La CE autoriza, con condiciones, la venta de British Energy a la francesa EDF

La operación sólo podrá realizarse si EDF se deshace de su central de Sutton Bridge y British Energy de la que tiene en Eggborough (ambas en el Reino Unido), indicó la Comisión en un comunicado.

Asimismo, ambas compañías tendrán que garantizar un volumen mínimo de venta de electricidad al mercado británico, así como renunciar a la construcción de una central nuclear en Dungeness o Heysham (Reino Unido).

Entre las condiciones también figura la de anular uno de los tres acuerdos de interconexión que la entidad resultante tendría con la Red Nacional en Hinkley Point (Reino Unido).

El Ejecutivo comunitario tenía tres preocupaciones principales cuando inició la investigación: que la operación provocase una subida de los precios de la electricidad, que se incrementase el uso interno de la misma con lo que se reduciría el volumen en el mercado y que se produjese una concentración en la propiedad de terrenos para construir centrales nucleares.

Sin embargo, ahora Bruselas considera que, respetando las condiciones que impone, la venta no perjudicará significativamente a la competencia del sector por lo que podría llevarse a cabo.

Electricité de France es una compañía francesa activa en la generación, comercio, transporte y distribución de electricidad que está presente en Reino Unido en los sectores del carbón y la electricidad.

British Energy, por su parte, es una empresa británica dedicada a la generación y venta de electricidad, así como al suministro de clientes industriales y comerciales.

La CE observa que, aunque las actividades que desempeñan ambas entidades se solapan, la compañía resultante -siempre que respete las condiciones mencionadas- no tendría un impacto negativo lo suficiente destacado como para detener la operación.

EDF presentó su oferta sobre British Energy el pasado mes de enero, mejorando la que ya había propuesto en julio, con el objetivo final de relanzar el sector nuclear en el Reino Unido con la construcción de cuatro reactores atómicos entre 2020 y 2025.

EDF tiene el mayor parque nuclear del mundo con 58 reactores en Francia que representan una capacidad de 63 gigavatios.

La CE apoya la creación del nuevo gestor europeo de transporte de electricidad

Los operadores europeos de sistemas de transmisión (ETSO), responsables de la mayor red de alto voltaje, decidieron crear esta organización que se ocupará de cuestiones como las reglas de uso de las redes eléctricas y los protocolos de seguridad.

El nuevo gestor estará operativo desde principios de 2009 y asumirá las funciones de los Operadores Europeos de Sistemas de Transmisión y de la Unión para la coordinación del transporte de electricidad (UCTE), entre otras organizaciones, en la primera mitad del año.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, explicó en un comunicado que en vista de los objetivos que se ha marcado Europa en materia de cambio climático, se necesita mejorar el funcionamiento de las redes eléctricas.

«Es necesaria la construcción de nuevas infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías a gran escala para transportar electricidad (…), algo en lo que los operadores de sistemas de transmisión desempeñan un papel central», añadió.

El nuevo gestor podría llegar a ser el coordinador que propone crear las medidas sobre mercado interior de la energía, aún en negociación en el Consejo y el Parlamento Europeo.

Una vez se apruebe este conjunto de normas, la Comisión Europea y la Agencia de Cooperación de reguladores de energía deberán dar su visto bueno sobre la lista de integrantes y el estatus de la organización.

El Tribunal de la UE confirma la multa a la filial de Repsol por un pacto de precios

La Corte europea desestimó el recurso presentado por la empresa contra la sanción que Bruselas le impuso en 2005 en el marco de una decisión que afectó también a la alemana Bayer, a la holandesa Flexsys y a la estadounidense Crompton, posteriormente llamada Chemtura.

Según la Comisión, estas tres compañías se pusieron de acuerdo para intercambiar informaciones y aumentar los precios de productos químicos para el tratamiento del caucho en los mercados europeos y a escala mundial entre 1996 y 2001, mientras que General Química se sumó a estos acuerdos en 1999 y 2000.

El importe total de las multas ascendió a 75,86 millones de euros, de los que más de 58 millones correspondieron a Bayer y 3,38 a General Química.

La CE consideró además que, pese a no haber formado parte del cartel, Repsol YPF y Repsol Química eran «responsables del comportamiento» de su filial General Química.

