El Parlamento Europeo se posiciona a favor de elevar al 35% el objetivo de energías renovables para el año 2030

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo negociará elevar el objetivo de energías renovables para la Unión Europea hasta el 35% en 2030, frente a la meta del 27% fijada en la actualidad, como parte de los esfuerzos del bloque comunitario para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Los eurodiputados han aprobado con 492 votos a favor, 88 en contra y 107 abstenciones el informe del eurodiputado del PSOE, José Blanco, que fija la posición de la Eurocámara para las negociaciones que deben comenzar ahora con el Consejo de la Unión Europea, la institución comunitaria que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, que aboga por mantener el objetivo en el 27%. «Podemos decir que el Parlamento Europeo ha dado un mensaje claro e inequívoco para cumplir con los objetivos de París y para impulsar una transición energética basada en una energía limpia y energías renovables», subrayó Blanco, que también calificó la postura del Consejo de la Unión Europea como «errática» y ha confiado en poder cambiarla.

Para alcanzar este porcentaje a nivel comunitario, los países deberán fijar sus propios objetivos nacionales, que serán coordinados y supervisados en virtud de otro proyecto legislativo sobre gobernanza energética, que también fue aprobado. Por otro lado, los eurodiputados fijaron un objetivo de eficiencia energética para 2030 también del 35%, que se calculará a partir de la proyección de consumo energético para ese mismo año según el modelo PRIMES, que simula el consumo y suministro de energía en la Unión Europea.

Además, el texto sobre renovables apuesta por impulsar el autoconsumo de energías renovables en el bloque comunitario al instar a los Estados miembros a «garantizar que los consumidores tengan derecho a convertirse en autoconsumidores de energías renovable». Para ello, estos consumidores deben estar autorizados «para autoconsumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable sin ser objeto de procedimientos y cargas discriminatorios o desproporcionados que no reflejen los costes”. Además, los eurodiputados han aprobado una enmienda que pide permitir el consumo de electricidad renovable de producción propia y que permanece dentro de sus locales «sin estar sujetos a impuestos, tasas o tributos de ningún tipo». Esta enmienda ha recibido 594 votos a favor, 69 en contra y 20 abstenciones.

«Hemos blindado algo que era una pelea, a mi juicio justa, que es garantizar el autoconsumo como un derecho. El autoconsumo de energía renovable como un derecho y eliminando trabas administrativas y prohibiendo medidas como el impuesto que es conocido como impuesto al sol», ha enfatizado el eurodiputado socialista español. Preguntado por el futuro de esta enmienda en las negociaciones con los socios comunitarios, Blanco ha confiado en contar con el apoyo de la Comisión Europea y ha advertido de que la Eurocámara no renunciará, dado el apoyo que ha recibido esta parte del texto.

Asimismo, los eurodiputados acordaron que el 12% de la energía utilizada en el sector del transporte proceda de fuentes renovables. En este contexto, la contribución de los biocombustibles de primera generación deberá limitarse al nivel de 2017, con un máximo del 7%, en el transporte por carretera y ferrocarril. De la misma forma, la cuota de biocombustibles avanzados, combustibles renovables para el transporte de origen no biológico, combustibles derivados de residuos y electricidad renovables deberá alcanzar el 1,5% en 2021 y aumentar progresivamente hasta el 10% en 2030. Por último, el 90% de las gasolineras en las carreteras dentro de las redes transeuropeas deberán estar equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos en 2022.

APPA, AEE y UNEF aplauden el objetivo del 35% de renovables aprobado por la Eurocámara y pide compromiso al Gobierno

Europa Press.- Mientras la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha aplaudido la aprobación del nuevo objetivo del 35% de energías renovables para 2030 por el pleno del Parlamento Europeo, aunque considera que «no habiendo objetivos vinculantes para los estados miembros, el reto es conseguir las políticas y los instrumentos adecuados para alcanzar el objetivo común de la Unión Europea«, APPA Renovables y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también aplauden la postura de la Eurocámara y demandan al Gobierno «compromiso con la transición energética».

La patronal APPA valora «positivamente» el amplio respaldo del Parlamento Europeo aunque lamenta que «no se hayan establecido metas vinculantes a nivel nacional y determinadas propuestas específicas«. APPA considera que, a pesar de «la buena noticia» que supone el amplio consenso a favor del 35%, «se deja en manos de los Estados el establecimiento de los planes y objetivos nacionales».

