Además de estos costes, España ocupa la sexta posición en la clasificación de países que pagan más impuestos, con una cifra cercana a los 48 euros, frente a la media comunitaria de 39 euros. En países como Dinamarca, los impuestos rondan los 90 euros, si bien los costes políticos apenas se sitúan en los 20 euros.

Sumados impuestos y diferentes costes adicionales, España ocupa la tercera posición de Europa, por detrás de Dinamarca e Italia, según Eurelectric, cuyos datos son distintos a los de la Comisión Europea, que asigna al país una posición muy inferior, la novena.

El principal motivo de esta disparidad se debe a que la Comisión Europea atribuye un fuerte coste a España en el ámbito del transporte y la distribución, el mayor de Europa, mientras que Eurelectric refuta este cálculo y estima que el país tiene uno de los menores costes en redes.

Eurelectric aseguró además que, entre 2008 y 2012, los «costes políticos» se duplicaron, debido sobre todo a los incentivos a las energías renovables. De los 25 euros de media de «costes políticos» en la Unión Europea, las renovables acaparan el 62%, frente al 31% de ‘otros’ y el 7% de las centrales térmicas.

Eurelectric hizo público este informe tras la publicación, el pasado mes de enero, del documento de trabajo de la Comisión Europea «Precios y costes de la energía en Europa«, dentro del paquete Energía y Clima, según explicó la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa).

El estudio de Eurelectric sostiene que las facturas eléctricas de los países comunitarios son artificialmente elevadas como consecuencia de los costes, impuestos y cargas con que se ven lastradas.

El informe muestra que los precios del suministro eléctrico en España ocupan la decimoprimera posición dentro de los 27 países de la Unión Europea. Sin embargo, la factura eléctrica que paga el consumidor español es alta porque es uno de los países con mayor proporción de costes ajenos a los propios del suministro en la factura de electricidad.

De hecho, los impuestos y cargas, que incluyen el coste de las políticas de la Administración, representaban en el segundo semestre de 2012 el 50% del precio final del recibo eléctrico español en el hogar, situando los precios por encima de la media europea.

Eurelectric incidió además en el estudio la necesidad de que la Comisión Europea y Eurostat utilicen en sus estudios y comunicaciones criterios homogéneos y estandarizados, ya que sólo así los datos que envían los distintos países serán comparables y los resultados de los informes, fiables.

Actualmente no existe un marco vinculante que garantice la comunicación armonizada de datos a Eurostat, lo que provoca una falta total de comparabilidad entre países, señaló.

«La Península Ibérica podría suministrar a la Unión Europea hasta 50.000 millones de metros cúbicos (50 bcm) al año de gas natural, esto es, un 40% del gas que los Veintiocho reciben actualmente de Rusia (114.000 millones de metros cúbicos)», señalaron estos dos países en una declaración, que también suscribió Polonia y que verán los líderes de los Veintiocho en la reunión que mantienen este jueves y viernes en Bruselas.

Estos países destacaron que la Península Ibérica está situada en una «posición estratégica para recibir exportaciones del LNG (gas natural licuado) del exterior, y tiene una importante capacidad de regasificación y un considerable superávit de generación de electricidad ya instalada».

Por este motivo, una mayor interconexión de la Península con el resto de Europa permitiría abordar eficientemente las cuestiones actuales de seguridad energética y ayudar a completar el mercado interno de la energía», añadieron.

España recibe en la actualidad el 42% del gas que importa del exterior a través del gasoducto Medgaz que conecta con Argelia, y completa su suministro con LNG (gas natural licuado) procedente de al menos una decena de países distintos, lo que coloca al país en una situación menos vulnerable en caso de interrupción del flujo de gas ruso.

En la Unión Europea existen por el momento 22 terminales de conversión de gas licuado, según datos de la Comisión Europea. Además, estos tres países destacaron que siete de esas terminales pueden almacenar y suministrar gas, lo que permitiría enviar gas a otros países de la Unión Europea.

La Unión Europea importa el 39% del gas que consume de Rusia, y de ese total la mayor parte llega a los Estados miembros a través de gasoductos que transitan por Ucrania, por eso preocupa el corte de suministro hacia Kiev decretado por Moscú, que podría acabar afectando a los países comunitarios más dependientes.

«Es urgente completar los proyectos de interconexión identificados, como la manera más efectiva y eficaz desde el punto de vista del coste para abordar la dependencia energética», subrayaron España, Portugal y Polonia en su declaración. «También es crucial reforzar las interconexiones eléctricas», agregaron.

Entre los proyectos que deberían recibir un empujón, estos tres países incluyen: el gasoducto Midcat, que conectará España con Francia a través de Cataluña y la interconexión gasística entre España y Portugal, así como la línea de alta tensión entre España y Francia.