Los antidegradantes y los acelerantes producidos por las empresas sancionadas son productos químicos sintéticos u orgánicos que sirven para mejorar la fabricación y las características del caucho, sobre todo en la producción de neumáticos para automóviles y otros vehículos.

Según recordó el Tribunal, estas sustancias químicas son las más importantes en términos de valor de mercado de todas las utilizadas en la industria del caucho.

Los pequeños accionistas denuncian ante la CE la trasposición española de la directiva de OPA

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC) y la Federación de Asociaciones de pequeños accionistas europeos, Euroshareholders, denunciaron a España ante la Comisión Europea porque consideran que la normativa nacional es «contraria» a la directiva comunitaria sobre opas.

En rueda de prensa, el secretario general de AEMEC, Javier Cremades explicó que la directiva europea establece que los estados miembros velarán por que se proteja a los titulares de valores, y en especial, a los que posean participaciones minoritarias en caso de cambio de control de su sociedad.

Además, los pequeños accionistas de toda Europa solicitaron también una entrevista con un comisario europeo en la materia para poder tratar el asunto.

La ley española de opas, que es la transposición de la directiva comunitaria, presenta algunos vacíos a la hora de «detectar» cuándo se produce una situación de control de una compañía, según Cremades.

La normativa española establece que la toma de control se produce cuando se alcanza el 30 por ciento del capital de una sociedad cotizada, pero para los accionistas minoritarios este criterio es «insuficiente y parcial«.

Para AEMEC, la actual situación de inestabilidad de los mercados y con las acciones cotizando a un precio muy bajo, aumentan las probabilidades de que una empresa quiera adquirir participaciones significativas de una sociedad cotizada.

Por eso es importante, señaló Cremades, que nadie piense que puede venirse de compras a España y hacerse con una sociedad cotizada sin contar con los pequeños accionistas.

Los accionistas minoritarios quieren que la ley de opas españolas garantice que las ofertas sean «equitativas» para todos los accionistas y ofrezca por igual el derecho de desinversión.

El cambio de las reglas de juego, dijo, no está vinculado a que exista un comprador como Lukoil interesado en comprar una participación significativa en Repsol, aunque al respecto, añadió que «no tenemos ninguna duda de que las operaciones continúan». A este respecto, aseguraron que se han reunido con miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para pedirles que analicen dicha operación para ver si cumple la normativa vigente.

Además, según AEMEC, si el supervisor lo considera oportuno, puede adoptar algún tipo de iniciativa para proponer al Gobierno y a los grupos parlamentarios una modificación de la ley de opas.

La Unión Europea acuerda un complejo plan de lucha contra el cambio climático

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE lograron un acuerdo sobre el paquete de medidas de lucha contra el cambio climático.

El compromiso final se basa en reforzar la solidaridad con los países de ampliación para ayudarles a recortar las emisiones. Además, se permitirá que la mayor parte de los sectores industriales europeos sigan recibiendo gratis los permisos de emisiones de CO2, en lugar de pagar por ellos en subastas como proponía inicialmente la Comisión, para evitar deslocalizaciones.

El objetivo de este paquete es poner en práctica los objetivos que se ha fijado la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, el denominado triple 20 para 2020 (20% de reducción de emisiones, 20% de cuota de renovables y 20% de ahorro energético). También se trata de repartir el esfuerzo entre los Estados miembros.

El mayor obstáculo para lograr un compromiso fue convencer a los países de la ampliación de aceptar los recortes de emisiones teniendo en cuenta que sus industrias son mucho más contaminantes que las de los nuevos socios. También hizo falta vencer las reticencias de Italia, que amenazaba con vetar el paquete por su impacto económico en un momento de crisis.

Con este resultado, que todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, la UE pretende mantener su posición de liderazgo internacional en la lucha contra el cambio climático y dar un impulso a las negociaciones para lograr un acuerdo mundial en Copenhague a finales de 2009.

Estos son los principales elementos del complejo plan de lucha contra el cambio climático que aprobó hoy la cumbre de la UE con vistas a 2020:

Reducción de emisiones

La UE mantiene su compromiso de reducir el 20% de las emisiones de CO2 para 2020 respecto a los niveles de 1990.

Los sectores más contaminantes -como el siderúrgico, eléctrico y papelero-, cubiertos por el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), tendrán que recortar sus emisiones en un 21% con respecto a 2005.

El resto de sectores -como el transporte y la vivienda- deben hacerlo en un 10% frente a las de 2005.

