Gobierno y eléctricas plantean un cierre escalonado de las nucleares, pero nunca antes de 2025 ni más tarde de 2036

Europa Press.- El Gobierno y las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, están estudiando un cierre «escalonado» para las centrales nucleares en España, que será abordado «central por central», aunque de tal manera que nunca se produzca el cierre para ellas antes de 2025, pero con un horizonte para la clausura de 2035 o 2036, según apuntaron fuentes conocedoras del encuentro.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido una reunión al máximo nivel con los presidentes de Iberdrola y Naturgy, Ignacio Sánchez Galán y Francisco Reynés, respectivamente, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, con el fin de abordar el futuro apagón nuclear. Las mismas fuentes indicaron que la reunión ha sido positiva ya que ha permitido avanzar en diversos temas referentes a cómo se deberá afrontar esta hoja de ruta para las nucleares. En este sentido, la decisión de no abordar el cierre para las nucleares antes de 2025 permitiría a los dos reactores de Almaraz seguir operativos más allá de su periodo de vida útil de 40 años, que se cumplen en 2023 y 2024.

Asimismo, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la normativa actual que obliga en las sociedades que controlan las nucleares, como agrupaciones con la categoría de interés económico (AIE) que son, a tomar las decisiones por unanimidad, lo que ha conducido a una situación de constante bloqueo ante los intereses enfrentados entre las propietarias. A este respecto, se apuesta por hacer imperar para tomar las decisiones las «mayorías razonables».

Además, se estudia que cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del parque nuclear sea revisada y supervisada por Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar el desmantelamiento de las plantas y sus residuos. Enresa cuenta actualmente con un fondo de algo más de 5.000 millones de euros para afrontar esta labor, aunque esta cifra no será suficiente para cubrir los costes del desmantelamiento de todo el parque nuclear.

El encuentro ha sido el primero en el que el Ministerio se sienta a la vez con las tres principales compañías eléctricas ya que anteriormente se habían mantenido otros encuentros, aunque por separado, para poner sobre la mesa el cierre de las centrales nucleares en España, cuya vida útil expira entre 2023 y 2028. La reunión se ha producido en un momento en el que todavía no se ha desvelado uno de los grandes interrogantes que marcarán los pasos a seguir en los próximos años en el sector energético español: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que estaba previsto que el Gobierno hubiera presentado su documento a Bruselas antes de finales de 2018.

En el caso de Iberdrola, la compañía energética ha venido proponiendo para la generación nuclear en España varias actuaciones, entre ellas, la planteada al Ministerio de una modificación normativa que permita solicitar la renovación limitada, hasta un plazo de 40 años de funcionamiento, sin perjuicio de eventuales renovaciones en el futuro. Con esta modificación, la compañía considera que el Gobierno dispondrá de mayor margen de maniobra para precisar la política energética y el papel de la energía nuclear durante la transición hacia un mix donde la energía renovable sea mayoritaria.

Por su parte, Endesa ha reiterado su apuesta por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La eléctrica presidida por Borja Prado defiende así alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que no hay otra alternativa que garantice la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayude en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

La Junta de Extremadura reclama a las empresas propietarias de la nuclear de Almaraz que presenten la solicitud de continuidad

Europa Press.- La Junta de Extremadura ha reiterado su compromiso con la actividad de la central nuclear de Almaraz «hasta que no haya una alternativa de garantía» para la comarca, por lo que ha reclamado a las empresas propietarias de la planta que presenten antes del próximo 31 de marzo la solicitud de continuidad de esta central.

Una moratoria que, según defiende el Ejecutivo extremeño, deberá estar en vigor durante «el tiempo suficiente hasta que haya una alternativa clara y suficiente ejecutable para la zona», además de «estar definido cuál será el futuro del parque nuclear en España». En ese sentido, la Junta de Extremadura advierte que «no va a permitir en ningún caso» afrontar un proceso de clausura de la actividad «sin que las alternativas económicas, industriales y energéticas estén ejecutadas».

De esta forma se pronuncia la Junta de Extremadura sobre la posible continuidad de la central nuclear extremeña, y ante las que el Ejecutivo regional reitera su «compromiso con esta zona de Extremadura» a través de una posición «adecuada y firme» en este momento como es «con pocas declaraciones públicas y trabajando para ofrecer la solución más viable para los municipios de esta comarca«. Finalmente, la Administración autonómica ha defendido la «necesaria unidad de acción» desde Extremadura como «la mejor herramienta para prolongar la vida de la central nuclear hasta que esa alternativa para el Campo Arañuelo sea una realidad».

