Nadal apunta ahora que la Ley de Transición Energética no estará lista hasta que se apruebe la normativa europea

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press / EFE.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no se presentará hasta que se apruebe la normativa europea al respecto. «Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico«, ha apuntado, para señalar que las leyes «siempre se han hecho así en el país» y que ahora no se va a cambiar la forma de hacerlo.

Nadal explicó que la Ley de Cambio Climático pretende crear en España un marco normativo que, junto al resto de la Unión Europea, contribuya a la lucha contra el cambio climático y la transición energética en la próxima década. En respuesta al portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, Nadal expuso que esta norma está compuesta de tres paquetes, uno climático, otro energético y un tercero de movilidad sostenible y que estas tres acciones llevan diferentes ritmos de tramitación en la Unión Europea. Algunas están en «mayor o menor grado de tramitación», como es el caso “de la reducción de emisiones, que está más adelantada que la transición energética y tenemos bastante retraso en el de movilidad sostenible», aclaró.

Una ley anunciada múltiples veces

Estas palabras no satisficieron a García Mira, quien ha reprochado a Nadal que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, hayan anunciado en varias ocasiones esta norma. «Y a día de hoy no tenemos la ley», ha insistido. El diputado resaltó que los ciudadanos son quienes sufren la ausencia de un texto que reduzca las emisiones.

Según denunció, cada día viven en ciudades «más contaminadas» que afectan a su salud, mientras las empresas y el sector productivo vive la situación «con incertidumbre». El diputado socialista ha imputado a Nadal «inflamar a la opinión pública con sus propuestas en relación al carbón y a las nucleares», en vez de seguir las recomendaciones del paquete de invierno de la Unión Europea para elaborar una estrategia de actuación de cara al 2030 y 2050.

El ministro respondió a estas críticas señalando que su departamento ha apostado por unas renovables que «compiten, que bajan el precio y permiten cumplir con los objetivos climáticos y al mismo tiempo ayudar a la economía española». En este sentido, ha acusado a los socialistas de que España tenga actualmente «un facturón de 10.000 millones de euros al año en energía eléctrica», que el país se podría «haber ahorrado». «Favorecieron intereses que a ustedes les interesaba favorecer», ha acusado Nadal, para señalar que el Ejecutivo de Rajoy apuesta por la energía nuclear porque emite menos.

El Gobierno asturiano rechaza el cierre de centrales térmicas propuesto por el consejo asesor del PSOE para la transición energética

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Europa Press.- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado un pacto por la energía en España que, entre otras cosas, suponga «considerar el carbón como reserva estratégica». Quién no parece satisfecho con las propuestas de Ferraz es el Gobierno asturiano, que se opone frontalmente a la propuesta de cierre ordenado de térmicas lanzada por el consejo de expertos creado por el PSOE para asesorar al partido para avanzar en la transición ecológica de la economía.

«El Gobierno asturiano está frontalmente en contra y esperamos que la dirección del PSOE también lo esté», aseveró el portavoz del Gobierno socialista asturiano, Guillermo Martínez, que se refería así al primer borrador que, tras 7 meses de trabajos, ha hecho ese Consejo Asesor para la Transición Ecológica creado por los socialistas. La veintena de expertos que integran el consejo también defiende para una transición justa que el abandono del carbón y cierre nuclear debe de ir acompañado de «un calendario intenso de instalación de nueva potencia renovable en el periodo 2020-2030 y de máxima electrificación de los sectores económicos».

Por su parte, para el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento autonómico asturiano, Gaspar Llamazares, este informe es «inaceptable e inviable» para Asturias, para todo el sector energético y para la política industrial del conjunto de España. En su opinión, para Asturias no significaría una transición energética justa y equilibrada sino una ruptura tanto energética como industrial inasumible y desequilibrada, porque afectaría particularmente a territorios como las comarcas mineras y el occidente de Asturias.

Posición socialista sobre el carbón

Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez ha criticado al Gobierno por decir por un lado que apoya al carbón pero, al mismo tiempo, incumplir muchos acuerdos con los trabajadores de las explotaciones y con las cuencas mineras. Por ello, Sánchez ha exigido al PP que pase «de las musas al teatro» y que diga «cómo va a cumplir con los mineros» y qué va a hacer a partir de 2019 para garantizar las oportunidades «que merecen las cuencas mineras en Asturias, en Castilla y León y en Aragón».

Otro de los puntos que debe incluir ese pacto por la energía, según Sánchez, es el de hacer frente al desafío del calentamiento global, pero ha advertido que “cualquier cierre de la actividad energética que se produzca en cualquier lugar de nuestro país tiene que venir precedido de un acuerdo entre el Gobierno, los trabajadores, la empresa y las administraciones más próximas, es decir se tiene que propiciar una transición justa, con recursos económicos para que esa transición no signifique cerrar puertas a comarcas enteras».