Subasta de derechos de emisión/solidaridad

Las industrias empezarán a pagar por los derechos de emisión que hasta ahora recibían gratis. Los ingresos obtenidos de las subastas de permisos irán a parar a las arcas nacionales.

El 88% de las cuotas de emisión se repartirá entre los Veintisiete proporcionalmente con respecto a los niveles de emisiones de 2005.

Un 10% se dividirá entre los países con menos ingresos (en función del PIB por habitante), un mecanismo de solidaridad que beneficia en especial a los países del Este.

El 2% restante se distribuirá entre los países que en 2005 alcanzaron al menos el 20% de reducción de las emisiones con respecto al año de referencia establecido por el Protocolo de Kioto.

Deslocalización de industrias/Fuga de carbono

Para evitar que los sectores altamente contaminantes, más perjudicadas por la subasta de derecho de emisión, trasladen sus fábricas al exterior de la UE, se prevé conceder un 100% de los derechos de emisión gratis a aquellos que sobrepasen unos umbrales concretos.

Podrán beneficiarse de esta excepción los sectores cuyos costes se vean disparados en más de un 5% a causa de la subasta y cuya exposición a la competencia internacional supere el 10% o bien los que superen el 30% en uno solo de estos dos criterios.

Inicio del sistema de subastas

Las plantas eléctricas tendrán que comprar el 100% de los derechos de emisión desde 2013, pero los países aislados o muy dependientes del carbón podrán gozar de una derogación.

Rumanía, Bulgaria, Polonia, República Checa, Chipre, Malta, Estonia, Lituania y Hungría tendrán que a comprar el 30% de los permisos de emisión para sus plantas eléctricas en 2013 y alcanzar el 100% en 2020. Además, habrá una cláusula de revisión de esta proporción en 2018.

Los sectores no expuestos a la fuga de carbono obtienen un periodo de adaptación, y en 2013 tendrán que adquirir en la subasta el 20% y aumentar hasta el 70% en 2020, con vistas a llegar al 100% en 2025.

Esfuerzos por países en sectores no incluidos en el ETS

La UE asigna a cada país un objetivo nacional de reducción de emisiones para sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones en función del PIB ‘per cápita’.

Los países más ricos -Dinamarca, Luxemburgo e Irlanda- tendrán que reducir sus gases de efecto invernadero hasta un 20% y los más pobres -como Bulgaria- podrán aumentarlos hasta el 20%.

Mecanismos de flexibilidad

Los países comunitarios podrán invertir en proyectos medioambientales de países en desarrollo y contabilizarlo como reducción para lograr sus objetivos nacionales.

Como máximo, los países podrán recurrir a este mecanismo de flexibilidad para reducir un 3% de sus emisiones anuales en sectores no cubiertos por el sistema ETS.

No obstante, los países que deban realizar un gran esfuerzo para cumplir con sus objetivos -España, Austria, Finlandia, Dinamarca, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Chipre y Suecia- podrán utilizar esta vía en un 1% adicional si respetan determinados criterios.

Energías renovables

El 20% de la energía que consume la UE tendrá que proceder de fuentes renovables en 2020, frente al 8,5% de 2005.

Los Estados miembros tendrán obligaciones en función de su situación económica y de su punto de partida.

Biocombustibles

La UE mantiene su compromiso de que 10% de los carburantes utilizados en el transporte sean renovables.

La Comisión Europea controlará que se cumplan los planes nacionales y podrá actuar contra los países en caso de infracción.

No se establece una cuota mínima obligatoria para biocombustibles de segunda generación, hidrógeno o electricidad, aunque sí se incentivará su utilización mediante un sistema de bonificaciones.

Captura y almacenamiento de CO2.

Los proyectos para filtrar las emisiones, capturar el CO2 e insertarlo en formaciones geológicas para que no llegue a la atmósfera podrán ser financiados, entre otros, con los ingresos procedentes de la subasta de 300 millones de cuotas de emisión.

Ningún proyecto podrá recibir por este mecanismo un apoyo superior al 15% del número total de permisos.

Inquietud en la CE ante posibles problemas en el suministro de gas a la UE

La Comisión Europea (CE) reconoció su inquietud ante posibles problemas en el suministro de gas a la Unión Europea como consecuencia de la disputa por el precio de ese combustible entre Rusia y Ucrania e instó a los dos países a buscar «una solución definitiva a este problema recurrente».

