Europa Press.- Podemos ha pedido al Gobierno y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que acometa reformas en la factura eléctrica y que, en vez de «rogativas para que llueva», aproveche las políticas públicas para garantizar «energía limpia a precio razonable». En este sentido exigen una reforma del mercado eléctrico que contemple una fijación del precio de la electricidad en función del coste de generación, que abarate la parte fija de la factura eléctrica y aborde una auditoría de costes del sistema.
«En lugar de hacer rogativas para que llueva, hagan algo e impulsen políticas para garantizar energía limpia y a precios razonables», criticó el portavoz de Energía del grupo confederal, Josep Vendrell, durante el debate en el pleno del Congreso sobre la conveniencia de modificar el actual sistema de fijación de precios. Durante su intervención, ha criticado que el precio de la electricidad en España, antes de impuestos, sea «el tercero más caro» en Europa: «No estamos en los primeros puestos de renta per cápita», ha contrapuesto. Esto se debe, a su juicio, a «un problema estructural que tiene que ver con la mala regulación y la falta de energía solar».
Además, Podemos quiere establecer un cargo a las centrales nucleares e hidroeléctricas por el margen entre su escaso coste de generación y el precio de la electricidad generada equivalente al resto de centrales, los llamados windfall profits o beneficios caídos del cielo. Asimismo, quieren que al concluir la concesión de las centrales hidroeléctricas se recupere su gestión pública con el fin de «evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable».
Podemos se marca como objetivo básico «la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas». «El sistema eléctrico se ha convertido en un sistema de transferencia de rentas. En el mercado mayorista se paga a igual precio, independientemente del coste de generación», criticaron, reivindicando además un diseño de la tarifa para garantizar «consumos básicos más baratos» y que «penalice consumos más ineficientes y elevados».
Finalmente, llaman a garantizar el acceso del servicio «para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía» y el «estímulo del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica». En este sentido, quieren que la reforma abarate la parte fija de la tarifa regulada en función de la potencia y aumente la parte variable en función del consumo, para así crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.
Unas reivindicaciones que han sido secundadas por PSOE y Ciudadanos, con los que Podemos ya se apoyó a principios de año para pactar y sacar adelante una iniciativa similar en la Comisión de Energía. Así, el socialista Óscar Galeano ha criticado la «volatilidad» de la factura eléctrica, comparándola con la del mercado bursátil, pues es más propio de dinámicas «especulativas», y ha manifestado que la oposición demanda «investigar las tripas del mercado eléctrico y mejorar lo que es manifiestamente mejorable».
Además, ha recordado que, si bien el Gobierno justifica las subidas como una consecuencia de una «tormenta perfecta» por condiciones meteorológicas, el parón nuclear francés y la alta demanda, la subida registrada en octubre, cuando la luz alcanzó su máximo pico anual, se produjo en un momento de baja demanda. A pesar de ello, se activaron mecanismos de ajuste, algo cuestionado por la CNMC, que también ha criticado la forma de articular los mecanismos de interrumpibilidad. «Esto se traduce en una desconfianza total del consumidor, que considera este mercado como el de menor competencia», sentenció.
Por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha apostado por impulsar un Pacto de Estado por la Energía y en finalizar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con el fin de poder abaratar el recibo de la luz, sin «errores políticos» como las primas a las renovables, y mediante «la financiación de las comunidades autónomas», recogiendo allí las compensaciones extrapeninsulares.
También ha anunciado su apoyo Compromís, que, a través de Ignasi Candela, se ha preguntado la razón por la cual, si el Gobierno se declara incapaz de controlar la factura eléctrica, recurre ante el Tribunal Constitucional leyes contra la pobreza energética, como la aprobada por el Gobierno de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Idoia Sagastizabal (PNV) alertó de que, en caso de modificar la parte variable de la tarifa, con el actual sistema podría incrementarse el déficit de tarifa en caso de menores consumos, y que además podría provocar una mayor complejidad del sistema.
Por su parte, el popular Teodoro García Egea ha criticado las demandas para someter el sistema eléctrico a una auditoría, argumentando que ésta ya se hizo por funcionarios y técnicos estatales «hasta la última línea de distribución». En todo caso, se ha mostrado favorable a negociar la estructura de la tarifa y decidir si los costes externos a la generación son abonados por el contribuyente o el consumidor eléctrico, pero ha rechazado la idea de beneficios caídos del cielo por parte de las gestoras de centrales hidráulicas o nuclear. «Las eléctricas tienen una rentabilidad sobre el capital empleado que en España es inferior a su coste de capital”, indicó, abogando por «electrificar la movilidad para disminuir las emisiones de CO2».
El recibo medio de la electricidad viene registrando importantes repuntes en los últimos meses. Por ejemplo en octubre se disparó un 6,42% respecto a septiembre, la mayor subida registrada desde enero. Además, el precio de la electricidad alcanzó el 23 de octubre, entre las 19 y las 20 horas, su nivel más elevado en lo que va de año, con un valor de 182,54 euros por megavatio hora (MWh). En los diez primeros meses de 2017 el recibo de la luz ha alcanzado los 683,76 euros, lo que representa un incremento del 12,6% con respecto al mismo periodo del año pasado, más de 76 euros.
