El Tribunal de la Unión Europea apoya que Bruselas rechazase imponer una multa a Repsol

La corte, con sede en Luxemburgo, recordó en su sentencia que la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) y la Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio (AGES) denunciaron ante la Comisión Europea en 2007 que Repsol había incumplido una serie de compromisos relacionados con la competencia impuestos por Bruselas en 2006.

Según los mismos, Repsol se comprometía a permitir que todas las estaciones de servicio con las que había firmado contratos de suministro a largo plazo pudieran rescindirlos con derecho a ser compensadas.

También a no firmar ningún nuevo contrato de suministro exclusivo de una duración superior a los cinco años, abstenerse de adquirir estaciones de servicio a las que no les suministrase y conceder a las gasolineras de su red total libertad para ofrecer descuentos en los precios minoristas.

En paralelo, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) adoptó en 2009 una decisión contra Repsol, Cepsa y BP al constatar que habían vulnerado las normas de libre competencia por fijar el precio de venta al público de carburante que debían aplicar los empresarios independientes que operaban bajo su bandera.

Así, la CNC impuso una multa de cinco millones de euros a Repsol y le pidió poner fin a la fijación de precios y abstenerse de hacerlo en el futuro.

La Comisión Europea decidió en 2011 rechazar la denuncia presentada por la CEEES y la AGES al considerar que, cuando una empresa no respeta una decisión sobre compromisos, la Comisión «no está obligada» a reabrir el procedimiento e imponer multas, sino que dispone de un «poder de apreciación» a este respecto.

Por lo tanto, la Comisión consideró que no era necesario reabrir el procedimiento contra Repsol dado la CNC ya había realizado una investigación sobre dicha sociedad y adoptado medidas contra ella.

En su opinión, el examen de la denuncia habría dado lugar a una duplicación del trabajo y constituido un uso ineficiente de los recursos públicos.

En su decisión, el Tribunal General afirmó que la Comisión Europea «pudo estimar fundadamente que no convenía a los intereses de la Unión reabrir un procedimiento contra Repsol para imponerle una multa sancionadora o una multa coercitiva».

El Parlamento Europeo se desmarca de Bruselas y respalda unos objetivos vinculantes de renovables para 2030

La iniciativa respaldada en el pleno de la Eurocámara con 341 votos a favor, 263 en contra y 23 abstenciones se contrapone a la propuesta presentada el pasado 22 de enero por la Comisión Europea, una decisión celebrada por las organizaciones ecologistas.

Los eurodiputados abogaron por que los Estados miembros asuman el compromiso vinculante de que al menos el 30% del consumo total de energía en la Unión Europea en 2030 provenga de energías renovables, frente al 27% defendido por el Ejecutivo comunitario.

Además pidieron que se establezcan metas individuales para cada país, y no sólo un objetivo a nivel comunitario, como planteó la Comisión Europea.

El Parlamento Europeo también recuperó el objetivo de aumentar la eficiencia energética, que fue descartado en la propuesta de la Comisión Europea, para establecerlo en un 40%, hacerlo de obligado cumplimiento y dibujar metas nacionales.

Finalmente, los diputados mantuvieron la propuesta de recortar en un 40% sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) respecto a los niveles de referencia de 1990, como planteaba la Comisión Europea.

«Apoyamos objetivos ambiciosos y vinculantes y estoy muy contento con este resultado», afirmó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, el socialista alemán Matthias Groote.

«Esta resolución muestra que lo que la Eurocámara considera necesario en términos de la política climática está a kilómetros de distancia de la falta de visión mostrada por la Comisión Europea«, afirmó Groote, que acusó al Ejecutivo comunitario de «ser incapaz de tomarse esto serio».

Por su parte, la diputada belga del Partido Popular Europeo (PPE) Anne Delvaux dijo que la Unión Europea debe dotarse de un mix energético más amplio y fomentar la eficiencia energética para reducir su dependencia de las exportaciones energéticas y alentar las nuevas tecnologías y la innovación, a la vez que se crea empleo. «Es por ello que necesitamos tres objetivos vinculantes», defendió.

El Grupo de los Verdes también celebró la adopción de los tres objetivos, «un mensaje claro a los gobiernos europeos» para que reorienten sus políticas climáticas y energéticas de cara a la cumbre europea que se celebrará en marzo, en palabras del diputado español Raül Romeva.

Por el contrario, el diputado polaco del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, Konrad Szymansky, lamentó el resultado de la votación, al considerar que «no es realista» duplicar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 desde el 20% adoptado para 2020. Szymanski, que también participó en la redacción del informe, pidió que retiren su nombre del texto finalmente aprobado.

Las organizaciones ecologistas, por su parte, celebraron la apuesta de la Eurocámara por unas políticas más estrictas en la materia.

«Con su llamamiento a los objetivos vinculantes de hoy, el Parlamento Europeo ha trazado una línea en la arena para dar a los inversionistas la certidumbre que necesitan. Ahora los gobiernos de la Unión Europea tienen que elevar el listón para asegurar un futuro de energía limpia para Europa«, afirmó Frederic Thoma, de Greenpeace Unión Europea.

Stephane Bourgeois, de la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA), aseguró que el voto es una «patada en la boca para la Comisión Europea y su propuesta sin sustancia» y felicitó al Parlamento Europeo por resistir a la «presión» de la industria.

Diecisiete países europeos acoplan sus mercados eléctricos, como paso previo al mercado único

Según informó la iniciativa «Price Coupling of Regions» (PCR), el proyecto de integración de los mercados ha dado un paso definitivo, a la espera de completar el acoplamiento de la frontera entre España y Francia, al conectar los sistemas del noroeste y el sureste europeo.

El acoplamiento de precios permite al mercado utilizar la capacidad de interconexión entre países directamente en el proceso de compraventa, con el objetivo de reducir las diferencias de precios en los distintos mercados a través de la mejora de su liquidez y eficiencia.

Tras meses de pruebas y homogeneización de los protocolos, los mercados de estos diecisiete países programaron la energía que se distribuirá mañana con los mismos sistemas y procedimientos.