El portavoz de Energía del ejecutivo de la UE, Ferrán Tarradellas, recordó que ésta es la tercera vez que surgen diferencias por este motivo entre Gazprom, el monopolio ruso del gas, y el Gobierno ucranio. «Siempre sucede en invierno, cuando la demanda de gas es más alta», destacó Tarradellas.

Gazprom asegura que Kiev le adeuda 2.400 millones de dólares por el gas bombeado en los últimos y amenaza, en caso de impago, con cortar el abastecimiento.

A final de 2005, debido a un desacuerdo sobre el precio del carburante, la corporación rusa interrumpió el suministro a Ucrania, lo que afectó a varios países europeos.

Rusia es el principal suministrador de gas a la UE y la mayor parte del combustible llega a los Estados miembros a través de territorio ucranio.

El portavoz comunitario hizo hincapié en que este tipo de problemas «no hace ningún bien a la reputación de Rusia como suministrador ni a la de Ucrania como país de paso».

Tarradellas explicó que la Comisión ya ha establecido contactos con Gazprom y también con las autoridades ucranias para pedirles que el abastecimiento de gas a la UE no se vea afectado.

Bruselas insta a las dos partes a encontrar, lo más pronto posible, «una solución definitiva a este problema recurrente», concluyó el portavoz.

El lobby en favor de los biocombustibles elegido el peor de la UE en 2008

Los grupos de presión que impulsan ante las instituciones europeas el uso de los biocombustibles fueron distinguidos como el peor lobby de la UE en 2008, tras una votación en la que participaron más de 8.500 personas.

La empresa española Abengoa, el Consejo Malayo del Aceite de Palma y la brasileña Unión de la Agroindustria de Caña de Sao Paulo (Unica) recibieron más de la mitad de los votos, muy por delante de otros candidatos como la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), segundo clasificado.

«Estos tres lobbies han invertido con fuerza en propaganda engañosa con el fin de influir las decisiones del Parlamento y del Consejo sobre los objetivos de uso de biocombustibles», señala en un comunicado la ONG Amigos de la Tierra sobre los ganadores.

La organización ecologista es la responsable, junto a Corporate Europe Observatory, Lobby Control y Spinwatch, de organizar cada año estos peculiares galardones.

Según los ecologistas, el lobby del biocombustible es «culpable» de presionar en favor del uso de cultivos con fines energéticos, «ignorando el daño al medio ambiente y a la forma de ganarse la vida de las comunidades locales».

El pasado año compartieron este galardón los fabricantes de coches BMW, Daimler y Porsche por intentar retrasar el acuerdo para tener objetivos obligatorios en la UE en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono.

En paralelo al premio al peor lobby, las mismas organizaciones concedieron el distintivo al mayor conflicto de intereses en la UE a la eurodiputada finlandesa Piia-Noora Kauppi por, según ellas, promover en el Parlamento Europeo los intereses de su futuro empleador, un grupo de presión bancario.

España y su cuota de renovables

España deberá aumentar en 2020 hasta el 20% la cuota de energía que consume de fuentes renovables, lo que significa duplicar la producción actual (8,7% en 2005), para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Este objetivo obligatorio aparece recogido en la directiva sobre renovables pactada por la presidencia francesa y la Eurocámara.

La norma fija los objetivos obligatorios que debe alcanzar cada Estado miembro para garantizar que la UE cumpla su compromiso de lograr una cuota del 20% de energías renovables sobre el total del consumo de aquí a 2020. El objetivo para España es el mismo que la media comunitaria. Todavía debe ser ratificada por los líderes europeos en la cumbre que se celebrará en Bruselas los días 11 y 12 de diciembre y por el pleno de la Eurocámara.

Ello significa que se reduce el número de problemas pendientes que llegarán abiertos al Consejo Europeo. Los más importantes son qué hacer para evitar deslocalizaciones de empresas a países de fuera de la UE que apliquen criterios menos estrictos de lucha contra el cambio climático, las denominadas fugas de carbono, y cómo compensar a los países de la ampliación por recortar las emisiones.

El último escollo pendiente que se resolvió este martes fue la redacción de la cláusula de revisión que exigía Italia para 2014. Finalmente, se acordó mantener esta cláusula pero dejando claro que en ningún caso podrá utilizarse para poner en cuestión el objetivo del 20%, sino únicamente para mejorar si es necesario la eficiencia de los mecanismos de cooperación entre los Estados miembros.

