«Esto es una muestra de lo que pasa en Europa, necesitamos reformar la política energética y climática. Lo que se pretende con el paquete creado por la Comisión para 2030 es no depender de esta importación con precios impuestos por otros países. Esto ayudaría a bajar las facturas energéticas a largo plazo, atraer inversiones y a crear puestos de trabajo que tanto necesitan países como España«.

En este sentido, explicó que la Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones y los fondos estructurales, ofrece «muchas ayudas potenciales para las pymes que quieren hacer negocios en el sector de la energía verde y crear los puestos de trabajo que tanto necesitamos».

Por otro lado, la comisaria europea subrayó que «el déficit de tarifa (eléctrica) está aumentando» en España, que, según reiteró, «necesita una reforma urgente de su sistema energético y tiene que ser un imperativo» para atraer a los inversores. «Posponer las decisiones importantes no facilita las cosas posteriormente», añadió.

Hedegaard indicó que «los políticos» españoles deben decidir qué reforma es la adecuada para crear «un marco legal creíble», con el fin de que «los inversores puedan estar mucho tiempo en el mercado». Además, añadió que «entiendo muy bien a los inversores, algunos de ellos están preocupadísimos».

Finalmente, y preguntada por la práctica del fraking, Hedegaard explicó que la Comisión Europea no es «quien para decidir si un país debe practicar fraking o no debe hacerlo». Así, apuntó que, si alguno se muestra a favor de esa práctica lo que hace la Comisión es «aconsejarle». «Por ejemplo, entre nuestros consejos está que si se practica el fracking se haga con transparencia y se explique a la ciudadanía los químicos usados«, concluyó.

Serrano ha explicado que desde el Ejecutivo comunitario les han trasladado que se trata de «expedientes» que «son lentos de resolver, puesto que tienen que recabar información de todas las partes» y necesitan más información», pero ha confirmado que les «darán la información pertinente» cuando concluyan el caso. «Y sabremos lo que opina», ha constatado.

«En cualquier caso, la Junta de Andalucía tiene suspendida la resolución de la autorización ambiental unificada hasta tanto no garanticemos las consecuencias del valor acumulativo de los proyectos de Gas Natural en Doñana y las consecuencias sismológicas«, ha recordado.

La consejera ha asegurado que en la comisión se han quedado «bastante tranquilos de saber el posicionamiento» de la Junta sobre los proyectos que afectan a Doñana que son «preocupantes» para la Unión Europea también como el dragado del Guadalquivir, la corona forestal y los proyectos que Gas Natural porque «deben primar los valores medioambientales» del parque «como baluarte de conservación y referencia para el mundo entero» de biodiversidad, «por encima de todos esos proyectos y por encima de los intereses económicos».

«No se debe frenar el desarrollo económico, pero hay determinadas líneas rojas que no se deben de pasar en temas medioambientales. Y el Parque Nacional de Doñana es uno de ellos», ha recalcado Serrano.

Respecto a la directiva comunitaria que exigirá el fin de los vertidos en aguas residuales en 2015, la Comisión Europea ha avisado de que «las directivas hay que cumplirlas y que los límites se ponen para algo» pero han visto «con buenos ojos» la programación prevista en Andalucía y el tributo regional para contribuir a construir las infraestructuras necesarias para contribuir a su cumplimiento, según ha explicado Serrano, que ha insistido en que también estudian fórmulas de colaboración público-privada para «poner cuantas más obras públicas mejor para llegar con el mayor grado de cumplimiento en el 2015 con la directiva» y priorizando «todos aquellos proyectos que generen empleo».

«Y vamos a seguir recabando de los fondos europeos del nuevo marco para poder continuar con esa programación», ha asegurado, sin concretar cifras de eventuales nuevas ayudas comunitarias para este objetivo.

Serrano se ha comprometido a remitir a Bruselas el calendario y programación de los próximos pasos en este ámbito «en unos meses» y ha confiado en que ello les permita «ver la voluntad del Gobierno andaluz de cumplir con esa normativa» a pesar de «las circunstancias económicas y la situación de crisis que tenemos» y ha dejado claro que el problema de los residuos no afecta solo a España ni a Andalucía sino a «muchos» Estados miembros que se encuentra en «las mismas dificultades» para cumplir la normativa.

El Ejecutivo comunitario en cambio sí ha acogido «con gran satisfacción» y «muy buenos ojos» la futura Ley del Cambio Climático andaluza en el actual contexto de crisis, cuyos objetivos ha detallado Serrano en otro encuentro que mantuvo este miércoles con el director de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático y Tecnologías Bajas en Carbono de la Dirección General de Acción por el Clima de la CE, Humberto Delgado.

Serrano ha recordado que la futura ley persigue reducir las emisiones de CO2 difusas, intentar incrementar los sumideros naturales de CO2 y promover políticas de adaptación para minimizar las consecuencias del cambio climático, algo especialmente importante en una región como Andalucía, que cuenta con casi el 30% del territorio dentro de la Red Natura y 247 espacio naturales protegidos que demuestran su biodiversidad «importantísima».