El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

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Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

El Gobierno afirma que no hay ningún país «más preparado» que España para afrontar la transición energética

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Europa Press.- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, reivindicó el impulso inversor en renovables que se dio en España hace una década ya que «nos ha permitido llegar a un cambio tecnológico en la primera línea» y ser el país «más preparado» del mundo para afrontar la transición energética. En este sentido, Domínguez aseguró que España «sí» que está preparada para «hacer el viaje» hacia la transición energética, que es «una transición imprescindible».

Así, subrayó que en el pasado se lamentaron las inversiones «muy caras» que se hicieron en renovables aunque consideró que ese paso que se dio en aquellos años «ha permitido al país llegar a un cambio tecnológico en primera línea«. «Hasta en la construcción de las catedrales góticas España llegó 100 años después», comparó Domínguez, advirtiendo que probablemente en esta transición energética «no haya ningún país más preparado que España».

Respecto a una posible prórroga de las medidas aprobadas en octubre para contener la espiral alcista de los precios de la luz, como la suspensión temporal por 6 meses del impuesto del 7% a la generación, Domínguez insistió en que deben ser evaluadas en conjunto con el Gobierno, junto «con otra serie de cuestiones de tipo fiscal». En este sentido, remarcó que el Gobierno está trabajando para dotar de los instrumentos y las condiciones que permitan bajar el precio de la electricidad, para lo que jugarán un papel determinante las renovables, aunque subrayó que no es una cosa que se pueda hacer de manera «inmediata».

Mientras, el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, consideró que la transición energética es el «mayor desafío» que ha tenido el sector «durante mucho tiempo» y advirtió que, como país, es comparable «al cambio de modelo que supuso el ingreso en el mercado común europeo». Así, pidió a todos los actores (reguladores, Parlamento, empresas, consumidores) «alinearse todos» en el proceso ya que al final el camino «será altamente productivo para la eficiencia y bienestar del país«. Sevilla valoró que el papel de Red Eléctrica, como operador del sistema, será «clave» en esta transición energética, con unos volúmenes de inversión estimados en unos 7.000 millones de euros de aquí a 2030.

40% de generación eléctrica renovable

Por otro lado, las fuentes renovables cubrieron el 40,1% de la producción eléctrica peninsular en 2018, lo que representa un incremento de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior, según el avance del informe del sistema eléctrico de 2018 de Red Eléctrica (REE). En la estructura de la generación renovable, la eólica destacó con un peso del 49%, alcanzando el 19% en el mix eléctrico, seguida de la hidráulica (34%), que vio crecer su producción un 85% con respecto a 2017, la solar (11%), y el resto de tecnologías (5%).

La generación eléctrica peninsular sin emisiones de CO2 alcanzó en 2018 una cuota del 62,5%, frente al 57% registrado en 2017, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales. El avance registrado en generación limpia se tradujo en un 15% menos de emisiones, recortándose de 63,8 millones de toneladas a 54,2 millones de toneladas. Este mayor peso de las renovables en la generación provocó la caída de los ciclos combinados y del carbón en el mix energético, con un descenso de un 22% y un 18%, respectivamente. La energía nuclear, con un 20,6% de la generación, se mantuvo como primera fuente en el mix energético, aunque seguida muy de cerca de la eólica (19%).

En el caso de la potencia instalada, las renovables representan un 46,7%, con un incremento del 0,8%. Destaca Canarias, donde la potencia eólica instalada ha pasado de 207 MW a 422 MW en 2018. Por su parte, la demanda de energía eléctrica alcanzó los 268.808 gigavatios hora (Gwh) el año pasado, con un crecimiento del 0,4% y registrando su cuarto año consecutivo de incrementos, después de la salida de la crisis económica. En el caso de la demanda eléctrica peninsular, se situó en el 2018 en los 253.495 GWh, también un 0,4% superior al ejercicio anterior. Descontando los efectos del calendario laboral y las temperaturas, la demanda creció un 0,3%.

En lo referente al recibo de la luz, el director de Regulación y Estudios para la Transición Energética, Luis Villafruela, indicó que 2018 se cerró con un incremento del 2,5% para un consumidor de la tarifa regulada (PVPC), después de que se registrará un precio del pool, que representa menos del 50% de la factura, por encima de los 64 euros por MWh, el segundo más alto registrado desde 2008.

