El Gobierno escuchará las propuestas de los diferentes partidos políticos antes de tomar su decisión sobre Garoña

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Europa Press.- El Gobierno está dispuesto a escuchar la posición de los distintos grupo políticos acerca de la central nuclear de Santa María de Garoña antes de tomar su decisión sobre la reapertura de esta instalación, para lo que dispone de un plazo de seis meses desde la publicación del informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), según fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Energía considera que en el caso de Garoña se plantea el debate de establecer si la decisión ha de restringirse al caso particular de la central y tener un contenido técnico o si debe contemplarse de forma más amplia y tener en cuenta las posiciones políticas. «Garoña es el primer peldaño de un debate en el que se debe ver si se tomará una decisión singular, central a central, o general», indican las fuentes, antes de considerar que la resolución la ha de emitir un Gobierno en minoría y que «no es bueno» tomar decisiones sobre política energética que no tengan continuidad en el tiempo.

En todo caso, desde Energía niegan que el Gobierno quiera usar el posible cierre de Garoña como moneda de cambio para lograr el apoyo del PNV a los Presupuestos del Estado y se muestran expectantes ante la posible presentación por parte del PSOE de una proposición de ley sobre el cierre de la central. Una ley sobre un caso único, advierten, no se puede realizar.

En el caso de Garoña, ven «interesante ver las alegaciones para encuadrar el debate» acerca del futuro del parque nuclear español. La posición del Ejecutivo al respecto pasa por defender la importancia de todas las tecnologías del mix y parte de la premisa de que cerrar las nucleares puede encarecer un 25% la electricidad. Para Energía, Garoña será el «telonero» de las decisiones sobre la continuidad de las nucleares, que se podrían plantear en la actual legislatura, indican las fuentes. La decisión sobre la renovación de la licencia de Almaraz ha de tomarse en 2020.

El Congreso apuesta por priorizar los vehículos eléctricos en las ciudades

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Europa Press.- El Congreso ratificó su apuesta por el coche eléctrico y ha pedido dar prioridad a estos vehículos en las ciudades, tanto favoreciendo su circulación y abastecimiento, como su incorporación al parque público. Así se refleja en la moción aprobada por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso tras un acuerdo entre el PP y Ciudadanos y apoyada por el PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria. El PSOE decidió abstenerse, mientras que Unidos Podemos y Esquerra Republicana votaron en contra por considerarla insuficiente.

La iniciativa insta a estudiar normas que permitan la circulación de vehículos propulsados mediante energías alternativas en los carriles que priman los turismos de alta ocupación dentro de las ciudades. Asimismo, llama a impulsar la introducción de estos vehículos en las flotas de transporte público, el despliegue de una infraestructura de recarga y un marco regulatorio que favorezca estas instalaciones, así como analizar y estudiar las necesidades de estos puntos.

El texto respaldado por el Congreso también llama a crear programas especiales con líneas de investigación relacionadas con estos vehículos, garantizando una gestión «agil» de las ayudas y una evaluación anual de los resultados de estos planes de subvención. Por otro lado, pide desarrollar la tecnología necesaria para dar soporte a las funcionalidades requeridas en los vehículos de energía alternativa, como la medida de consumo, la facturación y el pago, y dar soporte a «otros servicios energéticos a través del desarrollo de las Smart Grids.

Los técnicos críticos del CSN piden aumentar los debates públicos y la transparencia para una mayor confianza en el regulador

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Europa Press.- La presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad y Protección Radiológica (ASTECSN), Nieves Sánchez Guitián, pidió en el Congreso más debates públicos y más transparencia en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para «avanzar hacia un regulador que funcione y que genere confianza». «No se trata de repartir cuotas entre partidos. Se trata de cambiar completamente el esquema de trabajo, contaminado de clientelismo, y fortalecerlo desterrando la politización, y apoyando realmente los méritos y capacidades», señaló Sánchez Guitián.

Sánchez Guitián criticó el nombramiento de consejeros del CSN como Javier Dies (PP), del que destacó que fue «impuesto» por el Gobierno «sin haber recibido el respaldo del Parlamento». A su juicio, hay que «aplicar correctamente la ley evitando interpretaciones perversas que permitan que un consejero sea nombrado sin contar con el apoyo de la mayoría cualificada requerida». Además, reclama un pleno con autocrítica y en permanente revisión interna. Para la presidenta de ASTECSN, el hecho de que en 2013 se celebrasen 42 reuniones del pleno y en 2016 esta cifra haya disminuido a 29 no parece indicar que se vaya en la dirección correcta.