Sin embargo, las interconexiones entre España y Francia continuarán de momento funcionando a través de subastas explícitas, es decir, convocadas específicamente para asignar la capacidad de intercambio.

Una vez que se cumplan «todas las condiciones legales, regulatorias e informáticas», este mecanismo se sustituirá por subastas implícitas, es decir, incorporadas en el propio sistema integrado de mercado, en lo que supondrá el último paso del proyecto PCR.

Bruselas propone un recorte del 40% en emisiones de CO2 para 2030 pero relaja al 27% la cuota de renovables

De momento, este nuevo paquete climático para 2030 sólo tiene valor político, puesto que los objetivos deben ser ahora ratificados por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho en la cumbre que se celebrará a finales de marzo.

Con este paquete de medidas sobre energía y cambio climático, el Ejecutivo comunitario pretende dar seguimiento al ambicioso triple objetivo obligatorio que la Unión Europea se fijó para 2020: un 20% de recorte de emisiones, un 20% de cuota de renovables y un 20% de ahorro energético.

Sin embargo, la fuerte crisis económica que vivió la Unión Europea en los últimos años dejó en segundo plano la lucha contra el cambio climático e hizo que aumente la presión para relajar las metas de reducción de emisiones y de renovables, en particular de la industria, que alega que está perdiendo competitividad respecto a empresas de otras áreas del mundo con legislación medioambiental menos estricta. Estas presiones surtieron efecto a la hora de relajar el objetivo de renovables y prescindir del de eficiencia energética.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, sostuvo que «el nuevo paquete es asequible» y que la lucha contra el cambio climático y la puesta en marcha de una auténtica política energética «no son aspectos contradictorios». «A la Unión Europea le conviene crear una economía creadora de empleo que sea menos dependiente de la energía importada», subrayó.

Duaro Barroso aseguró que los nuevos objetivos establecen unas perspectivas estables a largo plazo que potenciarán la inversión de las compañías europeas, un elemento clave para la competitividad de la Unión Europea.

Además, defendió la necesidad de que las renovables representen al menos un 27 % de la energía que consuman los Veintiocho en 2030 y aclaró que si no se fijó un objetivo específico para cada país es porque esta experiencia en el pasado no dio buenos resultados.

La Comisión Europea entiende ahora que contar con objetivos vinculantes nacionales de renovables puede traducirse en una fragmentación del mercado energético. «Dejamos flexibilidad a los Estados miembros, esta flexibilidad es posible porque estamos en un momento mucho más avanzado», dijo Barroso en referencia al avance ya conseguido en renovables en la Unión Europea.

A su juicio, el recorte del 40% constituye un «objetivo ambicioso» y la cuota de renovables del 27% «estimula los empleos verdes y sostiene nuestra seguridad de suministro». «La Comisión ha demostrado que todos los que decían que no iba a presentar ninguna medida ambiciosa se equivocaban», subrayó por su parte la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.

De hecho, Hedegaard acabó imponiendo sus tesis frente a otros comisarios que pretendían reducir al 35% el objetivo de recorte para 2030, como los responsables de Industria, Antonio Tajani, y Energía, Günther Oettinger. Este objetivo cuenta con el apoyo de España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Holanda -que firmaron una carta conjunta-; pero también de Irlanda, Dinamarca, Suecia, Eslovenia, Portugal o Finlandia.

Pero la patronal europea, BusinessEurope, ya dijo que un recorte del 40% sería excesivo porque el resto de socios internacionales de la Unión Europea no están haciendo esfuerzos comparables. En contraste, las organizaciones ecologistas consideraron que el objetivo del 40% no es suficientemente ambicioso para frenar el calentamiento global.

El recorte del 40 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) frente a los niveles de 1990 incluye como novedad que la reducción de emisiones tendrá que producirse dentro de la Unión Europea, es decir, que no se permitirá a los países comunitarios contabilizar como esfuerzo propio dentro de su objetivo nacional las inversiones que hagan en proyectos medioambientales de países en desarrollo.

El Ejecutivo comunitario instó al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar esta meta a finales de año para que pueda convertirse en un compromiso oficial de la Unión Europea a principios de 2015 y enviar una señal clara de cara a las negociaciones internacionales dirigidas a cerrar un acuerdo climático global en París a finales del próximo año.

No habrá metas individuales en renovables para cada Estado

En cuanto a las renovables, finalmente sí habrá una cuota jurídicamente vinculante para el conjunto de la Unión Europea del 27%, algo que hace unos días parecía descartado. Sin embargo, Bruselas renuncia a fijar metas individuales para cada Estado miembro, como ocurre en la actualidad, alegando la necesidad de respetar las importantes diferencias en la cesta energética de cada país.

De este modo, la propuesta, al ser obligatoria solo a nivel comunitario, no se dividirá en objetivos nacionales vinculantes que puedan derivar en sanciones para los Estados miembros en caso de incumplimiento.

Mientras Alemania y Francia firmaron una carta con otros seis países – Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal- en la que pidieron a la Comisión un nuevo objetivo de renovables para 2030 que incentive las inversiones en el sector, otros países con Reino Unido rechazaron un objetivo obligatorio porque su apuesta se dirige más a la energía nuclear o al gas pizarra.

Tampoco España -donde las primas a las renovables son uno de los factores que disparó el déficit de tarifa eléctrica- quería que la Unión Europea fijara un nuevo objetivo para 2030.

Los Estados miembros deberán elaborar planes energéticos, en los que expliquen qué pretenden hacer en materia de renovables. El Ejecutivo comunitario evaluará si los planes son suficientes para alcanzar el objetivo europeo y, en caso contrario, podría pedir medidas adicionales o incluso legislar.

El objetivo que sí desaparece por completo para 2030 es el de eficiencia energética. Bruselas lo justifica por la necesidad de estudiar la cuestión más en profundidad en la revisión de la directiva sobre eficiencia energética, que debe concluir a finales de este año. Sólo entonces se planteará si es necesario modificar la legislación. La Eurocámara había reclamado una cuota obligatoria de ahorro energético del 40%.

