Greenpeace pide con una parodia al Gobierno que aumente las energías renovables al menos al 35% para 2030

Europa Press.- Greenpeace ha lanzado un vídeo parodia con fragmentos de intervenciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el que denuncia en clave de humor el «boicot» del Ejecutivo a las energías limpias y para pedir que apueste aumentar las energías renovables al menos hasta el 35% en 2030. Así, el vídeo Placa, placa, impuesto al sol denuncia que el Gobierno pretende conseguir en la Unión Europea un aval al impuesto al sol.

La ONG pide a Rajoy y al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que deje de «desperdiciar» el dinero de los contribuyentes en subvencionar a viejas centrales contaminantes como las del carbón para que la reforma energética sea una inversión en un futuro común y empoderar a millones de europeos para luchar contra el cambio climático y producir su propia energía. En este contexto, recuerda que España tiene la normativa de autoconsumo «más restrictiva del mundo y del coste de electricidad más alto de toda Europa», mientras que en 2016 las grandes eléctricas duplicaron sus beneficios.

Placa, placa. Impuesto al sol

Por ello, Greenpeace lanza el próximo hit del verano: el Placa, placa. Impuesto al sol de Rajoy en el que también se incluyen fragmentos de Nadal para poner en evidencia la «bofetada» del Gobierno a las renovables y a los ciudadanos que quieren generar y consumir su propia energía limpia. La organización ecologista denuncia que el Gobierno intenta trasladar a Europa su boicot a las renovables ya que se opone al aumento del objetivo de renovables e intenta que el resto de Europa acepte el impuesto al Sol, pone trabas a la seguridad jurídica de renovables y se resiste a eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles como el carbón.

El Parlamento de Cataluña acude al Constitucional para denunciar «el incumplimiento» del Gobierno de la sentencia en el caso Castor

Europa Press / EFE.- La Mesa del Parlamento de Cataluña ha acordado presentar un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional por «el incumplimiento» que consideran que está llevando a cabo el Gobierno central de la sentencia por el cierre del almacén de gas Castor. Un incidente de ejecución es el mecanismo por el que se plantean asuntos relativos al cumplimiento del contenido de un fallo del propio tribunal.

Fuentes parlamentarias explicaron que el Gobierno central «no está devolviendo el dinero que ha hecho pagar ilegalmente a los ciudadanos en la factura del gas» para indemnizar a la empresa promotora y por eso la Mesa ha decidido acudir al Constitucional. La Mesa, controlada por la mayoría de JxCat y ERC, busca que «el Estado se mueva ante la indefensión de los ciudadanos, que ven como la administración del Gobierno no hace nada por ellos», han añadido las citadas fuentes.

1.350,7 millones en el aire

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en Castor tras los cientos de seísmos registrados en la zona. En octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía.

El Constitucional anuló en diciembre la indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto que el Gobierno aprobó en 2014, al considerar la forma de aprobar este decreto como inconstitucional. Una sentencia en la que el Constitucional estimó parcialmente los recursos que habían presentado el Parlamento de Cataluña, el Gobierno autonómico de Cataluña y el grupo del PSOE en el Congreso.

El operador petrolífero Disa recurre ante el Tribunal Supremo su aportación obligatoria al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2018

Europa Press,– El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por Disa, a través de diferentes filiales, en contra de la orden ministerial en la que se fijan las obligaciones de aportación de cada empresa al Fondo Nacional de Eficiencia Energética para 2018. Según consta en el Boletín Oficial del Estado, la compañía ha presentado recurso-contencioso administrativo a través de sus filiales Disa Península, Disa Red de Servicios Petrolíferos, Disa Gas y Disa Retail Atlántico.

La aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética correspondiente al grupo Disa asciende, entre todas sus filiales, a un importe total de unos 4,7 millones de euros. Las empresas energéticas aportarán este año más de 204 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los cuales la mayor parte corresponderá a Repsol, Endesa y Gas Natural Fenosa, las tres compañías que mayor volumen de energía venden en España.

En concreto, Repsol, a través de todas sus filiales, aportará en torno a 40 millones de euros al fondo, mientras que Endesa contribuirá con unos 29 millones de euros y Gas Natural Fenosa con más de 28 millones de euros, según la orden del Ministerio de Energía, en la que se fijan las obligaciones de aportación al Fondo. Además, de estas compañías, destaca la aportación al fondo por parte de Cepsa, con unos 23 millones de euros, e Iberdrola, con unos 15 millones de euros.