En este sentido, ha denunciado un «ambiente interno de represalias y donde se promueve un concepto erróneo de lealtad» en el CSN, lo que, a su juicio, lleva a tener «técnicos sin motivación que no buscan mejorar sus prácticas de trabajo, sus debates y su formación». También en este aspecto, Sánchez Guitián denuncia falta de transparencia, una situación que, según ha apuntado, genera una «cultura del miedo» hacia los técnicos y especialistas, con el fin de promover una «desregulación encubierta» que facilite la reapertura de Garoña o el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El CSN avaló la reapertura de la central de Garoña, ubicada en Burgos pero muy próxima a Euskadi, si sus propietarios (Endesa e Iberdrola) realizaban algunas mejoras en la seguridad de las instalaciones. Tras el respaldo del CSN, la decisión definitiva de permitir o no la reapertura de la planta corresponde al Gobierno central. Sánchez Guitián advirtió de que «nunca las evaluaciones técnicas deben plantearse como excusa de decisiones políticas». Por ese motivo, afirmó que «nunca se debería emitir un informe favorable para una autorización de explotación cuando se incluyen condiciones imprescindibles para poner en marcha el reactor». El permiso para la reapertura «solo debería darse si ya se han realizado las modificaciones exigibles«, señaló.

La asociación también critica que el pleno del CSN, constituido por tres consejeros designados a instancias del PP y dos propuestos por el PSOE, «no entra en materia técnica» a la hora de adoptar sus decisiones, y que a los inspectores residentes «se les ha impedido hablar directamente con los técnicos especialistas». Además, censura que el pleno del CSN «no establece líneas estratégicas y no marca hojas de ruta en cuestiones relevantes»; y que «no debate siempre sobre los criterios a aplicar», ni «resuelve discrepancias».

El Congreso, con oposición del PP, apoya el cierre de Garoña y reclama un plan de reindustrialización en la zona

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Europa Press.- La Comisión de Energía, Industria y Agenda Digital apoyó, con el voto en contra del PP, instar al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de la central de Santa María de Garoña (Burgos), así como poner en marcha un plan de reindustrialización y adaptación económica en el área de influencia de la planta.

El texto, transaccionado entre Unidos Podemos y el PSOE, pide también acometer el proceso de desmantelamiento de Garoña en «condiciones de seguridad para el medio ambiente y las personas» y que éste se produzca bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Durante el debate, la portavoz socialista en esta materia, Esther Peña ha denunciado la falta de inversión económica en el norte de la provincia de Burgos, en donde unos 14 municipios están afectados por la presencia de la central en su entorno.

La diputada señaló que esta zona ha envejecido porque los jóvenes no encuentran futuro laboral y subrayó las dificultades con la que sus habitantes se enfrentan a servicios normales, como el de telefonía móvil o Internet, por encontrarse en las cercanías de una central nuclear. «El PP ha invertido cero euros en cinco años, ni en empleo, ni en servicios ni en infraestructuras», denunció Peña, quien acusó al Ejecutivo de usar Garoña como «moneda de cambio para aprobar los Presupuestos».

Para el portavoz de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, el Gobierno está escondiendo detrás de la central burgalesa lo que quiere hacer con el resto de plantas del país, es decir, ampliar su vida útil cuando, según el diputado, cada año que pasa Garoña es más insegura. López de Uralde recordó que durante su primera etapa de funcionamiento sufrió grietas y se registró un calentamiento de agua en el Ebro, entre otros problemas. «El hecho de que haya cumplido 46 años no nos da garantías de seguridad», insistió Uralde, quien deseó que éste sea el último debate sobre Garoña.

El PP, por su parte, criticó los «prejuicios» del resto de partidos al tratar la energía nuclear. El portavoz popular de Energía, Guillermo Mariscal, ha destacado que la intención del Ejecutivo es hacer realidad un mix energético equilibrado que permita el suministro a todas horas. En cuanto al plan de reindustrialización, ha recordado que en 2009, durante el mandato socialista, se habló de una inversión de 900 millones en la zona. «El Colegio de Economistas de Burgos estima que se invirtieron 20 millones», ha señalado Mariscal, quien ha apuntado que el PP no continuó que este proyecto por los propietarios de Garoña solicitaron la reapertura.

