Greenpeace pide al Gobierno «hechos» como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras cumplir sus primeros 100 días

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Europa Press.- Greenpeace ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez, que cumple 100 días desde que asumió el Ejecutivo, que pase de las «buenas intenciones» a los «hechos» concretos para proteger el medio ambiente como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la introducción de impuestos verdes para que esta no sea otra «legislatura fallida». La ONG recuerda también al Ejecutivo que debe abolir el impuesto al sol, pese al «reiterado» anuncio de su derogación.

El balance de Greenpeace sobre estos primeros 100 días de Gobierno es que a pesar de los gestos positivos, las medidas tomadas en materia de protección del medio ambiente en este período han sido «pocas y no están a la altura de la amenaza del cambio climático«. Por ello, insiste en que es «necesario» acometer acciones concretas y contundentes antes de que finalice el año.

En el lado positivo, la ONG valora el cambio de posición española en las negociaciones europeas del Paquete de Invierno inmediatamente tras formar Gobierno, pero advierte de que tres meses después «aún no se ha abolido el impuesto al sol» ni hay una hoja de ruta para desbloquear el autoconsumo. También considera positiva la decisión del Gobierno de paralizar el permiso de construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Por el contrario, insiste en la falta del borrador de la Ley de Cambio Climático ni del Plan de Energía y Clima con fecha de cierre para el carbón y la nuclear antes de 2025.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, denuncia que en estos 100 días se ha hablado mucho pero no se ha tomado ninguna decisión efectiva para la reducción de la demanda de petróleo para el transporte y la mejora de la calidad del aire en las ciudades, que debería empezar con el fin de los privilegios fiscales para el diesel, tal y como anunció Pedro Sánchez, y determinar un calendario para el fin del uso de combustibles fósiles en automoción.

CCOO y el Gobierno socialista de Asturias acusan a Ribera de poner «en jaque» a la industria con sus «devaneos»

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EFE.- El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha reclamado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no debe definir una senda de descarbonización «que fuerce una nueva reconversión» en Asturias, dado que afectaría a la viabilidad futura de la industria regional. Más duro se mostró el sindicato CCOO, que ha asegurado que los «devaneos» del Gobierno en política energética están poniendo «en jaque» a la industria y ha acusado al Ejecutivo de cometer «errores estratégicos».

El sindicato ha criticado la «vehemencia» de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha anticipado medidas “sin tener en cuenta” cuál será su impacto en un sector básico para la economía como es la industria y que “se ha equivocado” al hablar del carbón y al referirse al diesel. «Teresa Ribera ignora que su desconocimiento de la realidad industrial tendrá consecuencias en las personas, en las empresas y en regiones enteras», ha afirmado CCOO de Industria. En este sentido, el sindicato reclama al Gobierno «cordura, sensibilidad, flexibilidad y voluntad» para conseguir un consenso entre las partes afectadas.

CCOO ha tachado de «irresponsabilidad temeraria» la «política antidiesel» del Gobierno, cuando, ha apuntado, no existen razones técnicas que la justifiquen. Así, ha insistido en que no se justifica la subida de impuestos al carburante diésel por cuestiones medioambientales y que no comparte que, para proceder al cambio energético, haya que prescindir del carbón sin tener presente el impacto que puede conllevar para la actividad económica, social y medioambiental. Por ello, ha defendido que los objetivos que se propongan para limitar las emisiones estén acompañados de medidas industriales, financieras, educativas y sociales y que se maneje «con inteligencia» la transición.

Por otro lado, ha agregado que tanto el paquete de movilidad como el de transición energética que ha avanzado el nuevo Gobierno no tienen en cuenta cuáles serán las consecuencias de su implantación e ignoran a algunas tecnologías. «Consideramos que, antes de tomar una decisión que pueda perjudicar de forma irreversible estas expectativas, es preciso facilitar los instrumentos y las soluciones necesarias para que el resultado no suponga un proceso traumático para las personas, las empresas y las regiones», insistió.

