El Estado gasta 15,7 millones de euros al año en el mantenimiento en hibernación del almacén de gas Castor

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Europa Press.– El mantenimiento de las instalaciones de la plataforma de almacenamiento de gas de Castor cuesta a las arcas del Estado unos 15,7 millones de euros al año, según ha indicado el propio Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de Equo, el diputado Juan López de Uralde.

Este proyecto de extracción de gas, instalado en el mar Mediterráneo frente a las costas de Castellón y Tarragona, fue aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2008 y comenzó a funcionar ya bajo mandato de Rajoy en 2012. Sin embargo, su actividad tuvo que suspenderse un año más tarde, después de que la zona en la que se situaba registrara una serie de seísmos.

Desde entonces, las instalaciones se encuentran en hibernación, siendo Enagás Transporte la sociedad responsable de su mantenimiento en condiciones seguras. Pero, según explica el Ejecutivo, a cambio recibe de las arcas públicas una compensación por los costes incurridos en la ejecución de tales funciones. Además, también le corresponde «la realización de estudios necesarios sobre la seguridad» de la plataforma. Para López de Uralde, esta información facilitada por el Gobierno demuestra que Castor «es un pozo sin fondo» para el erario público. «Todo ese dinero debería estar gastándose en impulsar la transición energética basada en renovables, en vez de mantener una estructura que no va a servir de nada ya», denunció.

En la pregunta registrada en el Congreso, el coportavoz de Equo recuerda al Gobierno que este proyecto ya ha costado a los españoles unos 1.350 millones de euros, en relación con la indemnización que el Ejecutivo aprobó en favor de Escal UGS, la sociedad a la que se concedió el desarrollo del proyecto. Por otra parte, López de Uralde también preguntaba por el posible desmantelamiento de las instalaciones y el coste que esto supondría, una pregunta a la que, sin embargo, el Gobierno no responde.

Equo plantea esta posibilidad después de los resultados obtenidos en el estudio encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Harvard, en el que se señalaba a las instalaciones de Castor como causantes de los seísmos detectados en 2013. Cuando se conoció el informe, el actual ministro de Energía, Álvaro Nadal apuntó que «lo ideal en un futuro», en su opinión, es poder desmantelar la instalación.

CCOO pide a Podemos, PSOE y Ciudadanos reconsiderar la moción que aprobaron en el Congreso ya que liquida la minería

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Europa Press.- Comisiones Obreras (CCOO) de Industria ha instado a Podemos, PSOE y Ciudadanos a reconsiderar la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en la que hacen varias peticiones al Gobierno ya que supone, a su juicio, «acabar con la minería del carbón». El sindicato subraya que estos partidos políticos, con la excusa de eliminar los combustibles fósiles, «desindustrializan, aniquilan empleos y desertizan comarcas enteras«.

El sindicato recuerda que en otras ocasiones estas formaciones políticas, en lugar de aniquilar un sector que mantiene «muchísimos puestos de trabajo», han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar «correctamente» los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono y que cumplen con todos los acuerdos europeos sobre combustión limpia. Asimismo, subraya que debe ser en el grupo de expertos creado por el Ministerio de Energía para analizar los escenarios de transición energética y cumplir con el Acuerdo de París donde se debe incidir en que los escenarios propuestos tengan en cuenta la sostenibilidad técnica, económica y social. Para CCOO, es «fundamental» una transición energética que contemple estas cuestiones.

Unidos Podemos demanda al Gobierno que defienda unos objetivos de energía y clima más ambiciosos ante la Unión Europea

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Europa Press.- Unidos Podemos, grupo parlamentario del que forma parte Equo, exigió al Gobierno una serie de objetivos verdes que deberá defender en el marco de la Unión Europea, dentro de la negociación del paquete de medidas legislativas Energía limpia para todos los europeos. Así lo hizo con una moción consecuencia de la interpelación que la coportavoz de Equo, Rosa Martínez, dirigió al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

En su iniciativa, Unidos Podemos plantea que el Gobierno defienda en las negociaciones comunitarias objetivos nacionales y vinculantes para situar en 2030 el uso de renovables en el 45% y el ahorro en eficiencia energética en el 40%. Este es uno de los objetivos con los que Unidos Podemos esperaba que el Congreso instara al Gobierno a redirigir su política energética en Bruselas. Otras de las medidas propuestas por Unidos Podemos pasan por defender el acceso prioritario de las energías renovables a la red eléctrica, el apoyo a las cooperativas de productores energéticos, el establecimiento de «una estrategia transversal contra la pobreza energética» y la obligatoriedad de un presupuesto de carbono en la Unión Europea.

