El fallo da la razón a la Comisión Europea, que denunció a España en febrero de 2012 al considerar que no había adaptado a su Derecho interno la directiva europea, en particular en lo que se refiere a las disposiciones sobre la adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios, al certificado de eficiencia energética y la inspección de las calderas.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo declaró que «al no adoptar en el plazo prescrito todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para trasponer la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión«.

A título preliminar, los jueces recordaron que la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro al final del plazo fijado por el dictamen motivado de la Comisión Europea (en este caso, el 25 de enero de 2011) y que los cambios ocurridos con posterioridad no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia.

Hasta dicha fecha, España había adoptado el Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Este Real Decreto establece en su preámbulo que sólo transpone parcialmente la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Así, por una parte, en lo que respecta a las disposiciones sobre la adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y al certificado de eficiencia energética, el Real Decreto sólo se aplica a los nuevos edificios y no abarca los edificios ya existentes.

Por otra parte, en lo que respecta a la inspección de las calderas, el Real Decreto sólo supone una transposición parcial de la directiva, ya que establece la periodicidad de las inspecciones de calderas únicamente para las calderas instaladas tras la entrada en vigor del Real Decreto, y deja a las comunidades autónomas la decisión sobre el calendario de inspecciones de las calderas ya existentes.

En el procedimiento, España admitió la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta la fecha relevante y se limitó a hacer valer que estaba en curso de adopción una nueva norma que fijaría directamente para el conjunto del territorio nacional la periodicidad de las inspecciones de las instalaciones existentes.

La decisión final se adoptará el próximo 22 de enero, fecha en el que el Ejecutivo comunitario tiene previsto presentar sus propuestas en materia de energía y cambio climático de cara a 2030, tanto por lo que se refiere a renovables como en reducción de emisiones y eficiencia energética.

Alemania y Francia firmaron una carta con otros seis países (Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal) en la que piden a la Comisión un nuevo objetivo de renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector, mientras que otros países como Reino Unido rechazan un objetivo obligatorio porque su apuesta se dirige más a la energía nuclear o al gas pizarra. Tampoco España, donde las primas a las renovables son uno de los factores que ha disparado el déficit de tarifa eléctrica, quiere que la Unión Europea fije un nuevo objetivo para 2030, según las fuentes consultadas.

En 2008, fue fácil establecer metas obligatorias para 2020 porque estas energías estaban todavía poco desarrolladas, pero ahora ya han alcanzado su madurez en muchos países y resulta difícil avanzar por decreto, alegó Bruselas.

Por ello, el Ejecutivo comunitario sopesa como alternativa proponer una serie de medidas obligatorias para modernizar la infraestructura de las renovables, la capacidad de almacenamiento de la energía producida a partir de estas fuentes y las interconexiones. Sostiene que así se crearán las condiciones para seguir fortaleciendo el sector y se llegaría a un objetivo no vinculante de entre el 25% y el 27% en 2030 en el conjunto de la UE, dando flexibilidad a los Estados miembros.

La patronal europea, BusinessEurope, pidió también que no haya una cuota de renovables alegando que el solapamiento de objetivos se tradujo en una sobrecarga burocrática y un aumento de los precios de la electricidad. Para la patronal, debería haber un único objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030.

Este es el enfoque que probablemente seguirá la Comisión, aunque todavía hay un «debate muy intenso» en el colegio de comisarios sobre cuál debe ser la nueva meta. La comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, defiende un recorte del 40% en las emisiones de CO2 (respecto a los niveles de 1990) y cuenta con el apoyo de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Portugal o Finlandia.

Sin embargo, algunos comisarios como el de Industria, el italiano Antonio Tajani, o el de Energía, el alemán Günther Oettinger, reclaman rebajar el objetivo hasta el 35% esgrimiendo que debe preservarse la competitividad de la industria europea. El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, todavía no decidió y es probable que el debate prosiga hasta el 22 de enero.

En cuanto a la eficiencia energética, el Ejecutivo comunitario no tiene previsto fijar ningún objetivo para 2030, aunque dejará la puerta abierta para hacerlo en el futuro cuando se revise la directiva que se ocupa de esta cuestión.