Además de los nuevos objetivos en materia de energía y cambio climático, Bruselas propuso una propuesta para reformar el mercado de emisiones de CO2 creando una reserva de estabilidad. En concreto, la Comisión planteó que en momentos de crisis económica puedan retirarse del mercado permisos de CO2 para evitar un exceso de oferta y que los precios se desplomen.

Estos permisos pasarían a la reserva de estabilidad, en la que se incluirían ya los 900 millones de toneladas cuya subasta se aplazó hasta 2019-2020, y volverían al mercado cuando la economía vaya bien y aumente el consumo energético.

Bruselas propuso que los criterios para determinar cuándo deben retirarse permisos de CO2 del mercado estén predefinidos -teniendo en cuenta las previsiones económicas de la Comisión o los índices de producción industrial- y se apliquen de forma automática, sin una autoridad central de regulación.

Las inversiones anuales medias necesarias durante el periodo 2011 hasta 2030 para cumplir estos objetivos asciende a alrededor de 38.000 millones de euros para la Unión Europea en su conjunto, que según Bruselas se verán compensadas por los ahorros en carburantes. Más de la mitad de estas inversiones se necesitan en los sectores residencial y terciarios.

El coste total del sistema energético en 2030 habrá aumentado un 0,15% si los objetivos se alcanzan de la forma más eficaz, mientras que el coste medio durante el periodo 2011 a 2030 aumentará en 2.000 millones de euros al año, según los cálculos de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario sostiene que estas políticas permitirán reducir las importaciones energéticas al menos un 10% respecto a 2010. Los costes de controlar la contaminación caerán 2.000 millones de euros y los costes sanitarios provocados por la contaminación se reducirán hasta 11.000 millones en 2030.

El PSOE cree que «los objetivos son táctica de perdedores»

Por su parte, el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Hugo Morán, manifestó que el PSOE «no comparte» los objetivos del nuevo paquete de energía y clima para 2030 presentado por la Comisión Europea, porque considera que, con ellos, Europa «prefiere optar por aferrarse al pasado, antes que intentar ganar el futuro y esa es la táctica de perdedores».

Así, recordó que los objetivos de los socialistas europeos, son una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 50% respecto a los niveles de 1990; un 40% de ahorro y eficiencia y llegar a un 45% de energía de origen renovable.

Morán añadió que el grupo de socialistas y demócratas europeos admitió una rebaja de objetivos respecto a la propuesta del Parlamento Europeo para lograr el «máximo consenso» pero lamentó que la Comisión prefirió «devaluar» los objetivos acordados, otorgando así más relevancia a los lobbies de presión, que al propio Parlamento.

A su juicio, parece que Bruselas renunció a «cualquier atisbo de política de desarrollo social atrincherada tras la coartada de «todo por una política de crecimiento económico».

En este contexto, criticó el «conservadurismo climático de la derecha que gobierna en las instituciones comunitarias que está llevando a Europa a perder el liderazgo sobre la política que decidirá el futuro del planeta».

«Si no somos conscientes de que hay materias en las cuales las oportunidades de competir con Estados Unidos o China son nulas para la Unión Europea, y renunciamos a aquella en la cual el Viejo Continente puede seguir siendo referente de desarrollo para el resto de regiones del Planeta, nuestro riesgo real es el de la irrelevancia, y las consecuencias de esa pérdida de protagonismo serán a su vez letales para la economía», advirtió.

CCOO lamenta la rebaja energética de Bruselas

CCOO lamentó que la Comisión Europea haya rebajado los objetivos recomendados por la Eurocámara en materia de energía y lucha contra el cambio climático para 2030.

CCOO señaló que la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) reclamaron «unos objetivos ambiciosos y vinculantes de energía y cambio climático» que deberían ser «como mínimo» los planteados por el Parlamento Europeo, es decir, un 40% la reducción de gases de efecto invernadero, un 30% de cuota de energías renovables y un 40% de ahorro y eficiencia energética.

De esta forma, según CCOO, se permitiría «una política coherente a largo plazo» acordes a la ‘Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050’.

«Europa necesita nuevos incentivos para desacoplar su actividad económica y la creación de empleo a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, como ya hizo en el pasado. Y para lograrlo, debe clarificar los objetivos a largo plazo para las energías renovables, que ayudará a la inversión en nuestra región en el corto plazo y que contribuirá a avanzar en la seguridad y sostenibilidad energética y supondrá una salida social a la crisis mediante la creación de empleo», concluyó.

Los ecologistas, «decepcionados» con la propuesta energética

Finalmente, Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra se mostraron decepcionados con la propuesta energética y medioambiental de la Comisión Europea para 2030 de reducir en un 40% los gases de efecto invernadero, respecto a los niveles de 1990; que un 27% de la energía proceda de fuentes renovables, y de renunciar a fijar un mínimo vinculante en ahorro y eficiencia energética.

La responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón, declaró que los objetivos marcados por el Ejecutivo comunitario «traicionan la política climática que necesita Europa». «Es decepcionante», añadió.

Montón propuso que la reducción de gases de efecto invernadero sea del 55%, la cuota de energías renovables se aumente al 45% y haya un 40% de ahorro y eficiencia energética para 2030, con el objetivo de que la temperatura media del planeta no suba dos grados a finales de este siglo, límite con el que la comunidad científica cree que habría cambios irreversibles desde el punto de vista climático. Estos mismo objetivos los comparte también WWF.

No obstante, apuntó que los objetivos de la Comisión Europea mandan «un mensaje claro al Gobierno español: las energías renovables no se pueden abandonar. Aumentar la cuota en energías renovables es la directriz».

Por otro lado, la responsable del Programa de Cambio Climático de WWF España, Mar Asunción, calificó de «insuficiente» la proposición de la Comisión Europea y criticó que la Unión Europea renuncie a su «liderazgo» en materia de lucha contra el cambio climático. Al igual que Greenpeace, WWF

Por otra parte, Ecologistas en Acción acusó a la Comisión Europea de «ceder a los intereses empresariales en la lucha contra el cambio climático» y de «vivir de espaldas a la urgente encrucijada climática en la que nos encontramos».