Asimismo, también llaman a acabar con los mecanismos por capacidad, pues consideran que son «subvenciones encubiertas a las energías sucias» y, si no es así, recurrir a ellas siempre que no se supere el umbral de emisión de 350 gramos por CO2, como propone la propia Comisión Europea, para centrales ya existentes y nuevas. Otras de las medidas que incluyen en su moción son el fin de las subvenciones públicas a los agrocombustibles, que compiten con la producción alimentaria y contribuyen a la deforestación en países empobrecidos, reforzar la cooperación a nivel nacional, regional y municipal, y fijar una tasa de renovación de viviendas «eficientes, saludables y asequibles» del 3%.

Durante su interpelación Nadal, la dirigente de Equo afeó al ministro que España no se situara en el «eje París-Berlín» y se decantara por hacer «causa común con Polonia en defensa de las energías sucias». En el texto de la moción, Martínez critica que, aunque los objetivos propuestos por la Comisión Europea «no son todo lo ambiciosos que deberían para dar cumplimiento a los Acuerdos del Clima de París», la posición del Ejecutivo español «ha sido la de defender unos objetivos en energía renovables y eficiencia energética muy por debajo de los propuestos por la Comisión». De esta forma, la diputada de Unidos Podemos acusa al Gobierno de «defender una transición mucho más lenta de lo que es posible tecnológicamente».

Martínez critica que la posición española condicione cualquier objetivo y acuerdo a la construcción de nuevas interconexiones, que si bien concede que este elemento «será importante en la transición energética» asegura no compartir «la supeditación de los objetivos de renovables a la construcción de nuevas interconexiones». Así, advierte del «altísimo coste económico» de estas infraestructuras y vuelve a demandar «máxima transparencia y control» habida cuenta de su impacto ambiental. «Necesitamos más información y evidencias de la necesidad estratégica de estos proyectos: estudios de mercado, los cálculos, análisis de coste-beneficio, de la viabilidad de otras opciones (ahorro, almacenamiento, gestión de la demanda)… Estos informes deben ser públicos y debatidos, dado el esfuerzo que va a suponer en la factura eléctrica», asevera.

El Congreso pide facilitar la reapertura de las plantas de purines y extender a 25 años su vida útil regulatoria

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Europa Press.– El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines (residuos de origen orgánico, fundamentalmente procedentes de los estiércoles de los cerdos) y extender de nuevo su vida útil regulatoria a los 25 años. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PP ha optado por abstenerse.

Los socialistas, que llevaron esta iniciativa al Congreso, alegan que los recortes a la energía renovable aprobados por el Gobierno provocaron que todas estas plantas se fueran a la quiebra y que, a pesar de la restitución de las ayudas tras la sentencia del Tribunal Supremo, el recorte de 25 años a 15 de las mismas provocó que 3 plantas tuvieran que detener su actividad.

Marco adecuado para estas plantas

El texto aprobado por el Congreso pide establecer un marco adecuado para el desarrollo de estas plantas y del sector, pues «disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica, adoptando las garantías necesarias para preservar la calidad del aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales protegidas y la lucha contra el cambio climático».

Asimismo, el Congreso insta también al Gobierno a elaborar en 6 meses un Plan nacional de Tratamiento de Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en coordinación con las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados. Este plan deberá de prever el desarrollo de sistemas alternativos e incluir medidas que incentiven la biodigestión y el tratamiento sostenible de purines. Además, también pide diseñar un plan que permita al sector autofinanciar todos los procesos de tratamiento de los purines, mediante un sistema integrado de gestión en el que se aplique el principio de responsabilidad del productor a través de la gente que tiene el control económico efectivo del proceso productivo.

El Congreso reclama que las compañías de distribución eléctrica compartan con sus clientes la información de los nuevos contadores inteligentes

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Europa Press.- El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que las empresas de distribución eléctrica compartan con los clientes la información de consumo que les proporciona los nuevos contadores telegestionados o digitales. La propuesta, llevada a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital por el PP, ha sido respaldada además por el PSOE, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias, mientras que los diputados de Unidos Podemos han decidido votar en contra.