Asturias, preocupada por su industria

Por su parte, el presidente de Asturias ha rechazado una descarbonización que «suponga el fin de las centrales térmicas de carbón entre 2020 y 2025 con el empleo y la logística a ellas asociado» y que afecte también al precio de la electricidad. En este sentido, ha reiterado que en un sector regulado como el eléctrico «no parece sensato que las empresas tengan libertad de decisión para proceder al cierre de instalaciones de generación» y es al Gobierno de España «al que le corresponde decidirlo como regulador». «No deben ser las compañías eléctricas las que interpreten el interés general, y menos aún las que regulen el sector a través del Gobierno», ha puesto de manifiesto.

El PP de Aragón pide un pacto nacional para la transición energética que apueste por mantener el carbón hasta 2030

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EFE.- La diputada autonómica popular en las Cortes de Aragón, Dolores Serrat ha planteado una iniciativa para que el Gobierno de Aragón solicite a su homólogo nacional un pacto de Estado por la transición energética que incluya una «descarbonización» más lenta y un Plan Miner que apueste por el carbón hasta 2030.

Con esta iniciativa los populares pretenden que las palabras de «transición justa» expresadas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, se traduzcan en «hechos reales», ha explicado Serrat.

Este pacto deberá recoger los cambios legislativos necesarios, coordinación y una apuesta por la investigación en nuevas tecnologías para dotar de viabilidad al llamado «carbón limpio».

La diputada del PP, quien ha confiado en mantener la unanimidad entre los grupos parlamentarios aragoneses en la defensa del carbón en la provincia de Teruel, ha indicado que la transición energética es uno de los procesos fundamentales para cumplir los objetivos marcados en la cumbre por el clima de París en 2016, pero no el único.

Además, a su juicio, es un «error» plantear la transición energética como un «proceso de descarbonización» o como una «confrontación» entre el carbón y las renovables, así como actuar con prisas, sin una perspectiva global y sin analizar las consecuencias de todo tipo que se puedan derivar.

Por ello, ha considerado un «error» que el Gobierno de Sánchez haya centrado su política energética en la «descarbonización exprés», que ha generado una situación de «temor e incertidumbre», ha desincentivado a las empresas para tomar medidas para reducir sus emisiones y ha dejado en evidencia las «profundas discrepancias» dentro del PSOE.

«Muy lamentablemente», ha alertado, si el Gobierno no actúa «de inmediato», 7 de las 15 centrales que queman carbón cerrarán, entre ellas la de Andorra, y se pondrán en jaque más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Del mismo modo, Dolores Serrat ha apuntado que el Ejecutivo central no ha tenido en cuenta la dependencia que el sistema tiene todavía del carbón, dado que las renovables todavía no son capaces de suplir toda la demanda en determinados momentos.

Además, ha asegurado que el carbón de Aragón es el más competitivo de España y que, de sustituirlo por el gas, que es más costoso, algunos estudios indican que encarecería hasta un 16% la factura eléctrica.

En su opinión, una transición energética justa y coherente requiere de una estrategia global, que analice consecuencias para los territorios y para la economía y, sobre todo, que recabe consensos.

A este respecto, ha llamado la atención sobre las discrepancias mantenidas desde el Gobierno autonómico, que se han expresado «con voz baja» y «con sordina», de igual forma que los representantes del sector.

No obstante, la diputada ha confiado en que de la reunión prevista para el próximo 11 de septiembre entre la ministra y los representantes sindicales del sector salga una vía más lenta para eliminar el carbón, así como que se materialice la oferta a Ribera para que conozca las cuencas mineras aragonesas.

Ribera dilata 20 días las explicaciones en el Congreso por la subida en el precio de la luz

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Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá en el Congreso de los Diputados el próximo 19 de septiembre para explicar las circunstancias que están determinando el incremento en el precio de la electricidad registrado en los últimos meses, que se ha agudizado en agosto con un encarecimiento del 35,5% con respecto al mismo mes del año pasado y ha registrado su nivel mensual más alto desde enero de 2017. El Ministerio promete abordar “cambios estructurales” necesarios para acometer esta situación.

