El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

Monago asegura que Extremadura «no es viable» sin la nuclear de Almaraz y defiende que «no hay alterativa» al cierre

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región «no es viable» sin la central nuclear de Almaraz y ha defendido que «no hay alternativa» a su cierre, por lo que apuesta por la «prórroga» de su licencia de explotación.

«No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la central nuclear de Almaraz», ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central. José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la «miseria», el «hundimiento» y la «emigración masiva» en la zona, por lo que ha considerado que es momento de «mojarse por Extremadura». «¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar», ironizó Monago, quien añadió que el presidente extremeño «tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder okupar La Moncloa al señor Sánchez», ha aseverado.

Cierre de centrales de generación

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del PP en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene «mucho que ver» con Extremadura, como es la de la central nuclear de Almaraz. Asimismo, Monago ha recordado que el PP presentó en el Congreso una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad «tan importante» como puede ser la actividad nuclear y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que «no muera la provincia de Cáceres». «No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz», ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va «a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado, yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias», ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado la proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como remarcó Mariscal, entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño. Unos grupos que a su juicio «hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia», concluyó.

El PP presenta una moción para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica viables

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- El PP ha presentado una moción en el Senado para evitar el cierre de las centrales de generación eléctrica «viables» de forma unilateral y sin tener en cuenta «el interés general» ni los objetivos o garantías de suministro y cambio climático e «impacto en el precio de la electricidad». Esta iniciativa está así en línea con la propuesta de Ley que intentó sacar adelante el anterior Gobierno, que pretendía endurecer los criterios que tenía que cumplir una eléctrica para cerrar una central de generación.

En este nuevo intento en el Senado, cámara en la que el PP cuenta con mayoría, el grupo parlamentario insta también al Ejecutivo a mantener el carbón como componente del mix energético, «planteando los términos de una transición justa del sector minero en términos de transición, no de cierre, y defender los pagos por capacidad de las centrales térmicas de carbón hasta que las interconexiones sean las mínimas necesarias para una correcta gestión de la red, siendo las centrales térmicas indispensables para el control de la red y abaratamiento de la factura de la luz».

Una interconexión eléctrica del 15%

Asimismo, solicita continuar impulsando «decididamente» la instalación de renovables y biomasa que complemente los más de 28.000 megavatios (MW) de solar fotovoltaica que, o bien están operando o están en proceso de construcción, los 2.300 MW de termosolar y 23.000 MW de energía eólica, para cumplir los objetivos de penetración de renovables y emisiones de CO2 en el año 2030 y 2050. Además, en su iniciativa insta a impulsar las interconexiones energéticas de España y «poner todos los medios necesarios» para que en el año 2030 se alcance un mínimo del 15% de interconexión en redes de transporte de electricidad.

Por otra parte, pide al Gobierno replantearse la decisión de crear un nuevo impuesto especial para el diésel, por lo perjudicial que supondría para la industria automovilística, el sector agrario, los autónomos, los transportistas y para todos los usuarios propietarios de vehículos diésel. De esta manera, ve necesario apostar por un nuevo modelo sostenible de transporte con cero y bajas emisiones, «pero exigiendo un modelo de transición ordenada para que la economía, la industria y los consumidores se puedan adaptar a este nuevo modelo energético».

La central nuclear de Almaraz

Por otro lado, el PP de la provincia de Cáceres ha denunciado que el cierre de la central nuclear de Almaraz supondría terminar «de golpe» con el futuro de la comarca de Campo Arañuelo, además de destruir «de inmediato» cientos de puestos de trabajo, y provocar que las familias extremeñas pagasen un 15% más por la luz y las empresas afrontasen un incremento del 25%.

El presidente del PP de la provincia de Cáceres, Laureano León, se reunió con los alcaldes, portavoces y presidentes locales para abordar este asunto que «preocupa» a los dirigentes del PP, que «quieren evitar el cierre de la central» y «conseguir un compromiso serio» del Gobierno de España, de la Asamblea de Extremadura y de la Diputación de Cáceres. Por ello, no descartan impulsar movilizaciones ante la «preocupación» por esta situación de Campo Arañuelo, e informar a todos los vecinos de la zona de lo que supondría el cierre de la central, entre otras acciones.