La finalidad es poder comparar su consumo con el de otros consumidores o establecer un análisis por períodos de tiempo, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias para que esto llegue a los consumidores finales. Por otro lado, el Congreso pide potenciar el desarrollo de aplicaciones que permita a los usuarios aprovechar todo el potencial de los datos de los contadores inteligentes e impulsar la adquisición de electrodomésticos eficientes que permitan aprovechar los datos de los contadores para una mayor eficacia energética y menor coste para los usuarios.

También llama a que las empresas de distribución publiquen en abierto los datos de consumo, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, para que a partir de ellos puedan sacar conclusiones sobre tendencias de consumo eléctrico. Por último, el Congreso reclama que las empresas comercializadoras establezcan una mayor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, como las cláusulas especiales de permanencia y penalizaciones, servicios adicionales, o información en relación al Precio Voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y al Bono Social, con el fin de que los consumidores puedan evaluar y comparar las ofertas con las de otros competidores «con información veraz, transparente, completa y sencilla».

El pleno del Congreso acepta tramitar la ley del PSOE para extender el bono social al consumo de gas natural

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Europa Press / Servimedia.- El pleno del Congreso ha aceptado tramitar la proposición de ley del PSOE para extender el bono social de la electricidad a los consumidores de gas natural u otros combustibles gaseosos por canalización, que sería cofinanciado por las empresas comercializadoras y las administraciones autonómicas. La iniciativa de los socialistas fue respaldada por Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís y Foro Asturias, mientras PP, PNV y UPN se abstuvieron. Ningún partido se posicionó en contra de su admisión a trámite.

La propuesta pasa por financiar este bono en los mismos términos que el bono social de la electricidad, recordando que varias administraciones autonómicas y ayuntamientos dedican partidas a costear el suministro energético. Asimismo, la proposición de ley recoge el impedimento del corte del suministro del gas entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, y nunca a aquellos servicios considerados esenciales o personas consideradas como consumidores vulnerables severos. Además, el PSOE propone ampliar de 2 a 4 meses el plazo para cortar el suministro a otros hogares vulnerables.

Deberá ser el Gobierno, en todo caso, el que determine qué es un consumidor vulnerable a través del desarrollo reglamentario posterior aunque, según señalan desde el PSOE, su propuesta es que se considere como tal a toda persona que tenga ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. El bono social recogido en la proposición socialista cubriría la diferencia entre la tarifa de último recurso y el valor base que establezca el Gobierno para los consumidores reconocidos como vulnerables, pudiendo ser distinta esta cobertura en función del consumidor. Los porcentajes de financiación que deberá asumir cada suministradora serían calculados anualmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En su defensa de la iniciativa, la portavoz de los socialistas de Energía, Pilar Lucio, defendió su importancia porque «la situación económica de las familias españolas no está para grandes fiestas, ya que nada ha mejorado para las familias con mayores dificultades económicas». A este respecto, denunció que entre 2007 y 2014 el precio del gas se ha encarecido un 67%, que España es el tercer país europeo con el precio del gas más caro, y que, en la actualidad, un 11% de los hogares no puede mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, recordó que entre los consumidores de gas natural hay muchos pensionistas, viviendas de protección oficial y familias con hijos pequeños.

Asimismo, ha recordado que la Unión Europea obliga a través de su directiva a la protección de los clientes vulnerables como un servicio público, directiva que, ha dicho, «el Gobierno sigue desoyéndola pese a estas dificultades». Por último, ha recordado que el Ejecutivo se comprometió a desarrollar en 3 meses el reglamento del bono social, donde debería definir el perfil de consumidor vulnerable. «Han pasado 10 meses desde la publicación de decreto ley. Se acerca el invierno y no sabemos ni cuándo ni cómo se va a articular», ha lamentado.

En nombre del PP, Guillermo Mariscal, mostró su apoyo a un mecanismo que refuerce la posición de los consumidores, aunque ha instado a abandonar la política a corto plazo en cuestiones energéticas y ha afeado los «graves errores técnicos» de los que, a su juicio, adolece la ley.  Por ello, ha llamado a evitar «medidas de este tipo buscando únicamente el populismo» y a tener en cuenta la sostenibilidad financiera de cada medida propuesta, un extremo que, ha defendido, su bancada lleva «en el ADN». «Lo que aprobemos, que se pueda pagar. No traslademos la deuda al futuro», ha aseverado.