La aportación obligatoria al fondo, creado en 2014, se establece, conforme a la metodología diseñada por el Gobierno, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en el de los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida a nivel nacional para su posterior distribución al por menor y a consumidores finales.

Para realizar la asignación, Energía ofrece un desglose de la energía vendida por cada empresa, así como su porcentaje sobre las ventas totales. A partir de ese criterio, se reparte entre las distintas empresas el coste total del Fondo. Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones ya habían venido recurriendo ante el Tribunal Supremo, por separado o a través de asociaciones empresariales, las cantidades que se les ha obligado a aportar al fondo en los últimos años.

García-Page anuncia que en los próximos años se crearán 13.000 empleos en Castilla-La Mancha gracias a las energías renovables

EFE.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado en Puertollano que Castilla la Mancha se va a convertir en unos años en «una de las regiones con mayor capacidad de producción» de energías renovables de Europa, lo que permitiría crear 13.000 nuevos empleos. García-Page ha asegurado que Castilla-La Mancha es un «ejemplo de producción de energía limpia» ya que produce «el doble de energía renovable» de la que consume globalmente.

Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma en potencia fotovoltaica instalada, con 947 megavatios, la segunda en solar térmica y en eólica, y la cuarta en el conjunto. El presidente de Castilla-La Mancha también ha anunciado que en el primer trimestre de 2019 Puertollano acogerá un congreso internacional sobre energías renovables y ha avanzado que el Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración se va a reconvertir la próxima legislatura en la nueva Agencia de la Energía o Instituto de Energías Renovables de Castilla-La Mancha. El objetivo es «hacer de esta región una referencia aún más importante en este campo», señaló el jefe del Ejecutivo castellanomanchego.

García-Page ha señalado que la energía renovable ha dejado de ser «alternativa o excepcional» para convertirse en la energía «con mayúsculas», y en este sentido ha instado a los países que retrasan su compromiso con las energías renovables a que depongan su actitud ya que «hacen un flaco favor a las generaciones futuras» y actúan «irresponsablemente». Las energías renovables, ha recordado García-Page, suponen una oportunidad de crecer de forma sostenible con grandes ventajas, ya que reducen las emisiones de gases contaminantes y suponen importantes ahorros energéticos, lo que contribuye a mejorar el presente y el futuro en cuanto a calidad de vida y protección medioambiental.

El Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar el nuevo bono social tras las críticas de Facua a su gestión

Europa Press / EFE.- Facua-Consumidores en Acción ha criticado la «nefasta» regulación del bono social eléctrico, al que sólo ha accedido el 13% de los hogares estimados inicialmente, lo que ha achacado a que las actuales condiciones son «mucho más estrictas» y su tramitación «compleja». En este sentido, el Gobierno lanzará una campaña informativa para impulsar y dar a conocer el nuevo bono social entre todos los potenciales beneficiarios, después de que se haya ampliado en 6 meses, hasta octubre, el plazo para acogerse.

Fue el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, el que señaló que el Ministerio «va a lanzar campañas informativas, así como a reforzar la página web» para potenciar la comunicación del nuevo bono social y el mecanismo para adherirse. Navia subrayó que es necesario «hacer un esfuerzo entre todos», implicando a Gobierno, eléctricas, comunidades autónomas y servicios sociales, para conseguir «el objetivo de que la gente conozca el nuevo mecanismo«. El Gobierno aprobó en octubre el nuevo mecanismo del bono social, por el que se cambian las condiciones que dan derecho a los diferentes descuentos establecidos en la factura.

El plazo para adherirse expiraba el pasado 10 de abril, aunque el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prorrogó durante 6 meses más el plazo, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo bono social. Con esta prórroga de 6 meses, los consumidores que actualmente estén acogidos al anterior bono social seguirán disfrutando hasta octubre de un descuento en sus facturas, pudiendo acogerse al nuevo bono social según su nivel de renta y circunstancias personales.

Facua critica la «nefasta» gestión

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción indicó que el Ejecutivo ha aceptado hasta el momento 319.000 solicitudes del bono social de electricidad, poco más de la mitad de las solicitudes presentadas, pese a que el Ministerio de Energía aseguró que 2,5 millones se acogerían a esta medida. «Del anterior bono social, puesto en marcha durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, se beneficiaron 2,3 millones de usuarios», recuerda Facua, que considera que el Ejecutivo central «sigue desentendiéndose de los consumidores más vulnerables al no tomar las medidas necesarias para su protección, a la vez que no garantiza el acceso a un suministro que es esencial y básico».