Cabe recordar que el PP ya ha solicitado en el Congreso que se modifique la Ley de cierre de estas instalaciones, y ha pedido al PSOE que rectifique su postura del sí al cierre de la central nuclear, al tiempo que pide al Gobierno de España que «reflexione» y «rectifique». «Que el Gobierno defienda el no al cierre de las centrales nucleares, porque tener una energía a un precio desorbitado es sinónimo de pérdida de competitividad de nuestra industria y de empleo, y el objetivo del PP es seguir creando condiciones óptimas en nuestra sociedad para continuar creando empleo», concluye.

Guillermo Fernández Vara pedirá al Gobierno «subastas especiales de renovables» para los territorios con centrales nucleares como Extremadura

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedirá al Gobierno central la puesta en marcha de «subastas especiales de renovables» en los territorios donde hay centrales nucleares, ya que a su juicio «es la mejor manera de ir buscando una transición normal y lógica».

Una petición que el presidente de la Junta realizará a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión con ella prevista para el próximo 15 de octubre, a la que planteará subastas especiales para estos territorios. Y es que, según ha señalado Fernández Vara, «no se va a cerrar la central nuclear de Almaraz mientras no haya una alternativa», y asevera que «esa alternativa la tiene que dar el Gobierno de España con las comunidades, con las diputaciones y con los ayuntamientos».

En cualquier caso, el presidente extremeño ha explicado que para ello es necesaria «una ley de cambio climático, fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares en el Parlamento», o que «haya clarísimamente una alternativa«. Fernández Vara se ha pronunciado así en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del líder del PP, José Antonio Monago, sobre las actuaciones que ha realizado la Junta de Extremadura con respecto a la central nuclear de Almaraz.

En la formulación de su pregunta, Monago ha destacado que el «primer objetivo» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética «es el cierre de las centrales nucleares», por lo que ha alertado de que «la fecha del funeral de Almaraz será en 2020», tras lo que considera que Fernández Vara será «el corresponsable, junto al señor Sánchez, del cierre» de la planta. Un cierre que «va a suponer ruina, empobrecimiento y el ocaso de Almaraz, del norte de Cáceres y de toda Extremadura, con más paro y más despoblación», ha alertado el presidente del PP extremeño, quien ha considerado que Vara «lleva desde el principio de la legislatura sin hacer nada, buscando una alternativa».

«No ha tenido ninguna reunión para buscar una alternativa, usted está mintiendo en este Parlamento», recriminó el dirigente del PP extremeño dirigiéndose al presidente de la Junta, al que ha asegurado que con los gobiernos socialistas «Almaraz se cerrará» y «pasará por lo que ha pasado con Zorita, que ha provocado paro, jóvenes que se tienen que marchar y despoblación». Monago asegura que «no hay alternativa en la zona» donde se sitúa la central nuclear, tras lo que ha instado a Vara a decirle al presidente del Gobierno «que se vaya a su casa y convoque elecciones si quiere realmente evitar el cierre de Almaraz».

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

/0 Comentarios/en , , , , , , , , /por

Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

ERC pide a Hacienda que las comercializadoras eléctricas tributen a los ayuntamientos el IAE según su facturación en el municipio

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- Esquerra Republicana (ERC) quiere que las empresas comercializadoras de electricidad tributen a los ayuntamientos el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en función de su facturación en el municipio, y no en un pago fijo, como vienen haciendo hasta ahora. Por ello, ha planteado al Ministerio de Hacienda que acabe con una «anomalía legislativa» que, lamentan, perjudica «a pequeñas comercializadoras eléctricas que intentan abrirse al mercado».

Así lo expone el portavoz de Energía de Esquerra, Joan Capdevila, quien ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide al Gobierno «corregir esta situación» y que aclare si contempla este cambio. En caso afirmativo, quiere saber qué fecha maneja para ponerlo en marcha. Capdevila explica que, tras separarse las actividades de distribución y comercialización de la energía eléctrica en 1997, no se llevó a cabo una modificación en el IAE, quedando únicamente un epígrafe para las empresas de distribución.