Pese al apoyo manifestado, la iniciativa ha despertado duros reproches desde Unidos Podemos y ERC. Así, la portavoz deEn Marea, Yolanda Díaz, criticó que se encargue al Gobierno en un desarrollo la definición de consumidor vulnerable para el gas, lo que considera «un cheque en blanco» y «absolutamente cómodo para el PP«.  «No sé cómo se fían cuando llevamos 10 meses sin reglamento», aseveró. En este sentido, ha desmentido que los ayuntamientos hayan contado con financiación complementaria para abordar la pobreza energética, tal y como prometió el Ministerio, y pidió «intervenir en el precio de la energía sin cortarse». «O estamos de lado de las multinacionales o de lado de los derechos fundamentales«, sentenció.

Mientras, Joan Capdevila, de Esquerra Republicana de Cataluña, ha lamentado que la propuesta se quede «muy lejos» de la legislación catalana, suspendida por el Tribunal Constitucional, y que no se haya apostado por un modelo energético renovable y más democratizado, que favorezca a productores más modestos. «Votaremos a favor, pero esperando no enmendar, ya que si gana el Sí en el referéndum, la Ley energética volverá a estar en vigor manteniendo una mínima dignidad a las víctimas de sus políticas energéticas y sociales», ha dicho.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, acusó al PSOE de oportunista por lanzar esta iniciativa que ya fue aprobada en Comisión a propuesta de Ciudadanos y que no fue tenida en cuenta por el PSOE al negociar el bono social eléctrico, por lo que ha manifestado no saber si los socialistas están interesados en resolver la pobreza energética o en convertir esta cuestión en «propaganda política». En sus intervenciones también anunciaron su voto favorable el PDECat y Foro Asturias. Por parte del PDeCAT, Miriam Nogueras también ha recordado la legislación catalana, que ya recogía las medidas contenidas, mientras que desde Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca ha calificado de «razonable dotar de amparo legislativo a familias que están sumidas en la pobreza energética».

Idoia Sagastizabal, del PNV, tachó la propuesta socialista de «parches» y ha recordado que en el País Vasco existe un compromiso de las compañías para no suspender el suministro y que se articulan medidas entre diferentes instituciones. «Reconocemos esta realidad y no queremos dejar a nadie atrás», ha dicho, avanzando su abstención, pues ha justificado que los ayuntamientos ya se ocupan de estas medidas y que en la mesa de transición energética se abordan igualmente.

Podemos recurre ante el Tribunal Constitucional el veto del Gobierno a su propuesta de cierre progresivo de las centrales nucleares

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EFE.- El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el veto del Gobierno, confirmado después por la Mesa del Congreso, a la toma en consideración de su proposición de ley para el cierre progresivo de las centrales nucleares.

El recurso se presenta tras la desestimación el 6 de junio por parte de la Mesa del Congreso del escrito de reconsideración que había presentado Podemos y en el que rechazaba el veto del Gobierno amparándose en el principio de estabilidad presupuestaria. Por contra, Podemos considera que el cierre nuclear progresivo no afecta al presupuesto en vigor, ni tampoco tendría efectos presupuestarios en el ámbito de 3 años cubierto por los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha insistido en que su grupo hará «todo lo posible» para proteger los derechos de los diputados que la Mesa del Congreso, «dominada por el PP y Ciudadanos», no defiende ante el «uso abusivo» de la prerrogativa del Gobierno de vetar proposiciones de ley que tengan afectación presupuestaria. «No puede ser, no es democrático que una cuestión de gran trascendencia, como es el cierre o la continuidad de las centrales nucleares, se resuelva unilateralmente por el Gobierno a través de órdenes ministeriales, sin ningún tipo de participación del Congreso, de los representantes de la ciudadanía», denunció.

Por su parte, el diputado Juan López de Uralde (Equo) ha asegurado que «las centrales nucleares españolas están llegando al final de su vida y van a cerrarse en todo caso. Nuestra propuesta es que se haga de forma ordenada y segura«. La proposición de Unidos Podemos planteaba el cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, con el fin de lograr el apagón nuclear en 2024. El calendario de cierre que proponía es que Garoña no se reabra, que se cierre Almaraz en 2020, Vandellós en 2020, Ascó y Cofrentes en 2021, y por último Trillo en 2024.