El Congreso respalda facilitar los cambios estacionales de la potencia eléctrica contratada con el rechazo del PP y de C’s

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Europa Press.- Tras recordar la existencia de unos costes fijos en el sistema eléctrico, el PP se opuso a una moción que consideró «insolidaria» después de que el pleno del Congreso respaldara una propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para fomentar que el usuario pueda cambiar la potencia eléctrica contratada en función de la temporada. La iniciativa salió adelante tras recabar los apoyos del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, Compromís y Bildu, mientras que el PP y Ciudadanos votaron ambos en contra.

El texto aprobado mediante proposición no de ley pide al Gobierno crear un nuevo contrato de potencia estacional. Apuesta por adaptar la legislación para que sea posible «adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico». Asimismo, propone una tarifa de discriminación estacional para pequeñas y medianas empresas y cooperativas, con lo que las empresas distribuidoras quedarían obligadas a atender las peticiones de modificación de tarifa, su modalidad de aplicación y la potencia contratada.

En caso de disponer de contrato de potencia estacional, el consumidor podría “modificar voluntariamente la tarifa, potencia contratada o sus modos de aplicación”, de acuerdo al mismo. Este tipo de contratos permitiría acuerdos entre el suministrador y el cliente para fijar tarifas, condiciones técnicas de acceso y potencias diferentes para cada período del año. Asimismo, la moción aprobada incluye la realización de una auditoría del sistema eléctrico para la revisión de los costes de las redes que permita una reforma del mercado eléctrico «para garantizar que la fijación de los precios refleje el coste de generación, fomentando las energías renovables».

Los republicanos catalanes lamentan que el precio de la energía es un «enorme lastre» para las empresas, sobre todo las pymes, y critican que la normativa actual limite los cambios posibles de potencia a uno al año. Esto impide que los usuarios puedan optimizar su perfil de consumo o modular su demanda en función de los diferentes ciclos de producción que se dan en un año, y lleva a que la potencia contratada acumulada alcance los 150 GW a pesar de que la capacidad máxima del sistema sea de 110 GW y la demanda real esté apenas en 45 GW.

«Es un desajuste muy importante que genera unos ingresos extraordinarios al sector que no están justificados», critica Esquerra, señalando que las tecnologías actuales, que permiten realizar cambios de potencia de forma remota, hacen indefendibles estas limitaciones. ERC advierte de que esta falta de flexibilidad podría incluso contravenir la normativa comunitaria en materia de consumo, por lo que pide que se apliquen todas las modificaciones normativas necesarias para potenciar los contratos de potencia estacionales «al menos para determinados sectores», de modo que se puedan producir «ahorros muy importantes» sin mermar la calidad del servicio y sin imponer complicaciones administrativas o técnicas.

El PP habla de “insolidaridad”

Por su parte, el PP se opuso a una iniciativa de ERC para promover cambios de potencia en la factura eléctrica contratada según temporadas, una idea que considera «insolidaria» pues recuerda la existencia de costes fijos. «Tenemos que pagar unos costes fijos independientemente del consumo», subrayó el portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, que acusó a Joan Capdevila, de ERC, de no entender el concepto de suficiencia de tarifa. Capdevila había retado al PP a apoyar su iniciativa para comprobar si en el Gobierno «manda más» el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el de Energía, Álvaro Nadal.

«Con el sentido de su voto sabremos si están más con las pymes y la competitividad o con el oligopolio de los grandes. Si manda más De Guindos o Nadal», inquirió el diputado de Esquerra, Joan Capdevila, durante la defensa de esta proposición no de ley.Capdevila ha recordado que las pymes españolas «son las que pagan la factura eléctrica más cara» y que la parte fija «no hay manera de tocarla», refiriéndose a ella como «uno de los intocables del señor Nadal». «Es como si en la factura el hotel te cobra el precio del minibar aunque no lo hayas tocado», puso como ejemplo.

La iniciativa ha desencadenado una avalancha de críticas al modelo energético por parte de los grupos de la oposición, independientemente de su cercanía a la iniciativa.Por parte del PSOE, su portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha criticado que este modelo es «contrario a la eficiencia energética», puesto que el peso de los costes fijos hace que consumir más o menos no tenga influencia en el coste final. «El modelo eléctrico acaba siendo uno de los elementos fundamentales que lastran el desarrollo de nuestra economía y la hacen menos competitiva», ha dicho.

