La Comisión Europea (CE) consideró que los países «pueden y deben» ayudar a los colectivos más desfavorecidos ante el alza del petróleo, pero insistió en que la respuesta comunitaria debe centrarse en impulsar un nuevo modelo económico con menor dependencia del crudo.

Éste será el mensaje que Bruselas trasladará a los líderes europeos en la cumbre de la próxima semana, en la que la UE estudiará la actual crisis derivada de los altos precios de materias primas como el petróleo y los alimentos.

Ni tarifa mínima, como piden los transportistas españoles, ni rebajas fiscales, que demandan pescadores y agricultores; para la Comisión, Europa debe adaptarse al alto precio de los combustibles, que tendrá continuidad en el tiempo, a tenor de su análisis.

La CE sí está a favor de que los países concedan «ayudas puntuales» para apoyar a los «más desfavorecidos», siempre que no se altere la competencia y no se posponga de forma artificial la adaptación de la economía al encarecimiento del crudo, explicó el portavoz jefe de la Comisión, Johannes Laitenberger.

En el debate que mantuvieron sobre la cuestión, los comisarios no delimitaron con claridad quiénes son esos grupos «más desfavorecidos», pues creen que debe quedar al criterio de los estados miembros, que tienen «diferentes situaciones».

Laitenberger aseguró en una rueda de prensa que la CE es «muy sensible a la necesidad de responder al problema real al que se enfrentan los ciudadanos, algunos sectores concretos y la economía europea en general».

Sin embargo, cree que los principales elementos de esa respuesta «ya están sobre la mesa», incluidos en el paquete legislativo sobre energía y cambio climático cuya aprobación tramitan actualmente los estados miembros y el Parlamento Europeo. Por ello, pedirá a los líderes de la Unión que «aceleren» la puesta en marcha de esta estrategia, en la que se fijan objetivos de uso de energías renovables y biocombustibles, así como de reducción de emisiones de CO2 para 2020.

La respuesta de la CE a la crisis parte de la base de que los precios del crudo se mantendrán altos a largo plazo, por lo que aboga por un «ajuste estructural», por impulsar la eficiencia energética y por diversificar las fuentes de suministro.

«Si actuamos con rapidez y determinación podemos limitar la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos y nuestras empresas», aseguró en un comunicado el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, quien admitió que el alza del crudo está reduciendo «fuertemente» el poder adquisitivo de los europeos.

Junto a este enfoque general, cristalizado en el paquete de energía y clima, Bruselas explicó que tiene intención de revisar las directivas sobre la fiscalidad de la energía y la «euroviñeta» -la norma que regula los peajes por el uso de las carreteras- para impulsar la eficiencia energética. Además, anunció que en otoño presentará un informe sobre una posible reducción del IVA de los productos «verdes», para primar la reducción del consumo.

La CE también quiere analizar el funcionamiento de los mercados del petróleo, y propondrá antes de fin de año un texto para mejorar la transparencia en la información sobre las reservas europeas de crudo.

En este ámbito, el Ejecutivo de la Unión apoyará la organización de una cumbre mundial sobre los mercados del petróleo en la que estén presentes los países productores, con el fin de reforzar el diálogo con ellos.

Respecto a la posibilidad de imponer un nuevo impuesto a las compañías petroleras con el que compensar a los afectados por los altos precios, Laitenberger aseguró que la CE no ha analizado esta propuesta. En cualquier caso, dejó claro que Bruselas evitará cualquier medida que pueda desincentivar las inversiones, dada la necesidad de nuevas infraestructuras.

Los ministros de Industria de la UE han concluido un acuerdo que, tal como querían Alemania y Francia, no obligará a dividir los grandes grupos energéticos, aunque avanzará hacia ese objetivo a través de una mayor independencia de las redes.

El consejo de ministros responsables de Energía aprobó un texto que permitirá a esas empresas mantener la propiedad de las redes de transporte, con la condición de que su gestión sea independiente.

