Energía achaca a la falta de respaldo político no poder dificultar el cierre de centrales eléctricas con rango de ley

Europa Press.- Mientras Luis Tudanca, del PSOE de Castilla y León, espera que el PP no haga lo mismo con la térmica de Velilla que con Garoña y deje «tirada» la comarca, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha esgrimido que la falta de respaldo del resto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados, especialmente del PSOE, ha impedido que la normativa para endurecer el cierre de centrales eléctricas se haya podido aprobar mediante un real decreto ley.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal recordaron que a lo largo de 2017 el Gobierno trabajó con este objetivo de sacar adelante una propuesta conjunta para elaborar una normativa con rango de ley con la que regular el cierre de centrales eléctricas, aunque no fue posible al no contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas del Parlamento. Ante esta situación, el Ministerio optó por una regulación para establecer las condiciones que no dejaran el cierre de centrales en manos de decisiones empresariales. Eso sí, con un desarrollo reglamentario sin rango de ley.

El PSOE teme el futuro

Por su parte, Luis Tudanca no se fía de que el PP no haga lo mismo con la central térmica de Velilla que lo que hizo con Garoña en Burgos y deje «tirada» a la comarca y los trabajadores de la térmica. «Estamos esperando que tome alguna decisión» añadió, pero se ha mostrado poco esperanzado porque en Garoña el PP prometió durante años que con ellos en el Gobierno nunca cerraría y que pondrían un Plan de Reindustrialización en marcha.

Tudanca no quiere ser «agorero» pero ha recordado que hace más de 5 meses que el PP firmó «la sentencia de muerte» de Garoña y desde entonces están esperando un Plan de Reindustrialización. «Espero que eso no pase aquí, que no deje tirados ni a los trabajadores de la térmica ni al resto de la comarca» ha aseverado, al tiempo que enumeraba los problemas con los que cuenta la zona.

El Ayuntamiento de Madrid creará un área central 0 emisiones a partir de junio para mejorar la calidad del aire

Europa Press.- El Ayuntamiento de Madrid creará un área central 0 emisiones a partir de junio de este año, según ha asegurado el consejero Técnico de Ciudadanos de la ciudad de Madrid, Javier Castaño, como una de las medidas que se encuentran dentro del plan de calidad del aire de la capital. Según Castaño, el 70% de la mala calidad del aire es causada por el transporte.

En consecuencia, al sector del transporte se dirigen la mayoría de las iniciativas para reducir la contaminación puestas en marcha por el consistorio. El área cero emisiones tendrá como límites el distrito Centro y se pondrá en funcionamiento «teóricamente» el próximo junio. En esta área solo podrán acceder los vehículos de los residentes, los sin emisiones, vehículos autorizados por los residentes, así como los carga y descarga a ciertas horas y los taxis. Esta medida se une a otras incluidas en el plan como la prohibición de entrada en la ciudad de los diésel Euro 3 a partir de 2025 y la prohibición de utilización de los parquímetros de estos modelos a partir de 2020.

La CNMC se opone al decreto que dificulta el cierre de centrales eléctricas porque introduce excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha rechazado el proyecto de decreto del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que endurece las condiciones para autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica al considerar que introduce «una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico».

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). En su informe sobre la propuesta de normativa, el organismo presidido por José María Marín Quemada subraya que el real decreto introduce nuevos criterios adicionales al de seguridad de suministro para denegar el cierre de las centrales como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación. Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del Sector Eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el Paquete de Invierno.

Propone ayudas de Estado ilegales

En lo que se refiere al mecanismo de subasta que propone el Ministerio, la CNMC cree que es «muy complejo» y considera que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa europea, «lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea«.

Asimismo, la CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario. Así, en el peor escenario (punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de casi 3.000 MW hasta 2020, es decir, cerca de un 30% del parque de carbón existente. Esta cifra llega a alcanzar los 5.000 MW (el 50% del parque de carbón) si se considera el escenario más favorable, según el informe. A estos cálculos habría que sumar 3.000 MW de potencia interrumpible. En el caso de las dos centrales térmicas para las que Iberdrola ha solicitado su cierre, suman una potencia de 874 MW.