Esta organización calificó las medidas de Bruselas de «timoratas e irrisorias», por ser «claramente insuficientes y alejados de las recomendaciones científicas». «Son ya muchos los estudios que muestran los beneficios económicos y sobre la salud de la población y del medio ambiente de apostar por una economía baja en carbono, pero los intereses de una industria que se resiste al cambio están pesando en las decisiones políticas que deben tomarse para lograr objetivos ambiciosos en este ámbito», apostilló.

También, Amigos de la Tierra afirmó que «la deuda climática europea irá en aumento» con la propuesta de la Comisión y recomendó otros objetivos para 2030: un 60% de reducción de gases de efecto invernadero, un 45% de energías renovables y un 50% de ahorro energético.

Héctor de Prado, responsable del área de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, comentó que «cuanto más se notan los efectos del cambio climático, menor es la ambición de nuestros gobernantes. La propuesta de acción de la Comisión no va sólo en contra del medio ambiente y de las recomendaciones científicas, sino que también va en contra los intereses de la gente».

«La industria ha convencido a los grandes decisores políticos europeos para que alternen la acción climática y la recuperación económica. Este punto de vista ignora completamente el enorme coste económico que supone adaptarse a los impactos del cambio climático en nuestra región y obvia los más de 500.000 millones de euros que gastamos cada año en importar gas y crudo», añadió.

Por último, Equo, partido liderado por Juan López de Uralde, consideró «claramente insuficiente e irresponsable» la propuesta energética y medioambiental de la Comisión Europea para 2030 y «no responde a las necesidades futuras del planeta», por lo que tildó de «poco ambicioso» el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero, que debería elevarse al 55%.

«Esta falta de interés y liderazgo de las instituciones europeas en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por un nuevo modelo energético más sostenible y limpio es suicida tanto desde un punto de vista medioambiental como económico, y una evidencia clara de la situación actual de crisis que atraviesan las instituciones europeas, faltas de ideas e iniciativa», subrayó.

La Comisión Europea renuncia a legislar sobre fracking y se limita a recomendar estudios de impacto

Las recomendaciones sobre fracking (extracción de gas mediante la facturación de rocas) forman parte del paquete de medidas sobre clima y energía presentadas por el Ejecutivo comunitario. Bruselas justificó la falta de legislación porque se le pidió actuar de forma urgente y las recomendaciones pueden aplicarse de forma más rápida. Se imponen así las tesis de los países más favorables al gas no convencional, como Reino Unido o Polonia, que rechazaban la intervención de la Unión Europea.

La experiencia en la Unión Europea es limitada y se restringe en su mayoría al denominado «fracking de bajo volumen», aunque su amplia utilización en Estados Unidos está haciendo que muchos operadores evalúen la extracción «de alto volumen» en Europa.

A diferencia de Estados Unidos, donde la «revolución» del fracking redujo considerablemente su dependencia energética, en Europa todavía no hay producción comercial de gas pizarra. Un total de 10 Estados miembros concedieron licencias de prospección o exploración en los últimos tres años, entre ellos España, pero estos trabajos sólo se iniciaron en Dinamarca, Alemania, Polonia, Rumanía, Suecia y Reino Unido, aunque por el momento no hay producción comercial del mismo, según los datos de Bruselas. Asimismo, también se concedieron licencias para este tipo de extracción también en Hungría, Holanda y Portugal.

En Polonia ya se realizaron pruebas piloto de producción y el Ejecutivo comunitario consideró que la producción podría empezar entre 2015 y 2017 en países como la propia Polonia o Reino Unido.

«El gas pizarra está dando esperanzas en algunas partes de Europa, pero también es motivo de preocupación entre la opinión pública», dijo el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik.

«La Comisión está respondiendo a los llamamientos para actuar con principios mínimos que los Estados miembros están invitados a seguir para abordar las preocupaciones en materia de medio ambiente y salud y dar a los operadores e inversores la predictibilidad que necesitan», se justificó ante la falta de normas de obligado cumpliendo.

En particular, la recomendación de Bruselas invita en primer lugar a los Estados miembros a planificar con antelación los desarrollos y evaluar posibles efectos acumulativos antes de conceder licencias, así como a examinar cuidadosamente los impactos y riesgos medioambientales de las explotaciones. Deberán garantizar además que la integridad del pozo de extracción se ajusta a los estándares más altos de buenas prácticas.

El Ejecutivo comunitario recomendó además a los Gobiernos verificar la calidad del suelo, el aire y el agua del lugar antes de que empiecen las operaciones, con el objetivo de controlar cualquier cambio y poder hacer frente a los riesgos que se planteen. También planteó controlar las emisiones de gases nocivos al aire, incluyendo los de gases de efecto invernadero, capturando los gases.

Por lo que se refiere a la transparencia, los Gobiernos deberán informar a la opinión pública sobre las sustancias químicas utilizadas en cada pozo de extracción y deberán controlar que los operadores apliquen las mejores prácticas durante todo el proyecto.

Los Estados miembros deberán aplicar los principios sugeridos por la Comisión en un plazo de seis meses y, a partir de diciembre de 2014, informar cada año a Bruselas sobre las medidas que hayan puesto en marcha. El Ejecutivo comunitario controlará la aplicación de las recomendaciones con un marcador público que comparará la actuación de los diferentes países. Y en un plazo de 18 meses revisará si este enfoque es suficiente o se requiere legislación.

A pesar de admitir los «retos» medioambientales del fracking, como la contaminación del entorno, reconoció sus potenciales beneficios para reducir la dependencia energética de Europa y para generar ingresos públicos.

En concreto, destacó que la producción no convencional de gas natural a partir de gas esquisto podría compensar la caída en la producción convencional: en el mejor de los casos podría cubrir un 10% de la demanda total de gas en 2035.

Las actividades relacionadas con el gas esquisto podrían generar además beneficios, por ejemplo, a través de inversiones en infraestructura, oportunidades de empleo, e ingresos vía impuestos, según Bruselas.

De ahí, que el documento busque también sentar las bases para garantizar la igualdad de condiciones en esta industria y establecer un marco más claro para los inversores.

El Grupo de los Verdes del Parlamento Europeo criticó que la Comisión haya eludido establecer una legislación con límites al fracking y pidió que se suspendan todas las exploraciones y extracciones de gas de esquisto hasta que esté regulado a nivel comunitario.

