«El Consejo de Energía no logró un acuerdo político», informó el ministro lituano del ramo, Jaroslav Neverovic, al término del encuentro mantenido por los Veintiocho en Bruselas.

Las amplias diferencias entre los distintos países sobre las cuestiones clave de la propuesta hacen prácticamente imposible que se logre desbloquear el dossier y pactar un consenso con el Parlamento Europeo antes de las elecciones europeas de mayo, lo que retrasará aún más la adopción de las nuevas reglas.

Uno de los pilares de la reforma planteada es limitar la aportación de los biocombustibles tradicionales a los objetivos medioambientales de la Unión Europea para 2020, año en el que los Veintiocho se han comprometido a que un 10% de la energía utilizada en el sector del transporte provenga de fuentes limpias, sin importar su origen.

La Comisión Europea planteó que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza -que pueden interferir en la producción de alimentos- supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020.

El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.

Ante las reticencias mostradas por los países, la presidencia lituana presentó un texto de compromiso en el que se reducía la ambición de la reforma de la Comisión Europea y elevaba la cuota para biocombustibles tradicionales hasta el 7%, un límite aceptado por países como Alemania y Portugal.

Además, Lituania proponía no incluir ningún mínimo obligatorio para los biocombustibles de nueva generación, de manera que la apuesta por los mismos será voluntaria.

Sin embargo, socios como Italia, el Reino Unido o Dinamarca criticaron la falta de ambición de la iniciativa lituana y se mostraron contrarios a elevar el límite reservado para los biocombustibles tradicionales, a la vez que pidieron mantener una cuota mínima reservada a los biocombustibles de segunda generación.

La propuesta lituana también debilitaba el sistema de contabilidad de las emisiones de dióxido de carbono que crea el uso de biocombustibles procedente de cultivos por la utilización indirecta de la tierra, es decir, debido por ejemplo a la tala de una masa forestal para dedicarla a la producción de estos cultivos.

Países como Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca rechazaron el texto de compromiso por distintas razones, mientras que Francia, República Checa o el Reino Unido se mostraron dispuestos a aceptarlo, así como Alemania y Rumanía, en el caso de que se introdujeran algunos cambios.

Por su parte, el representante español recalcó los esfuerzos hechos para tratar de cerrar el dossier, pero no expresó ni su apoyo ni su respaldo a la propuesta lituana, aunque fuentes comunitarias indicaron que en principio Madrid estaba dispuesta a aceptar el consenso lituano.

El comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, señaló que se «seguirá trabajando hacia una solución sustancial y apropiada», pero instó a los países a lograr un acuerdo, ya que consideró que es necesario cambiar la legislación comunitaria «cuanto antes para reflejar los intereses del mercado y los objetivos de sostenibilidad».

El Ejecutivo comunitario evaluará en los próximos meses si esta decisión respeta o no la recomendación de la Unión Europea que le exigía reformar el sistema eléctrico antes del final de 2013 para corregir el déficit de tarifa.

«La Comisión ha tomado nota de esta decisión», dijo el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor, al ser preguntado por si el Ejecutivo comunitario apoya la decisión de no pagar los 3.600 millones de euros a las eléctricas previstos en la reforma de julio de 2013, que el Gobierno justificó por la necesidad de cumplir el objetivo del 6,5% de déficit este año.

«Aunque esto reducirá los riesgos para alcanzar el objetivo de déficit de 2013, por supuesto retrasa la solución de otro problema importante, el de la acumulación de deuda en el sistema eléctrico», resaltó el portavoz. «Esto representa un pasivo contingente significativo para las finanzas públicas de España», subrayó.

Según explicó O’Connor, la Unión Europea ya recomendó a España en julio, que corrigiera el déficit de tarifa adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad antes de final de año.

«Estamos en contacto regular con las autoridades españolas sobre estas cuestiones y examinaremos en los próximos meses las implicaciones de la decisión por lo que se refiere al cumplimiento por parte de España de las recomendaciones» de la Unión Europea, apuntó el portavoz.