En un análisis de más largo plazo, en el horizonte 2020-2030, en su informe la CNMC señala que no resultaría necesario incorporar nueva capacidad de producción hasta el año 2021, dando por supuesto el mantenimiento del parque operativo actual. Posteriormente, se requerirá capacidad adicional en función de la senda que siga la retirada de tecnologías convencionales, en particular la tecnología nuclear y las centrales de carbón, y el crecimiento de la demanda. Así, por ejemplo, en un escenario en el que la demanda creciera en el entorno de un 1% anual, y el parque de generación actual, excepto la mitad de las centrales de carbón, se mantuviera operativo, no resultaría necesaria nueva capacidad hasta 2028.

Ecologistas Castilla-La Mancha rechaza la petición de Page de dedicar el dinero del ATC para autovías y propone «desarrollo sostenible»

Europa Press.- Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha considera «desafortunada» la petición del presidente regional, Emiliano García-Page, de destinar el dinero previsto para la construcción del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas al desarrollo de autovías en la comunidad autónoma, asegurando que lo que se necesita es «un desarrollo rural sostenible» y no más infraestructuras viarias. Desde la formación ecologista insisten en que su postura ante la inversión prevista es “reclamar más atención a las energías alternativas».

«Aunque está claro que el ATC tiene una dimensión más negativa que otros proyectos, es lamentable y preocupante la postura del Ejecutivo castellano-manchego, que frente a un proyecto insostenible y peligroso como es el basurero nuclear de Villar de Cañas plantee utilizar esos fondos para otros proyectos también insostenibles y que supondrán un enorme impacto», lamentan los ecologistas. Particularmente «grave» para la organización es «que se insista en reclamar una autovía entre Cuenca y Teruel, proyecto que ya ha sido objeto de una declaración de impacto ambiental negativa», entre otras autovías «que no se justifican por el tráfico que presentarían».

Galán (Iberdrola) pide que se haga una política energética «de verdad» y no «política con la energía»

Europa Press.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido hacer una política energética «de verdad» y «no hacer política con la energía«. A este respecto, insistió en que en los años que lleva en el sector ha visto pasar a distintos políticos que han cometido «los mismos errores», que al final «los pagan los consumidores y los accionistas».

El directivo, que defendió así la necesidad de impulsar la descarbonización de la economía mundial para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, señaló respecto a la transición energética que los cambios profundos no son un problema «sino una oportunidad». Así, afirmó que la descarbonización y la rentabilidad son totalmente compatibles y puso como ejemplo a la misma Iberdrola que, después de haber invertido 100.000 millones de dólares (unos 81.623 millones de euros) en renovables, redes y tecnología hidroeléctrica de bombeo, ha multiplicado por 5 su base de activos y triplicado sus resultados y dividendos. «Hemos pasado de ocupar el puesto 20 por capitalización bursátil entre las utilities a situarnos entre las cuatro primeras del mundo», añadió.

Además, Galán explicó que para dar respuesta a una demanda creciente con un modelo energético descarbonizado es imprescindible desarrollar más generación renovable, mayor capacidad de almacenamiento, más redes inteligentes y más vehículos eléctricos. A este respecto, aseguró que la tecnología necesaria ya está disponible y que sus costes se están reduciendo rápidamente. En este sentido, indicó que la inversión requerida por el sector eléctrico durante los próximos 25 años asciende a 19 billones de dólares (unos 15,5 billones de euros).

Galán, que hizo hincapié en que sean todos los actores los que se impliquen en la lucha contra el cambio climático, también consideró necesario para avanzar hacia un modelo económico descarbonizado que se implementen marcos legales estables y predecibles, que deben ir acompañados de una reforma de la fiscalidad ambiental bajo el principio de quien contamina, paga, así como de la eliminación de los costes no energéticos incluidos en la tarifa eléctrica. En este sentido, señaló que no todos los países que suscribieron el Acuerdo de París están desarrollando políticas para cumplir los compromisos asumidos.

En Asturias preocupa la descarbonización

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha reiterado que su comunidad autónoma tendrá «un problema» si finalmente se cierran sus centrales térmicas de carbón «antes de tiempo«. En este sentido, ha subrayado que España va «a cumplir el objetivo de 2020» en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 se refiere y ha garantizado que también lo hará en 2030 si no se va «más allá en las exigencias» que ya se «autoimponen» los países de la Unión Europea.

El barón socialista ha aseverado que le parece «bien» todo avance en energías renovables y que «nadie es enemigo de combatir el cambio climático», pero ha advertido de que si actualmente no existiesen las centrales de carbón el precio lo marcaría exclusivamente el gas y, por lo tanto, la electricidad resultaría «mucho más cara». En este sentido, ha puesto en duda que España pudiese garantizar «un precio razonable» de la electricidad y esgrimió que el encarecimiento de la electricidad será «un problema general para el conjunto de la industria española».

El Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria finaliza los ensayos de la plataforma flotante SATH para turbinas eólicas

Europa Press.- El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria) ha finalizado la campaña de ensayos de la plataforma flotante SATH para turbinas eólicas creada por la empresa Saitec Offshore Technologies, que realizará pruebas próximamente en BiMEP, área de ensayos en mar abierto del País Vasco.

El IHCantabria ha indicado que estos ensayos, enmarcados en el proyecto DemoSATH, se han desarrollado a escala 1:35 en el gran tanque de ingeniería marina de las instalaciones cántabras en el que se han reproducido diferentes condiciones meteo-oceánicas de oleajes, corrientes y viento, simulando mediante una turbina multi-fan la acción del aerogenerador frente a situaciones reales de viento turbulento. Desde IHCantabria señalan que «la solución SATH ha podido ser analizada bajo los estados de mar más exigentes, para así comprobar las capacidades de la plataforma, cuyos resultados han demostrado la aptitud de la solución para afrontar las condiciones más desfavorables».

Estos resultados han sido incorporados dentro de la estrategia de desarrollo de Saitec Offshore Technologies y servirán para la optimización del diseño y la validación del mismo de cara a que la tecnología SATH ofrezca una reducción de costes incluso frente a instalaciones de eólica fija offshore. Así, tras cinco años de desarrollo, SATH (acrónimo de Swinging Around Twin Hull) se presenta como «una plataforma flotante que, además de mostrar gran versatilidad para equipar turbinas de diferente capacidad, integra una estrategia innovadora y competitiva a diversas profundidades», indica el IHCantabria.

Saitec Offshore Technologies busca entrar en el mercado de la eólica offshore en emplazamientos de 30 metros de profundidad en adelante, donde se prevé que la plataforma SATH sea una solución competitiva gracias a sus bajos costes de construcción e instalación. La tecnología SATH incorpora características singulares que favorecen la estandarización del producto. Destaca el uso de hormigón prefabricado, lo que posibilita una construcción modular, fácilmente escalable, a la vez que impulsa el empleo de materiales y técnicas de la industria local, a diferencia de otras soluciones, que requieren técnicas avanzadas de construcción en acero.

Castilla y León planea reducir un 32,45% su consumo de energía y un 30,24% sus emisiones de CO2 en 2020

Europa Press.- La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva Estrategia de Eficiencia Energética, la tercera desde 2002, con un «ambicioso objetivo» que busca rebajar un 32,45% el consumo de energía final y reducir un 30,24% las emisiones de CO2 en 2020, sin alterar el mix autonómico de generación eléctrica en el que el carbón mantiene un hueco «por razones estratégicas» con un «papel preponderante» para las energías renovables.

Así lo anunció la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, tras aprobarse la nueva Estrategia de Eficiencia Energética, que contempla 79 medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones hasta un 12% por encima de los objetivos marcados por la Unión Europea. «Es mucho más ambicioso», ha destacado la consejera, que ha recordado que no es tan fácil rebajar consumo y emisiones contaminantes en una etapa de crecimiento económico. Dicho esto, ha significado los resultados de los dos planes de eficiencia energética puestos en marcha en 2002-2007 y 2008-2012 con un ahorro energético del 20,89% en Castilla y León en relación a los indicadores de 1990 que fija la Unión Europea.

«Este dato implica que Castilla y León ha cumplido 7 años antes las metas marcadas por Europa, que instaba a las regiones a aumentar la eficiencia energética en el 20% en 2020 respecto a 1990 y a reducir en el 20% las emisiones de CO2 en el mismo horizonte», precisó la consejera, quien destacó la «importante mejora» de la competitividad empresarial que aportan estas medidas.

La ejecución de las 79 medidas programadas hasta 2020 implicará un esfuerzo inversor de 799,1 millones que serán aportados por el sector privado, con 547,9 millones, y por el público, con 251,2 millones, tanto con fondos de carácter autónomo como estatales y europeos en este caso con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de subvenciones, préstamos a coste cero o a bajo interés, inversiones directas o participación en proyectos estratégicos.