Por ello, insta al Gobierno a «asumir esta amplia mayoría de la sociedad convirtiendo ese 35% en el objetivo nacional dentro de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética«. Así, señala que el compromiso del Gobierno español con la transición energética «debe ser demostrado también en su postura ante el Consejo Europeo, elevando su posición actual del 27%».

Paso adelante hacia las renovables

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica cree que este objetivo es «abordable e incluso superable» y señala que, con esta cuota del 35%, la Unión Europea demuestra «su apoyo a la industria eólica europea y a los beneficios económicos que genera el sector en el continente». La patronal eólica subraya que la aprobación del Parlamento Europeo es «un paso más» para facilitar el incremento de las renovables en la Unión Europea y en España.

UNEF celebra el compromiso europeo

En el mismo sentido, UNEF considera que la definición de un objetivo del 35% demuestra para la Unión Europea «su compromiso y la ambición necesario para los objetivos del Acuerdo de París». UNEF señaló que la posición expresada por el Parlamento Europeo con respecto a la futura directiva de Energías Renovables expresa «un fuerte mensaje de apoyo a todas las energías renovables». UNEF subrayó que, además del aspecto medioambiental, la apuesta por las renovables implica «apoyar la creación de empleo, fomentar el crecimiento económico y contribuir al mejoramiento de la saludde todos los ciudadanos«.

La patronal, que señaló que el sector fotovoltaico «está preparado para desempeñar un papel protagonista en España en la transición hacia un modelo energético sostenible», aplaudió también el apoyo del Parlamento Europeo a la defensa del autoconsumo, «un derecho que todos los ciudadanos tienen que poder ejercer sin barreras artificiales, y a la eliminación del peaje de respaldo o impuesto al sol«. Así, UNEF afirmó que ahora corresponde a los Estados miembros la responsabilidad de cumplir con el mandato democrático emitido por el Parlamento Europeo «para seguir avanzando hacia el cumplimiento de los compromisos definidos por el Acuerdo de París».

El Gobierno prevé que la factura de la luz baje este año por una mayor estabilidad meteorológica y del crudo

Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha aventurado un descenso para este año de la factura de la luz por la estabilidad de los precios del petróleo y de las condiciones meteorológicas en relación a lo ocurrido en 2017. «Un año tan malo como 2017 no vamos a tener. La tendencia es una mejora de los precios. La meteorología y el petróleo están más estables y eso va a ayudar a los precios», asegura Nadal.

El ministro ha señalado que la factura doméstica normal en enero se ha reducido un 14,4%, una cifra que obedece a que el año pasado hubo muchos problemas de energía, especialmente en Francia, que encarecieron el recibo en España. Nadal abogó por mantener las centrales nucleares, de carbón y de gas e incrementar la producción a través de las renovables, lo que permitiría cumplir con los objetivos de CO2 y de renovables. «España va a ser de los pocos países de la Unión Europea que va a cumplir con sus objetivos de renovables. Hay que cumplir con los objetivos medioambientales, pero también de precio», matizó.

La Plataforma contra el ATC nuclear y Ecologistas en Acción creen que la sentencia del TSJCM supone «su final definitivo»

Europa Press.- Mientras Ecologistas en Acción exige al Gobierno que retire definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca) porque considera que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), lo hace «inviable», la Plataforma y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) creen que la sentencia supone «el fin definitivo» del proyecto puesto que el Plan de Ordenación Municipal (POM) es indispensable para poder construir el ATC.

Para la organización antinuclear, esta sentencia «es una prueba más de que en varios de los procedimientos de licenciamiento del ATC no se cumple el ordenamiento jurídico», según ha indicado la Plataforma. «Desde el inicio se deberían haber tenido en cuenta los principios de precaución, seguridad y transparencia y ninguna de estas premisas se han cumplido desde la designación de Villar de Cañas para ubicar el ATC en diciembre de 2011«, explican. Por ello, la Plataforma resaltó que no oculta «su enorme satisfacción» por esta sentencia, algo que se demuestra con las alegaciones que ya presentó en diciembre de 2014 con argumentos en la línea que ahora pone de manifiesto el TSJCM en su sentencia.

