El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

Podemos propone abaratar la factura de la luz reduciendo el coste fijo y el IVA de los consumidores vulnerables

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Europa Press.- El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con un paquete de 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, entre las que incluye una reducción del coste de la parte fija del recibo, una bajada del IVA para los consumidores vulnerables y una reforma del bono social eléctrico, junto con la creación de un bono social gasista cuyo único criterio de adjudicación sea la renta del hogar.

La citada PNL será debatida en la comisión de Transición Ecológica y expone que el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Recuerdan que también la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kilowatios hora mensuales de consumo han pasado de los 48,95 euros al mes del año 2007 a los 75,52 euros al mes del año 2017. Lo que supone, según recuerda el partido morado, una subida de un 50% con respecto a la tarifa de hace 10 años.

En este sentido, exponen que los incrementos de precio tienen «como principal motor» además de la subida de los peajes y la presión impositiva, «el componente de energía cuyo precio se fija en el mercado mayorista«. Así, exponen que el sistema por el que se fijan los precios determina que el precio del megavatio hora pueda ser igual para la hidroeléctrica que para una central térmica «a costa de las personas consumidoras y del tejido productivo español».

Por ello, plantean como «ineludible» la necesidad de «intervenir y modificar la formación de los precios de la energía en España» ya que consideran que con el actual sistema se ha producido una reducción del margen de actividad para las pymes, una desprotección de los consumidores y un aumento de las reclamaciones convirtiendo así a los ciudadanos y al tejido empresarial en «rehenes del mercado eléctrico».

Para hacer frente a esta situación, el Grupo de Unidos Podemos propone 13 medidas encaminadas a reducir la factura de la luz. Así, plantea una reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por el hecho de estar disponibles.

Recuerdan que la reforma del bono social de octubre de 2017 puede dejar en riesgo de pobreza energética a 1,7 millones de personas por el complicado proceso de solicitarlo. Por ello, plantean una reforma del bono social eléctrico y crear un bono social gasista para que, en ambos casos, su solicitud sea automática, que el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar y que sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial.

A estas medidas se suma la propuesta de reducir el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables. «Una reforma así, garantizaría un abaratamiento de la factura para gran parte de la ciudadanía en su residencia habitual», apostillan en el texto.

Junto con estas propuestas, proponen recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.

Además, plantean reformar el mercado eléctrico, del tal forma que se apruebe un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, con el fin de «acabar con los beneficios caídos del cielo«.

También piden ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador y modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

El partido morado quiere que se impongan nuevas obligaciones a las empresas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de los consumidores; que se apoyen reformas normativas para eliminar las trabas al autoconsumo, derogando el «nefasto» Real Decreto 900/2015, que recoge el llamado impuesto al sol e implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.

A todo ello, añaden una propuesta para desarrollar los certificados de ahorro energético para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que actualmente están repercutiendo en factura a los consumidores.

Para Podemos es importante también introducir modificaciones normativas encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacia las empresas energéticas y también realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional. De esta forma se podrían determinar los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.

Finalmente, proponen realizar una «reforma de calado» que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. «Dicha reforma debería buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismos tiempo que incremente la progresividad fiscal».

Rural de Energías Aragonesas invertirá 20,5 millones en un parque eólico en las cuencas mineras de Teruel

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EFE.- El Consejo de Gobierno ha declarado como Inversión de Interés Autonómico el parque eólico El Cubo 1, de 20 megavatios de potencia, ubicado en los términos municipales de Escucha, Mezquita de Jarque y Rillo (Teruel), en las cuencas mineras, que supondrá una inversión de 20,5 millones de euros.

Desde el Ejecutivo autonómico explican que el desarrollo del proyecto, presentado por la sociedad mercantil Rural de Energías Aragonesas, supondrá la creación de 18 a 20 empleos directos vinculados a su construcción, que se extenderá durante un periodo aproximado de 5 meses. En la fase de explotación se requerirá la contratación de entre 3 y 4 personas de alto grado de especialización para llevar a cabo las labores de mantenimiento del parque durante los próximos 25 años. La generación neta de energía eléctrica estimada que producirá el parque eólico será de 59,25 gigavatios hora anuales.

