«Los estados miembros tienen que asegurar que un número específico de puntos de recarga de vehículos eléctricos y de estaciones de hidrógeno y gas natural se construyen para 2020», según el proyecto de directiva respaldada por esta Comisión por 30 votos a favor y 7 en contra, informó el Parlamento Europeo.

Ahora, los eurodiputados iniciarán negociaciones con los estados miembros y la Comisión Europea en los conocidos como «trílogos», con el objetivo de lograr un acuerdo sobre esta propuesta.

España deberá instalar al menos 47.000 de estos puntos de recarga eléctricos, según los eurodiputados, un número menor de los 82.000 previstos inicialmente en la propuesta de la Comisión Europea. El país cuenta ya con 1.356 puntos de recarga operativos, según datos de Bruselas.

Por otra parte, en los estados donde ya existan puntos de recarga para vehículos que usan el hidrógeno se deberán establecer estaciones a intervalos no mayores de 300 kilómetros.

Aquellos vehículos pesados que requieran de gas natural licuado, deberán tener a su disposición puntos cada 400 kilómetros en las carreteras que formen parte de la red transeuropea de transporte, y los países deberán también instalar estaciones con gas natural comprimido cada 100 kilómetros.

Los estados miembros deberán poner especial atención a las zonas urbanas, y podrán recurrir a los fondos comunitarios para financiar el desarrollo de las estaciones.

«El sector privado debe desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de esta infraestructura, pero los estados miembros deben proveer incentivos fiscales y administrativos para que lo haga», dijeron los eurodiputados.

Las futuras estaciones de recarga eléctrica deberán además estar equipadas con un mismo enchufe, el conocido como «tipo 2», establecido por Bruselas como el conector universal en la Unión Europea, pero también podrán contar con otros cargadores de otro tipo.

Los combustibles fósiles dominaron el mix energético comunitario, con un consumo nacional que varió entre el más elevado de Chipre (96%) y el más reducido de Suecia (37%) en el periodo de referencia.

La AEMA aseguró que estos combustibles fósiles son «la fuente de energía que más impacto tiene en el medio ambiente y en el bienestar», según señaló.

Sin embargo, la agencia advirtió de que existen otros contaminantes procedentes de productos químicos, farmacéuticos y cosméticos, cuyo impacto se empieza a conocer ahora.

La AEMA indicó también que la presión medioambiental que existe sobre los recursos en Europa está cayendo, sobre todo para el agua y la energía, aunque existen grandes diferencias regionales.

Las áreas agrícolas de la Unión Europea se redujeron en un 13% entre 1961 y 2011, pero al aumentar la productividad el 259%, este cambio se compensó con creces.

Sin embargo esta intensificación de la producción se tradujo en una serie de problemas medioambientales como el aumento de las emisiones de gases con efecto invernadero o la contaminación del agua y del aire.

Según la agencia, la eficiencia en la gestión del agua mejoró, pero recordó que aún existen países como España, Italia, Chipre, Bélgica y Malta que sufren «estrés hidráulico».

Sobre la contaminación del agua, la agencia señaló que pese a su reducción, menos de la mitad de las aguas superficiales de Europa tienen un «estatus ecológico bueno».

Éstas son algunas conclusiones del informe que la AEMA presentó y que analiza 146 indicadores medioambientales con vistas a explorar las implicaciones de la transición hacia una economía verde.

El Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la Unión, reunido en Bruselas, aprobó como un punto sin debate la regulación propuesta por la Comisión Europea para imponer esas medidas definitivas al biodiésel argentino y también al procedente de Indonesia.

Así, dieron luz verde a tipos de derecho antidumping definitivo para esas exportaciones argentinas que varían entre el 17% y el 20,5% (entre los 217 y los 246 euros aproximadamente).

El pasado 28 de mayo Bruselas decidió imponer aranceles antidumping provisionales a estas importaciones y, desde entonces, continuó la investigación abierta a ese producto teniendo en cuenta los comentarios recibidos de todas las partes interesadas.

La Comisión explicó entonces que había optado por imponer medidas provisionales para «defender a la industria europea del biodiésel de las practicas comerciales injustas de los exportadores en Argentina e Indonesia».