Las propuestas que sopesa Bruselas se alejan de las reivindicaciones de la Eurocámara, que reclama objetivos obligatorios del 40% de reducción de emisiones, 30% de cuota de renovables y 40% de ahorro energético. En la actualidad, la Unión Europea cuenta con un triple objetivo obligatorio de cara al año 2020: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, la Comisión presentará recomendaciones a los Estados miembros sobre la explotación del gas pizarra mediante la fracturación hidráulica (fracking), un estudio comparativo sobre los precios de la energía en los Estados miembros, y una propuesta de reforma del mercado de emisiones de CO2.

Los nuevos objetivos deberán ser refrendados por los líderes europeos en la cumbre que celebran a finales de marzo.

Este cálculo con los costes de distribución de electricidad en la Unión Europea corresponde al ejercicio 2012 y será incluido dentro de un amplio estudio sobre costes energéticos que será presentado previsiblemente en las próximas semanas.

El borrador de la Comisión incluye un cuadro de costes de transporte y distribución de electricidad elaborado con datos de Eurostat en el que los primeros rondan los 6 céntimos por kilovatio hora (kWh) en España, mientras que los segundos se sitúan algo por encima del céntimo por kWh.

La cifra de 6 céntimos ofrecida para la distribución en España es muy superior a la de los países con menores costes identificados, Reino Unido y Bulgaria, con apenas 0,5 céntimos, y lidera la clasificación de la Unión Europea, por delante de Eslovaquia, Bélgica o Suecia, donde el coste ronda los 5 céntimos.

En el caso del transporte de electricidad, hay once países que superan los algo más de un céntimo por kWh de España, entre los que destaca Dinamarca, con más de 3 céntimos.

Pese a ello, en el sumatorio de transporte y distribución, España ocupa la primera posición, con casi 7 céntimos por kWh, y es junto a Eslovaquia y Dinamarca el único país que supera los 6 céntimos. Reino Unido, Bulgaria y otros ocho países están por debajo de los 4 céntimos.

Malestar entre las eléctricas españolas

Los datos del la cuantificación de costes de distribución generó malestar entre las eléctricas españolas, para las que en el borrador «se llega a la errónea conclusión» de que las redes en España son de las más caras. Las conclusiones son, a juicio de las empresas, «erróneas y alejadas de la realidad», puesto que Bruselas no profundizó en el análisis de los componentes de costes.

En concreto, fuentes de las compañías eléctricas aseguraron que los cálculos de Bruselas «incluyen partidas que, en realidad, no tienen nada que ver con la distribución, como son las primas a las energías renovables y otros costes de política territorial y energética, dando la sensación de que el gran incremento de los precios en España se debe a una subida de costes de las redes de distribución, cuando no es así», señalaron las empresas.

Según indicaron, los costes de distribución se publican anualmente en el BOE y se sitúan en el entorno de 2 céntimos por kWh y equivalen a menos de 5.000 millones de euros al año, cuando las asunciones del documento de Bruelas los elevarían a casi 15.000 millones de euros «al incluirse erróneamente las citadas ayudas a las renovables y otros costes políticos y sociales».

Un informe de KPMG para la patronal Unesa indicó que la retribución media a la distribución en Europa –se analizan 14 países– es de 2,2 céntimos por kWh, mientras que la de España es de 1,9 céntimos. A España le superan nueve países, entre ellos Reino Unido (2 céntimos), Francia (2,5), Suecia (3,1) o Bélgica (3,2).

El informe señaló también que el coste medio de la distribución por cliente al año es de 179 euros en España, frente a la media de 257 euros. En Suecia se llegaron a pagar 838 euros, mientras que en Noruega se alcanzaron 670 euros y en Bélgica, 460 euros.

En euros por kilómetros de línea, en España se pagan 5.470, frente a la media de 6.620 euros en los catorce países europeos. Bélgica, con 13.502 euros, es el que más pagan, frente a los 8.643 euros de Francia o los 8.476 euros de Países Bajos.

La solicitud de un objetivo de al menos el 40% -que daría continuidad al del 20% ya decidido para 2020- figura en una carta dirigida a la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, que tiene previsto presentar sus propuestas para 2030 el próximo 22 de enero.

La misiva está firmada por los ministros de Energía y Medio Ambiente de Alemania, Sigmar Gabriel y Barbara Hendricks; el secretario de Estado británico de Energía y Cambio Climático, Ed Davey; el ministro de Ecología y Energía de Francia, Philippe Martin; y el ministro de Medio Ambiente de Italia, Andrea Orlando.

«Un objetivo ambicioso de al menos un 40% de reducción de las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero sería central para desbloquear las inversiones de decenas de miles de millones en tecnologías con bajas emisiones de carbono que necesitamos con urgencia«, resalta la carta.