Según ha precisado Del Olmo, el sector industrial absorberá el 51,3% del volumen global de recursos, seguido del sector de edificación (25,1%), del transporte (10,8%), de las mejoras en servicios públicos de las administraciones locales (10%) y de la Administración autonómica (2,4%). Al capítulo de I+D+i se dirigirán el 0,3% de los fondos y el 0,1% a iniciativas de difusión de un consumo responsable. La mayor parte de la reducción de emisiones de CO2 prevista corresponde al transporte, con 1,1 millones, seguidas de la industria (844.500), edificios (447.600), entidades locales (98.800) y Administración autonómica (23.600).

Entre las medidas para mejorar la competitividad de la industria y el sector ganadero, con el reto de conseguir una tercera parte del ahorro estimado para 2020, destacan el fomento de inversiones de eficiencia en los procesos, equipos e instalaciones de las compañías y la diversificación de las fuentes empleadas en la producción a través de la convocatoria de subvenciones. Se pretende introducir también «la mejor tecnología disponible», implantar sistemas de gestión energética UNE-EN-ISO-50001 o aplicar técnicas sobre agricultura de conservación, reducción del consumo de agua e introducción de motores y bombas de mayor rendimiento.

Eficiencia energética en los edificios

El segundo bloque del documento se centra en la edificación, que abarca los subsectores doméstico, comercio y servicios y hostelería. En el ámbito de los hogares se establecen medidas de apoyo para la sustitución de equipos consumidores de energía por otros de alta eficiencia energética además de incentivos para los edificios de energía cero (near zero energy building, en inglés). En lo que se refiere a los inmuebles del sector terciario, persigue fomentar mejoras en los sistemas de climatización, iluminación y aislamiento térmico. La estimación es que la disminución del consumo logrado con estas acciones represente el 17,7% del objetivo total previsto, cifró Del Olmo.

El transporte es el primer sector consumidor de energía final, con casi el 40% del total en Castilla y León, con el objetivo de que asuma el 44% del ahorro proyectado en la estrategia. En este campo se trabajará en la transición hacia modelos de movilidad de personas y mercancías más eficientes a través de planes de transporte sostenibles; en la planificación de infraestructuras que favorezcan la incorporación de vehículos alternativos y en la promoción del uso de combustibles distintos de los convencionales mediante ayudas. Por su parte, la Junta continuará con el plan de desarrollo del coche eléctrico e híbrido enchufable en la Administración.

El cuarto capítulo gira en torno al consumo energético derivado de la prestación de servicios públicos por parte de las entidades locales, tanto en electricidad (alumbrado público y de edificios, además del ciclo del agua), como en gasóleo para edificios y vehículos, gas natural y gasolina. Entre las iniciativas previstas, destacan los programas de colaboración con ayuntamientos y diputaciones para acometer mejoras en edificios, sistemas de alumbrado exterior y de depuración y abastecimiento de aguas ya que el 4% del objetivo de ahorro fijado para 2020 corresponde a este ámbito.

En la Administración autonómica, quinto apartado del plan, se articulan medidas de optimización por la vía de la sustitución de calderas, instalaciones de refrigeración y ventanas, y otras mejoras en los sistemas de iluminación y climatización en oficinas, hospitales, colegios, centros de salud y de servicios sociales. En este ámbito, el Ente Regional de la Energía (EREN), dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, potenciará el uso de la herramienta OPTE (Optimización de Tarifas Eléctricas), para que la Junta contribuya con el 9,4% al ahorro de energía estimado para el conjunto de Castilla y León al finalizar el periodo de vigencia de la estrategia.

El sexto eje está dedicado a la I+D+i y pretende orientar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación hacia la energía segura y sostenible. Para Del Olmo, merece una mención especial la propuesta de sellar acuerdos entre el EREN y grupos de investigación de las universidades públicas de Castilla y León en materia de eficiencia energética. Finalmente, el séptimo área de la Estrategia de Eficiencia Energética de Castilla y León planifica acciones informativas, formativas y de sensibilización dirigidas a ciudadanos, grandes empresas, pymes e instituciones, que se canalizarán a través de la web del EREN, de jornadas y de los medios de comunicación.

Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso sobre las inversiones en el ATC ya que “probablemente no se construirá”

Europa Press.- Mientras desde Podemos Castilla-La Mancha espera que la última sentencia que afecta al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) «dé por finiquitada» esta cuestión, el Gobierno de Castilla-La Mancha pedirá un debate en el Congreso de los Diputados para saber «por qué se está invirtiendo y mejorando las infraestructuras» en torno a la construcción del ATC cuando «es muy probable que no se construya».

