«Hacemos un llamamiento a Rusia para que no continúe con la queja ante la OMC», dijo Oettinger al término del consejo de ministros europeos de Energía en Luxemburgo.

Rusia solicitó el pasado 1 de mayo a la OMC que abra un proceso de consultas para verificar si el llamado «tercer paquete energético» de la Unión Europea infringe los principios del libre comercio.

Moscú se queja de que la norma europea que prohíbe que una compañía pueda ser dueña y a la vez operar el gasoducto por donde transita el gas, le afecta directamente y es inconsistente con los principios que rigen la OMC.

El comisario europeo consideró que «el derecho comunitario vigente tiene que ser respetado por cada infraestructura de la red», al tiempo que precisó que esto incluye las normas de competencia, medioambientales y de contratación pública.

La Comisión Europea abrió el pasado día tres un procedimiento de infracción contra Bulgaria precisamente porque considera que este país está incumpliendo las normas comunitarias en el proyecto de gasoducto South Stream, diseñado para traer gas ruso hacia la Unión Europea.

Bruselas explicó que la empresa South Stream Bulgaria recibió un contrato de construcción de la infraestructura sin un procedimiento competitivo y transparente, y también se declara preocupada por el acuerdo intergubernamental que mantiene con Rusia, que da la posibilidad de cerrar contratos con subcontratantes sin publicación en el diario oficial.

La Comisión Europea solicitó a Bulgaria parar las obras de construcción y no descartó tomar medidas también con otros países de la Unión Europea que participan en el proyecto.

«El acuerdo intergubernamental, que es la base para South Stream, no es compatible con nuestro derecho comunitario, y por lo tanto es necesario una modificación», destacó Oettinger.

«Los Estados miembros afectados nos han pedido que nos ocupemos de negociar esa modificación con Rusia», añadió.

El problema, según el comisario, es que Moscú acudió a la OMC por lo que «no tiene mucho sentido hablar de la modificación del derecho de competencia europeo y al mismo tiempo que los socios rusos cuestiones ese derecho».

El South Stream empezó a construirse en diciembre de 2012, y su coste oficial es de unos 16.000 millones de euros. La construcción corre a cargo de empresas mixtas creadas por Gazprom con sus socios en Bulgaria, Serbia, Hungría, Grecia, Croacia, Eslovenia y Austria para el tendido y la explotación de los correspondientes tramos nacionales.

El llamado «tercer paquete energético» es el marco legal comunitario que fuerza la separación patrimonial de las actividades de producción, transporte y comercialización de energía, y que Rusia considera lesivo para sus intereses.

La gasística rusa Gazprom fue la promotora de este proyecto, junto a la italiana Eni en 2008, y controla el 50% del consorcio operador, mientras que los otros tres accionistas se reparten el resto de participaciones (Eni, 20%; EDF, 15%, y BASF, 15%).

Este proyecto es competidor del europeo Nabucco, que pretende reducir la dependencia europea del gas ruso con un gasoducto de 4.000 kilómetros desde el mar Caspio hasta Austria, pasando por Turquía, Bulgaria, Rumanía y Hungría.

La cuestión de las interconexiones estará presente en la agenda del Consejo de Medio Ambiente y el Consejo de Energía de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo este jueves y este viernes. Los ministros de los 28 tienen previsto debatir las propuestas que presentó Bruselas para reducir la dependencia energética respecto a Rusia.

La Comisión plantea fijar un nuevo objetivo de interconexión del 15% de la capacidad eléctrica instalada de aquí a 2030 y acelerar los grandes proyectos con financiación europea. El Ejecutivo comunitario identificó una lista de 33 proyectos prioritarios, que incluye el gaseoducto Midcat entre Francia y España, en fase de estudio y sin fecha de conclusión, y la interconexión eléctrica.

Pero Francia rechaza que se fije un objetivo obligatorio de interconexión a nivel de la Unión Europea alegando que hay que tener en cuenta las diferencias entre el gas y la electricidad y entre las diferentes zonas de la Unión Europea, y que hay que evaluar antes los costes de cada proyecto y otras cuestiones como la intermitencia de determinadas fuentes energéticas como las renovables.

«Hay que dejar de decir que España y Francia no están conectadas», explicaron desde la delegación francesa. París alegó que a principios de 2015 se inaugurará la nueva línea de alta tensión entre España y Francia por Cataluña que duplicará la capacidad de interconexión de 1.400 a 2.800MW. Y se trabaja en un nuevo cable energético por el Atlántico.

La postura de Francia choca con la del Gobierno de Mariano Rajoy, que viene reclamando en los últimos meses que se fije un objetivo obligatorio de interconexiones. España es, según el ministerio de Medio Ambiente, una «isla eléctrica» y la capacidad de interconexión apenas alcanza el 1,2%. Ello representa un obstáculo insalvable para construir un auténtico mercado de la energía en la Unión Europea.

La cuestión energética era, precisamente, una de las cuestiones clave que ocupaban las agendas de los dos países ibéricos en la XXVII Cumbre luso-española, presidida por sus jefes de gobierno, Pedro Passos Coelho y Mariano Rajoy, y que se celebró en la localidad lusa de Vidago, a 30 kilómetros de la frontera con Galicia.

En declaraciones a los periodistas, los máximos responsables de ambos ejecutivos insistieron en la importancia de que la Península Ibérica «deje de ser una isla» respecto al resto del continente y recordaron que su capacidad instalada es excedentaria, por lo que existe interés en poder venderla al exterior.

«Estamos a punto de cerrar este acuerdo con Polonia también para presentar esta propuesta de forma conjunta», precisó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Subrayó, asimismo, que «una verdadera política energética» a nivel europeo permitiría «asegurar el suministro a precios asequibles» y facilitaría que los países comunitarios puedan cumplir con sus objetivos climáticos sin dejar de asegurar la competitividad de su industria.

El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, por su parte, consideró que esta iniciativa cobra una importancia redoblada debido a que se plantea «justo cuando muchos socios comunitarios quieren reducir su dependencia energética respecto a Rusia» tras el conflicto abierto con Ucrania.

En esa propuesta conjunta que preparan España y Portugal y que «puede alargarse a más países europeos», se reclamará a la Unión Europea un mayor refuerzo de las conexiones, concretamente a través de la construcción de infraestructuras que faciliten el transporte de energía desde la Península Ibérica al resto del continente.

«No puede haber una unión justa y competitiva mientras el mercado único no esté completo, y no la habrá sin integración de los mercados energéticos», recalcó el mandatario luso.

Passos Coelho insistió en que tanto España como Portugal producen más energía de la que consumen y «ofrecen instalaciones adecuadas para almacenar gas», por lo que «sólo faltan ahora las condiciones para exportar gas y electricidad».

Acuerdo para crear un Mercado de Gas Ibérico

Asimismo, España y Portugal acordaron iniciar los trabajos para la creación de un Mercado de Gas Ibérico (MIBGAS) «en los próximos meses» y cuyos trabajos se concretarán «de inmediato» con el establecimiento de grupos de trabajo técnicos y en la elaboración de un Tratado Internacional entre ambos países.

Según recoge la declaración conjunta, la creación del MIBGAS, un proyecto que estaba encima de la mesa en las cumbres bilaterales desde hace nueve años, y la dinamización del mercado ibérico de electricidad (MIBEL) «convertirán a la Península Ibérica en una alternativa rentable para el abastecimiento energético a Europa».

Con este fin, coincidieron en la necesidad de «agilizar la ejecución efectiva de los proyectos de interés común en las fechas establecidas y de asegurar la necesaria financiación, también a nivel europeo».