Podemos En Marea quiere reformar la Ley del Sector Eléctrico para que el Estado tenga una participación en las distribuidoras

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EFE.- La portavoz de En Marea en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, ha presentado una proposición no de ley por la que pretende reformar la Ley del Sector Eléctrico para modificar el régimen de propiedad de las empresas distribuidoras y conseguir una mayor participación del Estado. Esta participación se llevaría a cabo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para la que se establecería un umbral mínimo de participación del 20%.

Yolanda Díaz ha presentado esta iniciativa acompañada del ingeniero y colaborador de En Marea, José Bembibre, junto al cual ha defendido la importancia de que la red de distribución energética sea de titularidad pública. Díaz ha denunciado que «el actual modelo energético» es un «negocio especulativo que está en manos de 5 grandes multinacionales que están expoliando derechos fundamentales de las personas a través de la energía«. Así pues, la representante de En Marea ha manifestado que se da una situación «anómala» en este sector, en el que se permite que 5 empresas» controlen todos los procesos de la energía, como son la distribución, producción y comercialización de la misma».

Por ello, ha querido defender que su iniciativa tiene como objetivo «atacar de lleno un sistema que es un auténtico expolio y un enorme negocio para las multinacionales» y lograr su «democratización». Asimismo, la portavoz de la candidatura de confluencia ha señalado que este tema tiene especial importancia para Galicia, por la dispersión geográfica de su rural, en el que se deben desarrollar fórmulas de producción local al estilo de las que se promueven por toda Europa. La proposición se debatirá en el próximo período de sesiones, que dará comienzo en el mes de septiembre.

Nombrados los 14 expertos de la comisión sobre transición energética con las críticas de Ciudadanos y el ausente sector gasista

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EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía aprobó la designación de los 14 expertos que compondrán la comisión encargada de elaborar un informe sobre los diferentes escenarios de transición energética y las alternativas de combinación de las distintas fuentes de energía. Estos expertos son Jorge Aragón, Javier Arana, Luis Atienza, Jose Luis de la Fuente O’Connor, Miguel Duvison, Cristóbal José Gallego Castillo, Ignacio Grangel, Oscar Lapastora, Pedro Linares, Diego Rodríguez, Txetxu Sáenz de Ormijana, Josep Sala i Prat, Jorge Sanz y Guillermo Ulacia.

La comisión de expertos «independientes y de reconocido prestigio», que será presidida por Sanz, fue nombrada tras consultar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. El objetivo de este grupo es analizar las posibles alternativas de política energética, para lo cual tendrán en consideración su impacto medioambiental y económico, así como que permitan cumplir con los objetivos establecidos. Su informe recogerá alternativas sobre la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) para que se pueda llevar a cabo «una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono«, según explicó el Ministerio.

El Gobierno aprobó en julio la creación de este grupo para elaborar un informe en 6 meses. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo. También evaluará el objetivo de penetración de renovables en función de diferentes niveles de interconexión con el continente europeo y la contribución de las políticas de eficiencia energética.

Ciudadanos denuncia falta de independencia

La portavoz de Energía del grupo parlamentario Ciudadanos, Melisa Rodríguez, envió una carta al ministro Álvaro Nadal en la que lamenta la «falta de independencia» de los integrantes del grupo de expertos. En su opinión, la composición del grupo cuenta con un peso «notablemente político», en lugar de caracterizarse por la independencia de sus miembros, como exigen los requisitos aprobados en el Congreso. «Dudamos de que con la composición propuesta por el Ejecutivo se pueda consolidar esa imparcialidad», ha apuntado.

Melisa Rodríguez ha apostillado que la iniciativa aprobada en el Congreso exige que este grupo esté compuestos por «especialistas de reconocido prestigio» que aseguren la independencia y la pluralidad de opiniones. Por ello, ha instado al Gobierno a que asegure «la mayor independencia y rigor posibles» en la elaboración del grupo de expertos y en el conjunto del proceso normativo para el cambio climático y la transición energética, con el fin de garantizar que las decisiones que se tomen en política energética estén avaladas de manera suficientemente objetiva e informada.

De los 14 miembros que conforman esta comisión, 4 debían ser designados por el Gobierno, (7) uno por cada grupo parlamentario y 3 por los agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Ante las objeciones de Ciudadanos, cabe recordar que son Luis Atienza, exministro de Agricultura durante el último Gobierno de Felipe González y expresidente de Red Eléctrica de España; el actual director general de Operación de REE, Miguel Duvison; el expresidente de Carbunión, Oscar Lapastora; y el actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y expresidente de Gamesa, Guillermo Ulacia.