Alemania y Francia se negaban a una liberalización radical, algo que implicaría la división de gigantes energéticos como el alemán E.ON o el francés EDF. «Los elementos clave han sido acordados y ahora hay que hacer el trabajo técnico y legal», dijo en rueda de prensa al término de la reunión el ministro de Industria de Eslovenia, Andrej Vizjak, cuyo país preside la UE este semestre.

El acuerdo logrado deja claro que los países podrán optar por tres modelos a la hora de separar la propiedad de las actividades de generación y distribución de energía de las redes de transporte.

El objetivo final del texto es garantizar el acceso igualitario de las empresas a la red y aumentar la competencia en el mercado de la UE.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, aseguró que el acuerdo garantizará la igualdad de trato entre los estados miembros que ya han procedido a la separación patrimonial de las redes energéticas, como España, y los que no lo han hecho todavía. Asimismo, subrayó que consagra la separación patrimonial como «el referente de largo plazo al que tendrá que converger Europa».

El texto fue aceptado tanto por los defensores de forzar esa separación (entre los que figura la mayoría de Estados miembros) como por el grupo de países, liderados por Francia y Alemania, que se oponían a una disgregación radical.

La fórmula respaldada da a elegir a los países entre tres posibilidades, empezando por la separación patrimonial de las redes de transporte, opción preferida por la Comisión y la mayoría de delegaciones.

Además, incluye el llamado «sistema del operador independiente» (ISO), que permite a las sociedades mantener la propiedad de las redes, pero obligando a una gestión independiente supervisada por un regulador, sistema que utiliza la escocesa Scotish Power.

Por último, contempla una «tercera vía» que faculta a las empresas seguir siendo propietarias de la producción, transporte y distribución de energía, pero imponiendo numerosas salvaguardas o «murallas chinas». Entre ellas figuran las limitaciones para que altos cargos de la empresa matriz no puedan desempeñar funciones en otras sociedades filiales y otras dificultades que a la larga supuestamente animarán a las empresas a deshacerse de sus activos.

Esta alternativa, que podrá ser utilizada para el sector del gas y de la electricidad, incluye una cláusula que prevé que la Comisión Europea llevará a cabo su revisión a los tres años de la entrada en vigor del sistema para determinar si el sistema conduce de manera efectiva a la separación patrimonial de las redes.

El texto se aprobó con las reservas de Austria y Alemania, que consideraron que, entre otros puntos, no se habían debatido lo suficiente las futuras competencias de la agencia de cooperación de reguladores energéticos. El objetivo inicial de esa agencia es pueda tomar decisiones vinculantes en cuestiones de intercambio transfronterizo de energía.

También Portugal presentó una reserva pidiendo que se tenga en cuenta la situación de los países que ya han concluido la separación patrimonial de las redes de la energía para garantizar una igualdad de trato entre las empresas de toda la UE.

Las propuestas sobre energía todavía está pendientes del voto del Parlamento Europeo, que se pronunciará en junio y julio.

Varias empresas españolas -Acciona, Ajusa, Biogasfuelcell, CLM Hidrógeno, Gamesa, Hynergreen (filial de Abengoa) y NTDA Energía- participarán en un proyecto impulsado por la UE para avanzar en el uso del hidrógeno como combustible.

El Consejo de Ministros de Competitividad (Industria, Mercado Interior e Innovación) aprobó el marco normativo de la iniciativa, que tomará la forma de asociación público-privada y que recibirá una contribución financiera de las arcas comunitarias de 470 millones de euros para el periodo 2008-2013. Bruselas espera que la industria haga una aportación equivalente a la pública a lo largo de seis años.

Las siete compañías españolas forman parte de la agrupación industrial New Energy World -compuesta en total por 60 empresas- que desarrollará la iniciativa, según confirmaron fuentes diplomáticas españolas, y además, una de ellas, NTDA, estará sentada en el consejo de administración.

España también está presente en la agrupación de investigación que se encargará del trabajo puramente científico, ya que, de 49 organizaciones, diez son españolas, entre ellas la Universidad de Alicante y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). El objetivo del proyecto es que las pilas de combustible de hidrógeno sean una realidad en el mercado automovilístico en 2010-2020.