El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros la transposición de la directiva europea sobre el registro de emisiones contaminantes para 2021-2030

Europa Press. – El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley con el que se transpone una parte de la Directiva Europea de Emisiones relativa a la regulación de algunos aspectos del comercio de derechos de emisiones de gases contaminantes en España para el nuevo periodo 2021-2030.

De este manera, y según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con este Real Decreto se elabora un registro de emisiones para ver «como se pueden conceder» derechos de emisión a «instituciones, hospitales, escuelas y empresas», entre las 1.000 instalaciones afectadas en España por este sistema.

Como ha manifestado Celaá, esta es «parte» de la transposición de una Directiva y que la Directiva «completa» se aprobará «en breve» en el Consejo de Ministros.

Gracias a la aprobación del Real Decreto, el Gobierno aclara «determinados aspectos» sobre el nuevo periodo e incorpora las cuestiones más urgentes de la Directiva 2018/410/UE, que adapta la regulación al nuevo periodo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2021 y estará vigente hasta 2030.

Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDEUE) es una de las herramientas principales de la UE para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático y para reducir sus emisiones contaminantes de forma rentable.

Hay que recordar que el objetivo de la UE es reducir al menos un 40% sus emisiones en 2030 respecto a los valores de 1990, en línea con los compromisos asumidos por el Acuerdo Europeo en 2014 y como parte de la contribución europea al Acuerdo de París.

Así, el RDCE-UE, creado en 2005, es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo y es la herramienta para reducir las emisiones en 31 países, los 28 de la UE junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega.

De este modo, este sistema rige en las instalaciones de gran consumo de energía, sobre todo en las centrales eléctricas y las plantas industriales, así como en las compañías aéreas que operan en estos 31 países. En España, unas 1.000 instalaciones, que suponen un 39% del total de emisiones del país, operan bajo este sistema.

Específicamente, España transpone además los aspectos más urgentes de la Directiva 2018/410/UE del Parlamento y del Consejo de Estado, que introdujo novedades en este régimen de cara a esta cuarta fase. Así, regula el proceso, los plazos, la información y los documentos necesarios para que las instalaciones puedan solicitar la asignación gratuita de derechos de emisión del GEI para el periodo de asignación 2021-2025.

La novedad más importante y que la norma lo exige es la obligación de que los titulares de las instalaciones elaboren un plan metodológico para el seguimiento y notificación de los niveles de actividad a lo largo del periodo 2021-2030, que deberá ser aprobado por la autoridad competente.

En otro sentido, regula algunos puntos sobre el régimen de exclusión de instalaciones que cada año emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de CO2 y de hospitales. Aunque estén excluidas del régimen de comercio, este tipo de instalaciones deben cumplir medidas consideradas equivalentes a la participación en el RCDE, según el Real Decreto 301/2011 de 4 de marzo.

Finalmente, la norma aprobada introduce las novedades que incorpora el Derecho comunitario respecto al mecanismos de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutibles en los precios de la electricidad.

Aevecar celebra que el Supremo defienda la seguridad de los consumidores en las estaciones de servicio con la norma ITC-04

Europa Press.- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo respaldando la puesta en marcha de la norma ITC-04 y ha valorado que así «defiende la seguridad de los consumidores en las estaciones de servicio».

El presidente de Aevecar, Alejandro Ripoll, señaló que ahora «lo primordial era asegurar el buen servicio de todas y cada una de las estaciones de servicio». El Tribunal Supremo desestimó los recursos presentados por Cooperativas Agroalimentarias de España y la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) contra la ITC-04, una norma que regula la seguridad industrial en las instalaciones de suministro de carburante al por menor. En concreto, ambas entidades recurrieron el artículo de esta norma que limita el repostaje en régimen desatendido a 75 litros y 3 minutos.

Las cooperativas lamentan el fallo

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de España han mostrado su disconformidad con un fallo judicial que, a su juicio, perjudica a las instalaciones de carburantes del sector cooperativo. En este sentido, el coordinador del Grupo de Trabajo Carburantes, Josep Lluís Escuer, ha realizado una valoración «muy negativa» de las implicaciones de la decisión del Supremo al considerar que no se han tenido en cuenta las especificidades de las estaciones de servicio cooperativas ni la capacidad de repostaje de la maquinaria agrícola. «Las limitaciones que se están imponiendo resultan abusivas, perjudican a todas las estaciones de carburantes del sector cooperativo, atentan contra la libre competencia en el mercado y restringen la libertad de empresa», ha afirmado.

