Los 28 y la Eurocámara acuerdan normas para controlar emisiones de vehículos pesados

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Europa Press. – Los Veintiocho y la Eurocámara han llegado a un acuerdo preliminar sobre las nuevas normas que por primera vez introducirán un sistema de vigilancia e información estandarizado para controlar de la misma manera las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los nuevos vehículos pesados en la UE como los camiones, autobuses y autocares.

Las nuevas normas prevén la creación de un registro central europeo al que las autoridades y fabricantes enviarán los datos sobre emisiones de C02 y el rendimiento de consumo de combustible de los nuevos vehículos pesados, datos que estarán accesibles al público para permitir la comparación sencilla entre modelos.

Según datos de la Agencia de Medioambiente Europea, las emisiones de CO2 del sector transportes de carreteras representaron cerca del 73% del total de emisiones del sector en 2015 (incluidos la aviación y transporte marítimo (el 44,5% de coches y el 18,8% de los vehículos pesados), un 19% más respecto a los niveles de 1990.

Así, la UE se ha marcado el objetivo de reducir un 20% las emisiones del sector transporte en 2030 respecto a sus niveles de 2008 con el objetivo de cumplir los objetivos de clima.

Las nuevas normas, que precisamente forman parte del paquete de propuestas normativas europeas para reducir las emisiones de C02 y contribuir a una economía europea baja en carbono, cubrirán únicamente los nuevos vehículos, aunque servirán de base para fijar estándares en el marco de una nueva propuesta normativa que la Comisión presentará más adelante este año para los vehículos pesados ya en circulación.

Petronor y el Centro de Formación Somorrostro de Muskiz colaboran en el desarrollo de las renovables y la generación distribuida

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EFE.- Petronor y el Centro de Formación Somorrostro de Muskiz firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de un plan piloto de una futura micro red eléctrica virtual de distribución de energías renovables. El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, destacó que con este convenio se realizará en el centro educativo una «experiencia piloto» de una micro red eléctrica virtual «con tecnologías y capacidades propias» que tiene «vocación de transformarse en una línea de actuación y de negocio» de Petronor.

En este sentido, ha destacado que «no es posible entrar en el mundo energético nuevo de la generación distribuida y la transición energética sin capital humano cualificado». López Atxurra aseguró que el convenio es «la primera piedra de un proyecto estratégico de introducción y de consolidación de Petronor en el mundo de la generación distribuida y de las micro redes«. Una red eléctrica virtual es un sistema compuesto por elementos de generación, almacenamiento y consumo eléctrico, que utiliza la red de distribución convencional únicamente para transportar energía y que se vale de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El director del Centro de Formación Somorrostro, Javier Laiseca, destacó la importancia del convenio para que el centro formativo se acerque al sector energético, «en el cual queremos empezar a trabajar«. El Centro formará a los nuevos profesionales que va a demandar un sector que comienza su desarrollo, facilitará el reciclaje de trabajadores en activo y actuará como laboratorio de pruebas para que distintas empresas puedan testar sus desarrollos energéticos.

El acuerdo sienta las bases para el desarrollo de un centro de demostración y aprendizaje en energías renovables distribuidas que se desarrollará por fases, con una primera actuación en la cual se instalará generación fotovoltaica y almacenamiento de electricidad en el edificio Lamberri del centro educativo. Estos equipos estarán pensados para poder gestionarse localmente y además dispondrán de comunicaciones con una plataforma central que funcionará como agregador con la capacidad de gestionar activos eléctricos de generación, almacenamiento y consumo, distribuidos.

La Junta de Andalucía autoriza acciones legales para intentar impedir los proyectos de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Europa Press.- El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, firmó una orden para que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía inicie acciones legales por vía contencioso administrativa contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a evaluar de forma conjunta de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana y para solicitar la paralización cautelar del subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

Según indicó el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, los argumentos del recurso contencioso administrativo que interpondrá la Junta se recogen en los informes del Defensor del Pueblo Español y Andaluz, así como en una respuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera que el riesgo sísmico del proyecto es suficiente para suspender su ejecución. El recurso del Ejecutivo andaluz también tendrá en cuenta el informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que alerta de que la promotora del proyecto «habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones» en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Según Blanco, la evaluación «por separado» de los 4 subproyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana «no ha abordado los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto», por lo que la Junta va a plantear un recurso contencioso administrativo para exigir su «evaluación conjunta por vía legal«. De este modo, el portavoz ha concretado que el Gobierno andaluz adopta esta decisión al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

Así las cosas, ha insistido en que la Junta reacciona y recurre «por riesgos evidentes según instituciones de solvencia» y que lo hace pensando en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en las posibles reclamaciones patrimoniales que pueden producirse. En este sentido, explicó que será el gabinete jurídico el que precise «qué procedimiento, medidas y pasos hay que dar en las próximas semanas».