Josep Vendrell, diputado de En Comú, instó a revisar no sólo este factor, sino «el conjunto del sistema». Algo que cree que debe «abordarse con urgencia», a pesar de que el Gobierno no tiene «ninguna voluntad» de hacerlo. «Al contrario, el ministro dice que hay que resignarse», espetó. Aunque reconoció que la iniciativa pudiera beneficiar a algunas empresas, Vicente Ten Oliver, diputado de Ciudadanos, indicó que también favorecería a los ciudadanos que tienen más de una vivienda. «Queremos reducir el precio de la luz, pero a todos», aseveró, tras calificar la propuesta como «un parche«.

Rajoy y Nadal aseguran que no se tomarán «decisiones políticas» sobre Garoña y defienden la profesionalidad del CSN

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se ha pronunciado sobre si reabrirá o no la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), alegando que tiene 6 meses antes de tomar la decisión. En este sentido, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará «decisiones irresponsables» ni «políticas» sobre Garoña y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

La diputada socialista burgalesa, Esther Peña, acusó al PP de «no decir la verdad» sobre este tema «jugando» con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando «desde hace 5 años». Del mismo modo, señaló que la planta «no es segura» tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un «globo sonda» para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las compañías eléctricas.

En este sentido, el ministro acusó al PSOE de «querer sacrificar a los trabajadores y a la comarca» para «hacer política y llevarse votos» y ha indicado que su departamento no tomará decisiones «por motivos ideológicos» ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. «Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada«, insistió. Nadal valoró positivamente que el PP esté «abriendo un proceso de audiencia pública» antes de tomar una decisión «para que todo el mundo opine» y rechazó las declaraciones del coportavoz de Equo, Juan López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

«No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones», ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. «Es de recibo que todo el mundo reciba la información», afirmó. Uralde reprochó a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando «se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente» al reabrir una central «obsoleta» y que «no aporta ni un kilovatio a la red», por lo que «no tiene impacto en el precio de la luz«.

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. Uralde denunció que hace años se le impusieron a la central unas inversiones para poder renovar su actividad, y ahora, sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, recordó que la mayoría de los miembros del CSN fueron propuestos por el PP. «Me preocupa que dude de la independencia del CSN», ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, cuestionó el ministro, que reivindicó que éstos son «los más reputados de Europa».

Rajoy escuchará “a los interesados”

Por su parte, el presidente del Gobierno señaló que antes de tomar una decisión deben cumplirse algunos trámites, entre ellos, que el Ejecutivo escuche «a todos los que tengan interés» en este tema. Así respondió Rajoy a la pregunta formulada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, acerca de las intenciones del presidente sobre la reapertura de Garoña. Esteban le recordó que «la posición mayoritaria», tanto social como política, es favorable al cierre y mostró su temor de que el PP ponga en marcha la central y que luego sea apagada por una decisión posterior, teniendo que pagar los costes que eso conlleva los ciudadanos.

El portavoz nacionalista ha destacado que Garoña es la planta más antigua de España, que su reactor es del mismo tipo del de la central de Fukushima (Japón)y supone «simplemente el 0,4% de la potencia instalada en España» y no llega al 6% de la potencia nuclear en el país. «Esto no va a abaratar el precio de la electricidad, ni mucho menos, es una central vieja y tiene riesgos, no le vemos ningún sentido», ha destacado en su discurso.

«Entiendo sus argumentos y sus razonamientos pero soy el presidente y tengo que cumplir los trámites que dice la ley», ha insistido Rajoy, quien ha apuntado que primero es Nuclenor, la empresa gestora de la planta, quien debe pronunciarse y después el Gobierno comenzará la ronda de contactos. Además, ha precisado, después de que el Ejecutivo tome una decisión, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) también tendrá algo que decir.

«En todo caso les escucharemos a ustedes y todas las instituciones que han manifestado su intereses» sobre este tema, ha asegurado el presidente que ha destacado que sí hay instituciones favorables a la reapertura de Garoña, como la Junta de Castilla y León. Del mismo modo, Rajoy ha defendido su actitud, que ha calificado como las «más prudente, razonable y sensata», de «estudiar a fondo» los razonamientos de unos y de otros» antes de tomar una decisión. «Intentaremos tomar la mejor decisión en defensa de los intereses de todos», concluyó.

