado para seguir adelante con el desarrollo del gasoducto de 310 kilómetros y una capacidad prevista de 142 GWh/d que ya está siendo construido entre Zamora y Celorico da Beira y Braganza (Portugal), que deberá estar completado y operativo en 2018, y otro para establecer un conducto nuevo de 184 kilómetros entre España y Francia, que reforzará la capacidad de la estación de compresión de gas de Le Perthus, que deberá estar terminado y operativo para 2020.

Estos proyectos no sólo recibirán fondos de la Unión Europea sino que se beneficiarán también de procedimientos acelerados de concesión de licencias y de un marco normativo mejorado, algo que Bruselas confía en que fomente la participación de los inversores y agilice el desarrollo de los planes.

En cualquier caso, los Estados miembros y el Parlamento Europeo todavía tienen que dar su visto bueno a la lista inicial de proyectos, que la Comisión Europea ha «consensuado» con los Gobiernos, los operadores y las empresas, según explicó el comisario de Energía, Gunter Oettinger, que confió por ello en que «la mayoría» se realicen en «pocos años» y en que «muchos» no necesiten ayudas de Bruselas de hecho.

De hecho, Oettinger, recordó que los fondos comunitarios son limitados y hay que utilizarlos con prudencia y dirigirlos a aquellos proyectos que tienen más beneficios para los consumidores europeos.

El comisario de Energía dejó claro que se trata de una primera lista de proyectos que tendrán «prioridad» y se beneficiarán de permisos de autorización de un máximo de tres años y medio, evitando así proyectos «interminables», pero que otros proyectos podrán sumarse más adelante, puesto que la lista se revisará cada dos años, con vistas a incluir los planes nuevos que sean necesarios y retirar los que queden obsoletos.

La Comisión Europea destacó que una vez que concluyan estos proyectos se habrá logrado una mayor integración del mercado energético europeo, así como la diversificación de las fuentes de energía.

Los planes también permitirán poner fin al aislamiento energético que sufren algunos Estados miembros y aumentarán la capacidad de la red energética europea para captar energías renovables, lo que en la práctica se traducirá en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los proyectos fueron seleccionados en función de su contribución de si beneficiaban al menos a dos Estados miembros, contribuir a la integración del mercado energético en la Unión Europea y al incremento de la competencia, su contribución a la seguridad de suministro y su contribución a reducir las emisiones de C02.

Asimismo, los elegidos podrán optar «por un amplio abanico de instrumentos de financiación» a partir del fondo, por ejemplo «un porcentaje» de financiación o «préstamos con intereses bonificados» pero también a través de «una garantía» para que sea el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el que asuma parte del riesgo del proyecto, ha explicado el comisario.

«Otra posibilidad es comenzar con bonos de proyectos con el BEI y otros bancos que pueden participar en estos bonos. La idea es que cada proyecto pueda utilizar los instrumentos más adecuados» a fin de promover «un factor palanca» para «multiplicar» la «inversión inicial», explicó Oettinger.

«Tenemos que ver si es posible una financiación a través de mercado (para estos proyectos). Cofinanciaremos ahí donde haya una necesidad real desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social», precisó.

El comisario admitió que con estos proyectos seleccionados todos los Estados miembros salvo España y Francia podrán obtener al menos el 10% de sus necesidades de electricidad a través del Estado miembro vecino. «Para la próxima lista de proyectos, vamos a ver si podemos recuperar este retraso en la segunda lista», explicó en el caso de Francia y España.

Los proyectos de gas seleccionados por su parte también contribuirán a que todos los Estados miembros cuenten al menos con dos proveedores, salvo en el caso de Chipre, precisó.