Este parque se suma a otros dos aprobados el pasado 4 de septiembre de 2018 en estos municipios turolenses, inversiones que se consideran muy significativas y relevantes para su desarrollo, especialmente de Rillo y Mezquita de Jarque, que juntos suman una población de 194 habitantes. En lo que se refiere a energía eólica, en Aragón se encuentran en tramitación 142 proyectos con 4.116 megavatios, de los que cuentan con autorización administrativa de construcción 67 proyectos por 2.140 megavatios y con declaración de Inversión de Interés Autonómico 81 por 2.829 megavatios.

Investigadores de la UPV/EHU crean un sistema que mejora la eficiencia de los convertidores de energía captada de las olas

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EFE.- Investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han desarrollado un sistema que regula la velocidad de la turbina de los convertidores de energía captada de las olas y logra que se extraiga la máxima energía.

El grupo de Control Avanzado de las Escuelas de Ingeniería de Vitoria y de Guipúzcoa (Eibar) han realizado diversas pruebas en un tipo de generador especialmente diseñado para trabajar en condiciones cambiantes, como es el caso de las olas, ya que «nunca se va a conocer el flujo de aire generado por las olas con el que se va a tener que trabajar«, explica Oscar Barambones, uno de los investigadores.

En el estudio quisieron probar si el rendimiento del convertidor mejoraba al añadirle un sistema para controlar la velocidad rotatoria de la turbina y comprobaron que efectivamente regular esa velocidad conseguía una mayor eficiencia.

El sistema podría ser de aplicación inmediata aunque Barambones reconoce que podría haber «alguna dificultad» porque en la investigación no se ha trabajado con inercias muy grandes pero «es de suponer que una turbina real tendrá una masa bastante mayor y, por consiguiente, una inercia superior», lo que hará «más difícil que el sistema siga la referencia óptima«.

«En cualquier caso, controlando la velocidad de la turbina siempre se conseguirá una mejora en la eficiencia del sistema», asegura el investigador, que junto con sus compañeros ha publicado recientemente los resultados de este estudio en la revista Ocean Energy, según ha informado la UPV/EHU.

La Junta de Extremadura no considera necesario el ATI en la central nuclear de Almaraz ante su posible cierre en 2020

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EFE. – La consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Olga García, ha considerado que la puesta en funcionamiento del almacén temporal individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz (CNA) no es «necesaria» ante el «horizonte» de cierre de la planta en 2020.

Según la consejera, «la vigencia de las autorizaciones de los dos reactores de Almaraz cumple en 2020 y, basándonos en ello, no consideramos necesario la construcción del ATI, teniendo en cuenta ese horizonte».

De esta manera, ha recordado que su autorización es competencia estatal, algo que ha seguido los «trámites oportunos», entre ellos la consulta del Ministerio a las administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, quien plasmó en sus observaciones que «no lo considerábamos necesario».

Así, ante la pregunta por la posibilidad de que el ATI no entrara en funcionamiento -previsto para antes del próximo noviembre-, García ha afirmado que no se puede tratar el tema nuclear como «una cuestión puntual», por lo que no se puede tomar una decisión «de forma aislada» del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, ha recordado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que está en «avanzado estado de elaboración» una nueva ley de cambio climático que, a su juicio, recogerá «una planificación en materia energética y contemplará la materia nuclear».

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

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Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».

El BNG propone una tarifa eléctrica para Galicia inspirándose en el euskopeaje que existe para la industria del País Vasco

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EFE.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha presentado una serie de medidas que su partido defenderá en sede parlamentaria con el objetivo de tratar de frenar la “estafa” eléctrica que, a su juicio en estos momentos, sufre Galicia. Pontón salió así al paso de un inminente suplemento territorial a aplicar en la electricidad por parte del Gobierno central, el cual recibe como un “nuevo expolio” para el bolsillo de los gallegos, pese a ser una comunidad productora de energía.

Ante este panorama, la líder de la organización frentista ha reiterado su propuesta de una tarifa eléctrica propia gallega, a semejanza de la que dispone el País Vasco, y que, según asegura, permitiría ahorrar a las familias gallegas cerca de 200 euros anuales. Otra de sus demandas ha sido la reducción de la carga tributaria del IVA en la electricidad del 21% a tan solo un 4%, lo que salvaría cerca de 330 euros al año en cada hogar gallego.

