Oettinger se pronunció así en respuesta a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de ICV, Raúl Romeva, en la que denunció un mercado eléctrico español «oligopolizado» donde la generación y comercialización eléctricas están controladas por cinco grandes empresas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, EDP y E.ON).

Romeva advertía al Ejecutivo comunitario de que, en consecuencia, el sistema eléctrico español vulneraba las directivas europeas del sector por no garantizar la separación efectiva entre empresas de generación, distribución y comercialización de electricidad, así como por las restricciones existentes para la prestación de los servicios de generación, distribución y comercialización de energía.

La Comisión recordó que exhortó en el pasado a las autoridades españolas a reformar el sector y que ahora se encuentra estudiando las respuestas dadas por las autoridades sobre el acatamiento de la ley europeo.

También respondió Oettinger a las dudas presentadas por Romeva sobre el regulador español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que según el eurodiputado de ICV «no garantiza una autoridad reguladora independiente que controle y supervise el mercado eléctrico».

El comisario señaló que la Comisión Europea «estará vigilante» sobre las decisiones concretas que adopte el nuevo marco regulador español para garantizar que respeten el principio de independencia que exige la legislación de la Unión Europea.

Oettinger reiteró que la existencia de un regulador sólido e independiente es una pieza fundamental de la normativa del mercado interior de la energía en la Unión Europea.

«Hemos visto que la península Ibérica todavía no cuenta con suficientes conexiones con el resto de Europa, y por eso queremos avances», reconoció la canciller alemana, Angela Merkel, en un conferencia al término del Consejo Europeo.

Merkel destacó que España y Portugal intervinieron en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno para subrayar la necesidad de mejorar las conexiones energéticas con la Unión Europea con vistas a «participar en el reparto energético en Europa».

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, defendió en concreto que si se aceleraran los trabajos de la conexión Midcat, uno de los proyectos de interconexión considerados como prioritarios, España podría transferir a la Unión Europea una cantidad de gas procedente de Argelia equivalente a la mitad del que llega desde Rusia vía Ucrania.

El 30% del gas que la Unión Europea importa del exterior procede de Rusia y de ese porcentaje la mayor parte llega a territorio comunitario a través de Ucrania, que es el principal Estado de tránsito.

El gigante gasístico ruso Gazprom exportó 133.000 millones de metros cúbicos de gas a la Unión Europea en 2013, de los que casi la mitad, 65.000 millones, fue transportado a través de Ucrania y el resto mediante los gasoductos de Yamal (Bielorrusia), Nord Stream y diversas conexiones bilaterales.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, coincidió con Merkel en que desde el punto de vista energético España y Portugal «aún están aisladas del resto de Europa».

Aseguró que ahora existe «suficiente voluntad política» para dar un impulso definitivo a las conexiones en construcción, algunas de las cuáles ya figuran como proyectos prioritarios de la Unión Europea.

El presidente de Francia, François Hollande, reconoció que «es importante asegurar el aprovisionamiento y las interconexiones que tienen muchos países de Europa del Sur» como «instrumento para abastecer a Europa».

Reducir la dependencia energética, sobre todo de Rusia, es una asignatura pendiente en la Unión Europea desde hace años que ha vuelto a cobrar relevancia en el contexto de la crisis de Ucrania, como reconoció el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy.

«Si no actuamos ahora, en 2035 dependeremos en un 80% de las importaciones de gas y petróleo», afirmó Van Rompuy, quien dijo que la decisión de esta cumbre envía una «señal clara de que Europa va a reducir su dependencia especialmente de Rusia».

Las tensiones entre Ucrania y Rusia ya afectaron en el pasado al suministro de gas de la Unión Europea y llegaron a causar problemas en varios Estados miembros en 2009.

Los países del Báltico (Lituania, Estonia y Letonia), Bulgaria, Eslovaquia, República Checa y Rumanía son los que más dependen del flujo de gas ruso que llega a través de Ucrania. Otros como Alemania, que tienen línea directa con Rusia a través del gasoducto Nord Stream, y España que importa gas principalmente de Argelia, se ven menos expuestos.