Nadal insiste en que tener objetivos de renovables más ambiciosos provocará picos de precios en la factura de la luz

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha insistido en que introducir objetivos de uso de energías renovables cada vez más ambiciosos supondrá que se produzcan con más frecuencia picos en los precios de la electricidad como los ocurridos durante la ola de frío de enero.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha reprochado a Nadal que haya «tirado la toalla» y se haya «resignado» a que los precios de la energía vayan a subir este año 100 euros. «Me suena a misterio de rosario, a conformismo, a eso de prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que deba sufrir«, ha añadido.

El ministro había afirmado que España se deberá «acostumbrar» a precios de la energía más altos en algunos momentos, palabras que recordó Baldoví. «Tiene mucha experiencia en política y sabe que las preguntas no pueden hacerse en base a titulares sesgados, sino a lo que el ministro dijo con precisión. Y yo, desde luego, no dije lo que usted acaba de decir», ha espetado Nadal. A renglón seguido, ha explicado que sus palabras se referían a una «cuestión meramente técnica» como es el que «a medida que se introducen más objetivos medioambientales de renovables, el sistema tiene más energía rígida e interrumpible y, por tanto, es más difícil su gestión».

«Así que con cierta frecuencia habrá esas puntas de invierno, como los 10 días de altos precios que tuvimos en enero, y tendremos que tener más sistemas para la gestión de la demanda, que hoy en día están muy poco desarrollados en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno», ha añadido el ministro, asegurando que «cualquiera que sepa de energía corroborará» esta consideración.

A renglón seguido, Nadal ha subrayado que el Gobierno ya ha hecho lo que está en su mano para contener el precio de la electricidad, congelando la parte fija del recibo, y señaló que fomentar el autoconsumo abarata la factura para quienes instalan este tipo de sistemas pero «la aumentan para los demás». «Creo que eso no es justo», zanjó.

Sin embargo, las explicaciones de Nadal no convencieron al diputado de Compromís, que se ha preguntado «para qué queremos un ministro de Energía» si ya ha renunciado a tomar medidas para intentar bajar el coste de la energía. «¿Por qué no intenta parecerse a los países que tienen la electricidad más barata? Sería más inteligente. No nos pida que recemos el rosario, que nos resignemos. Líbrenos de incomodidades y tribulaciones. Bájenos el recibo de la luz», exigió el parlamentario valenciano.

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso pide de nuevo al Gobierno que prohíba el fracking en toda España

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y PNV, en la que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias con «pleno respeto» a las competencias autonómicas con el fin de «prohibir el empleo de las técnicas de fractura hidráulica, también conocida como fracking, en todo el Estado, por los riesgos que supone para el medio ambiente y para las personas”.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y logró 22 votos a favor de los socialistas, Unidos Podemos-En Comú Podem-En marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, 14 en contra (PP) y una abstención (PNV). No es la primera vez que la Cámara Baja pide al Gobierno que prohíba esta técnica, puesto que la Comisión de Industria, Energía y Turismo ya lo hizo en marzo del año pasado, entonces con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PNV y DiL.

Además, la proposición no de ley aprobada solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy que suspenda cautelarmente las prospecciones con fracking, incluso cualquier proyecto o permiso de investigación, y establezca una moratoria hasta que no se prohíba esta técnica y que incluya todos los permisos o peticiones de autorización para realizar investigaciones, prospecciones o explotaciones actualmente en trámite y las que hayan recibido la concesión pero no hayan iniciado los trabajos de fracturación hidráulica. La iniciativa también pide al Gobierno que modifique las leyes nacionales sobre sistemas eléctricos e hidrocarburos y derogue los artículos que favorezcan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos que utilicen fracking.

El portavoz del PSOE, Manuel González Ramos, defendió la proposición no de ley explicando primero que el fracking es una técnica que consiste en inyectar a alta presión fluidos compuestos por «agua, arena y aditivos químicos muy peligrosos» con el fin de fracturar las rocas y agrandar las fracturas para que los hidrocarburos que están atrapados acaben en el interior de un pozo, permitiendo así su extracción. González Ramos indicó que se trata de una técnica que «plantea graves riesgos» en lo referente a la salud pública y el medio ambiente, puesto que conlleva un riesgo de contaminación de las aguas superficiales y las subterráneas por las sustancias químicas utilizadas, así como escapes de gas metano y riesgo de seísmos.