Ante la subida de los precios de la electricidad, el Gobierno ha asegurado estar trabajando en políticas que permitan una “evolución racional de los precios, en un futuro con un incremento de las energías renovables, prestando al mismo tiempo especial atención a los consumidores más vulnerables”, según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento ha señalado que la coyuntura actual es consecuencia de un modelo energético y de funcionamiento de mercado “caracterizado por la volatilidad de precios y la desprotección a los colectivos más vulnerables”. Por ello, asegura que está preparando “reformas sustantivas” que faciliten la transición energética, al tiempo que “garantiza la protección de estos colectivos”.

Para trasladar al Congreso su intención de abordar «con valentía» los cambios estructurales que considera como necesarios para acometer esta situación, Ribera comparecerá el 19 de septiembre en comisión parlamentaria. En su comparecencia, Ribera abordará este encarecimiento en el precio de la luz y aprovechará también para tratar el estado actual del bono social eléctrico y la pobreza energética, según indicaron fuentes ministeriales. La ministra tiene también previsto acudir a la Cámara Baja la próxima semana, el día 6 de septiembre, para explicar la paralización del almacén de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas.

El precio medio del mercado eléctrico español ha alcanzado en agosto los 64,3 euros por megavatio/hora, un 35,5% más que en el mismo mes de 2017 (47,46 euros) y es su nivel mensual más alto desde los 71,4 euros registrados en enero de 2017, mes que estuvo marcado por los picos en el precio de la electricidad, después de la ola de frío en la segunda quincena del mes que llevó a tocar los registros más elevados desde diciembre de 2013, superando en algunos momentos de puntas la cota de los 100 euros por MWh.

Así, a lo largo de agosto se han llegado a registrar los diez precios diarios del pool más altos en lo que va de 2018, superando el pasado 29 de agosto los 70 euros por MWh. El Ministerio considera que la evolución de los precios en los últimos meses se debe al “incremento muy significativo de los costes de los combustibles y los derechos emisión de CO2 en los mercados internacionales; a una reducción de la participación de la energía eólica; a una producción nuclear inferior a lo habitual debido a operaciones de mantenimiento, y al incremento de la demanda por las altas temperaturas estivales”.

Situación similar a nivel europeo

Asimismo, el Ministerio subraya que desde el pasado junio se está realizando un seguimiento «exhaustivo» de la situación, y para ello se está recabando información periódica del Operador del Mercado Ibérico (OMIE) y se mantiene contacto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en virtud de sus funciones de supervisión como garante de la transparencia y la competencia en el mercado. No obstante, subraya que esta evolución de precios crecientes no es «una situación aislada al sistema español», siendo similar en los principales mercados europeos, que están viéndose también afectados por los costes de combustibles y derechos de emisión de CO2.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018, por quinto año consecutivo, los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

De esta manera, este incremento en el precio mayorista de la electricidad supondrá un aumento de casi el 3% con respecto al pasado mes de julio en el recibo de electricidad de este mes de agosto de los consumidores, encadenando así su cuarto mes al alza. Con respecto al mismo mes del año pasado, el encarecimiento registrado este agosto en el recibo es de un 12% y en lo que va de año es un 0,89% más caro que en el mismo periodo de 2017.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya mostró su preocupación durante este verano por el “alto” precio actual de la energía, a pesar de tratarse de una “situación coyuntural”, y aseguró estar preocupada por si había “algo más” detrás de este encarecimiento en la electricidad, por lo que anunció que estaba realizando un “análisis del comportamiento” para “garantizar que el mercado funciona correctamente“, una investigación para la que el Ministerio de Transición Ecológica ofreció su “colaboración”.