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado así después de que el Gobierno central «sigue licitando y adjudicando contratos, a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), por un monto cercano ya a los 100 millones de euros». Martínez Arroyo indicó que el Ejecutivo autonómico quiere saber «qué empresas han sido las adjudicatarias y con cuántos fondos públicos» porque estas decisiones del Gobierno central pueden suponer «un problema grande».

«Son 100 millones de euros de dinero público gastados en una infraestructura que es probable que no llegue a buen fin y, evidentemente, vamos a pedir responsabilidades», ha continuado, insistiendo en que espera que las personas que han tomado esas decisiones «den explicaciones». Además, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha pedido a los responsables del PP de Castilla-La Mancha que «expliquen por qué ha sucedido esto, por qué se aprobó un Plan de Ordenación Municipal (POM) así, por qué se tomaron esas decisiones y por qué se ha invertido ese dinero en una infraestructura que probablemente no se llegue a construir».

Podemos contra el ATC nuclear

Por su parte, Podemos espera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la Resolución de la Consejería de Fomento del Gobierno regional que declaró nulo el Plan de Ordenación Municipal (POM) de la localidad conquense, «dé por finiquitada» esta cuestión. «No hay más vueltas que darle», ha manifestado la secretaria regional de Organización de Podemos, María Díaz, que añade que «a pesar de que la justicia y la ciudadanía han dicho reiteradamente que no, cuando uno insiste es porque hay intereses ocultos detrás que se tienen que explicar».

Bajo su punto de vista, el PP, «con esto de insistir en que el ATC tiene que instalarse en Villar de Cañas viene a demostrar que tiene un grave problema con la justicia y que tiene una inquina con Castilla-La Mancha». «Si se empeña el PP es porque posiblemente hay intereses ocultos que Rajoy tiene que explicar», indicó. Para Podemos, según Díaz, todo lo que lleva consigo la palabra «cementerio» no puede «traer vida a Castilla-La Mancha». «La región merece otro tipo de proyectos y tiene unas características muy especiales que se pueden aprovechar. Necesitamos proyectos a largo plazo: el sol, el viento, energías renovables y no basureros», ha añadido.

La CNMC pide no facilitar el dato de la comercializadora eléctrica vigente, ya que da ventaja a las principales compañías

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Energía que las comercializadoras eléctricas no tengan acceso al dato que revela la comercializadora vigente del consumidor ya que «existe un riesgo» de que su conocimiento beneficie a las grandes comercializadoras y tenga «efectos anticompetitivos«.

La CNMC considera que el conocimiento de este dato puede plantear problemas para «la dinámica competitiva del mercado» puesto que se trata de una información que es más útil para las grandes comercializadoras, que pertenecen a los 5 grandes grupos de compañías distribuidoras de España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo), que para las pequeñas. De hecho, el organismo señala que las comercializadoras alternativas ya saben por defecto que su principal rival en una zona es la comercializadora del grupo distribuidor eléctrico que opera en dicho lugar.

Rectifica su criterio la CNMC

Así, la CNMC subraya que publicar el dato del comercializador vigente del usuario perjudica a los nuevos entrantes que no pueden hacer ofertas concretas. Sin embargo, sus estrategias de expansión quedan reveladas ante otras empresas ya instaladas. De esta manera, el organismo, que había planteado anteriormente que se incluyera el dato del comercializador vigente considerando que el sistema era así más transparente y facilitaba su supervisión, cree ahora que «únicamente» la CNMC debería tener acceso a este dato. De esta manera, el regulador da respuesta a la consulta que realizó la Asociación de Comercializadores Independientes (ACIE), en la que solicitaba cambios en la información sobre la compañía comercializadora del usuario para que no se pusiera en riesgo su posición competitiva.

Las compañías comercializadoras de electricidad utilizan una base de datos conjunta que se conoce como SIPS (Sistema de información de puntos de suministro de gas natural y electricidad). A través de ella, pueden acceder a información sobre los clientes del mercado eléctrico para elaborar sus ofertas y atraer clientes mediante condiciones más ventajosas. De hecho, esta base de datos ha jugado un papel muy relevante en la introducción de competencia en el mercado minorista de electricidad en España, destaca la CNMC. Las características de esta base de datos (SIPS) quedaron establecidas a través del Real Decreto 1074/2015, en el que ya se modificaron determinadas disposiciones en el sector eléctrico elaborado por el Ministerio de Energía.

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.