La asociación insta al Ministerio a que “solvente cuanto antes la alarmante falta de información sobre el bono social eléctrico, que está repercutiendo en los consumidores, con una campaña informativa en medios de comunicación masivos, entre ellos la televisión y la radio públicas. Exige, además, que se eliminen urgentemente «las numerosas trabas que existen en torno a su solicitud, que lleva a muchos potenciales beneficiarios a dejar de intentar conseguir este mecanismo de descuento en el recibo de la luz».

Por debajo de 3 kilovatios

La secretaria general de Facua, Olga Ruiz, subraya que las actuales condiciones para acceder al nuevo bono social eléctrico «son mucho más estrictas y con una tramitación compleja, que puede llevar al consumidor que necesite solicitarlo a desistir y no acogerse al bono». La asociación cree que la caída en el número de solicitudes del bono social está también relacionada con la eliminación del derecho que daba el mecanismo anterior a los usuarios con una potencia menor a los 3 kilovatios de potencia contratada, que, además, eran los únicos que lo recibían de manera automática sin reclamarlo a las administraciones.

Facua considera que, en caso de que un consumidor no renueve el bono social por circunstancias ajenas a su voluntad y continúe siendo vulnerable, debería contemplarse un mecanismo que garantice su aplicación automáticamente y, en todo caso, la devolución de las cantidades que se hubieran facturado en exceso por la no aplicación del bono a éste, pese a tener las características y requisitos para ello.

Urkullu reclama al Gobierno central que cumpla el acuerdo para rebajar el precio de la electricidad a la industria vasca

EFE.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado al Gobierno central que cumpla el acuerdo sobre tarificación eléctrica para empresas vascas recogido en los Presupuestos de 2017 que el Ejecutivo pactó con el PNV. «Esto ha de hacerse porque es un compromiso del Gobierno español en 2017 y con proyección a 2018. No debe estar sujeto a la negociación de este año», matizó. En este sentido, ha indicado que el incumplimiento de este acuerdo “afecta a la competitividad de las empresas vascas».

Energía cree que España cumplirá con sus compromisos climáticos y pide que no se valore su ambición por los Presupuestos

Europa Press / EFE.- «España está en posiciones creíbles para cumplir los objetivos acordados en la Cumbre de París», aseguró el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, durante su comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso en donde, además, ha pedido a la oposición que no juzgue la ambición del Gobierno en materia de cambio climático basándose en el volumen de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Navia ha señalado que el país está en condiciones de cumplir con los niveles que acordó en la Cumbre del Clima y asegura que otros países que a veces se ponen de ejemplo, como Alemania, «no pueden decir lo mismo». En este sentido ha lamentado que las intervenciones de los miembros de la oposición reflejen, en su mayoría, falta de confianza en esta materia. En concreto, el secretario de Estado criticó que se valore la ambición del Gobierno «sólo por el gasto», cuando «el Gobierno lo que consigue son objetivos«.

La falta de claridad en políticas climáticas del Gobierno ha sido criticada por la mayoría de los grupos, que han cuestionado al Gobierno las contradicciones existentes entre Medio Ambiente y Energía en cuanto a la elaboración de la nueva Ley de Transición Energética que regulará esta materia, así como la movilidad sostenible. Del mismo modo, el secretario de Estado ha tenido que responder a preguntas relacionadas con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) y su construcción en Villar de Cañas (Cuenca), y cuyo proyecto aún no está confirmado ya que falta el informe de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que debe dar el visto bueno a la iniciativa.

En este sentido, han sido los portavoces de Energía de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, quienes han pedido explicaciones. En concreto, Lucio ha cuestionado al secretario de Estado que, sin que haya aún aprobación del proyecto, ya esté presupuestado para 2018, con 140 millones de euros. Para Vendrell, esta situación es «sorprendente» y «poco rigurosa».

Sin embargo, el secretario de Estado ha señalado que esta partida no es nueva y que la construcción de este ATC estaba ya presupuestada el año pasado, de hecho, con la misma cantidad de euros prevista. A su juicio, «el debate de fondo» en esta materia, no es si se va a presupuestar el ATC este año o el que viene, sino «si se quiere ATC o no». «Esto es en previsión», ha indicado, para recordar que la posición del Gobierno es «continuar» con la energía nuclear, por lo que el ATC «abarataría la conservación de residuos de forma significativa».