«La incapacidad de la Comisión de proponer la regulación vinculante de la Unión Europea no sólo es imprudente, sino que es potencialmente catastrófica, todos los Estados miembros deben adoptar medidas de emergencia, suspender las actividades en curso y establecer una moratoria sobre nuevos proyectos«, dijo la eurodiputada francesa Sandrine Belier.

Las empresas de «shale gas» ven positivo la posición de la UE

Por su parte, la asociación Shale Gas España consideró «positivo» que la Comisión Europea haya presentado unas propuestas sobre el sector en las que considera que la regulación a nivel comunitario acerca de la exploración de recursos no convencionales es suficiente, por lo que no es necesaria legislación adicional.

Para Shale Gas España, esta propuesta, en la que se indica que compete a los distintos Estados miembro la decisión acerca de cómo poner en práctica las directrices marcadas por la Comisión, supone «un paso adelante».

Al valorar la comunicación y recomendación sobre la exploración y producción de gas no convencional en la Unión Europea realizada por la Comisión, la asociación consideró además que las recomendaciones «reflejan muchos de los principios y prácticas que la industria ya lleva a cabo de manera habitual en Europa».

Las empresas señalaron que, en el caso de España, la nueva regulación contempla la realización obligatoria de estudios de impacto ambiental para los proyectos de fractura hidráulica.

Esta medida significa, a su juicio, que todos los proyectos «serán sometidos al máximo nivel de control» y que «la documentación presentada por las empresas será analizada por técnicos cualificados de la Administración, ayuntamientos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ONG y ciudadanos».

Los ecologistas recuerdan que el fracking destruye ecosistemas

Finalmente, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción censuraron que la Comisión Europea haya renunciado a legislar sobre la fractura hidráulica para la extracción de gas de esquisto y se haya limitado a emitir una recomendación a los Estados miembro.

Amigos de la Tierra recalcó que la extracción de gas de esquisto mediante fractura hidráulica «aumenta el riesgo climático y destruye los ecosistemas locales».

Ecologistas en Acción subrayó que la Comisión Europea «abre las puertas a una técnica extractiva que implica graves riesgos y se enfrenta a la oposición social» y además «permite que se inviertan recursos que deberían destinarse a medidas de ahorro, eficiencia y renovables, las únicas herramientas válidas para la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad».

La afirmación de que España es el segundo país de la UE donde más subió la luz (un 46% entre 2008 y 2012) provoca las críticas de Unesa

Según el estudio «Precios y costes de la energía en Europa» de la Comisión Europea, que forma parte del paquete sobre clima y energía para 2030, el fuerte aumento se debe a la subida de los costes de distribución, el repunte del IVA, y las primas a las renovables y a la cogeneración.

De hecho, según el informe, España es el Estado miembro con mayores costes de transmisión y distribución (7 euros/kWh), por encima de Eslovaquia, Dinamarca y Lituania (que superan ligeramente los 6 euros/kWh).

Por detrás de España se sitúa Chipre (con una subida de la luz del 43% entre 2008 y 2012), Polonia (38%), Portugal (35%), Letonia (34%) y Estonia (32%). Los Estados miembros donde menos subió el precio de la luz fueron Italia y Bélgica (3%).

De media, los precios de la electricidad para los hogares en la Unión Europea aumentaron a un ritmo anual de más del 4% entre 2008 y 2012. Por lo que se refiere a las tarifas eléctricas para la industria en España, su aumento fue mucho menos pronunciado, del 12%, pero siguió el mismo patrón que en el caso de los hogares. En el conjunto de la Unión Europea, el aumento es del 3,5% anual.

Según el estudio, los precios para el gas doméstico en España aumentaron un 39,5% debido a la subida del IVA y de los costes de la red. Bruselas sostuvo que el informe demuestra que la subida de la luz en la Unión Europea no se debe principalmente a los costes de la lucha contra el cambio climático sino a los impuestos y a la distribución.

En este sentido, el informe destacó que los costes de la distribución de la electricidad aumentaron un 18,5% para la industria y un 30% para los hogares desde 2008.

Por todo ello, Bruselas señaló las profundas diferencias que existen entre Estados miembros, tanto en las políticas energéticas como en los costes e impuestos a la energía, como una debilidad que hay que solucionar en el mercado europeo.

«Está claro que tales costes pueden tener un impacto significativo en los precios totales de la energía y, por tanto, en la diferencia de precios entre Estados miembros y con sus socios comerciales», resumió el documento.

Unesa afirma que los datos son erróneos y Bruselas aclara

Ante estas afirmaciones, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) indicó que, en realidad, los costes ajenos que la Comisión Europea sumó a la distribución son las primas al régimen especial, los costes extrapeninsulares y las anualidades del déficit, además de otros costes regulados.

«El coste de distribución es erróneamente calculado como la diferencia entre los costes de redes, que incluyen todos los conceptos anteriores menos el coste de transporte», explicó la asociación.

Ante el criterio utilizado y la falta de homogeneidad en la composición de los costes de distribución de los distintos países, Unesa lamentó que el cálculo se realice a partir de un mecanismo que conduce a conclusiones «totalmente erróneas y sobredimensionadas en el caso de la actividad de distribución en España».

Este «error» cobra «aún más importancia si se tienen en cuenta las fuertes ayudas que el sistema eléctrico español concede a las fuentes de energía renovables», continuó.

De esta forma, en el documento los costes de la distribución eléctrica en España aparecen como los más altos de la Unión Europea, con 5,8 céntimos de euro por kilovatio hora (kWh), cuando, según datos de la CNMC, estos se sitúan en 2,1 céntimos por kWh.

«En realidad, son los costes de distribución más bajos de la Unión Europea», afirmó la asociación que aglutina a las principales compañías eléctricas, antes de recordar que «la remuneración que reciben las actividades de distribución y transporte en España está regulada y, por lo tanto, la metodología para su cálculo se publica en el BOE».