El directivo de REE consideró que en el recibo de la luz, a pesar de ser «un tema muy mediático», a veces se confunde el precio de la energía en el mercado con el precio que paga el consumidor doméstico en su factura. En lo que respecta al consumo eléctrico de las grandes y medianas empresas, en 2018 descendió un 1,8% respecto al ejercicio anterior. Una vez deducidos los efectos del calendario laboral y las temperaturas, el consumo de estas empresas fue un 1,3% inferior.

Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa «por responsabilidad» pese a saber que iba a cerrar varias plantas en España

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Europa Press.- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha justificado en el Congreso que el Gobierno concedió «por responsabilidad» ayudas a la empresa Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor.

Así, durante su comparecencia ante la comisión de Industria, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos. La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas «para garantizar la búsqueda de inversor» y así no poner ningún «impedimento» para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto destaca que el Gobierno puso «a disposición» otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante 3 años.

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Maroto celebró que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará «de forma conjunta» el plan de inversión de «los distintos agentes que han manifestado interés». En este sentido, subrayó que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. «No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones», señaló.

“No nos vale cualquier inversión”

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas «venga para quedarse» ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en «pan para hoy, hambre para mañana». Maroto destacó el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis, subrayando que con Alcoa «el acompañamiento ha sido total, diario» y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta junio.

«Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido», ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como «muy distante» a la hora de buscar alternativas a las plantas, una búsqueda en la que, ha asegurado, «era impensable» que participara al inicio de la crisis, ha celebrado que ahora exista «un compromiso escrito» para ser «actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando«.

La ministra ha recordado que la empresa ya planteó hace 5 años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los «problemas estructurales» de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. «No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente», ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo. Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

Vara calcula que la nuclear de Almaraz operará hasta «finales de la próxima década» y pide «trabajar intensamente» en alternativas

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calculado que la central nuclear de Almaraz seguirá funcionando hasta «finales de la década de los veinte», por lo que ha instado a «trabajar intensamente» en los próximos años «para conseguir esas alternativas» a la planta, que deberán ser de carácter energético e industrial. De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara tras las últimas reuniones mantenidas por el Gobierno y las compañías eléctricas.

Fernández Vara ha destacado la «noticia positiva» de que la central nuclear «ni se cierra el año que viene ni se cierra el 23 o 24, sino que «lo hará a finales de la década de los 20, en base al calendario que ya conoceremos». De esta forma «se despeja la incertidumbre que había en el corto plazo», ha reafirmado el presidente extremeño, quien señaló que cuando llegue el fin de la vida útil de las centrales nucleares «hay que desmantelarlas, y eso cuesta mucho dinero». Ante esta situación, Vara considera que «lo que tiene que hacer el Gobierno es que cuando eso vaya a ocurrir, que ese dinero esté»

Así, y respecto a la reunión que el presidente de la Junta mantuvo con alcaldes de la zona de la central nuclear de Almaraz, Fernández Vara ha explicado que fue un encuentro «absolutamente discreto» para trasladarles la información que tiene, tras lo que ha lamentado que algunos de estos ediles le «acusaron de que lo hacía electoralmente». Así, calificó de «paradójico» que «el que convoca sin medios, discretamente, es el que tiene interés electoral», mientras que «el que viene a la reunión y da ruedas de prensa, no lo tiene», ha lamentado el presidente extremeño.

Vara ha destacado que una vez que «se ha resuelto» el problema de un posible cierre de la planta, ha señalado que a partir de ahora es necesario «trabajar todos estos años de manera intensa» en la alternativa a la planta nuclear, que a su juicio «tiene que ser energética e industrial» en la zona. En ese sentido, Vara ha avanzado que reclamará que cuando se apruebe la Ley de Transición Justa se garantice que no hay solamente el mismo empleo “sino que hay más» del que existe actualmente en la zona de la planta.

«Yo voy a trabajar con ese objetivo, que en el futuro tengamos empleo para los trabajadores y futuras generaciones; eso se llama inversiones», ha aseverado Vara. Así, ha reiterado la necesidad de «trabajar intensamente» en los próximos 9 o 10 años «para conseguir esas alternativas». Un trabajo que debe realizarse «no solo por el asunto nuclear», sino que porque según ha dicho, es necesario traer a Extremadura «mucha inversión durante estos años, energética e industrial«, para lo cual se ha «construido suelo y aprobado leyes». «No voy a descansar hasta que en Extremadura todo el que quiera trabajar lo pueda hacer», concluyó el presidente extremeño.