“Estupenda noticia” para los opositores

La portavoz de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, María Andrés, ha indicado que, aunque hay que esperar a conocer el texto completo de la sentencia, «no cabe duda de que es una estupenda noticia para la Plataforma». A su juicio, esto avala «que las prisas por aprobar el POM en un tiempo récord, cuando Cospedal estaba en funciones, tenía el riesgo de la falta de seguridad jurídica. Y por mucho que diga el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, sin POM no hay basurero nuclear».

Ahora, concluye la portavoz de la Plataforma, José María Saiz «puede hacer dos cosas: recurrir ante el Supremo o hacer otro POM, pero en ambos casos, los retrasos pueden hacer inviable el ATC, ahora que todas las centrales nucleares tienen o están en trámites para tener sus almacenes individuales y es conocido públicamente que los terrenos elegidos no son aptos».

Además, añade Andrés, que «es muy lamentable la reacción del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está dispuesto a mentir diciendo que los residuos nucleares se están enviado fuera de España, a pesar de que sabe que no es cierto. Todo porque Cospedal lo colocó en la lista al Congreso por la provincia de Cuenca, únicamente para que Catalá haga campaña a favor del ATC».

Ecologistas pide cancelar el ATC

Por su parte, Ecologistas en Acción destaca que la sentencia que avala la prohibición por parte de la Junta de Castilla-La Mancha del POM de Villar de Cañas mantiene la calificación de no urbanizable para los terrenos donde se planea construir el ATC, por lo que iniciar las obras es «inviable». Por ello, considera que el Gobierno debe interrumpir la búsqueda de los terrenos para un almacén de residuos nucleares hasta que no establezca un calendario de cierre «aceptable» para las centrales nucleares y abrir un debate sobre la forma en que se deberán gestionar los residuos de alta actividad.

La sentencia rechaza el recurso de Villar de Cañas y avala la decisión de la Junta castellano-manchega de prohibir el POM de la localidad que fue aprobado por el consistorio para autorizar la construcción del ATC que albergaría los residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas. Si bien, la Junta anuló este POM que convertía en urbanizables los terrenos donde se iba a construir el ATC. En cuanto a las cuestiones ambientales, la ONG recuerda que el ATC se ubicaría en una zona de alto valor natural y con numerosos problemas geológicos.

En definitiva, Ecologistas en Acción asegura que la sentencia «frena» la construcción del ATC en Villar de Cañas y termina con «el empeño del Gobierno» de construir en unos terrenos que no reúnen los requisitos técnicos adecuados de optar por este emplazamiento para el cementerio nuclear. Si bien, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, denuncia que el proyecto de Villar de Cañas, impulsado cuando la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal presidía la administración autonómica, ha supuesto «el gasto de decenas de millones de euros en instalaciones auxiliares, a pesar de las denuncias de Ecologistas en Acción ante la Fiscalía», ya que Enresa ha licitado y pagado contratos e instalaciones.

Page cree que hay una razón económica muy poderosa para que el Gobierno central quiera seguir construyendo el ATC nuclear

Europa Press.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno “prudencia” con respecto a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca) y ha insistido en que tiene que haber «alguna razón económica muy poderosa» para que el Ejecutivo «siga planteándosela», después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya desestimado el recurso del Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM).

El presidente regional ha contestado de esta forma al ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, que reiteró el «compromiso» del Gobierno central con el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, considerando «muy importante» que salga adelante. García-Page ha reiterado que España «tiene que plantearse la estrategia de gestión de residuos«, al tiempo que se ha mostrado «satisfecho» de que el TSJCM haya dado la razón a la Consejería de Fomento, asegurando que el  POM es «tan ilegal que el Ayuntamiento no va a hacer reclamación, salvo que haya intereses más radiactivos que lo que se quiere enterrar».

El presidente regional ha criticado la «demagogia barata» de «ver al ministro Soria y a Cospedal intentar decirle a la gente que les había tocado la lotería porque hacían un agujero donde se enterraban residuos nucleares», asegurando que al instalar el ATC en la provincia conquense «se espanta el turismo y además se hace correr riesgo a la población en los cientos de tránsitos de camiones peligrosos». «Hubo en el aire muchas instalaciones posibles y no se eligió la primera, la segunda ni la tercera, se eligió la cuarta», ha recordado, manifestando que «hay opciones posibles y alternativas» al almacenamiento centralizado de los residuos nucleares.

En referencia a los tres informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que informan desfavorablemente al respecto de la suficiencia de recursos hídricos para las demandas que contempla el pueblo y el ATC, García-Page considera que «que falte agua para el ATC puede ser hasta conveniente para que no salga adelante», aunque ha reconocido que podría ser malo «para otras inversiones positivas» en la zona.