De hecho, un informe de KPMG para Unesa indicó que la retribución media a la distribución en Europa (se analizaron 14 países) es de 2,2 céntimos por kWh, mientras que la de España es de 1,9 céntimos. A España le superan nueve países, entre ellos Reino Unido (2 céntimos), Francia (2,5), Suecia (3,1) o Bélgica (3,2).

El informe indicó también que el coste medio de la distribución por cliente al año es de 179 euros en España, frente a la media de 257 euros. En Suecia se llegan a pagar 838 euros, mientras que en Noruega se alcanzan 670 euros y en Bélgica, 460 euros.

En euros por kilómetros de línea, en España se pagan 5.470, frente a la media de 6.620 euros en los catorce países europeos.
Bélgica, con 13.502 euros, es el que más pagan, frente a los 8.643 euros de Francia o los 8.476 euros de Países Bajos.

La CE aclara que el cálculo español incluye las primas renovables

Ante esta situación la Comisión Europea aclaró que el cálculo de los costes de distribución eléctrica de España, en el que el país acababa teniendo la partida más abultada de la Unión Europea, se realizó en el caso español incluyendo partidas ajenas a esta actividad, entre ellas los pagos por capacidad y las primas a las energías renovables.

Esta precisión fue realizada por Bruselas en una nota al pie de página a los gráficos de cálculo de los distintos costes eléctricos, recabados a partir de datos de Eurostat.

El alto coste de la energía en la UE reduce su competitividad

Asimismo, la Comisión Europea señaló que el alto coste de la energía en la Unión Europea reduce su competitividad frente a sus competidores internacionales y podría comprometer el liderazgo europeo en las exportaciones de productos intensivos en consumo de energía.

«La diferencia de precios de la energía entre la Unión Europea y sus principales socios económicos ha aumentado en los últimos años», aseguró el documento para fijar las metas de reducción de emisiones e impulso a las renovables para 2030.

Este análisis en profundidad, que la Comisión preparó a petición del Consejo Europeo, indicó que la electricidad cuesta en la Unión Europea dos veces más que en Estados Unidos y Rusia y un 20% más que en China, pero sufre menos interrupciones y fluctuaciones que en estos países.

Por su parte, el gas resulta entre tres y cuatro veces más caro que en EEUU, India o Rusia, y un 12% más que en China, según los datos del informe, que toma como referencia la evolución de precios entre 2008 y 2011.

Esta creciente distancia entre los precios en la Unión Europea y otros países, que el informe atribuyó a los impuestos y costes de la red de distribución, podría acabar afectando a la competitividad del bloque europeo, en especial a su liderazgo en las exportaciones y producción de las compañías intensivas en el uso de energía, aseguró la Comisión Europea.

«En los últimos años la Unión Europea ha reducido considerablemente la intensidad energética de sus exportaciones, mientras que las economías emergentes como Brasil, Rusia y China se están convirtiendo en fuentes cada vez más importantes de los componentes intermedios de energía intensiva«, sostuvo el texto.

Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la creciente disparidad entre los precios energéticos de la Unión Europea y otras regiones reduzca la cuota europea en los mercados mundiales de exportación de bienes energéticos intensivos.

En este contexto, la Comisión Europea consideró importante completar el mercado interno de la energía en 2014 y seguir desarrollando las infraestructuras energéticas.

De cara a los próximos años, el análisis indicó que el precio de los combustibles fósiles seguirá subiendo y esto encarecerá el coste de la energía, pero adelantó que tras 2020 se espera una estabilización de los costes e incluso una bajada modesta a medida que los combustibles fósiles vayan siendo reemplazados por las renovables.

Greenpeace consideró que el precio de la energía no está teniendo un impacto en la competitividad europea y recalcó que, aunque ésta sea más cara, la industria de la Unión Europea la utiliza de manera más eficiente, mientras que las compañías americanas están perdiendo esa cualidad y son cada vez más vulnerables a los incrementos de precios.

La organización ecologista recordó además que las industrias intensivas en el uso de energía, como las del cemento o el vidrio, reciben subsidios y gozan de exenciones para compensar las diferencias de precios de la energía con los competidores extranjeros.

También recalcó que el propio informe de la Comisión Europea prueba que no se produjo un traslado de compañías europeas al exterior del territorio comunitario para evitar la legislación climática de la Unión Europea.

Bruselas no puede determinar si las prospecciones petroleras en Canarias violan la normativa medioambiental

«Todavía no se ha emitido una declaración de impacto ambiental. No es posible por tanto para la Comisión Europea determinar si se ha producido o no una infracción al derecho de la Unión Europea hasta que el proyecto haya recibido una autorización final por parte de las autoridades competentes», explicó el funcionario de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, en respuesta a las cinco quejas remitidas por ciudadanos canarios por una supuesta infracción de la legislación comunitaria en materia de hábitats, aves, aguas y evaluación de impacto medioambiental, debatidas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El representante comunitario explicó que a Bruselas no le consta que los proyectos de exploración de hidrocarburos «hayan sido autorizados hasta el momento», insistiendo en todo caso en que «la competencia para decidir sobre la exploración y para la autorización de exploraciones de los recursos naturales corresponde exclusivamente a las autoridades de los Estados miembros», aunque deben respetar eso sí la legislación europea y «en particular» la medioambiental.

«En tanto en cuanto estos procedimientos de autorización y de evaluación permanecen en curso, la Comisión solamente se puede limitar a exigir el cumplimiento escrupuloso de las disposiciones del derecho de la Unión Europea aplicables», les explicó Fernández Gómez.

«Por supuesto la Comisión, una vez sea autorizado, seguirá vigilante ante las actuaciones de las autoridades españolas para exigir que el derecho de la Unión Europea sea respetado en todo momento», recalcó no obstante.

El funcionario comunitario recordó la necesidad de «reducir o minimizar» los riesgos que este tipo de actividades entrañan y explicó que solicitaron información a las autoridades españolas sobre «las medidas que tenían previsto aplicar para garantizar el cumplimiento de la legislación y la preservación del medioambiente» y que las autoridades españolas les explicaron que «está siendo sometido» a un procedimiento de impacto ambiental, que debe «describir los efectos directos e indirectos» negativos.

