Europa Press / EFE.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) rechaza «de forma rotunda» la reforma fiscal planteada por el grupo de expertos sobre transición energética y califica como «brutal» la subida que propone en los impuestos a los carburantes. Los expertos proponen fiscalidad vinculada al CO2, con un incremento del tipo aplicable al gasóleo y extender «ese refuerzo de la señal medioambiental a los impuestos locales afectados», entre los que se encuentra el impuesto de circulación de los ayuntamientos.
Este informe, entregado al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, apunta que el transporte ha sido el «principal responsable» del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España en el período comprendido entre 1990 y 2015, por lo que apuesta por la expansión de los vehículos eléctricos para reducir este impacto negativo. No obstante, indica que la penetración en el mercado de este tipo de vehículos, aún reducida, estará condicionada «de modo muy destacado» por el coste de dichos vehículos y por la evolución que experimenten las baterías y, por lo tanto, la autonomía.
La comisión de sabios considera que la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia vehículos de energías alternativas, «sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan conducir a generar costes no recuperables», y prestando «especial atención» al cambio de fiscalidad como instrumento «imprescindible» para facilitar la transición a una movilidad sostenible. Por ello, dicho grupo de expertos, con el fin de facilitar la transición a una movilidad baja en emisiones, se muestra a favor de establecer una estructura de peajes de acceso que favorezca un uso eficiente de la red eléctrica.
En esta línea, defiende avanzar en una exploración de medidas proactivas por parte de las administraciones locales que, además de fomentar el transporte colectivo como estrategia para reducir las emisiones, también incentiven la movilidad no contaminante. El informe recomienda, a su vez, vincular los apoyos a los vehículos con energías alternativas a las emisiones de CO2 evitadas y considerar, en tanto que se procede a la creación de una fiscalidad vinculada al CO2, un incremento del tipo aplicable al gasóleo.
Igualmente, los expertos proponen garantizar un entorno adecuado para la I+D+i del coche eléctrico en España ya que “sería vital”, aseguran, debido especialmente a la relevancia que tiene el sector del automóvil. También proponen proporcionar un entorno «adecuado y prudente» para la expansión de los puntos de recarga de coches eléctricos. En cuanto a los biocarburantes, el informe apunta que la medida más eficiente «sería financiar renovables eléctricas más que mezclar biocombustibles», por lo que apuesta por contribuir a un Fondo de energías renovables, con el fin de profundizar en la neutralidad ecológica y lograr una descarbonización al mínimo coste.
Además, resalta que la descabornización del transporte de mercancías tiene su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos para el tráfico ligero de mercancías y de vehículos industriales de gas para tráfico más pesado y el traspaso de parte del transporte al tren. Para ello, advierten de que hace falta un mayor impulso para superar barreras que frenan su desarrollo, como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas.
Fenadismer rechaza la presión fiscal
Según Fenadismer, el informe del grupo de expertos «supone desconocer la realidad del sector del transporte por carretera», tanto en materia fiscal como en su contribución al medio ambiente. Fenadismer ha subrayado que las cargas fiscales del transporte por carretera «contrastan con los beneficios fiscales de los que disfrutan» otros medios, como el transporte aéreo, el marítimo o el ferroviario.
Además, los expertos proponen crear un recargo al consumo de carburantes o un sistema de «viñetas«, que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias. No obstante, este comité de sabios precisa que las infraestructuras, tanto las viarias como las energéticas, pueden tener un impacto positivo en la economía y en la equidad interterritorial, lo que justificaría que una parte de la inversión se financie con cargo a los presupuestos generales del Estado. Los expertos consideran que los consumidores de los distintos productos energéticos deberían financiar las infraestructuras asociadas a su consumo, tal y como ocurre actualmente con las redes eléctricas y gasistas.
En el caso de las infraestructuras viarias, el informe plantea tres opciones: crear un recargo al consumo de gasolina y gasóleo de automoción que permita recuperar las inversiones en la red de carreteras; establecer un sistema de «viñetas», como ocurre en otros países europeos, que deberían pagar los propietarios de vehículos por el uso de las vías; o una combinación de ambas. Según los expertos, la introducción de las «viñetas» sería «imprescindible» a medida que se extiendan los vehículos de combustibles alternativos, como el coche eléctrico, que no consumirán ni gasolina ni gasóleo. El informe cifra en 12.520 millones de euros la inversión anual en construcción y mantenimiento de carreteras.
En todos los casos, el informe aconseja exenciones fiscales para mitigar el impacto de estos impuestos y recargos en colectivos sensibles como los profesionales del transporte o los agricultores. El documento elaborado por el grupo de expertos aboga por sustituir los actuales impuestos energéticos por otros que internalicen los daños medioambientales derivados de la generación y el consumo de energía. Concretamente, plantea 2 nuevos impuestos, uno para las emisiones de CO2 y otro para otras emisiones contaminantes (SO2, NOx y partículas). Estos nuevos gravámenes recaerían sobre las instalaciones de generación de electricidad y sobre los consumidores finales de carbón, gas natural y derivados del petróleo.
Además, los expertos proponen cambiar el mecanismo de financiación de las renovables, que ahora recae en la tarifa eléctrica, y sustituirlo por un recargo a todas las fuentes de energía final. Según los cálculos del comité de sabios, estas medidas abaratarían la factura eléctrica pero encarecerían el gas natural, el butano, la gasolina y, sobre todo, el gasóleo. En el caso de la electricidad, disminuirían los peajes aunque subiría algo el precio mayorista por el impacto del impuesto al CO2.
El director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), Ramón Valdivia, advirtió del efecto negativo que tendría para el sector y para las exportaciones españolas una eventual subida de los impuestos que gravan los carburantes. Valdivia recordó que la mayoría de las exportaciones hacia Europa «viaja por carretera». Valdivia avanzó que, si la subida fuera inevitable, el sector exigiría que se aplicase la figura del «gasóleo profesional» para compensar los efectos negativos.
El director general de Astic subrayó que el sector ya soporta bastantes impuestos, más de 10.000 millones al año, y se quejó de que regularmente «se vuelve la vista hacia la carretera» cuando se necesita aumentar la recaudación. Valdivia ha criticado la tentación de «escudarse» en las emisiones de CO2 para justificar una subida impositiva a los carburantes. En este sentido, ha explicado que los camiones y los autocares sólo representan el 6% de las emisiones de CO2 de Europa, muy lejos de otras actividades.