El Parlamento Europeo enviará una misión este año para investigar el proyecto gasista en Doñana pero no pedirá su paralización

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Europa Press.- El Parlamento Europeo aceptó una solicitud de Izquierda Unida de enviar una delegación parlamentaria para evaluar sobre el terreno los riesgos del proyecto de Gas Natural Fenosa para almacenar y extraer gas en el entorno del parque natural de Doñana.

La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la sueca Cecilia Wikstrom, anunció que una comisión de eurodiputados visitará Doñana en el segundo semestre del año para «examinar con sumo cuidado» todas las visiones sobre la cuestión y que seguirán «muy de cerca» todas las medidas que se tomen al respecto. «Vamos a enviar una carta a la Comisión Europea para que nos aclare mejor lo expuesto. También a la Junta de Andalucía, para conocer qué medidas está tomando y mostrar preocupación sobre el deterioro de la zona en relación con los acuíferos, y al Ministerio de Medio Ambiente para abordar los riesgos sísmicos de proyecto», agregó Wikstrom.

Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión «tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas», por lo que no considera viable intervenir, habida cuenta de que el caso ya se encuentra sub iudice ya quela Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía e impulsor de la petición, Antonio Maíllo, se mostró «muy satisfecho» por la decisión de los eurodiputados de enviar una delegación que permitirá a los eurodiputados, según afirmó, «ver y reconocer» los peligros del proyecto. «Conseguir que haya un compromiso para que una misión de investigación del Parlamento Europeo visite Doñana es una magnífica noticia para los que creemos que, cuando conozcan in situ los peligros que atañen este proyecto, se acelerarán los pasos para paralizarlo», afirmó. Por su parte, el representante de la Comisión Europea, Daniel Fernández Gómez, afirmó que los resultados de la investigación del ejecutivo comunitario no revelaron «ninguna infracción de las normas europeas».

Gas Natural ejecuta desde 2016 el proyecto de Marismas Occidental en Almonte, una de las cuatro partes en las que está dividido su plan para el entorno de Doñana, y que ha suscitado críticas desde distintos partidos políticos y ecologistas. Los críticos del proyecto piden al Gobierno que paralice cautelarmente los trabajos y realice una Declaración de Impacto Ambiental conjunta de las cuatro partes del proyecto frente a la individualizada de cada una con la que se cuenta ahora. «El subsuelo de Doñana no entiende de fragmentaciones, ni trámites administrativos, ni de zonas más o menos amenazadas. Todas están interrelacionadas», advirtió Maíllo en este sentido.

Ecologistas lamentan la no paralización

Asimismo, los colectivos conservacionistas WWF y Ecologistas en Acción destacaron la visita al espacio natural de Doñana anunciada por el Parlamento Europeo a cuenta de la petición de Izquierda Unida para que se instara a la paralización del proyecto para la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de este enclave, reclamación que ha sido desestimada por la Eurocámara, algo que lamentaron estas asociaciones.

El coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juan José Carmona, considera «importante» que desde Europa haya interés en involucrarse en la situación de Doñana, en que se les explique el proyecto y se remitan cartas, «especialmente a la Junta, que entendemos volverá a reiterar su oposición y podrá explicar el por qué a la Comisión Europea«. «Es una de las opciones para que el proyecto de gas natural pueda enterrarse definitivamente. Se trata de una vulneración clara de la normativa europea y quien mejor puede comprobarlo e iniciar acciones contundentes para poner fin al proyecto», asevera Carmona.

Con todo, el portavoz de WWF apunta a que hubiera sido deseable que directamente se apostara por instar a la paralización, al menos hasta las comprobaciones pertinentes, si bien, «es un buen paso que desde Europa se preste atención a un proyecto que no tiene ningún sentido», apostando al respecto por energías renovables ante las consecuencias de los combustibles fósiles de cara al cambio climático.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha señalado que el gasífero es un modelo energético que Europa «no ha desestimado», dadas las «presiones de determinados grupos o lobbys«, y pretenden «no entrar en contradicciones«. «Hubiese sido más acertado solicitar la paralización cautelar», apunta Romero, que ve que el Parlamento podía haber apelado a «argumentos legales» en el sentido de una legislación europea «contundente» relativa a las directivas hábitat o de aves, «al menos para analizar minuciosamente la documentación».

A juicio del portavoz de Ecologistas, «se les ve el plumero». Añade que «aún no se enteran de que el cambio climático es una realidad y que las renovables son el presente y el futuro del empleo y del planeta», para culminar haciendo hincapié en que el colectivo ha recurrido el asunto «con todas las esperanzas de que la legislación española tumbe un proyecto obsoleto, inútil y que pondría en solfa el futuro del parque».