Junto a Atienza, Ulacia, Duvison y Lapastora, también forman parte del grupo Jorge Aragón Medina, elegido por CCOO; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI y de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y propuesto por Ciudadanos; Cristóbal José Gallego, investigador en energía eólica, miembro del Observatorio de la Energía y elegido por Podemos; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía y opción del PNV; y Josep Sala i Prat, empresario del sector de renovables y propuesto por ERC.

Además, figuran Javier Arana, exsubdirector general de Energía Nuclear; Ignacio Grangel, exjefe de gabinete de la secretaría de Energía en la época de Alberto Nadal y actual director de la Asesoría Jurídica de REE; Jorge Sanz Oliva, exdirector general de Política Energética y Minas; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y responsable de Vigilancia Estratégica e Inteligencia Tecnológica de Iberdrola; y Diego Rodríguez, exconsejero de la CNMC.

Ausencia del sector del gas

Por su parte, el sector gasista ha lamentado su ausencia del grupo de expertos. En este sentido, fuentes del sector indicaron que su presencia en esta comisión de expertos es «fundamental» con el fin de «poder trasmitir su conocimiento en esta fase preparatoria de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética». Por ello, subrayaron que es «esencial» contar con la visión de expertos «en todas aquellas energías limpias que van a ocupar, ineludiblemente, un papel importante en la futura Ley». «Y el gas es una de ellas», añadieron.

Así, lamentaron que el sector del gas no esté representado en un grupo donde sí que tienen presencia a través de sus miembros otros sectores implicados en la transición energética, como el carbón, la electricidad, el petróleo o la nuclear. De esta manera, consideran que el sector podría aportar para ese comité a expertos como María Sicilia, directora de Estrategia de Enagás y que anteriormente trabajó en el Ministerio de Energía, en Iberdrola Renovables o en la Agencia Internacional de la Energía; o Marta Margarit, que ocupa desde hace 10 años el cargo de secretaria general de la patronal Sedigas.

Izquierda Unida pide la comparecencia del presidente del CSIC para explicar los «riesgos» del proyecto de Gas Natural en Doñana

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Europa Press.- Mientras Podemos pide desde Andalucía la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, y que el organismo aclare su postura «oficial» sobre el proyecto de Gas Natural Fenosa en Doñana, la diputada andaluza de Izquierda Unida, Eva García Sempere, ha registrado la petición de comparecencia urgente del presidente de la agencia estatal para que explique los posibles «riesgos», tanto sísmicos como de contaminación, del proyecto.

García Sempere solicita que el responsable del máximo organismo público científico y de investigación del país explique en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso todos los datos de que disponga en relación a ese «proyecto de gaseoducto de Doñana, sobre el riesgo sísmico que puede suponer la ejecución total o parcial del proyecto y sobre el riesgo de contaminación o afecciones graves al acuífero de Doñana«, la mayor reserva de la biodiversidad en Europa.

La parlamentaria de Izquierda Unida por Málaga, encuadrada en Unidos Podemos, considera «muy importante que el presidente del CSIC se explique y que se le pueda preguntar en sede parlamentaria, mucho más ante las sucesivas polémicas que ha protagonizado al frente del organismo científico en relación a este delicado asunto«. Así, ha recordado que «ante las reiteradas exigencias de asociaciones, grupos ecologistas, sindicatos como CCOO y formaciones políticas para que el CSIC tomara cartas en el asunto y se implicara en la protección de este patrimonio natural», la respuesta «ha oscilado entre la completa falta de iniciativa o el entorpecimiento al trabajo que realizan otros representantes de la comunidad científica».

García Sempere hace referencia a un informe, sin autoría definida, emitido por investigadores del CSIC a petición del Defensor del Pueblo andaluz y que es «contundente», según la diputada de Izquierda Unida, en contra del proyecto de Gas Natural al señalar, entre otras cuestiones, que «debido a que los 4 proyectos actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas y fallas, se considera que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto, incluyendo los 4 subproyectos en que se subdividió, sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar».

Para García Sempere, «quizás algunos partidos vean normal que el máximo responsable de un organismo científico público escriba cartas para dar explicaciones a la multinacional Gas Natural, implicada en multimillonarios y peligrosos proyectos; nosotras no lo hacemos«. Así, la diputada espera «oír las explicaciones que dé el presidente del CSIC para comprobar de primera mano si su labor está más cerca de una imprescindible independencia científica o de los argumentos de quien depende su nombramiento, en este caso, del ministro de Economía, Luis de Guindos».

