Los líderes europeos se comprometieron a lograr en esta cumbre un consenso sobre el paquete de políticas energéticas y climáticas para 2030, que incluye metas sobre la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), para fomentar las renovables y para mejorar la eficiencia energética. Pese a la tibieza de la propuesta original de la Comisión Europea, los países están encontrando dificultades para lograr un consenso, aunque la sensación es que sí se conseguirá, coincidieron fuentes comunitarias y diplomáticas pero las negociaciones se presumen difíciles.

La Unión Europea pretende así dar seguimiento al triple objetivo que se fijó para 2020 (20% de recorte de emisiones, 20% de renovables, y 20% de ahorro energético), mantener su liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático y sentar las bases para un acuerdo internacional en 2015. También abordarán la situación en Ucrania, aunque de momento, ningún Estado aboga por eliminar las sanciones contra Rusia ni por aumentarlas. En cuanto a las negociaciones, Polonia, Portugal y, en menor medida, España se encuentran entre los países que más reservas mantienen, según informaron fuentes diplomáticas.

Un nuevo invitado al debate es el objetivo de interconexiones eléctricas, un tema que hasta ahora no figuraba entre los más destacados del paquete energético, pero que es muy sensible para España y Portugal. Ambos países lamentan su falta de conexiones con una reticente Francia, una situación que convierte a la Península Ibérica en una «isla» energética ya que el ratio de interconexión es tan sólo del 1,2%, frente al objetivo del 10% que la Unión Europea se marcó ya en 2002. Fuentes diplomáticas indicaron que España estaría dispuesta a aceptar un objetivo no vinculante del 15% para las interconexiones.

Según estas mismas fuentes europeas, España «no está en la necesidad de vetar» el paquete ya que valora la mención incluida sobre las interconexiones en las conclusiones a que la Comisión Europea se implicará más en cuanto a fomentar su desarrollo. Portugal, uno de los países líderes en energías renovables en la Unión Europea, mantiene una «posición muy fuerte» sobre las interconexiones y defiende como una línea roja la inclusión de un objetivo vinculante del 15% de la potencia instalada, planteamiento que choca con Francia, que rechaza cualquier meta obligatoria.

Aumentando las interconexiones, España podría hacer llegar al resto de Europa cualquier superávit de energía producida con renovables o parte del gas natural que importa de Argelia y reducir así la dependencia europea respecto al gas ruso. En este sentido, confía en obtener financiación del nuevo plan de inversiones de 300.000 millones de euros que prepara el presidente electo de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker. El nuevo comisario español, Miguel Arias Cañete, se ocupará precisamente de la cartera de Energía y Cambio Climático.

Respecto al objetivo de reducción de emisiones, los países comunitarios prevén respaldar una disminución de un 40% respecto a los niveles de 1990, con permiso de Polonia, debido a su dependencia del carbón, una de las fuentes energéticas más contaminantes, pero que parece dispuesta a levantar su tradicional bloqueo en cuestiones climáticas a cambio de asegurarse el respaldo financiero para modernizarse y de que se mantengan el reparto de permisos de emisión gratuitos a la industria más allá de 2020. De hecho, el borrador de conclusiones prevé crear un fondo, que se financiará con entre el 1% y el 2% de los ingresos generados por las subastas de permisos de emisión, que se utilizará para modernizar los sistemas energéticos en los Estados miembros más pobres.

Otro país que podría plantear problemas en las negociaciones es Reino Unido, que apoya el recorte del 40% en las emisiones de CO2, pero no quiere que se fijen metas nacionales de renovables ni de ahorro energético. Sostiene que cada Estado miembro debe tener flexibilidad para optar por su propia combinación energética, dando prioridad por ejemplo a la energía nuclear o al gas no convencional.

En cuanto a las renovables, los Veintiocho acordarán que sean la fuente de «al menos» un 27% de la energía que se utilice en 2030, según un borrador. La meta será de obligado cumplimiento, pero los países no tendrán que cumplir objetivos nacionales, sino que se evaluará su cumplimiento haciendo una media con todos los socios europeos, de manera que unos podrán compensar a otros. Finalmente, el objetivo de eficiencia energética se situará en pedir un ahorro del 30% para 2030, pero solo de manera «indicativa», lo que significa que no será de obligado cumplimiento.

Fuentes diplomáticas señalaron que en una reunión preparatoria celebrada el martes los países no lograron cerrar un acuerdo, pero sí se «acercaron las posiciones», y los contactos se han intensificado al máximo. La tibieza de los objetivos, duramente criticada por organizaciones como Greenpeace, contrasta con la ambición manifestada por los Estados miembros y Bruselas de crear una Unión Energética europea tras el estallido de la crisis entre Ucrania y Rusia. «Un recordatorio a los líderes europeos: nada se vuelve más fácil posponiéndolo, nada se vuelve más barato», advirtió al respecto la comisaria saliente de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, en un mensaje en Twitter.

Renzi, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la Unión Europea, criticó la «falta de credibilidad» de Europa al poner de manifiesto la cuestión de las deficiencias en las interconexiones de las redes energéticas ya existentes.