En paralelo, la Comisión Europea apuesta por impulsar la comercialización de automóviles que utilicen este tipo de energía limpia. Para ello, Bruselas propone establecer un modelo único de homologación que facilite a los fabricantes de automóviles pasar desde el motor basado en el petróleo a uno cuya fuente de energía sea el hidrógeno.

Las células de combustible de hidrógeno se basan en la acumulación de esta materia prima que, mediante el contacto con el oxígeno produce energía y calor, que se transforman en electricidad que a su vez se usa para alimentar motores.

Hasta el momento, varios fabricantes de automóviles han producido prototipos con este tipo de propulsión, aunque su uso masivo espera a nuevos avances técnicos en la producción y distribución a gran escala de hidrógeno.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, dijo que Noruega podría convertirse entre 2018 y 2020 en el principal suministrador de gas natural a la Unión Europea, si se cumplen los pronósticos de aumento de las importaciones.

Según las previsiones del Gobierno noruego, para esa fecha sus empresas podrían ofrecer a Europa entre 125.000 y 140.000 millones de metros cúbicos de gas al año, lo que según Bruselas situaría al país nórdico en disposición de ser el mayor suministrador de la UE por delante de Rusia.

Piebalgs matizó en una rueda de prensa tras reunirse con la ministra noruega del Petróleo y de la Energía, Åslaug Haga, que esta posibilidad dependerá también de la evolución de las relaciones con Moscú.

Actualmente, Noruega es el segundo país que mayor cantidad de gas vende a la UE, concretamente un 18 por ciento del total según los datos del pasado año. Por delante, Rusia suministra un 23 por ciento del conjunto de las importaciones, mientras que el tercer socio en este ámbito es Argelia, con el 10 por ciento.

Piebalgs, que defiende la necesidad de que los Veintisiete reduzcan su dependencia energética del gas ruso, confió en que la cooperación en el ámbito de la energía con Noruega siga desarrollándose.

En su encuentro, el comisario y la ministra abordaron además las acciones puestas en marcha para luchar contra el cambio climático y, en especial, el desarrollo de proyectos para la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono.

Piebalgs destacó los avances de Noruega en esta tecnología, que Bruselas quiere impulsar para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, y expresó su deseo de cooperar en esta materia.

«Noruega tiene doce años de experiencia positiva en el almacenamiento de CO2», subrayó Haga, que recordó que la intención de su Gobierno es que todas las nuevas centrales basadas en la combustión de gas cuenten con sistemas de este tipo.

En el encuentro se acordó además colaborar en la implantación de plantas eólicas en alta mar, para lo que Noruega y la CE se han comprometido a trabajar en una estrategia conjunta en el futuro.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, recordó el compromiso de los estados miembros de la UE de no reaccionar a las subidas del petróleo con bajadas de los impuestos sobre los carburantes.

Almunia respondió así a la sugerencia del presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien ha propuesto a sus socios comunitarios rebajar el IVA a los carburantes cuando el precio del crudo rebase un determinado nivel.

En rueda de prensa, el comisario subrayó que los ministros de Finanzas de la UE acordaron en 2005 en un encuentro celebrado en Manchester (Reino Unido) evitar las medidas fiscales para paliar el efecto en la economía europea del encarecimiento del crudo.

Desde entonces, recordó Almunia, tanto el Eurogrupo (ministros de Finanzas de la zona euro) como el Ecofin (ministros de toda la UE) han reiterado en varias ocasiones su intención de respetar ese planteamiento, para no distorsionar el funcionamiento del mercado y no enviar una señal equivocada a los países productores de petróleo.

Precisó, no obstante, que los gobiernos pueden adoptar medidas políticas puntuales para ayudar a los colectivos más débiles afectados por la subida de los precios energéticos. A la pregunta de qué sectores son susceptibles de recibir ese apoyo, el comisario indicó que son diferentes en cada estado miembro y corresponde a las autoridades nacionales identificarlos.