El Gobierno estudia medidas fiscales para beneficiar a colectivos que impulsen la transición energética como los productores de autoconsumo

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Europa Press.- El Gobierno estudia medidas de fiscalidad que ayuden a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, incluyendo a los grupos vulnerables. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que su gabinete está estudiando, junto al Ministerio de Hacienda, la posibilidad de poder adoptar un IVA reducido para la luz dirigido al recibo de «según qué tipos de consumidores».

No obstante, posteriormente, fuentes del Ministerio precisaron que la ministra quería referirse a diversas medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética. Las mismas fuentes señalaron que en este tipo de colectivos se incluirían, por ejemplo, los productores de autoconsumo o los inversores en PPA (contratos de compraventa de electricidad a largo plazo) renovables. Así, indicaron que el espíritu de estas medidas, para las que ya se ha creado un grupo de trabajo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda, es apoyar a aquellos grupos que faciliten la transición ecológica.

La ministra subrayó que el precio de la luz es un asunto «sensible e importante», especialmente cuando se refiere a la población más vulnerable, por lo que desde la llegada al Gobierno no se han dejado de adoptar medidas para poder responder a ello. Así, defendió que «sólo un sistema eficiente basado en renovables permite precios de la electricidad estables».

Ribera indicó que las medidas temporales adoptadas en octubre, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses o la exención del céntimo verde para la generación del gas, han supuesto una reducción de entre el 8% y el 16% en el precio medio del mercado mayorista de la electricidad, el conocido como pool, y han representado una reducción en la factura de un consumidor doméstico tipo acogido a la tarifa regulada (PVPC) del 4%. La ministra aseguró también ser consciente de que estas medidas coyunturales no son «una solución definitiva» para un consumidor que quiere facturas «más predecibles y estables», pero sí que afirmó que representan «un alivio» con respecto a la situación anterior.

Por otra parte, señaló que el Gobierno estudia iniciar la recuperación de las concesiones hidroeléctricas, según vayan cumpliendo su vencimiento, para beneficiar a los colectivos de proximidad, «subrayando esa importante función público que deben desempeñar los saltos de agua». Dentro de este beneficio para los colectivos de proximidad, también adelantó que es intención del Ejecutivo impulsar pequeñas subastas renovables en los diferentes territorios, con el objetivo de que se presenten oportunidades a estos territorios con el despliegue de las renovables.

Por otra parte, Ribera afirmó que el Gobierno se muestra «cómodo y respetuoso» con el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el regulador francés (CRE) que tumba el proyecto de interconexión gasista por Cataluña con Francia, denominado STEP, al considerar que se trata de un «proyecto ruinoso y que no tiene ningún sentido».

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

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Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

El Gobierno prepara con Podemos, a falta de acuerdo con el PP, los consejeros que renovarán el pleno del CSN

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Europa Press.– El Gobierno ha decidido ya a quien quiere situar en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y está a la espera de alcanzar un acuerdo con el PP, que se resiste a perder peso en el regulador nuclear en beneficio de Podemos, ya que la propuesta socialista incluye sentar en el Consejo a un representante de Unidos Podemos.

En la actualidad, el presidente del CSN, Fernando Martí, está en situación de prórroga desde el 28 de diciembre, cuando expiró su mandato, igual que Jorge Fabra, consejero del ala socialista que sustituyó a Cristina Narbona, pero quien desde el pasado 2 de febrero ha cesado definitivamente en sus funciones por jubilación, al cumplir 70 años de edad. Esa es la fecha límite que marca el estatuto del regulador atómico para ocupar un asiento en el pleno, de acuerdo con la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que data de abril de 1980.

De este modo, quedan con mandato vigente Javier Dies, propuesto por el PP, así como la vicepresidenta, Rosario Velasco, del PSOE, y Fernando Castelló, también del PP, aunque estos dos últimos también terminarán su mandato el próximo 22 de febrero. En definitiva, en este momento, de los 5 miembros del pleno, uno está cesado, otro en funciones y otros dos lo estarán en una semana. Actualmente el pleno solo cuenta con 4 miembros, frente a los 5 habituales y, de acuerdo con la normativa del CSN, en caso de empate, será el presidente, Fernando Martí, quien tome la última decisión.