En los últimos meses, el Gobierno señala que ha mantenido a nivel europeo importantes encuentros para enfocar cuestiones sobre la energía, como el del pasado 27 de julio, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, participaron en la cumbre sobre Interconexiones junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde abordaron proyectos para que la Península Ibérica deje de ser una «isla energética» en la Unión Europea.

Además, el secretario de Estado de Energía se reunió en agosto con su homólogo portugués, Jorge Seguro, para tratar el alza de los precios de la electricidad en ambos países, «una situación que preocupa y ocupa a los Gobiernos de España y Portugal». Ambos países acordaron hacer un seguimiento e intentar coordinar medidas para paliar, en lo posible, los altos precios del mercado mayorista que redundan directamente en las facturas que deben abonar los consumidores.

El PP castellano-manchego afirma que «nunca» ha habido «motivaciones» para paralizar el ATC y el PSOE le reprocha su «entusiasmo»

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Europa Press.- La diputada autonómica del PP, Claudia Alonso, ha asegurado que «nunca» ha habido «motivaciones» para la paralización de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la localidad conquense de Villar de Cañas ya que, según la popular, fue el PSOE quien puso en marcha esta cuestión durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, Alonso reivindica que el PP «siempre ha sido coherente» respecto a esta instalación, al tiempo que ha aseverado que el presidente regional, Emiliano García-Page, «debe pintar poco» en el PSOE ya que «le hacen bastante poco caso». Para Alonso, esta infraestructura es «necesaria» para una zona «deprimida económicamente». La diputada se pregunta dónde está el «famoso plan» que García-Page anunció «poco después de la investidura» que iba a realizar en esta zona de Cuenca para ayudarla a crecer económicamente. «No ha hecho nada, anunciar, vender, pero hacer no ha hecho nada», recriminó.

Por su parte, el diputado socialista, Fernando Mora, ha aseverado que el PP está «entusiasmado» con que un «basurero venga a Castilla-La Mancha» para que los vecinos de Villar de Cañas se pongan «amarillos como Los Simpson«. Mora cree que quien piense que esta instalación es desarrollo «se está equivocando» y «no sabe por dónde va», ya que Castilla-La Mancha «no puede ser una tierra de basureros, una tierra abandonada», que es lo que quieren, a su juicio, los populares.

Izquierda Unida respaldará una propuesta de Castilla y León en apoyo al carbón si reclama la nacionalización del sector energético

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EFE.- Izquierda Unida apoyará el documento propuesto por la Junta de Castilla y León de apoyo a la minería del carbón si incluye la creación previa de empleo garantizado y estable para las comarcas mineras y la nacionalización del sector energético.

Así lo ha trasladado el representante de Izquierda Unida en el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, Santiago Rodríguez Alonso, quien ha exigido estos puntos. En concreto, Rodríguez ha explicado la necesidad de la creación previa de empleo público garantizado antes de que se produzca cualquier cierre en el sector, así como la nacionalización del sector del carbón para que pueda ser planificado y gestionado en función de las necesidades de la población y el futuro de las comarcas mineras.

«Para ello, es preciso crear un escenario donde el carbón sea una reserva estratégica nacional, ya que es una de las pocas fuentes de energía autóctona del país, en un entorno de fuerte dependencia exterior, lo cual garantizaría la continuidad de la actividad de la minería interior del carbón», explicó Rodríguez. «Solo siendo público el sector energético se puede planificar que el carbón sea realmente una reserva estratégica nacional», insistió el representante de Izquierda Unida en la Comisión de Seguimiento. Una nacionalización que, según Rodríguez, es legal ya que la Constitución permite esta intervención para preservar el interés general de un servicio esencial y mantener el empleo en la zona.

Asimismo, Izquierda Unida ha criticado el Plan de Dinamización ya que, a su juicio, se está utilizando para tapar la falta de inversión en estas zonas que debería estar haciendo la propia Junta, a la que ha pedido que especifique dónde va el dinero público y qué empleo crea. «La Junta sigue manteniendo una opacidad absoluta que impide el mínimo ejercicio de transparencia y control por parte de la mesa de seguimiento, dado que es una de sus funciones principales del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras», denuncia Rodríguez.