La evaluación de impacto, precisó, incluye «un trámite de información pública» para conocer las opiniones de los interesados y estas alegaciones «deberán ser tenidos en cuenta» en todo caso «antes de la autorización del proyecto».

Varios ciudadanos canarios reclamaron el apoyo de la Comisión y de la Eurocámara para paralizar las prospecciones en aguas profundas que rechazan de forma mayoritaria las instituciones y ciudadanos del archipiélago atendiendo al riesgo de vertido asociado, que no sólo pone «en riesgo» el abastecimiento de agua de la isla, la biodiversidad de las islas y además ponen en riesgo el modelo de desarrollo sostenible económico basado el turismo, gracias a su rica biodiversidad de fauna y flora.

El peticionario Pedro Hernández Camacho, recordó además que el proyecto de prospecciones petrolíferas es «un proyecto que ha sido contestado desde el año 2001» por parte de los ciudadanos y fue anulado por el Tribunal Supremo en febrero de 2004 e insistió en que «durante ocho años el proyecto no fue sacado adelante» porque el anterior Gobierno socialista «siempre dijo que respetaba la voluntad ciudadana» y que «si no había consenso ciudadano y político» no saldría adelante.

Por ello, acusó al Gobierno del PP de buscar «dar un golpe de Estado» a las «instituciones democráticas canarias» que rechazan el proyecto, incluso «incumpliendo normas básicas», puesto que «las autorizaciones del Gobierno español al proyecto se están llevando a cabo sin que puedan conocer los detalles los ciudadanos y además sin respetar la normativa europea de impacto ambiental».

«¿Por qué poner en riesgo nuestra forma de vida por una actividad que tiene fecha de caducidad y conlleva riesgos?», se preguntó.

Hernández también lamentó que la Comisión Europea, a la que dijo que llevan «2 años implorando ayuda» no esté atendiendo a sus quejas y «aunque conozca el caso, mire hacia otro lado» y cuestionó la democracia en un país si los ciudadanos no tienen «derecho a opinar antes de que se autorice» la prospección en una zona que cubre unas 600.000 hectáreas.

Domingo Montañez, por su parte, advirtió del «peligro potencial de desabastecimiento» de agua potable en las islas en caso de accidente de las exploraciones petrolíferas y dado que la mayoría de agua de boca en el archipiélago provenga de desaladoras.

María del Carmen Cabrera, otra de las peticionarias, destacó que la única fuente de agua potable de las islas es el mar y advirtió de que, «ante un derrame mínimo, las potabilizadoras quedarían paralizadas». «El binomio agua potable y petróleo es, desde mi punto de vista, imposible», sentenció.

La oposición muestra su «apoyo rotundo» a los peticionarios

El eurodiputado del PSOE, Juan Fernández López Aguilar, mostró su «apoyo rotundo» a los peticionarios en contra del proyecto a la luz de las «objeciones muy fundadas en derecho europeo», el «rechazo claro» de las autoridades canarias al proyecto y la «contradicción de esa autorización con la estrategia de energías renovables» y con «el modelo de turismo sostenible» que es «la columbra vertebral» de la economía canaria, aunque también criticó «la ausencia de concurrencia y por tanto de competencia» a «favor de una empresa», en alusión a Repsol, algo que en su opinión también puede contravenir la normativa europea de competencia.

López Aguilar también invocó las consecuencias «posiblemente irreparables» de un vertido como ocurrió en el Golfo de México con la plataforma de BP, dejó claro que no existen garantías «plenas» de que las prospecciones cumplen la normativa europea, por lo que señaló que lo más adecuado es «mantener viva la petición en esta Eurocámara».

Su compañero de partido, Vicente Garcés, fue más allá y pidió a la Comisión Europea «que siga pidiendo información sobre los estudios de impacto ambiental e insista todo lo necesario» en este caso. «Es necesario que la Comisión no se limite a ir sobre hechos consumados. La Comisión Europea debe ser más beligerante», declaró.

Por su parte, el eurodiputado de ICV, Raul Romeva, respaldó la intervención de López Aguilar y recordó las opiniones «un tanto distintas» de los comisarios de Energía y las autoridades comunitarias de Medio Ambiente y reclamó «no menospreciar» las consecuencias «irreversibles» en caso de vertido en una zona «geológicamente muy inestable en algunos puntos» donde se quieren hacer las prospecciones, algo que es «claramente un problema» y recordó como ejemplo de falta de previsión y buen proceder el proyecto de gas Castor.

El eurodiputado de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, criticó que lo que está en juego es el derecho al acceso al agua por «intereses particulares de una empresa» y dejó claro que la Eurocámara debe defender los derechos fundamentales de las personas y el interés general.

El presidente en funciones de la Comisión de Peticiones, Willy Meyer, anunció que el expediente seguirá abierto tras el apoyo de todos los grupos a mantener abierta la petición, incluido el PP.

Como eurodiputado de Izquierda Unida, manifestó que está «en contra» de este proyecto, al tiempo que cuestionó que la empresa encargada del proyecto realice la declaración de impacto medioambiental y criticó que la Comisión no asuma «el principio de precaución» cuando el proyecto de Repsol «no tendría cabida» porque no cumple la normativa estadounidense, reforzada a raíz del vertido de BP.

No obstante, Meyer dijo que no entiende «la actitud que ha mantenido la Comisión Europea en este caso», dado que «éste no tendría cabida ni siquiera en Estados Unidos, donde aprendieron de los errores del pasado», dijo en referencia al vertido de BP en el golfo de México en 2010. Por eso le pidió una actitud más comprometida con las quejas que ha recibido tanto de los ciudadanos como del propio Gobierno regional canario.

Las prospecciones cumplen los requisitos

El eurodiputado del Partido Popular canario, Gabriel Mato reclamó «respeto» para las decisiones del Gobierno del PP tras defender que «las prospecciones o los permisos han cumplido todos los requisitos» y dejó claro que las prospecciones no incumplen la normativa europea. «No hay ningún tipo de vulneración hasta estos momentos y esta es la realidad», defendió Mato, que se quedó sólo en la defensa del proyecto frente al resto de grupos.