Asimismo, Pontón defiende la creación de una empresa pública que asuma la gestión de los embalses en cuentas de su competencia que hayan finalizado las concesiones vigentes, además de impedir por ley que se puedan producir cortes de luz y gas por tratarse de bienes “de primera necesidad”. La dirigente nacionalista ha sostenido que si el precio de la electricidad sube continuamente “es por los gobiernos gallegos” y ha censurado que la normativa actual “penaliza a las personas” en beneficio de las empresas. Por todo ello, ha anunciado que esta batería de propuestas estará acompañada de una campaña social para concienciar sobre este tema y para denunciar el agravio comparativo que sufre Galicia como comunidad productora frente a otras beneficiarias.

Unidos Podemos pide que el Gobierno explique en el Congreso si el carbón tendrá continuidad en 2019

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EFE.- El diputado de Unidos Podemos por Asturias, Segundo González, registró una batería de preguntas al Gobierno para saber si prevé dar alguna solución a la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá del 31 de diciembre de 2018, fecha límite para el cierre de las minas deficitarias.

Según González, la minería ha perdido más de 50.000 empleos desde el año 1952 y en la actualidad quedan 2.171 trabajadores en activo, 1.698 de ellos en Asturias después de que los planes de la minería impulsados en las últimas décadas por los gobiernos del PSOE y del PP se orientaran al cierre progresivo. En su iniciativa recuerda que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció un plan de transición justa para las comarcas mineras y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a no dar la espalda a las cuencas y a poner Hunosa «a la vanguardia de la transición energética».

A su juicio, el documento para una transición justa de la minería del carbón remitido certifica el cierre de la minería este año sin concretar los planes de transición que el Gobierno prevé poner en marcha para evitar la pérdida de empleos y reactivar económicamente las comarcas mineras. Además, el documento se limita a desarrollar los detalles de las ayudas para las prejubilaciones y las bajas indemnizadas una vez producidos los cierres «sin prácticamente plantear propuestas en materia de reactivación económica de las comarcas afectadas».

González emplaza al Gobierno a rectificar presentando «orientaciones creíbles para los planes de transición justa» y a plantear soluciones para el carbón autóctono hasta que se cierre la última térmica en Asturias así como a invertir los 250 millones previstos en el Plan de la Minería 2013-2018 «que el PP se negó a ejecutar». Finalmente, el diputado de Podemos pide conocer si el Gobierno prevé alguna solución para la continuidad de las explotaciones mineras asturianas más allá de 2019 y si va diseñar y financiar planes de transición justa y ordenada para las comarcas mineras.

La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas que ofrecen tarifas reguladas de las del mercado libre

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Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una decisión jurídicamente vinculante por la que obliga a varias sociedades de los principales grupos energéticos integrados presentes en España a que cambien su imagen de marca con el fin de hacerlos más fácilmente identificables para los consumidores, que podrán identificar correctamente en sus facturas qué comercializadora les ofrece el servicio y saber si están en el mercado libre o en el regulado.

Según Competencia, esta medida se centra en las empresas distribuidoras de gas y electricidad de más de 100.000 clientes y comercializadores de referencia o de último recurso, que tendrán que realizar cambios en la información y presentación de su marca respecto a la filial del mismo grupo empresarial que comercializa en el mercado libre. El regulador ha tomado esta decisión después de observar que, en la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas que facturan distintos precios, a las que se les denomina como comercializadoras de referencia, o de último recurso en el caso del gas.

El cliente de estas comercializadoras paga un precio regulado por su consumo (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) en luz y TUR en gas), mientras que si tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, pagará el precio que acuerde con la empresa por la energía consumida. Ante esta situación, el organismo ya emitió varios informes y guías en los que alerta de la confusión que existe entre los consumidores a la hora de identificar quién es su suministrador y si está en el mercado regulado o libre. Según sus datos, 8 de cada 10 hogares es incapaz de distinguir en qué mercado están.