El Midcat, que ya está incluido en la lista de proyectos europeos considerados prioritarios, requeriría una inversión de 536 millones de euros y permitiría trasladar a la Unión Europea 12.000 millones de metros cúbicos de gas (12 bcm), lo que equivale al 7,5% de las importaciones procedentes de Rusia.

La línea de alta tensión entre Galicia y Cuzbenais (Francia), también forma parte de los proyectos de interés comunitario, y podría suponer 2.000 megavatios (MW) adicionales por un coste de 1.900 millones de euros como máximo.

Los líderes de la Unión Europea ya reconocieron en el Consejo Europeo de marzo la necesidad de mejorar la conexión energética con la Península Ibérica y se mostraron dispuestos a impulsar los proyectos de interconexión en curso.

En una comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Senado, Nadal afirmó que el análisis de Bruselas se refiere a si el impuesto del 7% a la producción de electricidad «es directo o indirecto».

«Si fuera indirecto, se puede considerar que incide en la misma figura tributaria que los impuestos a los consumidores, y se estaría haciendo una doble imposición sobre la misma actividad», señaló.

Frente a este dilema, el Gobierno sostiene que se trata de un impuesto «directo» sobre el generador de electricidad, frente al impuesto ya existente sobre el consumidor de electricidad. «Grava la renta del generador y no colisiona con la del consumidor de electricidad», aseguró.

Nadal explicó además que Hacienda ya ha intercambiado documentos con la Comisión Europea sobre este asunto y que el procedimiento se encuentra aún en fase informativa, en la que se trasladan las denuncias recibidas al Estado concernido.

«El flujo inverso desde Eslovaquia hacia Ucrania es perfectamente legal», señaló la portavoz comunitaria de Energía, Sabine Berger, en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

«En la actualidad es posible para Ucrania comprar gas de Hungría y Polonia, y a partir de otoño también podrá recibirlo de Eslovaquia», continuó.

Berger destacó que, según el acuerdo firmado recientemente entre Eslovaquia y Ucrania para activar el llamado «flujo inverso», que permite que el gas circule en dos direcciones dentro del gasoducto, Kiev podría recibir de Bratislava 8.000 millones de metros cúbicos de gas que podrían incrementarse más adelante.

La portavoz también precisó que el año pasado Ucrania ya recibió 2.000 millones de metros cúbicos de gas de Polonia y Hungría y que esa cantidad también se podría aumentar.

Sin embargo, estas decisiones, así como el precio que se imponga por este gas a Ucrania es algo que deberán decidir las compañías gasísticas implicadas, puesto que la Comisión Europea sólo desempeña el papel de mediadora en este tipo de acuerdos.

Ucrania necesita para su suministro 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año, de los que 30.000 millones proceden de Rusia y otros 20.000 millones son de producción propia.

El Ejecutivo comunitario alertó de que, para asegurar el flujo de gas hacia la Unión Europea en invierno, las reservas ucranianas de gas deberían contar con entre 18.000 y 20.000 millones de metros cúbicos de gas antes de finales del verano.

Bruselas aseguró que «tiene garantías» de que Ucrania no tomará gas de los volúmenes destinados a la Unión Europea (185 millones de metros cúbicos diarios) que aún llegan a su territorio desde Rusia tras la interrupción del flujo.

«Esperamos que Ucrania respete sus compromisos de tránsito lo mismo que esperamos que Rusia respete sus compromisos de suministro», afirmó Berger preguntada por la posibilidad de que se repita una situación parecida a la de 2009.

En ese momento, otra crisis comercial por el gas entre Rusia y Ucrania llegó a afectar a varios Estados miembros en pleno invierno, y Moscú acusó a Kiev de quedarse con parte del gas que bombeada con destino a la Unión Europea.

La Unión Europea importa de Rusia la mayor parte del gas que consume (39%) y de esa cantidad la mayor parte le llega a través de Ucrania.

Rusia cumplió este lunes con sus amenazas de cortar el flujo de gas hacia Ucrania porque Kiev no accedió a pagar antes de esta fecha los 1.950 millones de dólares que le reclamaba por el gas ruso recibido en noviembre y diciembre de 2013 y parte del de abril y mayo de este año.

Ucrania pedía que se la aplicase un precio de 268,5 dólares por mil metros cúbicos del hidrocarburo, que es lo que Rusia le cobraba hasta diciembre pasado, y que Moscú elevó hasta los 485 dólares tras la caída del Gobierno de Víktor Yanukóvich y el acercamiento del país a la Unión Europea.

Kiev y Moscú recurrieron al Tribunal de Arbitraje de Estocolmo para resolver su disputa. Rusia reclama en total el pago de 4.500 millones de dólares por impagos, mientras que Ucrania exige la devolución de 6.000 millones por facturación abusiva.