PP pide soluciones a Page

Por su parte, el PP de Castilla-La Mancha ha señalado que respeta las decisiones judiciales respecto al ATC de Villar de Cañas, al tiempo que ha pedido a García-Page, que aporte soluciones y no confrontaciones con el Gobierno central. Así ha reaccionado la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, que ha recordado que el presidente castellano-manchego dijo «hace tiempo» en relación al ATC que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la capacidad de crear 1.000 puestos de trabajo en Villar de Cañas. «Estamos esperando esos puestos de trabajo que Page prometió, ¿Dónde están?», se ha preguntado la diputada popular.

PSOE pide un debate autonómico

Por otro lado, el PSOE de Castilla-La Mancha ha registrado en las Cortes regionales un debate general relativo a la situación del ATC de Villar de Cañas. Así lo anunció el diputado regional del PSOE, Fernando Mora, quien lamenta que el ATC «sea consecuencia» de una decisión política y no técnica, en donde se prevé una inversión de 700 millones de euros. «Esa inversión daría solución inmediata a la vida de mucha gente en nuestra región, sin embargo nos meten basura nuclear con un cementerio que está teniendo todas las dificultades del mundo, incluso ante los tribunales», ha argumentado Mora.

Bajo su punto de vista, esa es la «consideración» de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, con Castilla-La Mancha. «Los ciudadanos no le importaban nada y su único objetivo era quedar bien con Rajoy para ser ministra. Le importa un pito esta región», sentenció. Con todo, y tras la sentencia del TSJCM, Mora se mostró confiado en que el Gobierno de España sea «sensato de una vez».

Podemos pide al Gobierno el desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en 2021 porque es «innecesaria»

Europa Press.- Unidos Podemos ha presentado en el Senado una moción por la que insta al Gobierno a desmantelar la central nuclear de Cofrentes (Comunidad Valenciana) en 2021, cuando cumpla 37 años de operación, porque es «innecesaria» y a no autorizar la construcción dentro de la central del almacén temporal individualizado (ATI) para sus residuos.

El grupo parlamentario explica que la autorización de Cofrentes expira en 2021, cuando llegue a los 37 años de vida útil, y señala que esa edad es superior a «lo aconsejado por la Agencia Internacional de la Energía». La moción, para su debate en la Comisión de Energía de la Cámara Alta, se ha presentado después del último suceso nuclear que la planta comunicó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al producirse una desconexión de la red exterior por la parada automática de la turbina a consecuencia de la vibración de uno de sus cojinetes.

Para Unidos Podemos las centrales españolas están «envejecidas y agotando su vida útil» y destaca que Cofrentes es «una de las mejores pruebas de ello» en España. La central valenciana empezó a funcionar en octubre de 1984 y alcanzó su plena capacidad de producción en enero de 1985. Esta central recibió un permiso de 25 años y en marzo de 2011 se prorrogó otros diez años, hasta 2021. Además, la moción reclama que de manera «urgente» se apruebe un Plan Estatal de cierre de las centrales nucleares en España y de sustitución progresiva por fuentes de energías limpias y renovables.

En ese contexto, el grupo parlamentario advierte también de que los residuos que las centrales generan, «muy tóxicos y peligrosos, permanecerán activos durante miles de años». Por ello, Cofrentes insta también a no autorizar la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos dentro de los terrenos de la planta porque es «innecesario» puesto que la central dispone de capacidad de almacenaje suficiente hasta 2021.

La moción de la formación morada asegura que la central de Cofrentes es «absolutamente prescindible» en el sector energético español. Cofrentes tiene una potencia de 1,1 GW en un momento en el que las subastas de renovables de 2017 han adjudicado unos 8 gigavatios entre eólica y fotovoltaica que no tardarán mucho tiempo en estar disponibles y que podrán compensar el cierre de todo el parque nuclear español, que suma 7,6 gigavatios. La senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, considera “una irresponsabilidad” por parte del Ministerio competente ampliar la vida de una central con tan malo historial de incidentes considerando, además, que las recomendaciones del AIE especifican los peligros que conlleva el funcionamiento de centrales con una tecnología tan obsoleta».

