La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, y las empresas del sector de biotecnología han defendido que es posible desarrollar la producción europea de biocarburantes sin que esto suponga una reducción de materia prima, como cereales, para la obtención de alimentos.

Fischer Boel y las industrias europeas de la biotecnología (agrupadas en EuropaBio) han apostado por fomentar estos combustibles ecológicos, durante el Congreso Mundial sobre Biocarburantes, que se celebra en Bruselas.

La comisaria ha manifestado que los biocarburantes (procedentes de material vegetal o restos animales) tal vez no sean «la varita mágica, pero sí un importante instrumento para combatir el cambio climático» y una alternativa a los carburantes fósiles, como el petróleo.

Fischer Boel se ha referido al posible impacto que puede tener el uso para fabricar biocarburantes de cereales u otros cultivos alimentarios. En este sentido, ha destacado que si bien existen problemas por los precios de los alimentos, que se agravan en los países más pobres, «no es justo convertir a los biocarburantes en el chivo expiatorio» y culparlos de la situación actual de los mercados, donde hay presión por la falta de oferta alimentaria.

La UE tiene como objetivo que en 2020 los biocombustibles supongan como mínimo un 10% del consumo de energía en el transporte y según Fischer Boel, «se puede cumplir sin añadir demasiadas presiones a los mercados de alimentos o piensos». Según la comisaria, en 2020 el 15% del área cultivable de la UE se dedicará a materia prima para biocombustible y «desde el punto de vista europeo, esperamos que esto eleve los precios de los cereales entre el 3% y el 6%, y los de la colza, entre el 8% y el 10%». Al mismo tiempo, la comisaria ha indicado que los precios de los piensos caerán significativamente, pues se espera un crecimiento de los rendimientos, que generarán un aumento de 34 millones de toneladas de cereales anuales en 2020 y «sin tener en cuenta los transgénicos».

Bruselas quiere proponer, además, el final definitivo del barbecho obligatorio (actualmente no se aplica), que también podría dar una cosecha extra de 12 millones de toneladas. Por otro lado, según la comisaria, se prevé un nivel «razonable» de importaciones.

En general, la Comisión Europea (CE) aboga por fomentar los biocombustibles de «segunda generación» (que no procedan de cultivos alimentarios) y si este desarrollo es más lento de los previsto, «simplemente habrá que elevar las importaciones», según Fischer Boel. La comisaria ha remarcado que en su proyecto legal para reformar la Política Agrícola Común (PAC) va a proponer que se suprima el apoyo que hay ahora (45 euros por hectárea) a los cultivos de remolacha o cereal para biocarburante, por opinar que este apoyo «no es la mejor forma de impulsar el sector desde la agricultura».

Por su parte, la asociación EuropaBio ha recalcado que la obtención de biocombustibles contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero y al abastecimiento energético, pero deben fomentarse «sobre principios ambientalmente sostenibles», según Kirsten Birkegaard, representante de esta organización. Esto significa, según la patronal de biotecnología, crear un sistema de certificación creíble para garantizar que se fabrican respetando el medioambiente y además «insistir en que no obstaculice el abastecimiento de alimentos en Europa ni en países terceros». «Tampoco debe perjudicar la protección de los bosques, ni degradar el suelo».

La comisaria ha recordado la propuesta de la CE, dentro de los planes sobre energías renovables, para evitar la comercialización y la importación de biocarburantes de material vegetal procedente de zonas con alto valor ecológico.

El Tribunal de Justicia de la UE se pronuncia hoy sobre la denuncia de la Comisión Europea contra España por las restricciones impuestas al grupo alemán E.ON para hacerse con la eléctrica española Endesa.

Los jueces europeos deben decidir si, como argumenta el ejecutivo de la UE, varias de las condiciones para autorizar la opa de E.ON eran contrarias a la legislación comunitaria y si, con esas restricciones, el Gobierno se atribuyó competencias que no le corresponden. A pesar de las dudas de Bruselas sobre su legalidad, E.ON aceptó las medidas establecidas por las autoridades españolas, aunque acabó retirándose de la puja por Endesa tras llegar a un acuerdo con Enel y Acciona.