Sin embargo, muchos municipios no renuncian a cobrar el IAE a las comercializadoras, a las que reclaman el abono de esta tasa que establece un importe fijo, independientemente del volumen de facturación que exista en un determinado municipio. «Esto supone un coste inasumible para las pequeñas comercializadoras y pone en serio riesgo la tímida evolución de la competencia en el sector eléctrico que se ha producido últimamente», recalca Capdevila, que calcula en un 10% el peso de los pequeños operadores.

Unidos Podemos pide que las compañías eléctricas financien íntegramente el bono social y que sólo se conceda según la renta

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.– Unidos Podemos ha reclamado que el bono social se otorgue en función de la renta del hogar y que sean las empresas del sector eléctrico las que se encarguen de financiar íntegramente el coste de esta medida. Así, Unidos Podemos registró en el Congreso una proposición no de ley para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica en la que exponen sus propuestas de cara al paquete de medidas anunciado por el Gobierno para combatir la pobreza energética.

En su propuesta, exponen que deben ser las compañías eléctricas las que se hagan cargo del coste «íntegro» de esta medida, incluyendo todos los segmentos del sector, y de forma proporcional al volumen de facturación. Asimismo, piden que, a diferencia del actual bono social, que denuncian que es «una tomadura de pelo», la renta sea «el único criterio de adjudicación. Concretamente, unos ingresos de hasta 1,75 veces el IPREM para una persona que resida sola (941,22 euros), un 50% más por cada menor de 14 años, y un 25% más por cada mayor de esa misma edad, y un 100% más por cada consumidor electrodependiente.

Por otro lado, piden que la solicitud y concesión del bono social sea «automática», ya sea de forma presencial o automática, y que las personas consumidoras en el mercado libre puedan acogerse al bono social eléctrico. Otra de las cuestiones que Unidos Podemos quiere que el Gobierno incorpore en su plan de choque contra la pobreza energética es el principio de precaución a la hora de cortar el suministro a un consumidor acogido al bono social, con el fin de que, antes de cualquier interrupción, sea necesario contar con la autorización de los servicios sociales.

En este sentido, piden también que estos servicios sociales puedan realizar peticiones de renovación e inscripción en nombre de las personas que tengan derecho a acogerse y que los mismos cuenten con un fondo suficiente con el fin de desarrollar sus competencias en materia energética. Por último, reclama la reducción del IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables, pues creen que esta medida garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual.

Desbloqueado el cierre de nucleares

Por otro lado, el portavoz de Energía de Unidos Podemos, el diputado de En Comú Josep Vendrell, ha celebrado el fallo del Tribunal Constitucional que anula los acuerdos de la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de la ley del grupo confederal para cerrar las centrales nucleares. «Queda claro que el PP hacía un uso arbitrario y abusivo», ha señalado, en referencia a los vetos del anterior Ejecutivo. Para Vendrell, este documento del Tribunal Constitucional es «un paso importante» en la preservación de «los derechos de los parlamentarios», que, según ha apuntado, también son «los derechos de toda la ciudadanía frente a gobiernos autoritarios».

El Gobierno de Mariano Rajoy vetó en abril la propuesta de Unidos Podemos para un cierre progresivo de las nucleares alegando que la aplicación de esta norma tendría importantes efectos presupuestarios pues mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales. En concreto, Unidos Podemos propone en el texto el cierre de las plantas a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no, y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

Pablo Iglesias pide valentía al Gobierno y que «se siente con las eléctricas» para frenar la subida de la luz

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea «valiente» y «se siente con las eléctricas» para «acabar de una vez a una dinámica de oligopolio que tiene que pagar la gente, que ve cómo se sube sistemáticamente la factura de la luz».

Iglesias considera que este «oligopolio eléctrico» es «responsable en última instancia» de que la factura de la luz en España sea «una de las más caras de Europa», ha recalcado, y considera «insuficiente» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica a las compañías. Esta medida, anunciada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de abaratar la tarifa eléctrica, dejará en suspenso el 7% que grava la producción de la electricidad a las compañías, impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma energética de 2012. Las estimaciones del Ministerio es que esta medida abarataría un 3% la factura.