«Permitir el fracking es perpetuar un modelo productivo dependiente de los combustibles fósiles, condenando a nuestro país a seguir siendo dependiente energéticamente», apuntó, antes de pedir a Rajoy que «sea valiente y apueste por las energías renovables«. «¿Por qué su Gobierno quiere buscar megavatios bajo tierra cuando tenemos millones de megavatios sobre ella? Alemania tiene 8 veces más energía solar fotovoltaica que España, teniendo muchas menos horas de sol. Un Ministerio que tiene en su nombre el Medio Ambiente no puede ser cómplice de este terrorismo contra el entorno», apostilló. «Los socialistas queremos preservar la salud y de su entorno», manifestó el diputado, que cree que el fracking es «una amenaza de la que protegerse».

En la comisión ha subrayado la necesidad de apostar por las energías renovables, quitar el impuesto al sol, en referencia a los peajes existentes para quienes opten por el autoconsumo con energía solar,y seguir desarrollando energías limpias. Al término de la comisión, celebró que la iniciativa haya salido adelante y confía en que el resultado será celebrado en las zonas donde hay permisos de investigación, en las que asegura que «hay mucha oposición». Entre ellos, ha destacado algunos permisos que están «en la tierra de María Dolores de Cospedal», cerca de las Lagunas de Ruidera, en Guadalajara y en Hellín, pero ha indicado que también hay permisos en País Vasco o Castilla y León.

«Esto es un éxito», ha celebrado el socialista que dice que ahora el Gobierno «hará lo que considere conveniente» pero opina que esta es una forma de decirle al Ejecutivo que no se puede «seguir por esta vía» de entretenerse en plataformas de petróleo o proyectos de fracking en vez de apostar por las energías renovables. En definitiva, con estos proyectos de combustibles fósiles España está «perdiendo una oportunidad histórica» de favorecer las renovables, especialmente la eólica y la fotovoltaica.

El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra. Su portavoz, Ernesto Aguiar, acusó a los socialistas de ser incoherentes porque cuando gobernaron hasta 2011 «no hicieron absolutamente nada», mientras que los populares aprobaron durante la pasada legislatura una ley que garantiza que los proyectos de fracking puedan realizarse si ofrecen «mínimas garantías». El PNV se abstuvo porque, según su portavoz, Joseba Agirretxea, la proposición no de ley incluye la «contradicción» de que pide la prohibición del fracking y «respeto» a las competencias autonómicas. «Quiero que Euskadi esté libre de fracking porque lo deciden el Parlamento Vasco o los vascos, pero no porque decidan por mí y después, además, se diga que se respetan las competencias autonómicas», arguyó.

Por otro lado, Jaume Moya (Unidos Podemos-En Comú Podem) apoyó la iniciativa del PSOE indicando que el fracking «no es más que una huida hacia delante de un modelo energético y productivo vinculado a los combustibles fósiles que nos lleva al desastre». Toni Cantó (Ciudadanos) subrayó que su partido apuesta por «otro modelo energético más sostenible más respetuoso con el medio ambiente y donde las energías renovables tengan una mayor importancia«, Toni Postius (PDeCAT) comentó que el fracking está prohibido en países de la Unión Europea como Francia, Bulgaria y Suiza, y Marta Sorlí (C-P-EUPV) comentó que esta técnica «antepone la voluntad de las multinacionales al bienestar de las personas».

El Gobierno considera que Garoña «no se puede utilizar como precedente para el resto de centrales nucleares que están funcionando»

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para alargar la vida útil de la central nuclear de Garoña (Burgos) “en ningún caso es un precedente” para peticiones futuras de otras plantas que están abiertas y funcionando “ya que es una central singular que ya lleva cuatro años cerrada».

«La decisión que tomemos sobre Garoña no prejuzga lo que podamos hacer en otras centrales», reiteró el secretario de Estado, que citó Almaraz y Trillo. «Es radicalmente distinta a una central que está en funcionamiento», sentenció. Por otro lado, recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular formada por Iberdrola y Endesa. «Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto», señaló Navia, quien añadió que «son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar».