En opinión de la Comisión Europea, existen indicios de que los productores argentinos e indonesios vendían biodiésel en el mercado europeo a precios inferiores a los locales, una práctica perjudicial para la industria de la Unión Europea.

El mercado europeo del biodiésel mueve alrededor de 12.000 millones de euros, y las importaciones de Argentina y de Indonesia representan alrededor de un 20%.

La regulación entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, y será vinculante por entero y de aplicación directa en todos los Estados miembros.

España «se ha ido comprometiendo a una serie de reformas sucesivas que creemos que van por buen camino», señalaron estas fuentes, que indicaron que la Comisión Europea sigue trabajando con las autoridades españolas «para ver qué puede mejorarse».

«En lo que se refiere al apoyo a las renovables hay que ser prudente y no cambiar los mecanismos de forma retroactiva», añadieron.

En otras ocasiones Bruselas señaló que para solucionar el déficit tarifario del sector eléctrico español la solución tenía que ser integral, de manera que no sólo se reduzcan los costes originados por el apoyo a las renovables, sino también otros costes, como el apoyo al carbón, a la distribución y la capacidad de pagos a plantas energéticas alimentadas con gas, entre otros.

En relación a las centrales de generación que sirven de respaldo a las renovables (principalmente las de gas), el Ejecutivo comunitario consideró importante realizar una evaluación adecuada para determinar si realmente existe una escasez de capacidad antes de introducir mecanismos de apoyo, recordaron las fuentes citadas.

«Estos mecanismos no deberían ser utilizados para mantener en el mercado centrales de generación ineficientes, pero continuamos trabajando con las autoridades españolas para ver si todavía hay margen para más mejoras«, sostuvieron.

La reforma eléctrica que el Gobierno español aprobó el pasado 12 de julio busca atajar el déficit estructural que genera el sistema eléctrico al resultar insuficientes los ingresos para cubrir los costes de producción de electricidad y los regulados (transporte, distribución, primas a las renovables, ayudas al carbón y pagos por capacidad, entre otros).

El déficit de tarifa, que el sector eléctrico arrastra desde 2000 y que ya supera los 26.000 millones de euros, se genera porque los ingresos que obtiene el sistema eléctrico -mediante la aportación de todos los consumidores vía factura- no son suficientes para cubrir los costes.

El primer proyecto, conocido como «APSE», estará dotado de 2,45 millones y coordinado por Acciona Infraestructuras de Madrid, e irá dirigido al uso de materiales ecológicos para pavimentos de un nuevo tipo de asfalto más sostenible desde el punto de vista medioambiental.

El segundo proyecto, «Pilot-ABP», que recibirá 1,79 millones de euros y es responsabilidad del Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas de Valencia, consiste en una planta de productos de origen animal respetuosa con el medio ambiente.

En tercer lugar, el proyecto «ShredderSort» se hará con 3,38 millones de euros, estará coordinado por la compañía Lenz Instruments de Barcelona, y se centrará en la recuperación selectiva de metales no ferrosos del proceso de desguace de automóviles.

Otros once proyectos europeos, sobre todo del Reino Unido, recibirán también financiación de la partida de 40 millones de euros anunciada. Todos ellos abordarán retos como el reciclado de residuos procedentes de productos manufacturados y del sector agrícola en favor del medio ambiente y el ahorro económico.

Bruselas destacó que cada uno de los proyectos trata una cuestión clave dentro del entorno del reciclado desde la reutilización de neumáticos de automóviles viejos, a la recuperación de elementos de las baterías, la producción de fertilizantes verdes o la generación de energía limpia y renovable.

Los 40 millones de euros forman parte de la financiación para 2013 del séptimo programa marco de la Unión Europea para Investigación y Desarrollo Tecnológico e implicarán a participantes de 19 países europeos.

El lanzamiento oficial de estos proyectos tendrá lugar el martes y miércoles próximos en Bruselas, cuando está previsto que los coordinadores de los proyectos se reúnan con la Comisión para establecer las prioridades y coordinar el trabajo.