Los 4 proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona, Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar, cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones.Ha recordado que en el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización del proyecto se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

El PSOE rechaza el gas

Por su parte, el senador por el PSOE de Huelva, Manuel Guerra, remarcó el «posicionamiento claro» de la Junta de Andalucía contra el proyecto de almacenamiento de gas en el espacio natural de Doñana y subrayó «su defensa absoluta» del medio ambiente. En este sentido, Guerra destacó que la postura de la administración regional responde a que «el Ministerio no ha tenido en cuenta los reiterados requerimientos de la Junta», la cual ha querido tener «una actitud leal» pero se ha encontrado con «la cerrazón» del Gobierno en esta materia.

Según apuntó, «la cerrazón del Gobierno no puede suponer un perjuicio para nuestra comarca». «Nosotros tenemos un posicionamiento claro de defensa absoluta del Espacio Natural de Doñana», proclamó, incidiendo en que este proyecto tendría «un impacto negativo en este territorio, hipotecándolo para el futuro». Por ello, el senador socialista reiteró que la Junta «va a poner en marcha todos los medios legales a su alcance para evitar el disparate que sería la ejecución de este proyecto en un espacio que tiene el mayor valor ambiental de todo el continente europeo».

La depuradora de Llucmajor (Mallorca) genera un 6,7% de su energía con placas solares

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EFE.- Una nueva instalación de 301 placas fotovoltaicas, con una potencia de 81,27 Kw en la estación depuradora de Llucmajor permite generar el 6,7% de todo el consumo energético anual de la planta. En este sentido, el consejero de Medio Ambiente de Baleares, Vicenç Vidal, destacó que, «siguiendo con la apuesta por las energías renovables», se ha llevado a cabo la puesta en servicio de una serie de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en las depuradoras gestionadas por Abaqua en Cala d’Or, Llucmajor, Portocolom y Ferreries en 2017.

En la estación depuradora de Llucmajor se han instalado placas fotovoltaicas con una potencia nominal instalada de 81,27 kW de tipo II (autoconsumo con venta de excedentes), aunque por la previsión de consumos en la estación depuradora y la potencia generada, se prevé que los excedentes sean mínimos. El factor limitante de la potencia instalada fue, en este caso, la superficie disponible: apenas 632 metros cuadrados en las cubiertas de los edificios de la EDAR.

Este año, Abaqua acometerá otra instalación fotovoltaica nueva en la depuradora de Pollença, con una potencia nominal de 160 kW. Actualmente, Baleares tiene unas 26 instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en servicio con una potencia de 1.366 KWp, que conllevan una producción energética aproximada de 1,6 GWh y una reducción de unas 1.237 toneladas de emisiones al año. Este ahorro de CO2 es el que se obtendría, en 10 años, de un bosque de 98.000 árboles.

Podemos achaca a la «escasa voluntad política» del Gobierno los retrasos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- El grupo parlamentario Unidos Podemos achaca los retrasos del Gobierno en la creación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a su «escasa voluntad política» así como a su «nulo compromiso» con este problema. En este sentido, la formación morada ha denunciado que el Ejecutivo anunció recientemente que el proyecto de ley de Cambio Climático se retrasa hasta que esté lista la normativa europea sobre este mismo tema.

Así lo aseguraba el ministro de Energía, Álvaro Nadal, alegando que en España siempre se han hecho las leyes así, transponiendo una norma aprobada por la Unión Europea, y que ahora no se iba a cambiar este procedimiento. Sus palabras sorprendieron, principalmente, porque la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, declaró en varias ocasiones que la nueva Ley comenzaría a redactarse en 2018. Para Unidos Podemos, las palabras de Nadal «no tienen sentido», como tampoco lo tiene «esperar a una normativa europea, cuando hay países como Francia, Reino Unido o Suecia, que ya tienen sus Leyes de Cambio Climático».

«Incluso dentro del Estado, ante el vacío de legislación climática por parte del Gobierno, las comunidades autónomas han cogido la delantera, y ya hay leyes en Baleares o en Cataluña, en donde, según recuerdan, está recurrida por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Por ello, el secretario general del grupo parlamentario Unidos Podemos, Txema Guijarro, ha criticado la actitud del Gobierno en esta materia y su falta de compromiso «con los acuerdos internacionales ya firmados contra el cambio climático».

Por su parte, el portavoz de Cambio Climático de la formación, el diputado de Equo Juan López de Uralde, cree que «ya es imposible seguir mirando para otro lado o echar balones fuera» sobre este materia. En este sentido, recordó que el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advertía de que, «si se continúa con las políticas actuales, será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC».