En el caso español, en concreto, el 42% de las importaciones de gas proceden de Argelia a través del gasoducto Medgaz, mientras que el resto es LNG (gas natural licuado) de al menos una decena de países distintos, por lo que tampoco es tan vulnerable a una hipotética interrupción del flujo de gas ruso.

«Mostraremos solidaridad en caso de que se produzcan interrupciones repentinas del abastecimiento energético en uno o varios Estados miembros», afirmó Van Rompuy.

Entre las ideas para reducir la dependencia energética de Rusia también figura desde hace tiempo la de desarrollar el Corredor Sur, que agrupa varios gasoductos como Nabucco y está pensado para traer gas del Caspio a Europa a través de Turquía y la de abrir nuevas rutas a través del Este de Europa, recordó Van Rompuy.

Merkel apuntó también al gas de esquisto como alternativa si Estados Unidos decide exportarlo y consideró que también se podría obtener de otros países, y subrayó la necesidad de potenciar el ahorro energético.

En este contexto, los líderes europeos encargaron a la Comisión Europea que elabore para junio un plan para reducir la dependencia energética en el que se destaque que hay que acelerar la diversificación del suministro energético y mejorar la eficiencia energética, así como continuar con el desarrollo de sus fuentes de energía autóctonas y renovables.

Según los líderes europeos, el plan debería reflejar que la Unión Europea necesita acelerar la diversificación de su suministro energético y mejorar su eficiencia energética, así como continuar desarrollando sus fuentes de energía propias y renovable.

Los Veintiocho estuvieron de acuerdo en que «se debería acelerar la puesta en marcha de proyectos relevantes de interés común» y apoyaron movilizar recursos de financiación procedente del mecanismo de financiación «Conectar Europa» (CEF) y de los fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Los líderes europeos señalaron que sigue siendo una prioridad completar el mercado interno de la energía este año, así como desarrollar las interconexiones gasísticas y eléctricas en 2015 para terminar con el aislamiento energético que sufren algunos Estados miembros.

Estuvieron de acuerdo también en que se pongan lo medios necesarios para que ningún Estado miembro tenga una interconexión inferior al 10% de su potencia instalada.

En paralelo, el Consejo Europeo subrayó la necesidad de reducir el coste de la energía para los usuarios finales y pidió a los Estados miembros en los que los impuestos y tasas suponen una parte excesiva de la factura eléctrica a que revisen sus sistemas.

El director general de la asociación, José Donoso, y el abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Piet Holtrop defendieron en la Eurocámara esta petición ciudadana.

En concreto, los impulsores de la iniciativa pidieron que el Parlamento Europeo vigile de cerca la actuación de la Comisión Europea para que no permita que los Estados miembros vulneren el Derecho Europeo mediante reducciones retroactivas de la retribución a las renovables.

Además, solicitaron que se estudie en concreto el caso de España, que es «el Estado miembro que lidera los recortes a las renovables en Europa y las barreras al desarrollo del autoconsumo y la eficiencia energética», según indicó UNEF.

En concreto, Donoso denunció que «la reforma eléctrica en España incumple las directivas renovables europeas» y para ello solicitó la intervención de las instituciones europeas ante la arbitrariedad y la retroactividad de las medidas adoptadas por el Gobierno «que rompen el principio de seguridad jurídica y crean una total incertidumbre hacia el futuro, dada la posibilidad de revisión del nuevo régimen retributivo cada tres y seis años».

El director general de UNEF explicó la situación de indefensión en la que se encuentran los inversores fotovoltaicos tras la aprobación del nuevo marco regulatorio que altera las expectativas lógicas y razonables de los inversores y llevará a la quiebra a gran parte de los 60.000 inversores que acometieron sus proyectos atendiendo a los marcos regulatorios vigentes anteriormente.