La resolución de la CNMC obligará a las empresas a modificar la denominación social para evitar confusión entre distribuidoras y comercializadoras, para lo que no será suficiente sólo con incorporar los términos «distribuidor» o «comercializador de referencia» o «comercializador de último recurso«. En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo, de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual no induzca a ningún error, advirtiendo que utilizar los mismos símbolos para las comercializadoras o distribuidoras podría confundir a los clientes. También se obliga a diferenciar claramente las empresas en la información enviada a los clientes.

Las empresas tendrán 3 meses para aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos y 6 meses para ejecutarlas. Los grupos afectados son Iberdrola, Endesa, Viesgo, EDP y CHC, que deberán modificar el nombre de sus filiales. Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, ya se adelantó a esta resolución al cambiar recientemente su denominación y al diferenciar claramente sus distribuidoras (Unión Fenosa Distribución y Nedgia) y comercializadoras.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta medida está motivada por las denuncias realizadas por la organización en 2016 ante la CNMV al observar que los grupos energéticos no diferenciaban claramente sus actividades en el mercado libre y en el regulado. Para la OCU, se trata de una estrategia de estas compañías para confundir a los clientes con marcas similares «de forma consciente», de forma que se dificulta la entrada de nuevas y menos conocidas comercializadoras y se facilita que los clientes sean traspasados del mercado regulado al libre creyendo que se trata de la misma compañía, cuando, en realidad, se trata de una nueva, con sus propias tarifas y condiciones de contratación.

El PSOE sostiene que los impuesto a los residuos nucleares de Garoña puede convertir su almacenamiento temporal en definitivo

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EFE.- La diputada socialista burgalesa Esther Peña considera que establecer un impuesto a los residuos nucleares en la zona de Garoña, como plantea la Junta de Castilla y León y que sería único en España, puede convertir esos depósitos en definitivos y atraer residuos de otros lugares.

«El impuesto puede ser una excusa para un almacenamiento permanente porque es más fácil pagar y saber que los residuos se pueden depositar en Garoña que llevar los residuos a otros lugares, con un coste mucho mayor, como los de la central de Vandellós, depositados en Francia», ha explicado Peña. Por ello el grupo socialista llevará a las Cortes de Castilla y León una enmienda a la totalidad y 7 parciales contra la ley para gravar los residuos nucleares que plantea la Junta. Una de ellas plantea que cada año se dupliquen los tipos impositivos, de manera que cada vez resulte más caro el almacenaje.

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, el procurador José Francisco Martín, se ha mostrado convencido de que el impuesto no se llegará a aplicar porque «al día siguiente será recurrido por la propietaria de la central nuclear de Garoña y seguramente por la Administración General del Estado, que ya grava con un impuesto los residuos de toda España”. En su opinión, el proyecto es «una chapuza» que se apoya en que lo que gravaría son los riesgos de contaminación ambiental y no los propios residuos, aunque «eso no se sostiene» porque la cuantía a pagar se pretende fijar en base al volumen de residuos.

«Solo se puede gravar un negocio o un hecho, pero no un riesgo y eso lo sabe la Junta de Castilla y León, para la que este impuesto es solo una excusa para no aportar fondos para la dinamización del entorno de Garoña tras el cierre de la central nuclear», explicó el procurador. Por esa razón, los procuradores socialistas presentarán una iniciativa en cuanto se apruebe el impuesto para que la Junta de Castilla y León se comprometa a invertir en el entorno de Garoña al menos los 10 millones de euros que prevé recaudar, independientemente de que ese impuesto llegue a cobrarse o no, ha anunciado José Francisco Martín.

Para el portavoz socialista en el Senado, Ánder Gil, crear un impuesto autonómico que grave los residuos es «una ocurrencia absurda, única en el mundo». En su opinión, la Junta de Castilla y León y el PP solo quieren «lavarse la cara» con este proyecto de ley porque no quisieron atender a las reiteradas peticiones del PSOE para gravar a la planta nuclear cuando generaba beneficios millonarios y quieren hacerlo ahora que la planta está parada, argumentando los daños ambientales y para la salud que hasta ahora venían negando. El senador ha insistido en que el Gobierno actual si tiene una estrategia de transición energética y ya estudia medidas para apoyar al entorno de Garoña.