Podemos Andalucía pide su dimisión

Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, a través de su diputada autonómica Mercedes Barranco, reclamó la «dimisión» de Emilio Lora-Tamayo por el «grave escándalo del que está siendo protagonista» en relación al polémico informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz sobre el proyecto que promueve Gas Natural Fenosa en Doñana, al tiempo que ha solicitado al propio CSIC que aclare su posición «oficial» al respecto de dicho proyecto, que la formación morada rechaza. Así lo ha pedido la diputada Mercedes Barranco en el Parlamento andaluz, que ha criticado la actuación del presidente del CSIC respecto al referido informe que contiene unas «conclusiones contundentes sobre los grandes riesgos sísmicos» que acarrea el proyecto.

Barranco ha relatado que el referido informe está realizado «en base a otro informe que hizo el investigador Miguel de las Doblas», científico cuya relevancia ha destacado porque «fue el que alertó de los peligros de la plataforma Castor», proyecto que está siendo objeto de una investigación «por presunta prevaricación contra el medio ambiente«, de forma que tanto «el Estado como la empresa están siendo investigados y que nos está costando a todos los españoles 1.350 millones en concepto de indemnización por la paralización del proyecto». Además, también ha indicado que entre los investigados figuran miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), porque dicho proyecto contaba con un «informe favorable» de dicho organismo.

Barranco ha incidido en que el informe del CSIC en relación a Doñana «advierte de que, aunque el proyecto se haya troceado en 4 subproyectos, los cuatro afectan a un único acuífero, el acuífero Almonte-Marismas, y a una misma zona sísmica, placa o falla», de forma que «alerta de que si el proyecto se pone en marcha sería sumamente peligroso por los riesgos sísmicos» y «pide que se paralice el proyecto en virtud del principio de precaución que establece la Unión Europea, y que se haga una investigación por un equipo multidisciplinar e independiente de los riesgos sísmicos del proyecto«.

La diputada de Podemos ha criticado que «lo más inaudito» tras conocerse dicho informe son las «declaraciones inadmisibles» que a su juicio ha realizado el presidente del CSIC, poniéndose «de lado de las grandes empresas del Íbex 35; en este caso de Gas Natural Fenosa«, además de que «deslegitima la opinión de uno de los científicos más prestigiosos en temas sísmicos, y echa piedras sobre su propia institución poniendo en cuestión el buen trabajo de los científicos del CSIC». Tras insistir en que «es sumamente grave que el presidente del CSIC se dirija a Gas Natural para rendirle pleitesía», Mercedes Barranco ha reclamado «su dimisión» y ha recordado que el presidente del CSIC «es nombrado por el Consejo de Ministros».

Asimismo, ha anunciado que Podemos va a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Andalucía del delegado institucional del CSIC en Andalucía, Miguel Ferrer, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, «para que aclare esta situación y explique las medidas legales que la Junta va a llevar a cabo para paralizar el proyecto de gas». En ese sentido, Barranco está convencida de que «ya ha llegado el momento» de pasar a la acción para paralizar el citado proyecto de Gas Natural. Asimismo, la parlamentaria de Podemos ha considerado también «fundamental» que el CSIC aclare la «propia posición oficial del organismo sobre Doñana».

Barranco ha criticado que «esta maraña pueda servir al final para lavar la cara del PSOE respecto al proyecto de almacenamiento y extracción de gas», cuando éste, según apostilló, «no sería posible sin la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que emitió el Gobierno andaluz aun sabiendo que incumplía directivas europeas, que había sido troceado y que no cumplía la legislación básica».

No obstante, la diputada de Podemos agradece la «rectificación» que, a su juicio, está protagonizando el PSOE «en los últimos tiempos», y le ha dado la «bienvenida a la defensa de Doñana», de la que Podemos Andalucía nunca se ha salido desde su llegada al Parlamento autonómico, según reivindicó Barranco. En esa línea, garantizó que Podemos mantendrá una actitud de «oposición leal» y «apoyará» al Gobierno de Susana Díaz «si está realmente interesado en paralizar el proyecto», para lo cual le ha exigido que «vaya de una vez a los tribunales, actúe de una vez por todas y se deje de la política de anuncios«.