Vara destaca las previsiones de inversión privada de 10.000 millones de euros en Extremadura con una importante parte en fotovoltaica

/0 Comentarios/en , , , , /por

EFE.- El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado convencido de las opciones de futuro que tiene Extremadura y ha indicado que las previsiones de inversión privada se sitúan aproximadamente en los 10.000 millones de euros hasta 2022, «lo que era impensable en esta región». Vara ha hecho un análisis de la situación y los retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma en los próximos años.

En este sentido, Vara ha recordado las potencialidades en energía renovable, con «datos espectaculares», con 8.000 megavatios solicitados para desarrollo fotovoltaico lo que para él, reconoció, era impensable hasta «en el mejor de los escenarios». Además, ha especificado que 2.000 de ellos tienen hasta los avales presentados y «todas las garantías». En ese sentido, Fernández Vara ha recordado que cada uno de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz son 1.000 megavatios, «con lo cual tenemos ya 8 veces la potencia instalada en un reactor de Almaraz en energía renovable», lo que, a su juicio, abre un panorama de inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

La mesa del Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de PAH que implica una tarifa social energética

/0 Comentarios/en , , , , , , , /por

Europa Press. – La mesa del Congreso acepto el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social. En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con ERC, Compromís y Bildu, establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.

Coste de la tarifa social

Así, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Una aplicación que, para el Gobierno, «carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas», pues critican que se defina su importe «indirectamente», por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se paga a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutirá en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.En otro sentido, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación de IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.

La CNMC critica el uso de los peajes eléctricos y de la regulación energética como «instrumento político»

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha criticado el uso como «instrumento político» de la regulación energética en aspectos como la fijación de los peajes eléctricos «en más ocasiones que las justificables».

Asimismo, ha subrayado que la determinación de los peajes «no puede ser un instrumento político que beneficie a unos u otros en función de las necesidades del momento», sino que tiene que ser algo establecido con «absoluto rigor» y en línea con una serie de parámetros comunes con otros países de la Unión Europea. Marín Quemada resaltó que le llama mucho la atención que el Ministerio de Energía esté en una posición distinta a la de las directivas comunitarias y a la de los reglamentos de aplicación directa y haya restado competencias a la CNMC que sí tienen otras agencias independientes de otros países comunitarios.

«Eso comprenderán ustedes que no podíamos dejarlo pasar», apuntó Marín Quemada, quien ha explicado que, después de que sus intentos de conversación, escritos, cartas, entrevistas y un requerimiento previo no hayan dado el resultado previsto, no han tenido «más remedio» que llevar al Gobierno al Tribunal Supremo. Así, reconoció que nunca pensó que en su vida de servidor público tuviera que hacer algo así y ha admitido que ha sido una decisión «compleja» que ha tomado el Consejo de la CNMC para defender sus competencias.

Cañete asegura que Galicia está «en el buen camino» de conseguir el 45% de renovables en 2020

/0 Comentarios/en , /por

EFE. – El comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que Galicia va por «el buen camino» para lograr el «objetivo ambicioso» de alcanzar que el 45% de energía de esta comunidad sea renovable en 2020, dentro del pacto establecido por los alcaldes para mejorar la eficiencia energética.

Eso va 25 puntos «más allá de los objetivos establecidos» en la Unión para 2020, que son del 20%, afirmó el comisario Cañete durante la presentación del primer ecobarrio europeo, que acogerá Ourense.

El político europeo ha resaltado Galicia como una comunidad autónoma «pionera en inversión en renovables y eficiencia energética», un hecho que para el comisario español demuestra que «va por el buen camino» en materia de eficiencia energética. El Parlamento europeo defiende actualmente «el 35%» por lo que Galicia «va mucho más allá» del objetivo que se marca la Unión Europea a este respecto al marcarse el horizonte del 45%.

Hace escasamente unas fechas, la Xunta afirmó que en Galicia un 38 % de la energía consumida proviene de fuentes renovables, casi el doble del objetivo de la Unión Europea, que pidió alcanzar un 20 % en 2020, unas cifras que para Cañete demuestran que Galicia es un «ejemplo en inversión en renovables» y que evidencian que dicha transición ya «es una realidad».

En el caso de Galicia, el comisario europeo ha destacado la estrategia «ambiciosa» del Gobierno gallego en cuanto a sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, en la línea de otras ciudades europeas, donde se establece «una hoja de ruta» contra el cambio climático» en la que están «implicados» todos los agentes.

 

Orense tendrá el primer ecobarrio de Europa

Ourense contará con el primer ecobarrio de Europa, que ofrecerá energía geotérmica a medio centenar de edificios y permitirá la creación de «300 puestos de trabajo» además de reducir los gases de efecto invernadero generados.

Junto al comisario de Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, asisistieron el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, y al alcalde de Ourense, Jesús Vázquez.