El Consejo de Ministros de la Unión Europea respaldó la medida, a la vez que confirmó en paralelo su decisión de aceptar el acuerdo amistoso con los exportadores chinos de paneles solares que se aplica desde principios de agosto.

Ese acuerdo amigable, alcanzado entre Bruselas y Pekín, es considerado parte del procedimiento antidumping y fue así validado por los ministros y ampliado al procedimiento antisubsidios.

Las tasas de derechos antidumping y antisubsidios finales se aplicarán únicamente a las importaciones chinas de estos productos que no cumplan las condiciones precisadas en el acuerdo, especificó la Comisión Europea.

El 75% de los exportadores chinos que se sumaron voluntariamente al acuerdo quedarán exentos de pagar esos derechos antidumping o antisubsidios.

La decisión tomada por los ministros europeos se produce después de quince y trece meses de investigaciones respectivamente en los casos antidumping y antisubsidios sobre los paneles solares chinos.

Durante las pesquisas, la Comisión Europea comprobó que las compañías chinas vendían paneles solares en Europa muy por debajo de sus precios normales de mercado y que recibían subsidios ilegales por parte de las autoridades de ese país, lo que generaba «daños significativos» a los productores europeos.

Tras recibir quejas de la industria, la Comisión Europea inició las dos investigaciones paralelas. El pasado 5 de junio la Comisión decidió imponer un recargo arancelario provisional del 11,8% a los paneles solares chinos e inició en paralelo negociaciones con las autoridades del país asiático y, el 2 de agosto, aceptó el pacto ofrecido por la mayoría de los exportadores chinos para fijar un precio mínimo de venta para acabar con el dumping.

La Comisión Europea obtuvo a continuación conclusiones definitivas sobre sus investigaciones antidumping y antisubsidios y, tras consultar a los Estados miembros, propuso imponer medidas definitivas en ambos casos por un periodo de dos años.

La Comisión confió en que los derechos definitivos combinados con el acuerdo «detenga la espiral descendente de los precios de los paneles solares».

«El desarrollo sostenible verde sólo es posible con empresas sostenibles», señaló la Comisión Europea, que también agregó que «unos precios estabilizados son importantes no sólo para la producción actual, sino también para las decisiones futuras de inversión».

Asimismo, destacó que espera que la decisión «contribuya a crear igualdad de condiciones para la industria de energías renovables de Europa».

«La industria es esencial para los objetivos de energía renovable de la Unión Europea. El comercio desleal de paneles solares no ayuda al medioambiente y no es compatible con una industria solar global sana«, concluyó el Ejecutivo comunitario.

Como parte de la evaluación inicial a la que sometió sus aguas marinas en aplicación de las normas de la Unión Europea, «España consideró el proyecto Castor como un elemento potencial de presión que podía causar daños al medio ambiente», indicó el responsable comunitario en su respuesta escrita.

«Atendiendo a la definición de buen estado medioambiental y a los objetivos ambientales a él asociados que fueron establecidos por España y comunicados a la Comisión en 2012, es ahora responsabilidad del Estado miembro proceder al control de ese elemento específico de presión y de los efectos de él derivados«, señaló Potocnik.

El control deberá realizarse no más tarde del 15 de julio de 2014 y, antes de que finalice 2015, España tendrá que tomar, en su caso, las medidas necesarias para hacer frente a los riesgos.

El Ministerio de Industria ordenó el pasado 26 de septiembre el cese temporal de la actividad de extracción de gas en la planta para investigar las causas del aumento de la actividad sísmica en la zona.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, subrayó que si no hay un informe de los expertos del Instituto geológico y Minero de España (IGME) que diga «categóricamente» que reanudar la actividad en el almacén de gas de Castor no tendrá ningún riesgo para la población, no se inyectará más gas.