El Gobierno nombra nuevo director del IDAE a Joan Herrera, antiguo líder de ICV (Iniciativa por Cataluña – Los Verdes)

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha nombrado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, a Joan Herrera Torres como director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Herrera nació en Barcelona en 1971 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Además, está especializado en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, con un postgrado en la Universidad Pompeu Fabra.

En la actualidad es profesor asociado de la Universidad de Gerona, donde imparte Teoría de las élites en España. Además, es patrón de la Fundación Energías Renovables y autor de dos libros. Durante la octava legislatura, entre 2004-2008, Herrera fue diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds, un cargo en el que siguió durante la IX legislatura hasta octubre de 2010. A partir de esa fecha pasó a ser diputado y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA en el Parlamento de Cataluña. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica, su actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, siendo portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.

Una «misión» de europarlamentarios visitará en septiembre la zona de Doñana en la que Gas Natural desarrolla su proyecto gasístico

Europa Press.- La Mesa de la Ría de Huelva anunció que la visita de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo se llevará a cabo entre los días 19 y 21 del próximo septiembre y pasará por Sevilla, Doñana y Madrid. Desde la Mesa de la Ría han valorado «muy positivamente» esta visita y esperan «que sea el comienzo del fin de estos proyectos que hoy ya son una realidad» en la zona en la que Gas Natural pretende construir un gasoducto.

En todo caso, la Mesa de la Ría anunció que realizará «una petición a esta comisión para que alguna reunión tenga lugar en Huelva; por un lado, por ser la ciudad desde donde se lanzaron las denuncias que iniciaron el procedimiento, y por otro, para que desde el Parlamento europeo se entienda que los proyectos gasísticos no son más que la prolongación del Polo Químico de Huelva, que ya en el Puerto Exterior tiene una alta concentración de depósitos de gas, que estarán conectados con aquellos que se quieren realizar en el subsuelo de Doñana«.

Cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo confirmó el pasado 21 de marzo la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma. Lo hizo tras acoger ese mismo día las intervenciones del coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana.

Sin embargo, la Eurocámara no consideró oportuno acceder a la petición elevada por Izquierda Unida en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros. La Comisión Europea se mostró de acuerdo con los peticionarios en el sentido de la «salvaguarda» de Doñana en tanto que es un espacio protegido, como Parque Nacional y por la inclusión de algunos espacios de su entorno en la Red Natura 2000, recordando la apertura de una investigación de oficio por las peticiones.

En lo tocante a las competencias del Parlamento Europeo, éstas se circunscriben a vigilar la correcta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa medioambiental, razón que ha justificado una investigación de los cuatro subproyectos, denominados Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar, en los que se concluye ausencia de infracción al haber sido sometidos a evaluación ambiental conforme a normativa, ya que «no se exige evaluación conjunta».

Asimismo, la Eurocámara también aludió a que todos los proyectos han acabado con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aun siendo consciente de que la metodología utilizada «ha sido criticada por peticiones e instituciones«. Por tanto sí accedió a realizar la visita para investigar las condiciones del espacio «muy de cerca», según precisó en marzo la presidenta de la Comisión de Peticiones, la sueca Cecilia Wikström, que añadió que «creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos».

Ribera asevera que «el diésel tiene los días contados» y que hay que «ir pensando en un proceso de salida»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al anterior Gobierno del PP de haber utilizado partidas presupuestarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para financiar el déficit de tarifa en el sistema eléctrico al tiempo que ha manifestado en el Congreso que «el diésel tiene los días contados» y que su «impacto» en la calidad del aire «es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida».