“Los intereses de las eléctricas”

Uno de los compañeros de Iglesias en el Congreso, el diputado Rafa Mayoral, ha apostado por «empezar a tocar los intereses de las eléctricas», pues considera que «tienen que asumir que tienen que comprometerse». «No tiene sentido que cuando hablemos del precio de la luz, las grandes ausentes sean las eléctricas«, ha afirmado, apostillando que «el hecho de ser un oligopolio no significa que tengan que tengan que tener súperbeneficios». «Hay que ver cómo se toca la factura de la luz para garantizar el derecho al acceso al suministro», concluyó.

Por otro lado, uno de los grupos que forma parte de la coalición de Unidos Podemos, Equo, ha calificado de «parche» la anunciada suspensión del impuesto de generación eléctrica, y ha reclamado al Gobierno medidas que prioricen al consumidor y al medio ambiente, y no a las empresas eléctricas. «Es hora de que la política energética se haga pensando en los consumidores y en el medio ambiente, en vez de en los beneficios de las eléctricas», subrayó el diputado de Equo, Juan López de Uralde.

Equo critica que esta medida no aborda «el problema de fondo del coste de la luz», que «tendrá un impacto muy moderado en los consumidores», e insiste en abordar una reforma del mercado eléctrico, particularmente en el sistema de fijación de precios para acabar con los beneficios caídos del cielo de las plantas ya amortizadas, como las hidráulicas o nucleares.

Tendrá un «muy limitado efecto»

Por su parte, Izquierda Unida ha advertido al Gobierno del «muy limitado efecto» que tendrá la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, ya que «no logrará reducir de forma significativa el abusivo recibo de la luz«. En este sentido, la portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida y el responsable de Políticas Económicas, Sira Rego y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, denuncian que la suspensión de esta tasa, instaurado por el PP, «no conseguirá el efecto deseado».

Rego subrayó que el efecto de la medida será «muy limitado, lo que no se corresponde con el triunfalismo y las expectativas con que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzó la medida». Además, advirtió que incluso para aquellas personas que se puedan beneficiar de ella» la reducción media estimada rondará los 1,5 euros al mes y siempre en aquellos meses de precios más elevados, por lo que puede ser incluso inferior en las épocas con un precio más reducido dado el mayor peso de las energías renovables».

Por otra parte, Sánchez Mato apuntó que eliminar el impuesto de generación eléctrica supone, de forma automática, que el erario público pierda una recaudación que sólo en 2017 ascendió a 1.700 millones de euros. «Ribera no ha explicado cómo afrontará el desequilibrio que supone. ¿Acaso quiere financiarlo, como ya hicieron antes, con el famoso déficit de tarifa que seguiremos pagando en el recibo mes tras mes o acaso va a subir otros tributos para que haya más justicia fiscal?», añadió.

Un paso «insuficiente» para UGT

Por otro lado, UGT considera que las medidas propuestas por el Gobierno para frenar la subida de la luz y combatir la pobreza energética «son un primer paso», pero que es «insuficiente». El sindicato reclama al Ejecutivo concreción en sus propuestas, incluido su impacto económico y financiero, y le pide ser «más ambicioso» con la aprobación de una ley «eficaz» para combatir la pobreza energética. Así, propone mejorar el bono social permitiendo que se puedan acoger más familias y que éstas cuenten con mayores descuentos.

Además, el sindicato reclama la participación sindical en la anunciada Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que estará lista en 6 meses. Por ello, UGT pide una reforma integral y consensuada del sector eléctrico que garantice el suministro y propicie «la transparencia y la competencia efectiva» del sector. Dentro de estas medidas, reclama una auditoría al sistema eléctrico, mejorar la fiscalidad, la implementación de actuaciones de eficiencia energética y el impulso del autoconsumo, así como «acabar con el monopolio de las redes de distribución eléctrica, pasando a manos públicas».

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».