En todo caso, aseguró que «no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)». «Eso no supone ninguna duda y se van a cumplir todos los requisitos de seguridad», apostilló. Así, advirtió de que en cada caso que se produzca a futuro acerca de una petición de ampliar la vida útil de 40 años de una central nuclear, el debate será «las inversiones necesarias para continuar».

«Lo que se pueda hacer en otras centrales será radicalmente distinto», señaló. Navia indicó que el Ministerio de Energía cuenta ahora con un periodo de 6 meses para tomar una decisión sobre el informe del CSN respecto a Garoña y que, para ello, se abrirá un periodo de audiencia pública para «oír a todo el mundo», teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar. El Ministerio de Energía mantendrá reuniones con comunidades autónomas, organizaciones sociales y ecologistas y empresas para conocer su postura y tomar una decisión. «Todavía no está definido un calendario de reuniones y no sabemos si serán conjuntas o bilaterales», señaló.

Burgos exige el cierre definitivo

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Burgos exige al ministro de Energía que no avale la reapertura de Garoña e inicie las medidas necesarias para proceder, de manera inmediata, al cierre definitivo de las instalaciones y posterior desmantelamiento. Con los votos del PSOE, Ciudadanos, Imagina y la edil no adscrita Silvia Álvarez de Eulate, y el voto en contra del PP, y la abstención de otro concejal no adscrito, procedente del PP, el pleno municipal aprobó esta moción de urgencia presentada por C’s.

Una vez el CSN ha emitido informe favorable a la reapertura, Ciudadanos considera que es el momento de que Burgos se posicione públicamente contra la central nuclear. El aporte energético de Garoña es «marginal», ha afirmado el edil de Ciudadanos, Jesús Ortego, quien también ha incidido en que «no existe acuerdo político» sobre la reapertura de la central y además Nuclenor como empresa propietaria «tiene dudas». «El momento político es diferente y la central también está en un momento técnico diferente», así que Burgos debe exigir al Ministerio de Energía que no avale su reapertura.

La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE e Imagina, que creen que es «prácticamente imposible» que la nuclear reabra, porque ya no interesa a las eléctricas desde el punto de vista económico. En el lado contrario se ha posicionado el PP; el edil César Rico rechazó el «cierre político» de Garoña y ha apostado por que sean los propietarios los que decidan el futuro de la central nuclear.

Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ha acordado pedir a Energía que no avale la reapertura de la central nuclear y tome las medidas necesarias para hacer posible su cierre definitivo. Al mismo tiempo, se ha instado a la recuperación y actualización del Plan de Reindustrialización de la zona de influencia, aprobado en 2010 pero paralizado tras la llegada del PP al Gobierno. El PSOE ha defendido que se aprovechen los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para incluir una partida que permita sacar nueva convocatoria del Plan Reindus este año.

Energía abrirá un proceso de diálogo sobre Garoña con todos los implicados mientras Foro Nuclear ve una estrategia energética “adecuada”

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EFE / Europa Press.- El Foro de la Industria Nuclear defiende la continuidad de la operación a largo plazo del parque nuclear español porque es una «estrategia energética adecuada y necesaria» para España en el contexto actual. La decisión queda en manos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que abrirá un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, entre ellos comunidades autónomas, organizaciones ecologistas y empresas, antes de tomar una decisión sobre el futuro de la central nuclear de Garoña (Burgos).

«Antes de tomar una decisión, el Ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas y demás actores implicados para llegar a un consenso», indicaron las fuentes del departamento que encabeza Álvaro Nadal. El Ministerio de Energía cuenta con un plazo de 6 meses para tomar una decisión tras el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Nadal aseveró en el Senado que la seguridad «es prioritaria» y que su departamento basará su decisión «en el interés general». El pleno del CSN aprobó un dictamen favorable a la reapertura de Garoña siempre y cuando Nuclenor, la sociedad que opera la planta (participada por Endesa e Iberdrola), cumpla con las inversiones en seguridad que se le exigen.

Tras el visto bueno del CSN corresponde ahora al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012. Energía aclara que la eventual continuidad de la central estará condicionada al cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad impuestos por el organismo regulador y que la decisión final corresponderá al titular de la central, esto es, a Nuclenor. Fuentes del ministerio reiteraron que el dictamen del CSN se refiere únicamente a la central de Garoña, que es un caso «muy específico» dentro del parque nuclear español tras dejar de funcionar en 2012por motivos económicos, y que no supondrá «ningún precedente para decisiones futuras sobre otras centrales».