Mato dijo «no poder apoyar las quejas» puesto que «no estoy conforme con que la información pública sobre el proyecto se haya llevado a cabo «con alevosía y nocturnidad», recordó que se presentaron 5.169 alegaciones al proyecto, luego «claramente» la opinión pública se ha podido pronunciar y criticó que todos los argumentos en contra «son para caso de accidente» cuando lo que hay que hacer es minimizarlos «con medidas preventivas».

Günther Oettinger admite que la CE seguirá aceptando ayudas nacionales a empresas de alto consumo eléctrico

En unas jornadas sobre energía organizadas por el diario económico alemán «Handelsblatt» en Berlín, Oettinger aseguró por videoconferencia desde Bruselas que la Comisión Europea va «a tener que seguir permitiendo las subvenciones» a estas empresas.

A su juicio, en ciertos casos excepcionales de consumos eléctricos «extremadamente alto», como el de las fábricas de producción de aluminio, las ayudas deberían mantenerse.

Sus declaraciones se enmarcan dentro de la controversia que desató en Alemania la apertura de un expediente en Bruselas sobre los descuentos en las tasas medioambientales de los que se benefician las industrias alemanas con un mayor consumo de energía.

La Comisión Europea explicó el pasado diciembre que sospecha que estas ayudas pueden incumplir las normas comunitarias de ayudas de Estado y las está investigando.

Bruselas comenzó a estudiar el caso basándose en «numerosas denuncias» de consumidores y competidores de esas empresas y consideró que las reducciones fiscales «parecen dar a los beneficiarios una ventaja selectiva» que puede distorsionar la competencia.

Al mismo tiempo, señaló que «bajo ciertas condiciones» este tipo de apoyos «podrían estar justificados» para evitar la deslocalización de empresas con un uso intensivo de energía, por lo que se comprometió a examinar cuidadosamente los casos.

Van Rompuy pide a los 28 países de la UE que le den sus prioridades energéticas a finales de febrero

Ante la aproximación de la fecha límite 2015 para la finalización del mercado interior de la energía, los Veintiocho buscaran a priori medidas para acabar con la «fragmentación actual», dijo Van Rompuy.

«En los dos meses que faltan para la próxima cumbre europea de marzo sería muy útil poder escuchar sus prioridades para conseguir avanzar en el mercado interior en el sector y conseguir acabar con el aislamiento energético europeo de cara a finales de año», dijo Van Rompuy en una misiva dirigida a los Gobiernos de la Unión Europea.

El presidente permanente del Consejo pidió igualmente a los Gobiernos que informen a «sus principales socios sobre cualquier decisión que pueda tener impacto en otro Estado miembro para coordinar mejor así las políticas entre países».

«Daré la bienvenida a sus aportaciones sobre esto desde ahora y hasta finales de febrero», señaló el político flamenco, que apostó por que el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea del 4 de marzo sirva de preparación a nivel ministerial para la cumbre europea de finales de mes.

Además de la energía, también centrarán la cumbre la primera evaluación de la estrategia comunitaria para el empleo y el crecimiento, «Europa 2020», así como la competitividad industrial y la innovación en la Unión, sin olvidar la política europea para el clima, que según Van Rompuy «está muy ligada al resto de asuntos».

La Comisión Europea presenta un plan que busca desarrollar y comercializar la energía marina

«Queremos potenciar la fuerza de los océanos y mares europeos para producir energía y desarrollar tecnologías que además den a nuestra industria europea la posibilidad de exportar», explicó el comisario de Energía, Gunther Oettinger, en la presentación del plan de acción en Bruselas.

«Se trata de política industrial, de puestos de trabajo y de seguridad de abastecimiento energético», añadió.

En este sentido, la comisaria de Asuntos Marítimos, Maria Damanaki, destacó que esta energía «podría cubrir hasta el 80% de las necesidades energéticas (de la Unión Europea) hasta 2030 y que el sector «podría crear 40.000 empleos hasta 2035».

La energía marina se produce gracias a la fuerza de las olas y las mareas y corrientes de los océanos, pero también aprovechando los cambios de temperatura o salinidad del agua.

De acuerdo con la Comisión Europea esta energía renovable tiene un gran potencial de crecimiento pero se encuentra en una fase «crítica» ya que es necesario que se pase de los prototipos a la comercialización de las tecnologías.

Los principales retos que enfrenta son los altos costes de esta tecnología, el difícil acceso a la financiación, los problemas en las infraestructuras (la dificultad para ensamblar las redes o para acceder a puertos adaptados, por ejemplo); así como las trabas administrativas y su posible impacto sobre el medio ambiente.

Por ello, el Ejecutivo comunitario creó un Foro de la Energía Marina, en el que participarán organizaciones dedicadas a la investigación, empresas del sector, operadores de red y autoridades de licencias, así como representantes de las instituciones nacionales encargadas de la política energética y de la Unión Europea. Los resultados deberán plasmarse en una hoja de ruta que se hará pública en 2016.

«Este Foro es un actor muy importante en el desarrollo de la política. Financiación, normas, procedimientos de licencia, todo eso hay que desarrollarlo para tener una tecnología madura», explicó Oettinger.

En el capítulo de financiación el comisario dejó claro que los fondos para sostener el desarrollo de la industria y la tecnología deberán proceder del sector privado, e indicó que prevén crear una mesa de trabajo en el seno del Foro para ocuparse de la elaboración de planes de negocio y del estudio de los costes de la tecnología.

«La venta (de la energía) debe compensar los costes de instalación (de los generadores)», señaló Oettinger, quien aclaró que se trata de una colaboración financiera que no implicará la participación mayoritaria de la Unión Europea en los proyectos.

Los comisarios explicaron que Bruselas «puede dar financiación para el lanzamiento (del sector) como hizo con la energía eólica offshore (en alta mar)» y precisaron que las prioridades de financiación se dirigen a la comercialización de la tecnología.

La Comisión Europea no precisó cifras sobre la inversión que realizará ni los costes, un dato que emplazó a la presentación de la hoja de ruta en 2016.

Desde Bruselas destacaron que la energía oceánica permitirá reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la cuota de energía renovable en la red, al mismo tiempo que contribuirá a generar empleos en las zonas costeras.