Los cuatro países sostienen que este objetivo impulsaría además la innovación, el crecimiento y el empleo en la economía europea y contribuiría a reducir la dependencia energética respecto a combustibles fósiles con precios cada vez más caros y volátiles.

En su política de lucha contra el cambio climático, la Unión Europea se marcó como objetivos para 2020 reducir un 20% las emisiones de efecto invernadero respecto a los niveles registrados en 1990, aumentar hasta el 20% la proporción de energía de fuentes renovables y mejorar un 20% la eficiencia energética.

El Ejecutivo comunitario prepara ahora las nuevas metas para 2030 y sopesa un objetivo del 40% de reducción de emisiones y una meta del 30% para renovables, según las filtraciones de las que se ha hecho eco la prensa europea.

Bruselas comenzó a estudiar el caso, bajo la tutela del comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, basándose en «numerosas denuncias» de consumidores y competidores de esas empresas y consideró que las reducciones fiscales «parecen dar a los beneficiarios una ventaja selectiva» que puede distorsionar la competencia, según explicó el ejecutivo comunitario.

Al mismo tiempo, señaló que «bajo ciertas condiciones» este tipo de apoyos «podrían estar justificados» para evitar la deslocalización de empresas con un uso intensivo de energía. Por ello, señaló que examinará cuidadosamente si los descuentos entran en las normas y si son proporcionados.

En paralelo, Bruselas también investigará otro aspecto de la legislación alemana de apoyo a las renovables. Se trata, en concreto, de las reducciones fiscales que se ofrecen a los productores de electricidad a condición de que el 50% de su cartera proceda de fuentes renovables en Alemania, pues podrían suponer una discriminación frente a la energía importada de otros países.

La Comisión Europea recordó que la apertura de este tipo de investigación no prejuzga el resultado final y que ahora las partes tendrán posibilidades para presentar sus posturas.

Las estimaciones en la prensa alemana hablan de ayudas de miles de millones de euros a las empresas intensivas en energía, como las metalúrgicas y el sector del motor, en su factura de la electricidad.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, criticó la apertura del expediente y, durante un discurso ante el pleno del Bundestag (cámara baja), aseguró que esa investigación dañaría la competitividad de Alemania como potencia industrial y pondría en peligro puestos de trabajo.

«Y lo digo alto y claro: mientras haya países europeos en los que la energía para empresas sea más barata que en Alemania, no puedo entender cómo nosotros contribuimos a distorsionar la competencia«, afirmó Merkel.

La canciller recalcó que Alemania desea seguir siendo «un país industrial fuerte», para lo que son necesarias empresas «competitivas», una característica que a su juicio está ligada con las ayudas públicas que perciben. Además, agregó Merkel, la pérdida de competitividad pondría en peligro puestos de trabajo, lo que repercutiría en la situación económica de todo el bloque.

«Europa no se va a reforzar si en Alemania se ponen en peligro puestos de trabajo», argumentó.

Asimismo, el ministro de Economía y Energía, Sigmar Gabriel, se sumó a las críticas de Merkel y aseguró que con la apertura del expediente la Comisión Europea está interviniendo en un sector, como el energético, que no está armonizado y con instrumentos que no son adecuados como los del derecho de competencia.

Gabriel dijo que, sin embargo, el Gobierno alemán está «naturalmente dispuesto» a dialogar con la Unión Europea aunque, de momento, las excepciones fiscales para las empresas intensivas en energía se mantendrán.

Bruselas investiga a Londres por la construcción de una nuclear

Asimismo, la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para determinar si los planes de Reino Unido de subvencionar la construcción y el funcionamiento de una nueva central nuclear en Hinkley Point, en Somerset (al suroeste inglés), vulnera las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas.

En particular, el Ejecutivo comunitario no cree que el proyecto sufra de un fallo de mercado. «El sistema notificado prevé que el operador de la planta reciba un ingreso estable durante un periodo de 35 años pese a la volatilidad del precio de la electricidad», dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.

«En particular, debemos examinar si la ayuda de Estado es auténticamente necesaria y, si la respuesta a esta pregunta es positiva, si el nivel de la subvención pública está justificado», explicó Almunia.

La ayuda en cuestión podría alcanzar unos 20.000 millones de euros dependiendo de los precios futuros de la electricidad y del coste real del capital del operador.