El compromiso respalda el objetivo de utilizar al menos un 10% de energías renovables en el sector del transporte de aquí a 2020. Se primará especialmente a los biocarburantes de segunda generación y a la electricidad renovable consumida por coches eléctricos. Para que los biocarburantes puedan contabilizarse en este objetivo deberán suponer una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 35% en comparación con los combustibles fósiles.

El acuerdo político establece una serie de mecanismos de cooperación para permitir a a los Estados miembros realizar proyectos conjuntos de producción de electricidad, calefacción o refrigeración ‘verdes’; transferirse ‘estadísticamente» energía renovable de uno a otro; e incluso fusionar o coordinar parcialmente sus sistemas nacionales de apoyo a las renovables.

El compromiso añade además la posibilidad de contabilizar la energía renovable consumida en un Estado miembro pero producida en proyectos nuevos construidos conjuntamente con terceros países.

La Comisión Europea colaborará con las empresas para liderar el paso a la economía basada en las renovables

La Comisión Europea colaborará con un foro de noventa empresas comunitarias y estadounidenses para facilitar la adaptación de la industria europea a un modelo económico basado en las energías renovables, según ha anunciado el comisario europeo de Industria, Günter Verheugen.

El objetivo de esta cooperación es que la UE «se convierta en líder, y no en víctima, de los cambios económicos que se están produciendo», dijo Verheuguen, en alusión a la sustitución de las energías fósiles por las renovables.

Entre las empresas participantes en el proyecto figuran Philips, IBM, Bayer, Daimler, General Electric, General Motors, SAS, así como dos compañías españolas, Acciona y NH Hoteles.

El comisario explicó que la adaptación debe hacerse partiendo de «las capacidades técnicas e innovadoras de las compañías, y nunca contra sus intereses», tras reunirse con los directores de las empresas que componen la Mesa Redonda para la Tercera Revolución Industrial.

Este organismo, presidido por Jeremy Rifkin, antiguo asesor del ex vicepresidente de EEUU Al Gore, actuará como «cuerpo consultivo informal» de la Comisión para elaborar medidas legislativas o incentivos públicos que favorezcan el cambio hacia las energías renovables.

La CE y el grupo de empresas discutirán cómo hacer frente al «triple desafío» al que se enfrenta la economía mundial, que incluye el cambio climático, la seguridad energética y la crisis financiera internacional, según explicó Rifkin.

Entre otras propuestas, las compañías presentaron proyectos para la construcción de edificios capaces de producir energía limpia -en el que participó la compañía española Acciona-, y la creación de redes de distribución energética «inteligentes» basadas en el hidrógeno.

Asimismo, el comisario europeo de Industria manifestó su «esperanza» de que el paquete de medidas contra el cambio climático propuesto por la Comisión sea aprobado en la Cumbre de la UE que tendrá lugar el jueves y el viernes en Bruselas.

Preguntado sobre la posibilidad de que algunos países rechacen las propuestas debido a la actual situación económica, Verheughen dijo que «una crisis a corto plazo no debe condicionar objetivos ya definidos a largo plazo».

La Comisión Europea financiará los sistemas de eficiencia energética y las placas solares en las casas

Hasta ahora sólo se podía recurrir a la financiación comunitaria para viviendas situadas en barrios pobres, pero esta medida permitirá disponer de fondos de la UE para todo tipo de edificios, aunque dando prioridad a las familias con pocos recursos, explicó Bruselas en un comunicado.

Los edificios son responsables del 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, según datos de la CE.

El mal estado de los sistemas de aire acondicionado, calefacciones e iluminación en muchos edificios provoca un desperdicio de energía muy elevado.

El ejecutivo comunitario estima que corregir ese desperdicio podría suponer un ahorro de energía del 28 por ciento en 2020 y reducir el gasto medio por vivienda entre 200 y 1.000 euros al año.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, comentó que con esta medida no sólo se hace una «contribución sustancial» a la lucha contra el cambio climático, sino que se ayuda a las familias más necesitadas para que mejoren la calidad de sus hogares.

Esta medida forma parte del plan de recuperación económica, tras su adopción por la CE, la medida tendrá que recibir el visto bueno de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.