Las cooperativas cuentan con 900 estaciones de servicio que llevan distribuyendo carburantes desde hace 30 años como servicio a sus socios. En general, según explican las cooperativas, estas instalaciones se encuentran ubicadas en entornos rurales, donde los índices de población son más bajos, y, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del servicio, se suele optar por un sistema de gasolinera que no obligue a tener personal de atención al cliente durante las 24 horas.

Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera han perdido población tras su cierre en 2006

Europa Press.- Los municipios cercanos a la central nuclear José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara), han perdido población desde el cierre de la planta en 2006, según un estudio sobre el efecto local de la planta encargado por el Movimiento Alternativa a Zorita a la Universidad de Alcalá, que concluye que el cese de la actividad «no ha sido un chollo» para la comarca.

Así lo ha manifestado el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), Mariano Vila, en alusión al estudio encargado a la universidad por este movimiento, formado por 13 municipios que conforman la Mancomunidad Tajo-Guadiela, sobre la evolución económica y poblacional de esta comarca en comparación con pueblos no nucleares semejantes. La central de Zorita, cerrada desde el 2006, afronta actualmente su fase final de desmantelamiento y, según muchos de los alcaldes de esta comarca con los que coincide Vila, desde entonces el descenso poblacional y económico es un hecho constatable que hace más necesario que nunca dar apoyo a la zona con el fin de que «no muera del todo».

Según Vila, dicho estudio deja claro que los pueblos que no han tenido nunca una nuclear están ahora mejor que aquellos que la tuvieron y ya no la tienen. Para Vila, esto demuestra la teoría que siempre ha tenido AMAC de que «tener una planta nuclear te da unas ventajas cuando la tienes, pero te deja desierto cuando la cierras».

En este sentido, el gerente de AMAC explicó que, a raíz de la implantación de la primera nuclear de España en la comarca de Zorita, muchos de los residentes abandonaron sus actividades tradicionales para irse a trabajar a la planta pero, tras su cierre, ya no retomaron los trabajos que hacían anteriormente, «acabándose la actividad económica clásica» de esta comarca. Por todo ello, para AMAC, este estudio refleja que «es más necesaria que nunca» la participación y colaboración de las administraciones para combatir la pérdida poblacional y económica de esta comarca de la Alcarria, que precisa de una «atención especial».

Desde estos pueblos tienen aún más claro que el «el golpe más fuerte» aún está por llegar, y que se producirá en 2019 o 2020, con la llegada del desmantelamiento total de la planta por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Por ello, el Movimiento Alternativa a Zorita y AMAC confían en que para entonces exista un proyecto nuevo para una comarca en la que, si no se actúa, «morirá», premonición que comparten la mayor parte de los alcaldes de esta zona, tremendamente preocupados por la creciente despoblación que sufren sus pueblos.

Nucleares operando a largo plazo

Por otra parte, las centrales nucleares de Ascó y Vandellós II han recibido una misión internacional para afrontar sus operaciones a largo plazo, según indicó la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II (Anav). El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) promovió la fase preliminar de la Misión Salto que evalúa el estado de las acciones emprendidas en las centrales de Anav para operar las centrales más allá de la vida establecida en el diseño inicial de estas instalaciones y da recomendaciones de mejora de acuerdo a los más altos estándares internacionales de la industria nuclear.

La Eurocámara confirma el acuerdo para reformar el mercado eléctrico europeo y facilitar la transición hacia un modelo energético descarbonizado

Europa Press,- La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha confirmado el acuerdo alcanzado con los gobiernos de la Unión Europea para reformar el diseño del mercado eléctrico europeo para mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.

En concreto, los eurodiputados han dado su visto bueno tanto al nuevo reglamento como a la nueva directiva, pero todavía debe pronunciarse al respecto la Eurocámara en la sesión plenaria prevista a finales de marzo. Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que “limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas”, según el Consejo de la Unión Europea.

Precios regulados, posibles hasta 2025

No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la Unión Europea en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.

También busca reforzar los derechos de los consumidores. Los consumidores tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios. Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios online libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes. Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad.

El Gobierno del PSOE negociará antes de marzo con colectivos, comunidades autónomas y municipios la Estrategia contra la Pobreza Energética

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica mantendrá conversaciones con los agentes implicados en la Estrategia contra la Pobreza Energética, que de acuerdo con los plazos que marca el Real Decreto al efecto aprobado el 5 de octubre, tendrá que ser aprobado antes de marzo, 6 meses después de su publicación.