En un discurso ante el Senado, Renzi criticó «la falta de credibilidad de Europa cuando se enfrenta a estos argumentos y no llega a poder resolver el problema de las interconexiones«, en alusión a la necesidad de resolver las conexiones con zonas con recursos, como el Norte de África.

Renzi dijo que los europeos «no seremos creíbles» si, después de plantear un razonamiento de la necesidad de reforzar los lazos energéticos entre la Unión Europea y el norte de África, no se va adelante con las interconexiones internas que los faciliten.

En concreto, sobre las interconexiones entre Francia y España, el primer ministro italiano consideró que están bloqueadas «desde hace años por miopía continental».

«Ese principio de Unión Europea de los recursos resulta que paradójicamente está bloqueado o bien por resistencias burocráticas, o, peor incluso, por torpeza política«, afirmó Renzi.

El jefe del Gobierno italiano adelantó que en el Consejo Europeo que se celebrará el jueves en Bruselas «Italia hará sentir con su propia voz sobre la necesidad de intervenir con rapidez con las interconexiones que tienen que ser establecidas de manera especial entre Francia y España».

«Sustancialmente, Europa no dialoga dentro de sí misma, no logra conectar lo que ya tiene», concluyó Renzi.

El Consejo Europeo que se celebra el jueves y viernes en la capital comunitaria estudiará los objetivos de política climática y energética de la Unión Europea con el horizonte del año 2030 y entre ellos abordará la cuestión de la eficiencia y la seguridad energéticas.

Esta decisión se adoptó después de considerar que los argumentos expuestos en el planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones «ponen de manifiesto una posible vulneración» del artículo 24 de la Constitución «por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, habiendo causado indefensión«. En este sentido, el Ejecutivo autonómico canario considera que, según el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala las violaciones de derecho y libertades susceptibles de amparo constitucional por un acto u omisión de un órgano judicial, «podrá haber lugar a este recurso».

En cuanto a los «vicios de nulidad» que ahora se recurren ante el Constitucional figura que se debió plantear se debió plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar que el permiso otorgado a Repsol no vulnera las directivas que se citan en la demanda y que debían ser interpretadas. Además, denuncian la «incongruencia de la sentencia y falta de motivación por no responder a las alegaciones formuladas» así como otras «infracciones» de la legislación como que la sentencia «fue redactada por el magistrado ponente, a pesar de haber formulado éste voto particular».

Trato «colonial» al archipiélago canario

Sobre las prospecciones también se pronunció el presidente autonómico de Canarias, Paulino Rivero, que interpretó el rechazo del Gobierno central a unos sondeos en Málaga por una Declaración de Impacto Ambiental (DEA) negativa, mientras se mantienen las de Repsol en aguas próximas al archipiélago canario, como muestra de «este trato colonial, humillante, vejatorio, abusivo» del Gobierno hacia su comunidad, y pidió a sus paisanos una reacción «contundente». En este sentido, Rivero comentó que decisiones como la de Málaga se toman «por razones de tipo político», porque allí gobierna el PP, igual que en Baleares, lo que motiva a su juicio las declaraciones de impacto negativo que desaconsejan las prospecciones allí.

Como, a su juicio, «las condiciones ambientales en el archipiélago canario son mucho más importantes que las que puedan tener estos dos destinos, el sentimiento es de absoluta indignación, de maltrato, de desconsideración y de falta de respeto; confirman el trato absolutamente colonial por parte del Gobierno del Partido Popular«. El presidente señaló que «la voz de los canarios será escuchada, tiene que ser escuchada, para mostrar nuestro rechazo a estas decisiones caciquiles que se están tomando en contra, exclusivamente, de los intereses de Canarias».

Paulino Rivero recordó que «está ocurriendo lo que había advertido: declaración de impacto negativo para resolver el problema que tenían con Málaga y declaración de impacto negativo que están cocinando para resolver el problema político que tienen en Baleares«. «Tramposamente», concluyó, «conceden autorizaciones para dos puntos que no tienen nada que ver con el turismo, nada que ver con el medio ambiente, como son Cantabria y Tarragona, y siguen para adelante con las prospecciones en Canarias». En su opinión, el PP «debe explicar a los canarios por qué defiende en las islas lo que rechaza en Andalucía, Valencia o Baleares».

La mayor parte de las ayudas públicas de España al sector de la energía se dirigen a las renovables, en particular la solar, con 4.500 millones de euros, y la eólica, con 2.410 millones de euros, aunque destacó también el apoyo al carbón, con 1.220 millones de euros.

En 2012, el valor total de los subsidios públicos a la energía en los 28 países de la Unión Europea (excluyendo el transporte) se situó entre 120.000 y 140.000 millones de euros. La energía solar recibió la mayor cantidad de ayudas, con 14.700 millones de euros, seguida de la eólica, con 10.100 millones de euros, la biomasa, con 8.300 millones de euros y la hidráulica, con 5.200 millones de euros.