La CNMC denuncia cambios de comercializador a clientes de luz y de gas sin su consentimiento o de modo engañoso

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado cambios de comercializador a clientes, algunos de ellos beneficiarios del bono social, por las comercializadoras eléctricas y gasistas sin su consentimiento o de modo engañoso, por lo que pide regular los requisitos «para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas sobre ello«.

En su informe sobre la supervisión del efectivo consentimiento del consumidor al cambio de comercializador, la CNMC señala que ha detectado que varias empresas de electricidad y gas no pueden acreditar el consentimiento al cambio de compañía de diversos clientes. Así, detectó durante el periodo de análisis 11 beneficiarios del bono social que afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso y perdieron su derecho a un descuento del 25% en su factura.

Concretamente, ha analizado los cambios de compañía de electricidad (3.160.246) y gas (931.123) que tuvieron lugar entre julio de 2015 y junio de 2016 y ha realizado una muestra estadística representativa sobre 3.400 casos de cambios. En el caso del sector eléctrico, la CNMC constató que en el 3% de los casos el comercializador no ha podido demostrar que los clientes hubieran solicitado el cambio de compañía. De las muestras estadísticas analizadas se han detectado 33 cambios no acreditados. Además, en el 11% de los casos analizados, existen dudas de que los clientes dieran realmente su permiso para el cambio.

En lo que se refiere al sector gasista, el 0,9% de los cambios de comercializador no acreditaron el consentimiento del consumidor y el 4% de ellos fue dudoso. La CNMC señala que, extrapolando estos resultados, se podría afirmar que durante el periodo de estudio, no sería posible acreditar el consentimiento al menos en un total 40.000 cambios de clientes eléctricos, ni en al menos 4.000 de cambios de clientes gasistas.

Por otra parte, la CNMC constató que una parte de los cambios sin consentimiento ha afectado a clientes vulnerables, que tienen derecho a percibir el bono social de la luz, un descuento que durante el periodo analizado alcanzaba el 25% de la factura mensual. Concretamente, el regulador detectó 176 cambios con pérdida del bono social. En 11 casos, los consumidores afirmaron haber sido cambiados sin consentimiento o de modo engañoso. La CNMC subraya que las medidas de protección incluidas en el Decreto 897/2017, en el que se regula la figura del consumidor vulnerable y el nuevo bono social, «evitarán que se sigan produciendo estas situaciones».

Para combatir estas prácticas, la CNMC considera necesario regular los requisitos «para que se pueda acreditar inequívocamente el consentimiento de los clientes cuando existen dudas». Además, se debería establecer la regulación de la contratación telefónica en el caso del sector eléctrico, «simétrica a la existente en el sector gasista«. Adicionalmente, como ya ha recomendado el organismo anteriormente, considera que las empresas deberían incrementar los controles a los agentes de venta.

Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno por las «declaraciones contradictorias» y retraso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- Ciudadanos exige explicaciones al Gobierno acerca de las declaraciones realizadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, respecto a que la Ley de Cambio Climático no se redactará hasta que se apruebe la normativa europea en esta materia. Los naranjas advierten de que estas palabras contradicen las de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que habla de un texto en fase de borrador.

Esta iniciativa de Ciudadanos, registrada en el Congreso, cuestiona los plazos dados por el Ejecutivo hasta ahora para presentar este proyecto de ley. En este sentido, Nadal respondía a una pregunta parlamentaria en el Congreso acerca de la puesta en marcha de esta normativa asegurando que «una vez que esté aprobada» la ley europea de Cambio Climático «se llevará a cabo la transposición al ordenamiento jurídico» español. Un proceso que, según apuntó, «siempre se ha hecho así» y que ahora «no se iba a cambiar».

A los de Albert Rivera les ha «sorprendido» que el responsable de Energía rompa la línea de declaraciones que, hasta ahora, mantenía su homóloga de Medio Ambiente, quien aseguró que el borrador de esta ley se redactaría durante «la primera parte» de 2018. Ciudadanos cuestiona al Ejecutivo sobre estas «dos opiniones contrapuestas» de dos miembros de su gabinete. Finalmente, piden explicaciones acerca de cuándo es la fecha en la que estará listo el texto de la Ley de Cambio Climático.

Los socialistas de Gran Canaria rechazan el gas ciudad en favor de las renovables

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EFE. – La militancia socialista de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la instalación de una red de aire propanado en la ciudad, en una consulta en que de los 182 afiliados que votaron 174 lo hicieron en sentido negativo al uso de este modelo energético.

Según ha informado el PSOE, a la consulta estaban convocados un total de 764 militantes de la Agrupación Local de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que la participación fue del 23,8%. Así, de los 182 electores que votaron, el 95,6% (174) dijo no a la instalación de la red de gas, el 2,7% se decantó por el sí (5) y tres optaron por votar en blanco.