El PSOE defiende que el Gobierno elaborará una estrategia global del sector energético antes de decidir sobre el ATC nuclear

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EFE / Europa Press.- El grupo parlamentario socialista ha pedido al PP la retirada de la solicitud de comparecencia ante el Congreso de la ministra Teresa Ribera, ante la propia solicitud presentada por la encargada de la cartera de Transición Ecológica para explicar la resolución que paraliza el Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y de los residuos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca.

Así lo ha explicado la diputada socialista Pilar Lucio ante los miembros de la Diputación Permanente del Congreso en relación a las preguntas del PP sobre el ATC. Lucio ha señalado que la suspensión se ha adoptado ya que, después de 6 años de Gobierno del PP, se encontraron con «una falta de previsión para la gestión de los residuos nucleares, fruto de la inacción y a falta de una estrategia global del sector energético«.

La socialista ha destacado que el Gobierno se ha limitado a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación para analizar la situación». Por ello indicó que en el Ministerio se está a la espera de un «estudio sobre el volumen total de residuos, el mix energético y la idoneidad de los terrenos». «Hay que garantizar una gestión segura, algo que no hizo el PP», ha remarcado Lucio.

El Gobierno socialista, según indicó, «ha asumido la descarbonización, con una transición energética» a corto y largo plazo, por ello está concluyendo el Plan nacional integrado de energía y clima, que «deberá presentar a la Unión Europea a finales de 2018». Asimismo, consideran necesario actualizar el cuarto Plan de residuos de 2006, algo que «no se hizo» durante la anterior legislatura, y que estaba prevista su puesta en marcha para 2010, por lo que han sido necesarios los almacenes individualizados.

«No es el propósito gastar más dinero», ha remarcado en relación al coste de 70.000 euros diarios de almacenamiento en Francia de los residuos nucleares españoles, pero es una «cuestión de política energética y gestión de residuos global». Finalmente, ha concluido que, para explicar todo ello, la solicitud ya la presentó la ministra, por lo que ha pedido la retirada de la solicitud del PP.

Por su parte, la diputada del PP por Castilla-La Mancha, Rosa Romero, reiteró la solicitud de comparecencia de Ribera al señalar que durante su comparecencia del pasado julio la ministra “ocultó la decisión adoptada con anterioridad y que ya se había comunicado al CSN”. Además, señaló que el ATC es “un proyecto fundamental para la seguridad nuclear nacional y para el desarrollo de la comarca, que incluiría la construcción de un parque de desarrollo e investigación y la inversión de 1.000 millones de euros”. Asimismo, instó a la ministra a que ponga encima de la mesa las «alternativas» al ATC.

El diputado por Ciudadanos, Antonio Roldán, ha apoyado la solicitud del PP y ha señalado que el ATC «estaba aprobado en el sexto plan de residuos» y la «posición de Ribera no se ha explicado de forma amplia«. Por ello, Ciudadanos ve necesario que explique «en detalle» esta decisión, y especialmente «una alternativa» y «plan» para el almacenamiento de esos residuos, más allá «de ocurrencias».

Desde Unidos Podemos, Josep Vendrell acusó al PP de «cinismo» por reclamar esta comparecencia de la ministra que, a su juicio, «acumula chapuza tras chapuza» del Gobierno anterior. «Seremos exigentes, es necesario un plan de cierre de centrales nucleares», resaltó. Por ello, Vendrell ha apoyado la suspensión del ATC porque «es un primer paso» para el cierre de las centrales nucleares. Vendrell ha achacado al PP haber tomado la decisión de construcción del ATC «más por razones políticas que económicas«, y ha añadido que varios informes desaconsejan la ubicación del ATC en Villar de Cañas.