La Diputación de Badajoz es galardonada por invertir 2,5 millones de euros para construir puntos de carga para coches eléctricos

Europa Press.- La Diputación de Badajoz ha recibido el Premio Jaulín 2018 en Defensa de la Naturaleza en la categoría nacional en su XXXVII edición. Desde que crearon estos premios en 1981 han sido galardonadas personalidades, asociaciones, empresas o diversas entidades en reconocimiento a su implicación en la conservación de la Naturaleza. A la entrega de premios acudió el diputado del Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Badajoz, Francisco Farrona.

En concreto, este Premio Jaulín 2018 ha sido otorgado por el Proyecto de Electrolineras que desarrollará durante 2018 el Área de Desarrollo Sostenible: consiste en la inversión de 2,5 millones de euros para la dotación de puntos de carga para coches eléctricos, a distancias mínimas de 35 kilómetros convirtiéndose en un ejemplo de utilización de los recursos de la Administración Pública para acabar con los condicionantes de la movilidad eléctrica.

El Plan de Movilidad Sostenible de la provincia de Badajoz tiene como objetivo la implantación de electrogasolineras en la provincia y la adquisición de 200 vehículos eléctricos para todos los municipios. Para Farrona, esta medida permitirá a los ciudadanos visualizar las posibilidades y beneficios de este tipo de coches además de contribuir al desarrollo de un modelo sostenible. Los premios Jaulín en Defensa de la Naturaleza los otorga el Ayuntamiento de Jaulín (Zaragoza) desde el año 1981 cuando se pusieron en marcha en sus tres modalidades: Aragón, España e Internacional.

Las principales compañías eléctricas financiarán el 95,4% del coste del nuevo bono social de electricidad

Europa Press.- Las principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, se harán cargo de casi el 95,4% del coste del nuevo bono social, frente al 96% que soportaban con el anterior sistema. Según el cálculo del porcentaje de reparto de la financiación propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Ministerio de Energía, Endesa asumirá el 37,14% del total; mientras que Iberdrola correrá con el 35,04%, correspondiéndoles así más del 72% del total entre las dos empresas.

Por su parte, Gas Natural Fenosa se hará cargo de la financiación del 15,81%, mientras que EDP, contando Cide, sufragará el 5,17% y Viesgo el 2,2%. En total, la CNMC ha incluido en la lista para participar en la financiación del bono social eléctrico de 2018 a un total de 232 sociedades que realizan la actividad de comercialización de energía eléctrica sin que formen parte de ningún grupo y 18 matrices del grupo de sociedades que desarrollan esta actividad. Al resto de empresas, fuera de las principales compañías eléctricas, les corresponde porcentajes inferiores al 1%. Así, Fenie Energía, la comercializadora de las empresas instaladores, será la que más aporte de las pequeñas, con un 0,88%.

El pasado mes de octubre, el Gobierno aprobó el nuevo bono social de electricidad, basado en criterios de renta para que puedan acceder los consumidores que más lo necesitan y que supone descuentos del 25%, el 40% y el 100% en la factura de la luz, según los casos. Este nuevo decreto regula la obligación a las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) de financiar el bono social, en función de su cuota de clientes.

No obstante, las grandes eléctricas, e incluso algunas más pequeñas, ya han presentado sus recursos contenciosos-administrativos contra este real decreto. En octubre de 2016, el Supremo ya tumbó el anterior mecanismo de financiación del bono social al estimar los recursos interpuestos por Endesa y Viesgo y reconocer el derecho de los demandantes a cobrar una indemnización por las cantidades abonadas en concepto de bono social en aplicación del real decreto de 2014 por el que se fijó la metodología de financiación. Este fallo del Supremo anuló el mecanismo de financiación del anterior bono social eléctrico, circunstancia que obligó al Gobierno a diseñar este nuevo sistema.

El PSOE seguirá pidiendo paralizar los proyectos de almacén gasista en Doñana porque “los ciudadanos están antes que la especulación»

Europa Press.- El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, asegura que el PSOE va a seguir pidiendo al Gobierno central en las distintas Cámaras la paralización de los proyectos para el almacenamiento de gas natural en el subsuelo del entorno de Doñana ya que «los ciudadanos deben estar antes que la especulación».

Amaro Huelva ha remarcado que «el Gobierno tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos y no por el de Gas Natural», por lo que asegura que el PSOE «seguirá en la brecha para pedir que se paren», sobre todo tras las peticiones de los Defensores del Pueblo, del CSIC y el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa, cuyas conclusiones alertan de que uno de los almacenes subterráneos tiene un riesgo de inundación «más elevado del inicialmente admitido».