El PSOE señala que con este proceso de información, debate y participación la organización ha dado un paso adelante y sin retorno en la garantía de dar voz y voto a su militancia, configurándose las consultas como un instrumento fundamental de participación de los afiliados como desarrollo «de los más altos niveles de democracia interna».

 

La alternativa: las renovables

Así,  el secretario general del PSOE en Gran Canaria, Sebastián Franquis, ha insistido en la oposición de su partido a la implantación del gas en la isla y en su apuesta por las energías renovables. «La implantación del gas es un paso atrás por lo que se debe hacer un esfuerzo por desarrollar las energías limpias y renovables, que es por lo que apuesta la mayoría de la sociedad grancanaria, según una encuesta de opinión», ha indicado Franquis.

Franquis además se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha anulado parcialmente el decreto del Gobierno de Canarias que establece los criterios de adjudicación del gas propanado, lo que a su juicio ha provocado una situación positiva porque ha frenado el proyecto.

Sobre el pronunciamiento del TSJC, ha añadido que «una vez más el Ejecutivo toma iniciativas de este tipo que no se ajustan a la legalidad», ya que, según Franquis, las actuaciones de esta naturaleza de la Consejería de Industria «acaban en los tribunales y, además, las pierde».

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, ha valorado la consulta celebrada por la militancia socialista para que se posicione, si bien ha considerado «estéril» el debate sobre el gas ciudad ante el recurso presentado por uno de los competidores que ha bloqueado todo el procedimiento.

«Ahora hay un bloqueo legal y hay que ver qué ocurre», si bien ha recordado que la consulta es una declaración política, pero la competencia en materia energética es regional, por lo que dependerá del Gobierno canario, aseguró el edil.

El BOE licita 4 subestaciones eléctricas y una línea de alta tensión para posibilitar la llegada del AVE a Extremadura

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EFE.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la licitación de 4 subestaciones y una línea de alta tensión para hacer posible la electrificación de la línea del tren de Alta Velocidad (AVE) extremeño. Las subestaciones son las de Carmonita y Sagrajas, en ambos casos en la provincia de Badajoz, y las de Cañaveral y Arañuelo (Navalmoral de la Mata), en la provincia cacereña, ésta última también para evacuación de renovables.

Además, se licitará la línea eléctrica de alta tensión Almaraz-San Serván/SE Carmonita, en los términos municipales de Carmonita y Mérida. El montante de las obras a licitar es de 22,7 millones de euros y supone el «paso definitivo» para la puesta en marcha de la electrificación del AVE en Extremadura, pues las 4 subestaciones y la línea eléctrica de alta tensión servirán para dar cobertura y servicio al tramo autonómico.

Con este paso dado por Red Eléctrica se cumplen los plazos para que «la electrificación del AVE sea una realidad en 2020″ y, según la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, demuestra que «otros prometieron mucho, pero quien ha apostado por esta infraestructura y por la mejora del tren convencional de Extremadura es Rajoy». Las subestaciones de Carmonita, Sagrajas y Cañaveral y la línea eléctrica de alta tensión tendrán un presupuesto cada una de 6,89 millones de euros, mientras que la subestación de Arañuelo de 1,34 millones de euros.

El Consejo Insular de Mallorca pide al Gobierno que declare la caducidad de los proyectos de prospecciones

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EFE. – El Consejo Insular de Mallorca ha instado al Ministerio de Medio Ambiente que declare la caducidad del proyecto Repsol de prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y el archivo del expediente del proyecto de Spectrum en las mismas aguas.

La consejera de Medio Ambiente, Sandra Espeja, ha informado que ha enviado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, una solicitud de declaración de caducidad del expediente de sondeos desde la plataforma Casablanca promovida por Repsol. Este programa consistía en la perforación direccional, de entre uno y tres sondeos marinos a 45 kilómetros de la costa de Tarragona y a una profundidad de 160 metros.

Desde la Consejería de Medio Ambiente se entiende que se han sobrepasado los límites que marca el artículo 33.2 de la Ley 21/2013 en cuanto a plazos de caducidad de las tramitaciones, y por tanto el expediente de sondeos ya estaría caducado.

Relacionado a esto, la consejera Espeja también ha pedido el archivo del expediente del proyecto de la promotora Spectrum que afecta a la parte norte occidental del Mediterráneo. Así, la consejera ha asegurado que «estamos completamente comprometidos a llevar a cabo todas las acciones posibles para acabar con las prospecciones en el Mediterráneo. Creemos que es nuestro deber para preservar nuestra mar, pero también para empezar a trabajar para dejar atrás las energías fósiles y potenciar las energías renovables «.