La Comisión considera que, al fijar condiciones a la oferta de E.ON, las autoridades españolas violaron el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en las operaciones de dimensión comunitaria. Además, cree que varias de las medidas vulneran los principios de libertad de establecimiento y libre circulación de capitales y algunas incluso el de libre circulación de bienes.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, exigió reiteradamente al Gobierno español que retirara las medidas controvertidas, pero Madrid se negó, aduciendo que con ellas sólo buscaba garantizar la seguridad energética nacional.

Las condiciones fueron fijadas en un primer momento por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y, en respuesta a varios recursos de las empresas, el Ministerio de Industria las modificó parcialmente.

Entre las condiciones que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria figuran la obligación de mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la Península; utilizar sólo carbón de producción nacional y no desviar gas producido en España a otros mercados, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.

El Gobierno español insiste en que todas las condiciones respetan la normativa comunitaria y destaca que su única pretensión es garantizar el suministro energético, ámbito que, en su opinión, corresponde a las autoridades nacionales y no a las comunitarias.

El Tribunal de la UE tiene que decidir si el objetivo de garantizar la seguridad energética faculta a España para restringir la entrada en su mercado de operadores extranjeros. En este caso, la corte con sede en Luxemburgo no ha celebrado vista pública y las partes se han limitado a exponer sus argumentos por escrito.

Éste será el primer pronunciamiento del Tribunal europeo en la disputa entre Bruselas y Madrid por los obstáculos a la entrada de E.ON.

La corte tiene todavía que fallar sobre otra denuncia de la Comisión por la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador poner condiciones a la opa del grupo alemán sobre Endesa. Según el ejecutivo de la UE el decreto-ley que Madrid aprobó de urgencia tras conocer las intenciones de E.ON de comprar Endesa supone una vulneración de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento.

Bruselas ha iniciado, además, un nuevo procedimiento de infracción por las condiciones de Madrid a la opa de Enel y Acciona, muy similares a las impuestas a E.ON.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, considera que la denuncia presentada por Iberdrola el pasado miércoles ante la Comisión Europea (CE) contra Francia por considerar que la legislación de este país permite blindar de forma ilegal a EDF, es «útil» para el mercado único europeo.

«La iniciativa de Iberdrola es útil. Quizá no para mí, pero sí para el mercado único europeo», afirma Piebalgs en una entrevista que publica el diario El Economista. «Creo que es útil que las compañías dejen de lado su timidez y que nos digan: Queremos competir lealmente en todos los mercados, pero estas leyes lo evitan. Así que, por favor, analicen si son justas», explica.

Iberdrola considera que las leyes francesas 2004/83 y 1983/675 permiten establecer una especie de «acción de oro» sobre EDF, controlada en un 85 por ciento por el Estado francés, que la blinda de forma ilegal ante el interés de otras compañías y contraviene la normativa comunitaria.

Tras semanas de rumores, EDF reconoció el pasado 8 de febrero que había mantenido conversaciones con el grupo constructor ACS para analizar sus intereses comunes en la eléctrica.

El comisario europeo de Energía, que no se pronuncia sobre las posibilidades de que la denuncia logre sus objetivos, añade que acciones como éstas «ayudan a que las compañías adopten posiciones activas y no permanezcan pasivas y se limiten a seguir las tendencias».

En este sentido, Piebalgs destaca la decisión de la empresa alemana E.ON de vender sus redes de transporte de electricidad y parte de sus actividades de generación. La Comisión Europea se ha comprometido a cerrar las investigaciones antimonopolio que mantiene abiertas contra E.ON cuando se concreten estas operaciones.

Sobre la coyuntura energética mundial, Piebalgs no descarta que en 2011 el barril de petróleo alcance los 200 dólares y recuerda que cuando llegó a la Comisión Europea en 2004 costaba 52 dólares.
«En tres años se ha duplicado. No podemos excluir que dentro de otros tres, en 2011, esté en 200 dólares», apunta Piebalgs.

El comisario de Energía, que se muestra contrario a reducir la fiscalidad para contener precios en energía, cree que los impuestos recaudados en este capítulo deberían destinarse a potenciar la innovación y el desarrollo (I+D) en energías alternativas y en eficiencia energética. «Necesitamos impulsar cambios estructurales (…) y prepararnos para un futuro en el que el petróleo podría ser incluso más caro», afirma.