Según fuentes ministeriales, próximamente se celebrarán encuentros y contactos para implicar tanto a los colectivos como a las autonomías y a la Federación Española de Municipios y Provincias en la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, que para el MITECO debe convertirse en una política de Estado. Por ejemplo, la Fundación Ecodes presentó 47 propuestas. De partida, la entidad considera que el derecho a la energía debe estar recogido en la Constitución. A partir de ahí, propone una reforma «sustancial» del bono social eléctrico y del cheque térmico para que haga especial hincapié en la concesión «automática» por criterios de renta que se apoye en la creación de un registro de perceptores potenciales.

Carlos Pesqué (Ecodes) plantea sustituir el bono social y el cheque térmico por mecanismos «más eficientes y justos», como por ejemplo una tarifa social de la luz y gas, con un precio «estable» y ofertada y financiada por «todas» las comercializadoras que operan en el mercado español. Otras de sus propuestas pasan por reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad y de la factura eléctrica para incentivar el ahorro y que reduzca el peso del término fijo frente al consumo, además de aplicar un IVA reducido para un consumo básico, entre otras.

Además, Celia Foronda, de Ecodes, considera que la rehabilitación energética debe ser clave en la estrategia de lucha contra la pobreza energética mediante «partidas específicas» para hogares vulnerables. «Es esencial realizar una modificación fiscal para que las ayudas a la rehabilitación energética de hogares vulnerables no computen como ingreso en la Declaración de la Renta, hecho que puede provocar la pérdida de otro tipo de ayudas sociales, como las becas de comedor», considera. Igualmente, Ecodes propone que la Estrategia potencie la instalación de fuentes renovables para el autoconsumo de familias vulnerables y aprobar fondos específicos para que los gobiernos locales y autonómicos cuenten con asesores de energía y/o herramientas que permitan reducir el consumo de energía de las personas vulnerables.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

La CNMC y el regulador francés tumban el gasoducto MidCat (STEP), el proyecto de interconexión gasista con Francia por Cataluña

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión francesa de Regulación de la Energía (CRE) han tumbado el proyecto de interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental, denominado STEP (South Transit East Pyrenees), al rechazar la solicitud de inversión presentada por Enagás y la gala Teréga.

Según indicaron en un documento la CNMC y la CRE, el proyecto «no cumple con las necesidades del mercado y carece de madurez suficiente para ser considerado en una asignación de costes transfronteriza». Por ello, los reguladores rechazan la solicitud de inversión y recomiendan a Enagás y Teréga realizar «evaluaciones adicionales» sobre el proyecto, con el fin de valorar si pudiera «proporcionar un ratio coste-beneficio claro y positivo en el futuro, teniendo en cuenta la naturaleza de las capacidades ofrecidas». El pasado mes de julio, Enagás y Teréga sometieron a las autoridades reguladoras esta solicitud de inversión transfronteriza y costes repartidos para el proyecto STEP.

¿Beneficios superiores a los costes?

La inversión del proyecto asciende a unos 442 millones de euros, de los que 290 millones serían aportados por Teréga y los restantes 152 millones por Enagás. A este respecto, tanto la CNMC como el regulador galo afirman que el análisis costes-beneficios del proyecto no demuestra claramente que sus beneficios sean superiores a los costes en los escenarios más realistas. Con este proyecto de interconexión gasista entre Francia y España se preveía crear una capacidad de intercambio adicional entre ambos países de 180 GWh/diarios desde Francia a España y de 230 GWh/diarios en sentido contrario.

En la decisión conjunta, los dos reguladores señalan que los operados del sistema no han presentado un proyecto que ofrezca una capacidad de interconexión firme, por lo que las capacidades creadas serían interrumpibles, lo que supone «un factor negativo determinante en la evaluación de la viabilidad de la infraestructura a largo plazo, y de su contribución a la obtención de precios competitivos y estables para los consumidores domésticos e industriales». Asimismo, destacan que el mercado no ha manifestado «ningún interés comercial» por nuevas capacidades de interconexión y subrayan que la interconexión gasista actual entre Francia y España «no está congestionada».

STEP ha sido reconocido por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común. El proyecto de la infraestructura consta de un tramo de gasoducto de 106 kilómetros en el tramo español y de 120 kilómetros en el francés. En el lado nacional, las infraestructuras asociadas al desarrollo de la conexión internacional STEP serían: el gasoducto Martorell-Figueras, tramo norte (Hostalric-Figueras); el gasoducto Figueras-Frontera Francesa; y la estación de compresión de Martorell.