Foro Nuclear: “estrategia energética adecuada”

El Foro de la Industria Nuclear considera el dictamen favorable del CSN a la renovación de Garoña como «el cumplimiento de un paso más dentro del procedimiento establecido para este tipo de solicitudes», que permite el funcionamiento de las centrales nucleares con todas las garantías técnicas y de seguridad.Así, recuerda que «ahora» corresponde al Ministerio de Energía «tomar la decisión final al respecto» y confía en que se base, igual que la resolución emitida por el regulador, en criterios técnicos, «primando la seguridad nuclear y la protección de las personas y del medio ambiente».

Antonio Cornadó, presidente de esta institución, asegura que la continuidad de la operación del parque nuclear español, bajo la supervisión del CSN, es una estrategia energética «adecuada y necesaria para España» dentro del actual contexto de recuperación económica y en la “transición hacia un modelo sostenible”. Igualmente, recuerda que otros países están apostando por «la continuidad de la operación» de las plantas nucleares y que en este momento hay 100 reactores en todo el mundo autorizados para ello. «Diez años de operación adicional de las centrales nucleares españolas significan la generación de electricidad equivalente a dos años y medio de consumo nacional anual, evitar la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2 y consolidar 27.500 empleos», insiste.

Castilla y León pide reapertura

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, apuesta por la continuidad de Garoña, después de que el CSN constate su seguridad si se realizan determinas inversiones, tras reiterar la «eficiencia» de la energía nuclear, que es una energía «barata» de producir. «Lo más importante es que realizando determinadas inversiones Garoña es segura», destacó Del Olmo, quien ha reseñado que ahora la decisión está en manos de la empresa que gestiona la central, de la que desconoce si tiene intención de realizar una inversión que el propio CSN estima en 200 millones de euros, y del Ministerio de Energía.

Para la consejera la reapertura de la central es «importante» para Castilla y León porque genera unos 1.000 empleos en la comunidad, con lo que se crearán «beneficios» en el mundo rural, por lo que confía en que Energía respalde esta apuesta de la Junta. No obstante ha recordado que la decisión final depende de la empresa tras analizar las inversiones que debe realizar y valorar si su futuro es rentable. «Confío que lo analicen y decidan la continuidad de Garoña», afirmó, al tiempo que entiende que la decisión de Nuclenor también dependerá “en gran medida” del plazo de prórroga que finalmente se otorgue a la central, algo por determinar.

La plantilla de Garoña, satisfecha

Por otro lado, el presidente del comité de empresa de la central de Garoña, Pedro San Millán, ha mostrado la satisfacción de los trabajadores por la decisión del CSN y ahora esperan que tanto el Ministerio de Industria como las empresas (Iberdrola y Endesa) decidan apostar por la continuidad de la nuclear burgalesa. Así lo ha manifestado San Millán tras este nuevo capítulo, «un paso más en el peregrinar» que comenzó en 2003 cuando se inició el proceso de alargamiento de la vida de Garoña. Asimismo, el miembro del comité de empresa ha recordado que fuera del país hay antecedentes de centrales de este tipo «que pueden alargar su vida hasta los 60 años mínimo».

Sobre las condiciones impuestas por el CSN, Pedro San Millán ha explicado que siempre que el Consejo ha autorizado una ampliación de la vida útil de una central lo ha supeditado «a la implantación de unas mejoras del diseño que van dirigidas a la seguridad«, por lo que considera «normal» que también se haga ahora con el caso de Garoña. Por ello cree que se pedirá que unos sistemas de seguridad se implanten antes de que la central burgalesa vuelva a arrancar y «otros sistemas» durante el periodo de producción.

PP vasco asegura «máxima seguridad»

Por su parte, la secretaria general del PP del País Vasco, Nerea Llanos, asegura que el Gobierno de España tendrá en cuenta la «realidad» y la «máxima seguridad» al decidir si autoriza volver a la actividad a Garoña. Eso sí, Llanos ha reiterado que la postura del PP vasco es contraria a la reapertura de esta central nuclear y que esa posición la conoce el Gobierno. Ha sostenido que en torno a este asunto «hay más interés político que energético» e indica que los populares vascos no van a participar en ese «juego político», del que acusó especialmente al PNV.