Durante el debate, Ciudadanos ha defendido la partida de política nuclear en España. La portavoz naranja en esta materia, Melisa Rodríguez, celebró el aumento de la inversión en nuclear. Su homólogo del PP, Guillermo Mariscal, ha recordado que España tiene una «gran dificultad con el almacenamiento de residuos nucleares«, y ha defendido el ATC como «la solución más plausible». En este sentido, ha criticado que el PSOE, que «fue abanderado» de este proyecto, ahora se pongan en una situación «injustificable» al acceder al Gobierno de Castilla-La Mancha con Unidos Podemos.

Presupuesto de Energía: 4.542 millones

Por otro lado, la partida de Energía contará en 2018 con 4.542 millones de euros, un 7,44% más (314 millones de euros) que en 2017, concentra el 80% del presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para 2018, según indicó Navia, que destacó que el incremento en su área responde «fundamentalmente» a una partida de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. Navia señaló que con esta partida se convocará la subasta de renovables en Canarias, que será sólo para energía eólica.

Asimismo, subrayó que la «prioridad» del Gobierno sigue siendo combatir un déficit del sistema que en 2013 llegó a ser de más de 10.000 millones de euros, lo que hubiera llevado a una subida del recibo de más del 42%, y que actualmente se ha conseguido encauzar. Además, valoró la reducción que se ha logrado en el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a ser de más de 28.700 millones de euros y ahora ha pasado al entorno de los 21.000 millones de euros.

En cuanto a los ingresos previstos, 2.654 millones (4 millones más que en 2017) provendrán de diferentes figuras tributarias y 369 millones de euros (9 millones más) de subastas de derechos de emisiones. Para financiar los extracostes de los sistemas eléctricos peninsulares, un 50% de los cuales corre a cargo de los Presupuestos estatales, se aportarán por vía presupuestaria 687 millones de euros. En 2018, la aportación presupuestaria al sistema eléctrico será de más de 3.750 millones de euros (4 millones más que en 2017), cantidad que supone el 22% del total de los costes regulados del sistema, según Navia.

Por otra parte, Navia también destacó la partida de 359 millones de euros con que contará en este ejercicio el Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, en un año «crítico» para el sector. La partida más relevante será de la de medidas sociales, aunque contará con 17 millones menos que en 2017, debido a que hay trabajadores que pasan de la situación de prejubilación a la jubilación definitiva. También se reduce la partida destinada al apoyo a empresas, que queda en 27 millones de euros, mientras que se amplían las destinadas a restauración de zonas mineras que dejen de explotarse y a ejecución de proyectos de infraestructuras en zonas mineras, que en este caso cuentan con 90 millones.

La partida para movilidad eficiente se mantiene respecto al año pasado en 50 millones y se destinarán 20 millones a infraestructuras de recarga eléctrica, aunque en este año se hará especial incidencia en la instalación de más puntos de recarga de gas para vehículos. «Es algo que tiene sentido económico, energético y de sostenibilidad y esa será nuestra prioridad», apuntó. Además, los Presupuestos incluyen 150 millones para ayudas a las industrias electrointensivas, que el año pasado no se pudieron pagar al no estar entonces todavía autorizadas estas ayudas por Bruselas.

En respuesta a preguntas de los grupos políticos, Navia ha contestado que si Portugal consiguió abastecerse de electricidad en un 100% con renovables es porque tiene el respaldo de la interconexión con España, país este último que en algunos momentos se ha abastecido en un 80% por energías que no emiten CO2, pero que necesita de más interconexiones con Europa.

El presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el ejercicio 2018 ascenderá a 5.599 millones de euros, un 6,36% más que en 2017, en lo que supone «un cambio de ciclo» y confirma «la senda de crecimiento» en la que se encuentra la economía española, según indicó el subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano.

El Gobierno consultará al Consejo de Estado antes de decidir cómo responde a la reclamación de la banca por Castor

Europa Press / EFE.– El Gobierno pedirá un informe al Consejo de Estado antes de tomar una decisión respecto a la reclamación presentada por Banco Santander, CaixaBank y Bankia para la recuperación de la cantidad financiada que todavía no se ha devuelto, más los daños causados, por la financiación de 1.350 millones de euros que proporcionaron cuando asumieron la deuda para abonar la indemnización por la hibernación del almacenamiento de gas Castor a la sociedad Escal-UGS, participada por ACS.