José Luis Navarro, consejero del Gobierno de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)

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EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido las peticiones del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: el extremeño José Luis Navarro, hasta ahora consejero de Economía e Infraestructuras del gobierno autonómico de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), entidad pública encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto de España.

Navarro ha estado al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura desde julio de 2015 y formó parte del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011. Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos de la Administración General del Estado, que validan la planificación de sus actividades y controlan sus actuaciones. Es también su cometido garantizar la seguridad a las personas y al medio ambiente de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso, así como la restauración ambiental de las minas de uranio.

Vara ve cumplidos sus deseos

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha confesado que cuando Pedro Sánchez conformó su nuevo gobierno él, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, tenía «muy claro donde quería que hubiera dos extremeños: en Cetarsa y Enresa», tal y como ha ocurrido. Por ello, Vara ha indicado que ahora que ya han sido nombrados José Andrés Tovar y José Luis Navarro como presidentes de Cetarsa y Enresa, respectivamente, puede decir «con toda claridad» cuáles eran sus preferencias con respecto a la cuota extremeña en el nuevo Gobierno.

Fernández Vara ha destacado la importancia de la toma de decisiones en Enresa para Extremadura por todo lo relacionado con la energía nuclear y la central de Almaraz. En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno haya decidido poner al frente de Enresa a quien ha sido hasta ahora su consejero, José Luis Navarro, una persona «enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos»

Vara hizo hincapié en lo que significa «colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país» en relación con la política energética. En ese sentido, reiteró la necesidad «de abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares».

«Son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarles alternativa de futuro», ha dicho Vara, quien se ha mostrado «plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra hasta que no haya alternativas claras» para suplir la actividad económica y el empleo que genera Almaraz en el norte de la provincia de Cáceres. Por ello, recalcó que le da «bastante tranquilidad» que Navarro vaya a estar en la toma de decisiones en ese ámbito.

Denuncian el “premio” a Navarro

Desde la oposición, el PP ha dado un «suspenso» a la gestión de José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar esta consejería como la que menos ejecuta sus presupuestos de la Junta de Extremadura. De hecho, el portavoz de Economía e Infraestructuras del PP de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que «el consejero de la no economía y las no infraestructuras» haya sido premiado con un «sueldazo» en Enresa. Finalmente, Del Moral ha recordado que Navarro se opuso en su momento al almacén temporal de Almaraz que permitiría alargar su funcionamiento.

Equo alerta del «riesgo» que suponen los residuos nucleares que permanecen en Garoña tras el cierre de la planta atómica

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Europa Press / EFE.- Equo ha mostrado su «preocupación» por los «interrogantes» existentes en torno al desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha alertado del «riesgo» que supone que los residuos nucleares generados durante el periodo de actividad de la planta sigan en las instalaciones de esta central. Por ello, urge a la empresa pública de residuos radioactivos (Enresa) a aprobar cuanto antes el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña.

El coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos por Álava, Juan López de Uralde, registró una pregunta en el Congreso para que el Gobierno central ofrezca explicaciones sobre la situación en la que se encuentra el desmantelamiento de la central, ubicada en Burgos. Uralde reclama información sobre los avances realizados por Enresa, sobre el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y sobre la estimación de los plazos de ejecución para desmontar las instalaciones. El coportavoz de Equo expresó su «preocupación» por los «muchos interrogantes y falta de certezas» sobre la situación de la planta, un año después del anuncio del cierre definitivo.

Equo ha alertado sobre el peligro que entraña para la salud de la población y para el medioambiente la continuidad en el recinto burgalés de los residuos radioactivos, que suponen un «riesgo potencial» de contaminación del agua, el suelo y la atmósfera. Equo critica que 12 meses después de la clausura de la central, «nada ha trascendido sobre el futuro de este material radioactivo». Uralde ha censurado el «oscurantismo» que rodea al proceso de desmantelamiento.