Según explicaron fuentes socialistas conocedoras de la negociación, el Gobierno formalizará próximamente su propuesta a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, pues el regulador nuclear rinde cuentas ante el Parlamento. El Ejecutivo quiere plasmar en el pleno del CSN el actual reparto de fuerzas parlamentarias y, por tanto, quiere dar un sitio a Podemos, con quien ha pactado el perfil del nuevo consejero. Así, el candidato a entrar, según han confirmado estas fuentes, sería el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Sin embargo, Castejón no es bien visto por el PP, que se opone «hasta el momento», siempre según estas fuentes, a su nombramiento al considerar que no es apto para el cargo por ser un declarado contrario a la energía nuclear y porque con el nuevo reparto propuesto por el Gobierno los populares perderían un asiento en el pleno del regulador. Eso sí, hasta ahora y desde la marcha de Antonio Gurguí, propuesto por el antiguo CiU, el PP tenía una mayoría en el pleno del regulador, donde contaba con Javier Dies, Fernando Castelló y el presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Los candidatos, que serán propuestos próximamente a la Comisión, tendrán que exponer su idoneidad para el cargo y ser refrendados por tres quintos de la Comisión, una mayoría para la que el PSOE y Podemos necesitan los votos del PP, grupo que podría presentar un veto razonado a los candidatos. En caso de no obtener esa mayoría, un mes después de la fallida votación el Gobierno puede aprobar los nombramientos por Real Decreto. Así fue precisamente el nombramiento de Javier Dies, por Real Decreto Ley el 16 de diciembre de 2015, ya que la Comisión de Industria consideró que pese al perfil nuclear del candidato, su nombramiento daba una mayoría absoluta al PP en el reparto de fuerzas del regulador.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de creación del CSN, los consejeros seguirán en su puesto hasta que tomen posesión sus sucesores. En caso de que no se hayan designado nuevos consejeros, el artículo 9 del estatuto del CSN señala que el secretario general del regulador comunicará al Congreso de los Diputados la situación de prórroga del presidente o consejero o consejeros «en la fecha en que dicha prórroga supere 6 meses«.

Precisamente, desde Ciudadanos han reclamado la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique los planes para renovar el CSN puesto que, según la formación naranja, el Ejecutivo tiene el nuevo pleno «acordado y pactado en una habitación oscura» con PP y Podemos. El portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, denunció que el Gobierno «sigue practicando» en el CSN la «política del dedazo» y considera que «se tiene que acabar el pasteleo de los partidos nombrando a dedo las instituciones públicas» y apostar por perfiles más profesionales, especialmente para cuestiones como la seguridad nuclear.

En este sentido, ha recordado que, tras su llegada a la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez «quitó» de la presidencia de ENUSA a un ingeniero que llevaba en el sector 20 años, «para poner a un filósofo«. «Esa actitud de colonización de las instituciones es lo que nos ha llevado a la corrupción y la mala gestión y eso se tiene que acabar», ha insistido.

Lo cierto es que las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós (Tarragona) tienen puesto el cronómetro con la vista puesta en la fecha de 31 de marzo de 2019. Para entonces, siempre y cuando el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, deberán presentar su solicitud de renovación de su licencia de explotación, que expira en 2020. Sin embargo, si el Plan no está aprobado para entonces, Almaraz tendría algo más de plazo, hasta el 7 de abril, y Vandellós hasta el 21 de mayo, para presentar formalmente su solicitud.

En todo caso, si las plantas presentan su solicitud y no hay cambios en la política energética, el regulador aún tardará un año en analizar el resto de la documentación y como pronto el regulador no tendrá una decisión hasta marzo de 2020. Hace dos años ambas plantas presentaron la documentación asociada a su autorización de explotación, que fuentes internas del CSN aseguran que se estudia según la tramitación habitual.

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

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Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

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Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Pedro Sánchez anuncia 235.000 millones de euros para combatir el cambio climático en España durante los próximos 10 años

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos 10 años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

Sánchez ha augurado que el «gran potencial» de las energías renovables «va a ser una realidad» durante los próximos 10 años y asegura que el Gobierno tiene una agenda «ambiciosa e integral» contra el cambio climático. A su juicio, los «peligros» se pueden superar con «ingenio y pasión» y ha lamentado la pérdida de «ingenio y pasión» durante una década a consecuencia de la crisis económica y financiera, cuando «muchos» jóvenes se fueron. Pero ha señalado que ahora hay «una década por ganar» y recuperar ese «talento» en un contexto en el que España está «decidida a contribuir a una economía global, justa y ecológica».