«La reforma eléctrica en España supone una grave infracción de los principios europeos y atenta contra los inversores, ciudadanos y los objetivos de eficiencia energética. La nueva ley que con carácter retroactivo afecta a las inversiones realizadas en energías renovables y en especial en el sector fotovoltaico, incumple el principio de seguridad jurídica y altera los principios de libre competencia del mercado y de sostenibilidad, al impedir de facto el desarrollo de nuevas formas de producción de energía, como el autoconsumo fotovoltaico».

José Donoso denunció en Bruselas que con esta reforma, el Gobierno no busca un «beneficio razonable» sino desmantelar las instalaciones existentes, ya que el nuevo sistema de retribución a las renovables, en el que se da un pago por MW en función de unos costes de inversión estándares, es arbitrario y discrecional. Este sistema aplica a unas plantas un recorte del 20% y a otras el 50% sobre sus ingresos previstos.

Estos nuevos estándares no reflejan la realidad bajo la que se acometieron las inversiones en su momento, lo que lleva a una situación por la cual entre el 30 y el 50% de las instalaciones no podrán refinanciar su deuda, ya que la Banca debería aplicar una quita del 60% y, por lo tanto, se verán arrastradas a la quiebra.

Por otro lado, UNEF alertó asimismo sobre el carácter discriminatorio y desproporcionado de los recortes del Gobierno a las energías renovables, a las que señaló como principales causantes del déficit de tarifa, cuando en realidad renovables, cogeneración y residuos en su conjunto, sólo son responsables del 22% de los cerca de 30.000 millones de déficit de tarifa acumulado.

El director general de la asociación fotovoltaica explicó el impacto del Real Decreto de Autoconsumo que, al introducir un peaje extra o «impuesto al sol» a estas instalaciones, hace inviable económicamente su desarrollo y va en contra de la libertad individual y la libre competencia del mercado. La introducción de este peaje de respaldo reduce gravemente el ahorro que estas instalaciones suponen y amplía el plazo de amortización (de 12 a 35 años para una casa particular y de 7,5 a 13 años o más para una pequeña o mediana empresa) impidiendo, de facto, su desarrollo en España e introduciendo multas a las instalaciones no declaradas de hasta 60 millones de Euros, el doble que las contempladas para, por ejemplo, vertidos nucleares.

Apoyos en el Parlamento Europeo

La solicitud de UNEF y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, contó con el apoyo de los grupos parlamentarios ecologistas y socialistas, tanto de la diputada Teresa Riera del grupo Progresista de Socialistas y Demócratas, como de la diputada Margrete Auken, del grupo Verdes/Alianza Libre Europea, que mostraron su preocupación por el deterioro del la seguridad jurídica de las inversiones renovables en España y la intención del Gobierno de sustituir renovables por tecnologías antiguas. Por otro lado, la petición contó con la oposición de la diputada Pilar Ayuso del Grupo del Partido Popular Europeo que defendió sin fisuras la reforma del Gobierno.

A pesar de la petición del Grupo Popular de archivar el caso, la Comisión decidió mantener abierta la petición y sea enviada a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para su examen para vigilar el desarrollo de la Reforma Eléctrica en España, consciente del impacto que puede tener en las legítimas expectativas de los inversores en renovables y del futuro del autoconsumo en España y ante las dudas sobre la legalidad de las medidas adoptadas.

El representante de la Comisión Europea expresó que la Comisión está «preocupada por la propuesta del estado español», por lo que enviaron dos cartas solicitando más información a España de las que, ha dicho, no han recibido respuesta. De este modo, se comprometió a seguir persiguiendo al gobierno español para que le amplíe información y seguir de cerca el desarrollo normativo en España y el impacto de las medidas que está tomando en las inversiones realizadas.

Las ciudades que se sumen a la iniciativa se comprometen a contribuir a los esfuerzos de la Estrategia de Adaptación al cambio climático de la Unión Europea mediante el desarrollo estrategias de adaptación a nivel local completa o integrando la adaptación al cambio climático en sus planes existentes.