Además, ha denunciado que «se están incumpliendo las obligaciones europeas de seguridad» en el tratamiento de los residuos nucleares en lo referente a la dotación de soluciones de almacenamiento final de los residuos de alta actividad. Equo ha criticado que los residuos nucleares «continúan en Garoña y se desconoce, por el momento, dónde y cómo se van a gestionar». «Es inconcebible que un año después, aún no hayamos recibido explicaciones sobre cómo se va a acometer el desmantelamiento; qué se va a hacer con los residuos; y cómo se va a pagar todo esto», criticó.

Para el diputado la falta de fondos para emprender los cierres de las nucleares es «uno de los principales problemas» que debe abordar el Gobierno una vez que se ha asegurado que no se alargará la vida útil de una planta. López de Uralde destacó que un informe de la Comisión de Energía del Congreso «incide en la necesidad» de impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamientos que contemple, entre otras medidas, una correcta estimación de costes. Sobre Garoña, el desmantelamiento podría alcanzar los 350 millones de euros y terminaría en 2023.

López de Uralde insistió en que «las centrales si no son seguras deben cerrarse sí o sí». Ha agregado que en España tampoco está resuelto del debate sobre la ubicación de los residuos nucleares y ha reclamado por ello la elaboración de un plan para abordar esta cuestión. Todas estas carencias son, a su juicio, consecuencia de la «falta de profesionalidad» de los miembros del CSN que, en su opinión, se han dedicado a acatar las órdenes del PP. Por ello, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a iniciar la renovación de su composición.

Además, ha advertido de que las administraciones competentes «deben implicarse» en el proceso, y apoyar a los trabajadores que se verán afectados por el desmantelamiento, un respaldo que considera que ha de extenderse a la comarca afectada por el cierre. Equo ha reclamado un análisis del Plan de Dinamización del área de influencia de la central propuesto tras la petición de 14 municipios afectados. «No se puede abandonar a esa gente a su suerte; las instituciones deben contribuir a la revitalización de la zona», señaló.

Ribera ve necesario definir “cuántos residuos y en qué condiciones se pueden almacenar» antes de avanzar con el ATC nuclear

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la petición del Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para paralizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en que se desconoce el volumen de residuos nucleares que se generará en un futuro ya que hay centrales pendientes de solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses.

«Uno se pregunta hasta qué punto sabemos cuánto, qué y en qué condiciones, en materia de residuos nucleares, debemos almacenar. Por tanto, la petición al CSN, por ahora, ha sido un discúlpeme, pero yo no sé cuál es el volumen de residuos«, ha señalado la ministra, al tiempo que justifica también esa petición en que tampoco se conoce «en qué condiciones de seguridad» se deben almacenar esos residuos, por lo que considera que la petición es «cauta» y «neutra» por esa falta de información. Así lo ha expresado tras la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Para la responsable del Ministerio, «una de las cosas más sorprendentes» que se han encontrado los socialistas tras su llegada al Gobierno es «la práctica ausencia de escenarios que permitan entender cuál es el desafío» al que se ha de enfrentar España en materia de generación de residuos nucleares. «Esos escenarios me parecen absolutamente críticos en el ejercicio responsable de una cierta capacidad anticipatoria», agrega.

En este sentido, vincula esa falta de información al desconocimiento de los planes de futuro de las centrales, pues ha recordado que hay determinadas plantas que tendrán que solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses lo cual tiene, para Ribera, «una incidencia importante en el conjunto del parque nuclear pero también en términos de seguridad y gestión de residuos». Asimismo, ha recordado que España está inmersa en un «procedimiento de infracción muy avanzada» por la ausencia de un Plan de Residuos Nucleares que debería haber tenido disponible en 2002.

La Diputación de Cuenca reclama

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), instó al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas «por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones«. Así se expresó tras la aprobación por parte del pleno del CSN del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas: «además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares».

Según ha indicado, el ATC «es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear», al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare. «Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo de nadie, es una necesidad», ha puntualizado.

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, Prieto se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación. «Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional», ha apuntado.