El Tribunal de Justicia de la UE dictaminará el 6 de marzo si España vulneró la legislación comunitaria al imponer una serie de restricciones para autorizar la opa del grupo alemán E.ON sobre Endesa.

Bruselas llegó a la conclusión de que varias de las condiciones establecidas por las autoridades españolas eran «ilegales», a pesar de lo cual fueron aceptadas por E.ON, que acabó, no obstante, retirándose de la puja por la eléctrica española tras llegar a un acuerdo con Enel y Acciona.

La Comisión exigió reiteradamente a España que retirara las medidas controvertidas, a lo que Madrid se negó, argumentando que con ellas sólo defiende la seguridad energética nacional, y Bruselas terminó llevando el caso ante la Justicia europea en abril del año pasado.

El ejecutivo de la UE considera que, al imponer condiciones a la opa de E.ON, las autoridades españolas no respetaron la competencia exclusiva de Bruselas en las fusiones de dimensión comunitaria.
Además, la autoridad europea de competencia cree que varias de las medidas establecidas primero por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y posteriormente modificadas por el Ministerio de Industria son incompatibles con la legislación comunitaria.

En concreto, Bruselas apunta a la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la Península; utilizar sólo carbón de producción nacional y no desviar gas producido en España a otros mercados, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español. A juicio del ejecutivo comunitario, estas medidas infringen los principios de libertad de establecimiento y de libre movimiento de capitales y algunas incluso el de libre circulación de bienes.

El Gobierno español insiste, por su parte, en que las condiciones respetan la normativa comunitaria y destaca que su única pretensión es garantizar el suministro energético, ámbito que, en su opinión, corresponde a las autoridades nacionales y no a las comunitarias.

El Tribunal de la UE tiene que decidir si el objetivo de garantizar la seguridad energética faculta a España para restringir la entrada en su mercado de operadores extranjeros. En este caso, la corte con sede en Luxemburgo no ha celebrado vista pública y las partes se han limitado a exponer sus argumentos por escrito.

Éste será el primer pronunciamiento del Tribunal europeo en la disputa entre Bruselas y Madrid por los obstáculos a la entrada de E.ON. La corte tiene todavía que fallar sobre otra denuncia de la Comisión por la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador poner condiciones a la opa del grupo alemán sobre Endesa. Según el ejecutivo de la UE el decreto-ley que Madrid aprobó de urgencia tras conocer las intenciones de E.ON de comprar Endesa supone una vulneración de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.

Bruselas ha iniciado, además, un nuevo procedimiento de infracción por las condiciones de Madrid a la opa de Enel y Acciona, muy similares a las impuestas a E.ON.

El Tribunal de la UE consideró injustificadas las restricciones que afrontan las empresas públicas que desean entrar en el sector energético español y condenó a España por no haber modificado, como le solicitó la Comisión Europea, la conocida como «Ley Rato«.

Los jueces europeos dictaminaron que la norma de 2003, que modificó otra legislación anterior de 1999, promulgada cuando era responsable de Economía Rodrigo Rato y ante los planes del grupo público francés EdF por entrar en la española Hidrocantábrico, vulnera el principio comunitario de libre circulación de capitales. La norma establece que cuando una empresa estatal adquiera una participación significativa (más del 3 por ciento del capital de una compañía energética española sus derechos de voto estarán condicionados a la autorización del Consejo de Ministros.

Aunque la disputa entre Madrid y Bruselas por esta cuestión viene de 1999, la sentencia de tiene especial relevancia dado el interés manifiesto de EdF por entrar en el capital de la española Iberdrola. Tras conocer el fallo judicial, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, señaló que el Gobierno tomará las «decisiones pertinentes» para dar cumplimiento a la sentencia.

Desde la Comisión Europea, el responsable de Mercado Interior, Charlie McCreevy, dejó claro que a Bruselas sólo le preocupa que los estados miembros respeten la normativa y no el modelo organizativo de su sector energético. Si los países optan por la liberalización y aplican las reglas comunitarias, no importa que las empresas sean públicas o privadas, recalcó el comisario, quien indicó que, en caso contrario, «tenemos que intervenir».