En todo caso, sobre una posible subida de impuestos que pudiera afectar a este carburante, la ministra se remitió a su colega María Jesús Montero, titular del departamento de Hacienda. Respecto a las restricciones al tráfico que preparan ciudades como Madrid, Ribera las ha celebrado como una medida «muy razonable y muy normal» pues cree necesario facilitar la movilidad pero también que ésta «afecte cada vez menos, en la medida de lo posible, a la salud de los ciudadanos». «Evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida», afirmó.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno debe plantearse qué «señales fiscales y regulatorias» puede aprobar para acompañar a los gobiernos municipales «en ese proceso de cambio» de la movilidad. La ministra ha aclarado que «no se puede culpabilizar a quien compra» un vehículo diesel, aunque el consumidor debe saber que su precio “no está reflejando el coste real del impacto que tiene ese coche». «Un consumidor responsable es lo mejor que podemos tener, pero para facilitar comportamientos de consumidor responsable tenemos que asegurarnos de que las señales de mercado, las señales fiscales, nos permitan discriminar de una manera intuitiva, natural, sin tener que hacer análisis profundísimos sobre qué significa cada compra», ha concluido.

El PP «vacía» partidas medioambientales

Respecto a sus críticas al PP, Ribera aludió a un «vaciamiento» del presupuesto de Medio Ambiente para cubrir el déficit de tarifa, lo que considera «el descubrimiento más importante y llamativo» que ha hecho al llegar a su departamento. En este sentido, la ministra contrapuso la utilización de estas partidas con la de las subastas de derechos de emisión de gases contaminantes, ya que considera «perfectamente legítimo» y «positivo» financiarlo a través de estos ingresos. «Menos mal que había subastas de emisión y que esos ingresos permitían financiar cosas», ha dicho, haciendo un llamamiento a pensar «en un contexto estructural» y dirigir este gasto «de forma más transparente y más estratégica, que no sustituyendo partidas presupuestarias preexistentes que han desaparecido«.

García-Page solicita a la ministra Batet definir la nueva financiación autonómica, paralizar el ATC y mejorar las infraestructuras viarias

Europa Press. – El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido una reunión de trabajo con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en la que se han tratado diferentes asuntos de interés para la región relacionados con estas áreas de Gobierno, entre ellas el nuevo marco de financiación autonómica o el carpetazo definitivo al proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la provincia de Cuenca.

El Gobierno regional ha aprovechado el encuentro para trasladar a la titular de Política Territorial y Función Pública un documento con las demandas de Castilla-La Mancha en estas materias, como paso previo a la reunión que el presidente del Ejecutivo autonómico mantendrá próximamente con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Además, García-Page ha compartido con Meritxell Batet la necesidad de abordar todos aquellos proyectos e infraestructuras en materia de ferrocarril y carreteras que el anterior Ejecutivo central dejó sin ejecutar, a la vez que ha trasladado a la ministra el posicionamiento de la región en asuntos prioritarios para Castilla-La Mancha como la paralización del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) o las reclamaciones en materia de recursos hídricos, haciendo especial hincapié en el trasvase Tajo-Segura.

El jefe del Ejecutivo regional ha defendido, también, la necesidad de revisar los parámetros de cumplimiento de los objetivos de déficit que fueron impuestos por el anterior Gobierno central a las comunidades autónomas.

El transporte público pide 500 millones de euros al Ministerio de Transición Ecológica y acelerar la Ley de Cambio Climático

Europa Press.– El sector del transporte público reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que acelere la Ley de Cambio Climático y que ésta incluya al menos 500 millones de euros para el sector después del avance del Inventario español de emisiones de CO2 que revela que en el último año las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) aumentaron un 4,4%, el mayor incremento desde 2012.

La Asociación del Transporte Público (ATUC) recuerda que el tráfico rodado provoca en torno a la mitad de las emisiones de GEI en las ciudades y, de éstas, más del 90% son de coches. En concreto, las emisiones del transporte crecieron en el último año un 2,6%, según los datos publicados por el Gobierno que ahora remitirá a Bruselas para su validación. En este contexto, reclama que el texto de la futura ley recoja un espacio propio para el transporte público como alternativa al vehículo privado, sobre todo teniendo en cuenta las futuras prohibiciones al acceso y aparcamiento en el centro en ciudades como Madrid.

Un parque móvil “muy dieselizado”

Además, justifica la petición también en el hecho de que el parque móvil está «muy dieselizado» pese a que estos vehículos emiten un 15% más de dióxido de carbono por litro de carburante que los gasolina. La ATUC propone que de los 2.100 millones de euros que se ingresarán tras equiparar los impuestos a los carburantes, como mínimo 500 millones se dirijan al sistema de transporte público, tanto para contribuir a su financiación como para inversiones con las que mejorar los servicios y reducir el número de coches en circulación.