En este sentido, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el Ministerio está «en proceso de analizar» la reclamación presentada por la banca acreedora del Castor, para lo que pedirá un informe al Consejo de Estado, aunque subrayó que todavía se cuenta con «6 meses para responder». Asimismo, indicó que «ahora mismo no hay previsión» de cómo se restablecerá el mecanismo para el reconocimiento del pago de 8 millones de euros anuales a Enagás por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacén Castor, después de que la sentencia del Tribunal Constitucional haya paralizado todos los pagos alrededor del almacén gasista. A este respecto, Navia recordó que el reconocimiento de este pago requiere de rango de ley.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia han formulado una reclamación de responsabilidad del Estado legislador en la que piden al Estado la devolución de los 1.350 millones de euros que adelantaron para financiar el cierre del almacén submarino y el pago de la indemnización por el cierre de Castor. En la reclamación, las entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reconocido que era «previsible» que los bancos «actuasen jurídicamente» tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló varios artículos del real decreto aprobado en el año 2014 que regulaba el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a la concesionaria del almacén, Escal UGS, y cómo se recuperaría la suma adelantada por las entidades financieras. «Nosotros, en su día, cuando llegue la demanda, si es que llega, lo que haremos será ir a los órganos consultivos», indicó Nadal.

Tanto el pago de la indemnización como la forma en la que los bancos recuperarían el dinero adelantado, a través de un recargo en la tarifa gasista de los próximos 30 años, estaban regulados en el real decreto-ley. En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización. En consecuencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el pasado mes de enero, tras esta sentencia, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales.

El Gobierno asigna derechos de emisión de gases de efecto invernadero a 17 instalaciones hasta 2020

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros ha aprobado la asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta 2020 por un total de 1,3 millones de derechos de emisión a 17 instalaciones afectadas por el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS).

El sistema europeo de comercio de derechos de emisión (ETS) es la principal herramienta de la Unión Europea para fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en la industria y sector de generación eléctrica, y afecta a más de 11.000 instalaciones. En el acuerdo han participado los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; de Economía, Industria y Competitividad; y de Energía. De estas 17 instalaciones, que constituyen el quinto grupo de nuevos entrantes del período 2013-2020, 9 corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes y otras 8 a nuevas instalaciones.

La cuantía acordada asciende a 1,3 millones de derechos de emisión otorgados, que se tomarán de la reserva constituida para nuevos entrantes del periodo 2013-2020 común a todas las instalaciones de Europa. La disponibilidad actual de derechos en la reserva es de 335,9 millones. El cálculo de las asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, así como las guías interpretativas elaboradas por Bruselas.

Asimismo, se siguió el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este procedimiento incluye la consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, el trámite de información pública, la aprobación de las asignaciones preliminares por parte de la Comisión Europea y la elevación al Consejo de Ministros.

La patronal empresarial de Baleares pide adaptar la central térmica de Menorca para evitar una «catástrofe» económica

EFE.- La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) reclama al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ordene la adaptación de las 5 turbinas de gas de la central térmica de Mahón a la normativa ambiental europea para evitar una «catástrofe» económica en 2020.

La patronal ha remitido una carta al ministro en la que la expone que, dada la total dependencia eléctrica que tiene Menorca de la central de Mahón tras la rotura del cable que conectaba esta isla con la de Mallorca, ajustar las instalaciones a las restricciones de emisión de gases obligatorias desde enero de 2020 es una necesidad perentoria. No ejecutar en los próximos 20 meses esta adaptación «supondrá una catástrofe para la economía de la isla de Menorca, al quedar eléctricamente desabastecida», resalta CAEB.

Reducir las emisiones para 2020

La asociación empresarial recuerda que la rotura de la conexión eléctrica submarina entre Mallorca y Menorca y la obsolescencia medioambiental de la instalación generadora de Mahón representan una «situación de riesgo alto» para la cobertura de la demanda. De acuerdo con los datos recogidos en la carta, la central térmica menorquina cuenta con 5 turbinas de gas con una potencia de 204,4 megavatios, pero incumplen los valores límite de emisión de gases contaminantes a la atmósfera de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2020. Antes de que la norma europea entre en vigor no estará listo el nuevo cable eléctrico submarino Mallorca-Menorca, que como muy pronto podría funcionar «bien entrado el 2020», continúa la argumentación dirigida el ministro.

Si las turbinas de gas no se adaptan y tienen que dejar de emplearse en 2020, Menorca dependerá del suministro eléctrico que pueda aportar la central térmica con sus motores diesel, que alcanza los 40,8 megavatios, cuando la demanda estimada para ese año será de 127 megavatios. «Le solicitamos que a la mayor brevedad posible se realicen las actuaciones necesarias para la aprobación urgente de las inversiones medioambientales que la central de Mahón requiere», concluye la carta de la CAEB.