El Parlamento Europeo (PE) ha propuesto que a partir de 2019 todos los edificios de nueva construcción produzcan, al menos, la misma energía que consumen mediante la instalación de sistemas de captación de energía, como paneles solares o bombas de calor.

Esta medida se incluye en un informe legislativo, adoptado por el pleno de la Eurocámara, que deberá ser debatido aún en el Consejo de la Unión Europea -que representa a los países- antes de poder proceder a su aprobación definitiva.

En referencia a los edificios ya construidos, el texto insta a los estados miembros a establecer objetivos nacionales intermedios, y recomienda fijar para 2015 y 2020 un porcentaje mínimo de construcciones que cumplan este objetivo.

Además, los eurodiputados han requerido a los Veintisiete que faciliten las medidas financieras necesarias para promover la eficiencia energética en los edificios, como préstamos de bajo interés o descuentos fiscales.

El informe recomienda también que se actualice el rendimiento energético de las construcciones cada vez que se lleven a cabo obras o se renueve parte de sus instalaciones, como ventanas, calderas o sistemas de aire acondicionado. Las segundas residencias, o casas utilizadas durante menos de cuatro meses al año, también deberán acatar estos requisitos.

Los hogares con tan sólo una planta inferior a 50 metros cuadrados, los edificios destinados a actividades religiosas, los talleres, las construcciones temporales que se van a utilizar durante menos de 18 meses, las infraestructuras agrícolas de bajo consumo y los edificios históricos protegidos estarán exentos de cumplir esta normativa.

La organización ecologista internacional WWF ha acogido satisfactoriamente esta medida, ya que considera que la promoción de la eficiencia energética impulsa el desarrollo tecnológico, crea nuevos puestos de trabajo y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.

WWF ha recordado que el mantenimiento de los edificios es responsable del 40 por ciento del consumo de energía europeo, gran parte del cual podría evitarse con mejores aislamientos, doble acristalado o iluminación de bajo consumo.

Tras año y medio de negociaciones, la UE aprobó finalmente toda una serie de medidas para impulsar la liberalización de los mercados del gas y la electricidad que, entre otras cosas, obligarán a las compañías dominantes a facilitar a la competencia el acceso a sus redes.

El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde con amplias mayorías a las dos directivas y tres reglamentos que forman el llamado «paquete energético» después de llegar a acuerdos con los gobiernos europeos, que arrancaron muy divididos las negociaciones.

Las principales diferencias se centraron, desde el primer momento, en la propuesta de la Comisión Europea (CE) para forzar la separación patrimonial de las actividades de producción, transporte y comercialización, lo que suponía en la práctica la desmembración de los grandes grupos energéticos que operan en Europa.

Finalmente, los países podrán elegir entre tres opciones para facilitar el acceso de las empresas a las grandes redes de los monopolios tradicionales: forzar a las empresas a deshacerse de su negocio de transmisión, hacer que cedan su gestión a un operador independiente u obligar a las compañías a permitir que la unidad de redes funciones de forma independiente dentro de la compañía.

El tercer modelo, propuesto por Alemania y Francia, despertaba dudas en algunos países que consideraba que no ofrecía las garantías suficientes.

En cualquier caso, las nuevas medidas llevan en la práctica a una separación de las actividades de transmisión del resto de las de las empresas que, para la UE, deben mejorar la competencia y reducir los precios para los consumidores.

Al mismo tiempo, la legislación incluye salvaguardas para evitar que las redes caigan en manos de compañías extranjeras si éstas no se someten también a la separación patrimonial o si su entrada en el mercado puede poner en peligro la seguridad energética del país.

En cuanto a las medidas directas para mejorar la situación de los consumidores, los textos aprobados por la Eurocámara establecen que los usuarios podrán cambiar de suministrador de gas o electricidad en tres semanas y sin ningún gasto y que recibirán obligatoriamente una mayor información sobre su consumo y facturación, incluidos detalles sobre el origen de la energía que utilizan.

Además, la nueva legislación prevé compensaciones para los usuarios en caso de que las empresas no cumplan con los niveles de calidad, por ejemplo, por errores o retrasos en las facturas.

La UE forzará también a las autoridades nacionales a garantizar el servicio de electricidad a todos los hogares independientemente de su ubicación y a que el acceso tenga precios «razonables» y «transparentes«.

Por otra parte, las nuevas normas impulsarán la solidaridad energética dentro de los Veintisiete e incluyen la creación de una Agencia Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos que aprobará líneas de actuación que posteriormente la Comisión Europea tendrá que hacer vinculantes para casos como los procedimientos de emergencia.

También se establecerán redes europeas para la cooperación entre los operadores de las líneas de transmisión de electricidad y gas y se obligará a estas compañías a presentar a las autoridades nacionales sus planes de desarrollo cada dos años.

La UE impulsará además medidas para reforzar la independencia de los reguladores nacionales y para reforzar la colaboración entre ellos a escala europea.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió a los países de la UE que mantengan unas reservas «mínimas» de petróleo para poder afrontar cualquier corte inesperado en el suministro.

En un informe aprobado por 629 votos a favor y 24 en contra, el PE alerta de que las posibles perturbaciones en el suministro podrían dañar las economías de los Veintisiete, así como «comprometer» su capacidad militar.

Para los eurodiputados, el riesgo de cortes ha aumentado en los últimos años como consecuencia del incremento global de la demanda de crudo, la ubicación de la producción en regiones «inestables» y la disminución de los recursos dentro de la UE.

El ponente del informe, el eurodiputado checo del grupo de Izquierda Unitaria Europea Miloslav Ransdorf, señaló que el almacenamiento de crudo para 90 días, tal y como recomienda la CE, debería ser suficiente para afrontar cualquier problema en el abastecimiento. En su opinión, si la crisis se prolongara en el tiempo, serían necesarias «otro tipo» de medidas.

Además, el texto subraya la importancia de que los países comunitarios alcancen acuerdos bilaterales para asegurar un suministro rápido y eficaz en el caso de que se produzca una eventual crisis.