En esta línea, la asociación opina que la contribución del transporte público para reducir las emisiones «justifica de por sí» medidas encaminadas a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas las administraciones competentes en la materia. Entre sus recomendaciones para la Ley de Cambio Climático, la ATUC pide de forma explícita que la futura norma inste al desarrollo de una Ley de Financiación del Transporte Público, de la que España carece actualmente siendo una excepción en toda Europa; así como una financiación estable y compartida entre las distintas administraciones.

Entre sus propuestas también sugiere por el desarrollo de un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades. Para el secretario general de ATUC, Jesús Herrero, «no se entendería que la futura ley no reservara un espacio específico para el transporte público, que es la solución más efectiva contra los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra las congestiones de tráfico que tantos problemas originan».

Unidos Podemos propone que el 50% de lo recaudado en la subasta de emisiones se dedique a desarrollar las renovables

Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos propone que, al menos, el 50% de la recaudación de la subasta de emisiones de gases de efecto invernadero se destine por ley al desarrollo de las energías renovables. Así lo recoge una de sus enmiendas al proyecto de ley aprobado por el PP que modifica hasta tres leyes: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Según explicó en su momento el Ejecutivo popular, este texto propone reforzar el carácter preventivo ante las amenazas y los nuevos desafíos ambientales y presta una atención especial a la eficiencia de los recursos y a la prevención de riesgos que a partir de ahora estarán «mejor reflejados en el proceso de evaluación». De este modo, la Ley de Evaluación Ambiental modificará la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos y también se espera la integración o coordinación de la evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales.

PNV y Ciudadanos piden, en sus enmiendas, que la norma recoja una nueva disposición final en la que se determine que, cuando un procedimiento judicial afecte a la ejecución de un proyecto y ya cuente con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, el plazo de vigencia de la misma se quedará en suspenso hasta el momento de la sentencia firme. «Se pretende evitar que el promotor tenga que tramitar nuevamente una evaluación ambiental del proyecto desde cero», indican los nacionalistas.

El proyecto de ley también busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento. En este sentido, Unidos Podemos ha incluido enmiendas para que esta información sea accesible a la población, a través de las webs de los ayuntamientos.

La Justicia vuelve a dar la razón a Bankia frente a la demanda de Iberdrola por la salida a Bolsa

Europa Press.- La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a Bankia frente a la demanda de Iberdrola por las pérdidas sufridas en el proceso de salida a Bolsa de la entidad, al desestimar el recurso que interpuso la compañía eléctrica contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 89 de Madrid el pasado año que otorgó la victoria al banco.

Bankia ganó el primer pulso entre ambas compañías en marzo de 2017, cuando fue desestimada la demanda de Iberdrola al considerar que la energética pudo tener indicios del riesgo de su inversión al acudir a la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones lanzada por la entidad en 2011, ya que antes de la operación las agencias de rating Moody’s y Fitch rebajaron la calificación crediticia del banco, hecho que fue comunicado mediante hechos relevantes.

Iberdrola presentó entonces un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando que dichos ratings sobre la entidad no alertaban sobre la falsedad de los estados financieros del banco, sino que eran «buenos» y se basaban en la hipótesis de que la contabilidad «era correcta». En la nueva sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid desestima este recurso de apelación y confirma «íntegramente» la sentencia favorable a Bankia dictada en marzo de 2017, con imposición de costas a Iberdrola.

En concreto, considera a Iberdrola «un inversor profesional» y, según una directiva europea, la información proporcionada por el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores «no se requiere para las ofertas limitadas a los inversores cualificados». Además, el juez indica que «no puede afirmarse que la voluntad de Iberdrola se haya formado a partir de una creencia inexacta sobre la situación financiera y patrimonial de Bankia ni que la información económica-financiera reflejada en el folleto informativo resultara decisiva para adoptar su decisión». Iberdrola cuenta ahora con un plazo que finaliza el 31 de julio para interponer un recurso extraordinario por infracción procesal o un recurso de casación.

Ribera defiende ante responsables del PSOE la necesidad de presentar cuanto antes un borrador de Ley de Transición Energética

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reiterado en la sede madrileña del PSOE que su primera prioridad es presentar «cuanto antes» un primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según confirmó el PSOE. Ribera ha explicado que el Gobierno quiere para esta Ley un «acuerdo sólido, amplio y participado, que atienda todas las necesidades, de todos los sectores, del ámbito público y del ámbito privado, y que garantice una transición ecológica justa y equitativa».

Así, señaló que esta norma servirá de marco para acomodar las leyes y todas las iniciativas en materia de cambio climático que ya se están adoptando por las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el PSOE. La ministra anunció que también se presentará próximamente un borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, exigido al conjunto de los Estados Miembros por el Marco de Clima y Energía del Consejo Europeo. Este Plan, según el PSOE, impulsará medidas de eficiencia energética y una alta penetración de las energías renovables.

Transición justa para cada región

La segunda prioridad del nuevo Ministerio es ejecutar un Plan Estratégico de Transición Justa. Para ello, Ribera propone trabajar con agentes sociales y territorios para promover en las zonas vulnerables políticas activas de empleo y de formación, la protección social específica necesaria y planes de transición. «El inmovilismo no crea empleo; al contrario, el inmovilismo supone un lastre para la economía, la competitividad y la modernización«, ha apuntado Teresa Ribera. Según el PSOE, los responsables de gobiernos autonómicos y ejecutivas regionales han dado su respaldo al reforzamiento en las acciones para cumplir el Acuerdo de París a una nueva estrategia de creación de empleo verde.

Susana Díaz pedirá a Pedro Sánchez que paralice el proyecto del almacén gasista de Naturgy (Gas Natural) en Doñana

Europa Press.- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, adelantó que de entre las peticiones que trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su encuentro que tendrá lugar en La Moncloa el próximo 23 de julio, estará la petición de que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

Díaz se pronunció así en el Parlamento andaluz donde el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, le ha preguntado por las propuestas y demandas a trasladar al Gobierno central. Ante esta cuestión, la presidenta ha dejado claro que sus reivindicaciones «no han cambiado» a pesar del cambio de color en el Ejecutivo central y trasladará «las mismas» exigencias a Sánchez que ya trasladó a Mariano Rajoy cuando acudió a Madrid hace 2 meses. En definitiva, la presidenta trasladará a Sánchez las misma reivindicaciones «de justicia» para la comunidad que ya trató con Rajoy el pasado mes de abril.

En este sentido, ha manifestado que espera que el Gobierno de Sánchez «apoye» la «defensa» de la Junta de Andalucía de paralizar el proyecto gasístico que Gas Natural pretende instaurar en el suelo de Doñana. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida ha apuntado que el marco de interlocución con el Gobierno «ha cambiado» pero la situación de Andalucía «es la misma» y en ella está incluida la «amenaza» del proyecto gasístico en Doñana.

El presidente de CNMC, Marín Quemada, se muestra «optimista» en recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos

Europa Press. – El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, se ha mostrado «optimista» sobre la posibilidad de recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos que el anterior Gobierno le retiró.

Así, Marín Quemada se mostró igualmente «optimista» antes los «deseos de colaboración» mostrados durante las primeras interacciones que el organismo ha tenido con el nuevo Ejecutivo del PSOE a través de que lo que denominó «ministerios de referencia».

Durante un desayuno organizado por Editorial Prensa Ibérica, Marín Quemada sostuvo que la intención del Gobierno de devolver esas competencias coincide con la normativa europea y que ello redundará en más «transparencia» en los precios.

A este respecto, insistió en pedir para el consumidor más claridad. Para explicar el sistema actual, dividió la factura en tres partes: los impuestos, el coste y un tercer bloque donde se reúnen toda una serie de consideraciones de estabilidad del sistema, las primas a las renovables o el mantenimiento de energías de respaldo.

Dentro de este tercer bloque, (el de los peajes), dijo encontrar razonable pagar por mantener abiertas plantas con energías de soporte. Así, «si no autorizas a quitarlas tienes que pagarlo», defendió, o que el precio de la energía tienda a tener un precio similar en todos sitios.