«No sabemos qué organismos tienen que pronunciarse más al respecto», ha señalado el socialista, que ha dejado claro que realizarán más acciones para que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, «dé la cara», para lo que insta también al PP onubense y al andaluz, ya que «no pueden ser cómplices de las aberraciones contra Doñana». Amaro Huelva expresó su preocupación por «la obsesión del Gobierno por seguir adelante con el proyecto del gas haciendo caso omiso a todas estas sugerencias», incidiendo en el convencimiento de que el proyecto en conjunto «es perjudicial y contrario a la integridad del espacio natural«.

Tras recordar que su grupo ha presentado una proposición no de Ley para pedir la paralización de estos proyectos, el socialista ha asegurado que el Gobierno, con estos subproyectos, «quiere convertir a Huelva en un gran almacén de gas porque se convertiría en receptora de casi la tercera parte del gas almacenado en España». En esta línea, ha dejado claro que el PSOE ya alertó de que «la división en 4 subproyectos era un gravísimo error y ha supuesto que no valoren el impacto ambiental del proyecto en su conjunto».

La Audiencia Nacional absuelve al expresidente Benjumea y la excúpula de Abengoa por cobrar indemnizaciones millonarias siguiendo las exigencias legales

Europa Press.- La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones que recibieron en 2015 el expresidente Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de cerca de 11,5 millones y 4,5 millones respectivamente, ya que estas se adecuaron a la normativa legal y por tanto no se produjo administración desleal en la multinacional sevillana.

Los magistrados de la sección cuarta de la Sala de lo Penal exponen en una sentencia que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran elaborados para favorecer «improcedentemente» al que fuera presidente de la compañía desde 1991 ni a su número dos puesto que venían impuestos por reforma legal, de acuerdo con lo que los absueltos expusieron durante la celebración de la vista oral.

El Ministerio Público solicitó 5 años de cárcel para Benjumea, 4 años y 3 meses para el que fuera consejero delegado y 4 años de prisión a los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero por el delito de administración desleal. El fiscal José Perals expuso en la vista oral que no tenían derecho a las indemnizaciones que cobraron a su salida de la entidad debido a la mala situación económica de la misma y acusó a Benjumea de aparentar su marcha como si fuera una condición impuesta por los bancos que iban a inyectar al menos 650 millones de euros para la ampliación de capital del grupo andaluz.

Esos contratos, según el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que conste que los principales directivos de la compañía intervinieran en la redacción de los mismos. Respecto a los miembros de la comisión, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran «torticeramente» al informar favorablemente. La Sala va más allá descartando «cualquier modo de confabulación» para que la marcha de la compañía de los acusados fuera favorable a sus intereses económicos y por tanto no queda probado que los contratos para la alta dirección de 2015 «se suscribieran con el designio de servir de cobertura para el cobro de las remuneraciones».

En relación a Felipe Benjumea, se determina que su cese como presidente de la entidad y renuncia como consejero «obedeció a razones objetivas y externas a él», en referencia a la condición «indispensable» impuesta por las entidades bancarias lideradas por el Banco de Santander para proceder a la ampliación de capital de 650 millones de euros, versión que él mismo defendió como acusado asegurando que «fueron lentejas» y que el Consejo de Administración no pudo sino cesarle como presidente el 23 de septiembre de 2015.

Esta versión fue defendida por el resto de acusados que declararon en la vista oral y por el exministro socialista Josep Borrell, quien en calidad de testigo por ser miembro del consejo de administración dijo que se exigió el cese de Benjumea y que Abengoa era una empresa en fuerte expansión, pese a que se acogió a preconcurso de acreedores dado su situación de endeudamiento.

En el caso de Sánchez Ortega, que aseguró que renunciaba a su cargo porque buscaba un cambio de vida, la sentencia recoge que su salida se debió a razones «internas y subjetivas» y, por tanto, no cobró los 3 millones de euros acordados en su contrato en calidad de bonificación por permanencia y tampoco lo estipulado en el plan de prejubilación. Ambos siguieron vinculados a la energética como asesores y supuestamente sin percibir remuneración. Los magistrados también explican que tras la salida de este gobierno corporativo no se reexpresaron ni reformularon los estados contables de la empresa, hecho utilizado por los acusados para defender su gestión al frente de Abengoa.