Entre las fuentes convencionales de generación de energía, el carbón fue el que recibió la mayor cantidad de subvenciones (10.100 millones de euros), seguido de la energía nuclear (7.000 millones de euros) y el gas natural (5.200 millones de euros).

El informe también presentó cifras sobre la competitividad en materia de costes de las diferentes tecnologías de generación eléctrica sin intervención pública. El coste para producir un MWh de electricidad con carbón se situó en alrededor de 75 euros, algo por debajo de lo que cuesta la electricidad generada a partir de energía eólica.

Los costes de la electricidad generada a partir de energía nuclear y gas natural están en alrededor de 100 euros por MWh, mientras que los costes de la energía solar cayeron hasta alrededor de 100-115 euros por MWh, dependiendo de la talla de las instalaciones.

El informe es, según la Comisión Europea, el primer estudio comparativo que existe sobre los costes y los subsidios a las diferentes tecnologías de generación en el sector eléctrico y en todos los Estados miembros.

«Ahora estamos mejor informados sobre la talla de los subsidios públicos en los últimos años y los costes de generación eléctrica en todas las tecnologías», celebró el comisario de Energía, Günther Oettinger.

Según expresó el portavoz en una entrevista en RNE, «es la primera vez que el principal partido de la oposición española» es contrario al nombramiento del comisario español. «Esto debilita la posición de España, es irresponsable y convierte el PSOE de Sánchez en un partido extravagante», lamentó.

Además, el dirigente del PP advirtió a la formación de Pedro Sánchez de que su postura en la Eurocámara «le va a producir un descrédito» y le convertirá en un partido «un tanto extravagante y visto con recelo por sus compañeros».

Alonso trasladó a los socialistas que la votación de ayer «les va a marcar» porque, dijo, ha perdido «esa credibilidad por cuestiones oportunistas». «No parece que tenga mucha seriedad, el cometido del PSOE será intentar recuperar la credibilidad que han perdido de una manera tan rápida», aseguró.

El portavoz popular, que aseguró que «lo más importante» es que Arias Cañete haya superado «un trámite que no era tan trámite», trasladó, a este respecto, a Sánchez que han incumplido «un pacto entre populares, socialistas y liberales» y «esta coalición adquirió unos compromisos».

Preguntado por el hecho de que algunos eurodiputados del PSOE tuviesen dudas sobre el rechazo a la Comisión Juncker decretado por Pedro Sánchez, Alonso estimó que el nuevo secretario general no ha podido cerrar «las divisiones» que ya había.

«Quizá es una situación de bisoñez, pero también de irresponsabilidad», lamentó para asegurar que, con Sánchez, los populares van viendo «el debe y el haber».

El aprobado de Cañete por la Eurocámara este miércoles salió adelante tras varios aplazamientos y fue posible gracias al apoyo de gran parte del grupo socialista europeo, que desoyó la petición del PSOE de votar «no» al candidato español y se sumó al PP europeo, a los liberales y a los conservadores británicos.

Amigos de la Tierra lamenta el nombramiento

Por su parte, la organización Amigos de la Tierra lamentó la aprobación de Miguel Arias Cañete, un nombramiento que rechazó por «numerosas razones de peso que han saludo a la luz» y que le han puesto en el punto de mira.

Así, criticó el nombramiento del exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la posesión de acciones en compañías petrolíferas, sus negocios de bunkering, operaciones en paraísos fiscales o las posiciones de privilegio facilitadas a negocios familiares.

Además, calificó de «nefasta» la política desempeñada por el nuevo comisario en materia ambiental y energética, por lo que la ONG señaló que su nombramiento es una «fuente de inquietud».

La organización recordó que este Gobierno ha puesto en jaque a las renovables, ha dado luz verde a los sondeos de fracking o ha permitido las prospecciones petrolíferas en zonas de alto valor ecológico, entre otras acciones.

«No sorprende, por tanto, haber presenciado la preocupación en todos los Estados Miembro de la Unión Europea y en los medios de comunicación de todo el continente ante la propuesta de un entusiasta de las energías fósiles como comisario de una cartera que tendría que impulsar un sistema energético renovable», insistió la ONG.

Para el responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra, Alejandro González, la idoneidad de Arias Cañete para el cargo es «absolutamente nula, dada la manifiesta contradicción» de que apostar por el petróleo como modelo de negocio lucrativo mientras alaba a las renovables ante el Parlamento Europeo.

A su juicio, un exministro que apoyó la destrucción de las energías renovables en su país y legisló a favor de combustibles fósiles no puede ser apto para liderar el papel de Europa en la lucha contra el cambio climático y un modelo energético sostenible. Por ello, reclamó al Parlamento Europeo que rechace la Comisión del presidente de la Comisión Europea dada la «escasa importancia otorgada al medio ambiente»

Finalmente, pidió una vicepresidencia ambiental que apoye los compromisos en la lucha contra el cambio climático superiores a los establecidos, la promoción de las energías renovables a través de cooperativas y el fin de las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión.