El TSJCM anula la ampliación del espacio protegido de Laguna de El Hito acordada por el Gobierno de Castilla-La Mancha

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press. – La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), ha dictado sentencia en la que se declara la nulidad íntegra del acuerdo y posterior decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha que ampliaba el espacio protegido de la Laguna de El Hito de 1.000 hectáreas a casi 24.000.

Según informaciones del TSJCM, se anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha por el que se iniciaba el procedimiento para la ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ‘Laguna de El Hito’ y de modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito.

En este sentido, también se anula el Decreto 57/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, de 4 de octubre de 2016, por el que se ampliaba la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.

Asi, estas decisiones del Gobierno de CLM, que daban como resultado la ampliación del espacio protegido de la Laguna de El Hito, afectaban a la construcción del proyectado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el término municipal de Villar de Cañas (Cuenca).

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM estima íntegramente los recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y de la Administración General del Estado contra las decisiones del Gobierno regional.  La sala asegura que ahora es si el espacio previsto para albergar la ampliación de la ZEPA denominada ‘Laguna de El Hito’, pasando de 1.000 hectáreas a cerca de de 24.000 es conforme o no a derecho, resultando esto último.

La sala concluye que las decisiones de la Administración autonómica han tenido «la finalidad subrepticia de impedir el ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia nuclear, concretamente en lo concerniente a industria y planificación energética, en la que está incluida la gestión y emplazamiento de residuos». «Todo ello bajo la apariencia de la ampliación y conservación de los espacios naturales», añade el Alto Tribunal castellano-manchego.

La sala de lo Contencioso- Administrativo, para llegar a esta conclusión, ha tenido que analizar detenidamente la documentación del procedimiento, entre ellas,las actuaciones realizadas por el Estado en lo relativo al proyecto del emplazamiento del ATC, en el que fue designado el municipio conquense de Villar de Cañas, o su declaración como servicio público esencial.

Proyecto que en las bases de su convocatoria ya descartaba que el ATC estuviera situado en Parques Naturales, Reservas, Red Natura u otros, como puso de relieve el Tribunal Supremo, en las sentencias que ha dictado sobre esta materia. La Sala repasa además la tramitación posterior a la aprobación del ATC en Villar de Cañas, entre la que se incluía el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Por todo ellos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que el proceder de la Administración autonómica en lo referente a la ampliación posterior del espacio protegido de La Laguna del El Hito ha sido «errático y contradictorio», poniendo como ejemplo, entre otras, el hecho de que meses antes del acuerdo, ahora anulado, el Gobierno regional había reducido la extensión del espacio protegido de la Laguna de El Hito a menos de 1.000 hectáreas.

Por último, destacar que la Sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala terecra del Tribunal Supremo en el plazo de 30 días.

 

 

Competencia propone bajar la retribución a las redes de transporte y distribución al 5,47% y a las renovables al 7,04%

/0 Comentarios/en , , , , /por

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sacado a consulta pública las propuestas de metodología de cálculo de la retribución financiera o rentabilidad razonable para las actividades del sistema eléctrico y propone una retribución financiera del 5,47% para el transporte y distribución de electricidad para el periodo regulatorio 2020-2025, y del 7,04% para la producción con energías renovables, cogeneración y residuos, lo que supone rebajas del 1,033% y del 0,463%, respectivamente.

Para el primer periodo regulatorio, el decreto de 2013 estableció una tasa de retribución financiera del 6,503% para el transporte y distribución. En esa ocasión, se tomaron los valores de las cotizaciones del bono del Tesoro a 10 años de los meses de abril a junio de 2013, incrementada con un diferencial de 200 puntos básicos, «sin referencia a ninguna metodología de cálculo», precisó la CNMC. Para las renovables, se calculó como la media del bono español a 10 años durante los 24 meses previos al mes de mayo del año anterior, más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que arrojó una tasa de retribución financiera del 7,503% para ese periodo que acaba el 31 de diciembre de 2019.

La CNMC propone utilizar ya para el segundo periodo la metodología WACC (coste medio ponderado de capital) para calcular la rentabilidad razonable. Según Competencia, el WACC refleja la realidad de los mercados de capital donde encuentran su financiación las empresas reguladas y minimiza la incertidumbre regulatoria. En este sentido, recuerda que las empresas de transporte y distribución eléctrica deben financiar elevados volúmenes de inversiones en inmovilizado, que tienen periodos largos de recuperación, de hasta 40 años, y señala que todas las propuestas recibidas por parte de compañías consideran necesario que el cálculo de la tasa de retribución se realice con una metodología basada en el reseñado WACC de la actividad.

Competencia ya avisó en varios informes que era necesario revisar la tasa de retribución para el periodo que arranca en 2020 de la distribución de electricidad para adecuarla a los costes de las compañías, que habían evolucionado a la baja en los últimos años. En el caso de las renovables, la CNMC argumenta que están sujetas a una serie de riesgos que no tienen las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica o gas natural, por lo que propone para ellas un diferencial adicional que se sumaría al cálculo del WACC. A la CNMC le parece razonable considerar un diferencial de 50 puntos básicos.

La propuesta de la CNMC analiza, además, la aplicabilidad de esta metodología al cálculo de la tasa de retribución financiera en las actividades de redes del sector gasista, y en la producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos no peninsulares. Competencia considera también que la metodología propuesta para el transporte y distribución eléctrica sería aplicable al cálculo de la retribución para el transporte y almacenamiento de gas y actividades de regasificación, que hasta el 31 de diciembre de 2020 es del 5,09% y que se estableció a partir del bono del Estado a 10 años más 50 puntos básicos.

El plazo para remitir observaciones a las dos propuestas que Competencia somete a consulta pública finaliza el 15 de septiembre y, tras analizar esas alegaciones, elevará un informe definitivo. El anterior ministro de Energía,Álvaro Nadal, era partidario de aplicar en la revisión de la rentabilidad razonable la misma fórmula utilizada para el primer periodo regulatorio, lo que a la actual cotización del bono, recortaría a la mitad la retribución.

Adrián Barbón, líder del PSOE en Asturias, defiende una negociación para la transición energética «con calma y tiempo»

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El secretario general del PSOE en Asturias, Adrián Barbón, ha demandado una negociación para la transición ecológica que se aborde «con calma y tiempo» y no de manera precipitada. Barbón, que ha participado en la Fiesta de la Rosa de Sahagún (León), ha cargado contra quienes «se escandalizaban» tras la reunión entre el presidente de Asturias, Javier Fernández, y el de España, Pedro Sánchez, porque «no hubieran resuelto el problema de la transición energética en 20 minutos».

«Todas las negociaciones son procesos abiertos que exigen calma y tiempo», ha añadido Barbón para señalar que, si se rechaza una «transición expréss», este rechazo tiene que extenderse también a una negociación precipitada. Barbón reiteró la posición del PSOE de Asturias respecto a la transición energética, defendiendo que sea «justa para personas y territorios» y que en su negociación se hable con todos los agentes implicados. El dirigente del PSOE de Asturias criticó además a «los que ahora no callan» en defensa de las térmicas, aludiendo al PP asturiano, al que ha reprochado que estuvieran «callados» durante los 7 años de gobierno de Mariano Rajoy.

CCOO de Industria solicita al Gobierno garantizar el futuro de la minería y la presencia del carbón en el ‘mix’ energético español

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press. – CCOO de Industria ha mantenido una reunión con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y con responsables del Ministerio para la Transición Energética, en un encuentro en el que el sindicato ha pedido la necesidad de adoptar «de forma inmediata» medidas para avanzar en el sostenimiento de la actividad minera para la extracción de carbón autóctono, ligado a la presencia de las centrales térmicas dentro del ‘mix’ energético español.

Según informaciones del sindicato, acudieron a la reunión con «la prioridad» de buscar fórmulas que permitan, en el corto plazo, la entrada de carbón autóctono en las térmicas. En este sentido, han señalado que su objetivo es «aliviar la insostenible situación que padecen, con especial crudeza, los trabajadores de la minería privada».

Así, CCOO de Industria cree que «deben primar las necesidades como país, en beneficio de la ciudadanía, de las personas trabajadoras y de la industria, por encima de otros intereses». Por todo ello, solicita planificar una transición energética «justa», en la que se planteen medidas que clarifiquen y garanticen «un futuro estable» tanto a los trabajadores como a los territorios afectados.

Por último, el sindicato considera que es «el momento de anteponer a los intereses económicos de las eléctricas el interés general de las comarcas mineras y del conjunto de la ciudadanía», ya que el carbón, especialmente el autóctono, «juega un papel primordial como energía de respaldo y elemento regulador de los costes eléctricos».

La rentabilidad propuesta por la CNMC para las redes de distribución es menor a la europea, según la patronal Unesa

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- La rentabilidad propuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de distribución eléctricas es inferior a la vigente en el entorno europeo, según advierte la patronal eléctrica Unesa. La CNMC, en el ámbito de sus funciones reguladoras, ha emitido un borrador de informe en el que propone una tasa de retribución para aplicar al valor de los activos de distribución eléctrica y determinar el importe de la remuneración que deben percibir los operadores.

La CNMC aplicó la metodología habitual en otros países para la retribución de las redes aunque, en opinión de Unesa, requiere ajustes en los parámetros. Así, explica que tal y como hacen casi todos los reguladores europeos, la metodología de la CNMC para fijar la tasa de retribución se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC en sus siglas en inglés),»lo cual supone un avance sustancial respecto a la ausencia de metodología de la tasa actual de retribución, fijada por el Gobierno en referencia al bono español a 10 años», explica Unesa.

Este borrador se somete a audiencia pública con plazo hasta septiembre. En este sentido, Unesa advierte de que una definición «inadecuada» de los parámetros que lo componen puede dar lugar a resultados que no reflejen la realidad de los mercados ni las características de la actividad en cuestión. A falta de un análisis detallado, el borrador de informe de la CNMC de la tasa de retribución arroja un diferencial con respecto al bono español a 10 años de 400 puntos básicos, inferior a la media de otros países europeos, en los que se alcanzan los 500-550 puntos básicos, explica Unesa.

Unesa resalta que la tasa que se fije para el próximo período regulatorio debe permitir afrontar el desafío de digitalizar y modernizar las redes de distribución para integrar nueva producción a partir de fuentes renovables, así como para facilitar la transición energética. «Un proceso en el que las redes de distribución jugarán un papel clave para integrar distintos recursos distribuidos, como generadores a pequeña escala o puntos de recarga de vehículos eléctricos, y todo ello manteniendo los estándares de calidad del suministro«, argumenta. De este modo, señala que la «esperada» electrificación de la economía es «inconcebible» sin el consiguiente refuerzo de las redes a las que se conectan dichas instalaciones.

Por ello, el marco regulatorio y la rentabilidad adecuada deben estar alineados, «de manera que no parece razonable fijar un diferencial con el bono español por debajodel que se aplica en los países de nuestro entorno», esgrime. Unesa recuerda que la distribución es una actividad intensiva en capital y con largos periodos de recuperación de las inversiones. «Sin una rentabilidad suficiente, capaz de atraer el capital necesario para acometer dichas inversiones en un entorno cada vez más competitivo, será más difícil afrontar con éxito los retos y oportunidades futuras para descarbonizar la economía», concluye.

Ribera ve necesario definir “cuántos residuos y en qué condiciones se pueden almacenar» antes de avanzar con el ATC nuclear

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó la petición del Gobierno al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para paralizar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en que se desconoce el volumen de residuos nucleares que se generará en un futuro ya que hay centrales pendientes de solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses.

«Uno se pregunta hasta qué punto sabemos cuánto, qué y en qué condiciones, en materia de residuos nucleares, debemos almacenar. Por tanto, la petición al CSN, por ahora, ha sido un discúlpeme, pero yo no sé cuál es el volumen de residuos«, ha señalado la ministra, al tiempo que justifica también esa petición en que tampoco se conoce «en qué condiciones de seguridad» se deben almacenar esos residuos, por lo que considera que la petición es «cauta» y «neutra» por esa falta de información. Así lo ha expresado tras la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Para la responsable del Ministerio, «una de las cosas más sorprendentes» que se han encontrado los socialistas tras su llegada al Gobierno es «la práctica ausencia de escenarios que permitan entender cuál es el desafío» al que se ha de enfrentar España en materia de generación de residuos nucleares. «Esos escenarios me parecen absolutamente críticos en el ejercicio responsable de una cierta capacidad anticipatoria», agrega.

En este sentido, vincula esa falta de información al desconocimiento de los planes de futuro de las centrales, pues ha recordado que hay determinadas plantas que tendrán que solicitar su prórroga de funcionamiento o bien su cierre en los próximos meses lo cual tiene, para Ribera, «una incidencia importante en el conjunto del parque nuclear pero también en términos de seguridad y gestión de residuos». Asimismo, ha recordado que España está inmersa en un «procedimiento de infracción muy avanzada» por la ausencia de un Plan de Residuos Nucleares que debería haber tenido disponible en 2002.

La Diputación de Cuenca reclama

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto (PP), instó al actual Gobierno central a que siga adelante con el ATC de Villar de Cañas «por responsabilidad ya que ningún informe ha determinado que el sitio no reúna las condiciones«. Así se expresó tras la aprobación por parte del pleno del CSN del plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del almacén de residuos.

En su opinión, gracias a este proyecto en los últimos 8 años se han mejorado 40 kilómetros de carreteras y se ha hecho un vivero de empresas: «además de un silo nuclear se contemplaba un Centro Tecnológico para investigar el combustible nuclear gastado, algo que nos iba a convertir en referente a nivel internacional y que demuestra que caben las dos posiciones, en pro y en contra de las nucleares».

Según ha indicado, el ATC «es un recurso necesario tanto si tienes una postura pronuclear como antinuclear», al tiempo que ha ratificado que la Diputación mantiene que no se pare. «Sería una pérdida de tiempo, de recursos, y no se está poniendo sobre la mesa ninguna otra alternativa para esta zona de Cuenca animando a otro desarrollo. El ATC es una cuestión que sí o sí hay que incorporar, no es un antojo de nadie, es una necesidad», ha puntualizado.

Sobre la resolución que podría emitir en breve el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre el recurso que se interpuso contra la ampliación de la zona ZEPA, Prieto se ha mostrado convencido de que será contraria a esa ampliación. «Si no es así respetaremos las decisiones judiciales, pero es algo que no quieren los vecinos y que se hizo con un abuso de poder y autoridad por parte del Gobierno regional», ha apuntado.

El CSN aprueba por unanimidad el plan para paralizar los informes sobre la construcción del ATC en Villar de Cañas

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó por unanimidad el plan presentado para paralizar la emisión de los informes de evaluación relativos a la solicitud de autorización de construcción del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado en Villar de Cañas (Cuenca), y proceder a documentar ordenadamente las actuaciones realizadas hasta ahora o en curso, de forma que se mantenga todo su valor para el mejor aprovechamiento futuro, si procede, de las mismas.

Según ha explicado el CSN, ha empleado hasta la fecha, en las evaluaciones relativas a la solicitud de autorización de construcción del ATC, unas 43.000 horas de personal técnico propio del organismo, así como otras 4.900 horas de personal externo contratado, habiéndose alcanzado un grado de avance de aproximadamente del 98% de los trabajos inicialmente planificados. El plan presentado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear recoge y resume el estado actual de las actividades de evaluación asociadas a la autorización de construcción del ATC y establece el cronograma de acciones necesarias para documentar las tareas realizadas y para hacer efectiva la interrupción de las mismas, según indicó el CSN.

El Ministerio para la Transición Ecológica solicitó el pasado 5 de julio al CSN la suspensión de la emisión del dictamen del organismo regulador sobre la autorización de construcción de la instalación del Almacén Temporal de Combustible Nuclear Gastado y de Residuos de Alta Actividad (ATC) para «analizar con cierto detalle la situación«. Así se lo trasladó por carta el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen.

En la misiva, el secretario de Estado señala que, teniendo en cuenta el reciente cambio de Gobierno, así como la pendiente tramitación y aprobación del VII Plan General de Residuos y el conjunto de nuevos factores que pueden haberse modificado desde enero de 2014, cuando se remitió la solicitud al regulador atómico, “desea” poder analizar “con cierto detalle la situación“.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica precisaron que la intención del departamento es analizar la situación primero de cara a diseñar la futura política energética. “Por todo ello, te solicito que, por el momento, dejes en suspenso la emisión del citado informe en tanto no tengamos una evaluación más detallada de la situación actual“, añade en la carta. Domínguez Abascal recuerda que el 14 de enero de 2014, el entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo, solicitó los preceptivos informes del CSN sobre la autorización previa o de emplazamiento así como la autorización de construcción de la instalación nuclear.

El regulador nuclear aprobó la autorización previa o de emplazamiento en 2015, aunque señalan que el Gobierno todavía no la ha hecho suya. Quedaba pendiente, por tanto, la aprobación de la autorización de construcción que ahora el Ejecutivo pide dejar en suspenso. La elección de la ubicación del ATC y su centro tecnológico asociado en Villar de Cañas (Cuenca) fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2011. Enresa presentó las solicitudes dos años después y en 2015 el CSN dio luz verde a la solicitud de autorización previa.

Además de la solicitud ahora suspendida, el regulador atómico también tendría que pronunciarse posteriormente sobre la licencia de explotación. Paralelamente, entre los trámites necesarios, se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental, que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica, y el Plan de Seguridad, que corresponde al Ministerio del Interior. No obstante, la edificación propiamente dicha del almacén va aparejada a la autorización de construcción, que es la actualmente suspendida. La ubicación del ATC en Villar de Cañas ha sido fuertemente contestada por el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha.

El ATC preveía albergar, entre otros, los residuos correspondientes al desmantelamiento de Vandellós I, que se encuentran en Francia y que suponen un gasto para España de 74.603,14 euros diarios desde el 1 de julio de 2017. Estas cantidades serán reembolsadas a Enresa cuando regresen a España los residuos, momento en que será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015.

Hacia la paralización del ATC

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, considera que el plan del CSN produce «un paso más positivo» después de la decisión del Gobierno de España de paralizar los trámites asociados al ATC. Para el delegado esto supone una «ejecución del mandato» del Gobierno de Pedro Sánchez para «hacer bien las cosas y no hacerlas improvisadas» ya que, a su juicio, el proyecto empezó «la casa por el tejado«.

De esta forma, González Ramos ha señalado que se decidió el sitio de ubicación «sin cumplir posiblemente las condiciones que debe reunir» tanto en «previsión de residuos nucleares futuros en función de la estrategia energética del Gobierno», como de la «idoneidad de los propios terrenos», algo para lo que se hacen evaluaciones de impacto ambiental «que no estaban hechas». En relación al presupuesto que iba a ser destinado para la construcción del ATC, el delegado del Gobierno central en la región ha destacado que era un presupuesto de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) «específico para gestionar residuos nucleares».

Para González Ramos «no era de recibo» que el Gobierno anterior «vendiese un presupuesto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para Castilla-La Mancha multimillonario», pero que «140 millones de euros se los llevaba el ATC» y por tanto «no iba para Castilla-La Mancha» sino para «mejorar deficiencias» en la región. «Era un engaño como hemos vivido ahora. El presupuesto quitando esos 140 millones se va a quedar, desgraciadamente, en un porcentaje pésimo», ha finalizado.

Galicia dará «un paso más» para favorecer que abran más gasolineras con el objetivo de que los precios bajen

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- La Xunta prevé dar «un paso más dentro de las facilidades» para favorecer que abran más gasolineras en Galicia, de modo que aumente la competencia y bajen los precios de los carburantes. El objetivo es que los precios, de los más altos en el conjunto estatal, «se equiparen» al de la media de las comunidades autónomas.

El consejero de Economía e Industria, Francisco Conde, desveló que el Gobierno gallego prepara una modificación legislativa del decreto que aprobó en 2015 para simplificar y reducir trámites para la apertura de estaciones de servicio. El Ejecutivo autonómico aspira a que haya un mayor número de operadores y también más modelos de negocio, con el de cooperativas, grandes superficies comerciales y automáticas como nuevas fórmulas frente a la tradicional. Este cambio en el decreto atenderá las demandas de la asociación de gasolineras sin personal, que recientemente achacaron precisamente a ese texto más «trabas» y dificultades a la apertura de estaciones.

La modificación «se va a nutrir de las aportaciones» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la que la Xunta ha firmado un protocolo de colaboración. En este sentido, el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, cifró en 30 millones de euros más al año lo que pagan los automovilistas gallegos en comparación con la media de las demás comunidades. «No nos parece normal», reconoció, para explicar que el protocolo busca «intentar» que el mercado en Galicia «se parezca más a la media«.

Al respecto, Francisco Conde ha remarcado que los informes de los que parte también la consejería contienen datos antes de impuestos, al margen de la afección que ha tenido hasta ahora el céntimo sanitario. En este escenario, ha confrontado porcentajes que sitúan en un 5% el peso de las gasolineras de cooperativas y en grandes superficies en Galicia frente al 15% de media nacional; un 1,5% de automáticas en la comunidad gallega frente al 5% estatal; y el 76% de las abanderadas frente al 68% en el conjunto de España.

Con la finalidad de «corregir» esta situación, el protocolo contempla una guía de buenas prácticas que la Xunta prevé publicar «próximamente» y que tratará de «concienciar» tanto a la Administración autonómica como a los ayuntamientos, para que «no se incluyan restricciones» en los trámites burocráticos precisos para abrir una gasolinera. El convenio de colaboración también contiene medidas de información para los usuarios, un seguimiento de las condiciones contractuales a las que deben atenerse los operadores y una «radiografía clara» que con periodicidad trimestral aportará la CNMC al organismo que vela por la competencia en Galicia.

Ciudadanos pide explicaciones a la ministra Ribera sobre «su papel en la planta Castor»

/0 Comentarios/en /por

Europa Press.- La diputada nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Castellón, Sandra Julià, ha pedido «explicaciones» a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «sobre su papel en la planta Castor». La formación ha registrado una pregunta en el Congreso en la que cuestiona «por qué no figuran en la Declaración de Impacto Ambiental, de la que la ministra fue responsable, las medidas que se contemplaron para estudiar la sismicidad de la zona y el posible impacto de la puesta en marcha de la instalación».

La parlamentaria ha señalado que «desde Ciudadanos queremos conocer qué medidas plantea el Gobierno, una vez conocido el fallo del Tribunal Constitucional que acordó declarar inconstitucionales y nulos los artículos del decreto que establecían una indemnización para las empresas promotoras del proyecto Castor por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los seísmos registrados en la zona». Por ello la diputada de Ciudadanos lamenta que «el capitalismo de amiguetes y la irresponsabilidad de unos pocos hayan causado estragos no solo en el medioambiente sino también en los bolsillos de todos los españoles».

Los hogares españoles ahorrarán 340 millones de euros anuales en costes de calefacción con la transposición de la normativa europea

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- Los hogares españoles podrán ahorrar hasta 340 millones de euros en la factura anual de calefacción cuando se trasponga la directiva europea de eficiencia energética que obligará a instalar repartidores de costes de calefacción, esto es, contadores individuales en cada radiador, en las viviendas con calefacción central, de forma que cada usuario pague por lo que consume, según la Asociación Nacional de Instaladores de Repartidores de Costes de Calefacción (Anirca).

En concreto, esta medida afectará a, al menos, 1,7 millones de viviendas en España y supondrá un ahorro de 200 euros al año para el consumidor español, lo que equivale a un 30% de la factura energética del hogar. Al mismo tiempo se evitará el despilfarro energético y la emisión a la atmósfera de 2 millones de toneladas de CO2 al año. El 47% de la energía consumida en el hogar corresponde a la calefacción.

A principios del pasado junio, la Comisión Europea envió un ultimátum a España para que trasponga correctamente esta normativa y no se ha aprobado aún el Real Decreto cuyo borrador se sometió a consulta pública el pasado abril y en el que se anunciaba como fecha límite 2021 para que todos los hogares con calefacción central tengan instalados estos dispositivos.

La mayoría de los países de la Unión Europea ya transpusieron la directiva, por lo que la asociación confía en que el Ejecutivo, en su compromiso de reducir las emisiones de CO2 y promover la eficiencia energética, «incorpore la normativa comunitaria cuanto antes al ordenamiento jurídico español para que puedan empezar a ponerse en marcha las medidas necesarias para reducir el consumo de energía en el sector residencial», señala el presidente de Anirca, Luis Cid-Fuentes.