Así, el Ecobarrio que irá ubicado en el barrio orensano de A Ponte pretende ser una realidad en 2020, una vez que se haga efectiva la inversión prevista de unos 20 millones de euros, anunciada en el acto del presentación del proyecto en el Ayuntamiento de Ourense, uno de los promotores junto a la Xunta, que cuentan con el respaldo de la Unión Europea.

Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, «estamos hablando de un proyecto que tiene como finalidad demostrar que existe otra forma de hacer urbanismo y de hacer ciudad, más respetuosa con el ambiente y con la mayor calidad de vida para los vecinos». Feijóo, también afirmó que las energías renovables y los recursos naturales son «la gran meta» de los Gobiernos «del futuro».

Dentro de ese compromiso, el mandatario gallego ha situado el proyecto del barrio de A Ponte como el «ejemplo a pequeña escala de lo que van a ser las ciudades sostenibles del futuro», en el que se prevé mejorar «la eficiencia energética un 20%» y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30 por ciento».

Durante la presentación, la gerente del Instituto Energético de Galicia (Inega), Zeltia Lago, quien ha desgranado los pormenores del proyecto, ha explicado que el proyecto contempla la instalación de una red térmica que proporcionará calor térmico, agua caliente y calefacción a las viviendas tanto públicas como privadas.

En la misma línea, el alcalde orensano ha asegurado que este proyecto «innovador, pionero y revolucionario» que situará a Ourense «en un referente internacional» en lo que se refiere a energía geotérmica que permitirá «mejorar la calidad de vida de los vecinos».

Según el regidor, la previsión es que esta iniciativa beneficie «en una primera fase» a «31 edificios públicos y 18 privados», en un espacio cercano a los 92.000 metros cuadrados.

Puertollano acogerá en abril el congreso CPV14 de Isfoc, la cita internacional de los sistemas fotovoltaicos de concentración

/0 Comentarios/en , /por

EFE.- La Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Puertollano firmaron un convenio de colaboración por el que el consistorio cede, de manera gratuita, las instalaciones del Pabellón Ferial La Central al Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (Isfoc) para la celebración del Congreso CPV14. Según indicó la Junta, dicho congreso internacional, especializado en Tecnología Fotovoltaica de Concentración, tendrá lugar durante los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2018.

Compartir investigación mundial en CPV

Desde que el primer Congreso especializado en Tecnología Fotovoltaica de Concentración (CPV) se celebrara en el año 2002, estas conferencias se han convertido en una de las plataformas más reconocidas en el campo de la CPV, una plataforma utilizada con éxito para compartir experiencias y conocimientos entre expertos del mundo académico, científico y empresarial. El objetivo de las conferencias es proporcionar una plataforma de encuentro que permita la puesta en común de las últimas contribuciones, investigaciones y desarrollos que se han implementado mundialmente en el campo de la tecnología CPV.

El congreso se ha celebrado anualmente en países diferentes y suele alternarse por continentes. Los últimos congresos fueron en Miyazaki (Japón, 2013), Albuquerque (Estados Unidos, 2014), Aix-les-Bains (Francia, 2015), Friburgo (Alemania, 2016) y Ottawa (Canadá, 2017). Para el Gobierno de Castilla-La Mancha, es «una buena oportunidad que esta nueva edición se celebre en Puertollano y seguir, así, en la vanguardia de la industria fotovoltaica mundial».

La cooperativa mallorquina Ecotxe señala la falta de aparcamiento en Palma como freno al coche eléctrico de uso compartido

/0 Comentarios/en /por

EFE.- La cooperativa mallorquina Ecotxe ha señalado como principal obstáculo para el desarrollo de la movilidad eléctrica compartida la falta de plazas de aparcamiento en lugares como Palma que reúnan el mínimo de condiciones necesarias. La entidad, que cuenta con 125 personas y entidades socias, ha celebrado su asamblea general en la que han anunciado que prevén añadir al menos un segundo vehículo eléctrico compartido este año.

La cooperativa ha finalizado los primeros 8 meses de actividad del primer coche eléctrico compartido de Mallorca con una facturación de 3.044 euros y un leve déficit de 1.660 euros. El balance económico se muestra sólido gracias a los 125 socios, con el aumento progresivo en el uso del coche compartido, que permite a la cooperativa «encarar el futuro próximo con optimismo para expandir el servicio en Palma y otras localidades donde hay personas, entidades y administraciones públicas que ya han mostrado interés en esta nueva forma de movilidad sostenible».

La Asamblea ha establecido las bases para encarar los próximos meses con un plan de trabajo enfocado a extender el servicio de coche eléctrico compartido. Ven como principal impedimento actual al aumento de la oferta de vehículo eléctrico compartido a la falta de plazas de aparcamiento que reúnan las condiciones precisas. Ecotxe ha realizado un llamamiento a las entidades y administraciones públicas a facilitar espacios y así avanzar en esta nueva opción de movilidad sostenible.