El jefe del Ejecutivo ha destacado las acciones en materia de cambio climático acometidas por el Gobierno socialista durante 7 meses y ha defendido que esta apuesta se observa también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde la I+D+I tiene un incremento del 5,1% respecto a 2018 y «todas» las partidas relacionadas con la materia experimentarán crecimiento. «Se trata de medidas concretas, reales, contables y efectivas», ha citado el presidente, que ha añadido que España trabaja en una agenda integral, con objetivos claros en toda la acción del Gobierno bajo la premisa de que la transición ecológica sea «socialmente justa» y no deje desprotegido «a nadie».

Sánchez ha advertido de que las afirmaciones negacionistas «cada vez son más comunes» en distintos ámbitos y ante estos «prejuicios» reivindicó la herencia de la «ilustración» por la que considera que «antes de cualquier ideología posible están la razón y la ciencia». En ese marco agradeció la labor de los activistas y de los científicos «comprometidos» que han abierto el camino y han mantenido «la llama y la tensión» y han logrado que el cambio climático esté cada vez más presente en la agenda política.

Por ello, ha subrayado que aunque el nombre del Ministerio, «Transición Ecológica», no crea una realidad, sí contribuye a generarla y el concepto incluye las dos palabras que «marcan la tarea» en la que está embarcado el Gobierno y el mundo, que no es otra que hacer la transición de un modelo económico a otro que ponga la ecología en el centro de las decisiones.

«Queremos políticos audaces, valientes y que hagan pedagogía a la ciudadanía. Necesitamos políticas que vayan más allá de lo previsto y nunca más acá, que es lo que nos encontramos. No hay tiempo para titubear ante el cambio climático. Somos la primera generación del cambio climático y la última que tiene poder para detenerlo. Somos ahora o nunca», ha sentenciado.

Obligados a repensar la energía

El presidente destacó que el Gobierno es ambicioso y ha hecho progresos contra el cambio climático, una cuestión que ha marcado la agenda política global durante «unos 10 años» y seguirá haciéndolo. En ese sentido, para Sánchez el cambio climático «no entiende de países, ideologías y civilizaciones y ha augurado que ningún esfuerzo local con respuestas individuales podrá ser suficiente.

Así, considera que con la razón y la ciencia la realidad climática obligará a «repensar» el modelo energético, las transformaciones sociales o el modo de producir o consumir, así como aprobar una legislación que no es «muy popular» porque exige una «adaptación incómoda en el corto plazo» como la transformación de la industria, el cambio de los hábitos automovilísticos, la necesidad de cambiar el perfil de las ciudades. Para ello, cree que la política tiene que hacer pedagogía y ha reclamado «comprensión» a los ciudadanos. De este modo, pide a los ciudadanos que acompañen al Gobierno en el camino y se comprometan a nivel personal para frenar el cambio climático y adaptarse a las consecuencias.

En definitiva, ha confirmado el compromiso del Gobierno con el multilateralismo para adoptar un acuerdo global y social pero para ello es necesario el liderazgo para construir compromisos y ha advertido de que los próximos pasos serán «determinantes» y, ante las elecciones europeas del próximo mes de mayo, opina que Europa tendrá «el reto» de impulsar el liderazgo en la transición». En ese ámbito, considera que en las elecciones quienes «dudan o están dispuestos a negociar con los que dudan del cambio climático no pueden tener un peso en el Parlamento europeo para abordar un problema tan global» y ha garantizado la apuesta del Ejecutivo por una lucha integral contra el cambio climático como un tema transversal de las políticas.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, calificó de «relevante» el liderazgo de España en materia de cambio climático aunque ha señalado que en este «gran desafío» los Gobiernos son «actores» en el marco multilateral pero ha recordado que la acción va más allá de los gobiernos y hay que buscar actores no estatales para desarrollar una agenda «incluyente».

Espinosa ha dicho que la lucha multilateral contra el cambio climático es un régimen basado en la confianza mutua de que los demás hacen su parte y de forma colectiva se alcanzan las metas. «El cambio climático no conoce fronteras. Lo que se haga en un lugar tiene efectos en todas las demás regiones del mundo. El comercio de emisiones está referido a 20 o 30 países, sin embargo hay más de 100 países que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático«, precisó.