Bruselas ya dictaminó que la primera redacción del texto de la «Ley Rato«, de 1999, era contraria a la normativa comunitaria y solicitó a España su retirada. Tras una sentencia del Tribunal de Justicia de mayo de 2003, el Gobierno aceptó modificarla, pero la Comisión consideró que los cambios no acataban plenamente el fallo judicial y acabó llevando el caso de nuevo ante la Justicia comunitaria el año pasado.

En una sentencia contra la que no cabe recurso, los jueces de Luxemburgo rechazaron las alegaciones de España y dieron la razón al Ejecutivo de la UE. Madrid argumentaba que la potestad del Consejo de Ministros de prohibir a una empresa ejercer sus derechos de voto «no equivale a un veto», ya que sólo puede recurrir a ella cuando la participación de una compañía pública en una energética española pueda ser «potencialmente peligrosa» para la seguridad energética.

Las autoridades españolas insisten en que no se trata de influir en la estructura del accionariado de una empresa, ya que sólo afecta «al ejercicio de sus derechos por los accionistas en cuestión», por lo que «no tiene por objeto impedir las inversiones de entidades públicas extranjeras». Pero el Tribunal insistió en que los derechos de voto correspondientes a las acciones son «uno de los principales medios de participación de un accionista» en la gestión de una empresa. Por ello, una medida que impida ejercer esos derechos puede disuadir a posibles inversores y «constituye una restricción a la libre circulación de capitales», señaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Solbes dice que el Gobierno tomará «decisiones pertinentes» para cumplir sentencia

El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, señaló que el Gobierno tomará las «decisiones pertinentes» para dar cumplimiento a la sentencia que condena a España por no modificar la conocida como «Ley Rato«.

En declaraciones a los periodistas tras participar en el Fórum Europa, Solbes recordó que el Gobierno «siempre» cumple las sentencias. Añadió que como imagina que «no hay recurso» -esta sentencia no se puede recurrir-, el Gobierno la analizará y verá «exactamente cuáles son los términos» y después tomará las «decisiones pertinentes» para acatarla.

España instaló en 2007 más capacidad eólica que ningún país europeo en toda la historia y lideró el crecimiento de esta fuente de energía en la UE, al incrementar su capacidad instalada un 30,3 por ciento.

Según datos facilitados por la Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA, en sus siglas en inglés), España batió récords en Europa al aumentar en 3.522 megavatios su capacidad eólica, una parte importante del total de 8,554 que se instalaron en la UE, que en conjunto incrementó su capacidad un 18 por ciento.

«España -como antes hicieron Alemania y Dinamarca– ha tomado el liderazgo», señaló en un comunicado el director ejecutivo de la EWEA, Christian Kjaer. Con el incremento registrado el pasado año, el 10 por ciento de la electricidad en España procede del viento, según los datos de la EWEA.

España, con 15.145 megavatios, es el segundo país -tras Alemania– con mayor capacidad eólica disponible en la UE, zona que cuenta con una capacidad total de 56.535 megavatios, que cubren el 3,7 por ciento de la demanda energética de los Veintisiete.

EWEA calcula que esta capacidad eólica producirá una media de 119 teravatios por hora con condiciones normales de viento y permitirá evitar que se emitan 90 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) cada año. A pesar de que el mercado de la energía eólica creció un 12 por ciento en la UE en comparación con 2006, la EWEA alerta de su estancamiento en algunos países como Alemania, Portugal y el Reino Unido. «Es positivo que la eólica crezca más que ninguna otra fuente de energía en Europa«, señaló Kjaer, «pero si se excluye a España de los datos, el mercado europeo de turbinas registró un pequeño retroceso en 2007″.

Para la EWEA, esto se debe a la lentitud de los procesos administrativos, los problemas para acceder a la red eléctrica y la incertidumbre legal en algunos Estados miembros. En este sentido, la asociación aseguró que una rápida aprobación de las propuestas de Bruselas para potenciar el uso de las energías renovables y luchar contra el cambio climático prepararía el camino para una «desarrollo masivo» de la energía eólica en Europa.

En 2007, el 40 por ciento de las nuevas instalaciones energéticas puestas en marcha en Europa fueron campos eólicos.

En este mismo periodo, el mercado mundial de las eólicas -que lideran empresas europeas- creció aproximadamente un 30 por ciento, hasta alcanzar un valor de unos 25.000 millones de euros.