Entra en vigor un nuevo etiquetado de combustibles en toda la Unión Europea con símbolos para cada carburante

Europa Press.- El nuevo conjunto, único y armonizado de etiquetas de combustible entra en vigor en los 28 Estados miembros de la Unión Europea, los países del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y también en Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía, con el objetivo de ayudar a los consumidores a seleccionar el combustible más apropiado para su vehículo, según recalca la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

La etiqueta utilizada para la gasolina es un círculo, donde la E designa los biocomponentes específicos presentes en la gasolina, mientras que para el gasóleo es un cuadrado, donde la B designa los componentes específicos de biodiésel presentes en el gasóleo. Asimismo, XTL significa diésel sintético, es decir, que no deriva del crudo de petróleo, mientras que los combustibles gaseosos están representados con un rombo.

Según Anfac, la etiqueta es una herramienta visual para ayudar a los consumidores a verificar que han seleccionado correctamente el combustible apropiado para su vehículo. Asimismo, homogeneizan la nomenclatura de carburantes en toda la Unión Europea. «Mejoran la información que recibe el consumidor de los vehículos, tanto del que tienen en propiedad como de cualquier otro que conduzcan dentro de la Unión Europea, sin necesidad de entender el idioma», subraya.

Las etiquetas deben estar colocadas en los vehículos nuevos que se matriculen desde el 12 de octubre, en la tapa del depósito y en las especificaciones del manual del vehículo. También se verán en los surtidores de las estaciones de servicio de acceso público de todos los países de la Unión Europea. Por el contrario, los fabricantes de vehículos no recomiendan colocar las nuevas etiquetas en vehículos previos a esta fecha y recalca que no sustituyen a las denominaciones comerciales.

Los Gobiernos de los países europeos abogan por reducir un 35% las emisiones contaminantes de los coches en 2030

Europa Press.- Mientras las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en España han crecido un 1,8% hasta septiembre, según datos de la consultora MSI, los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea pactaron, tras casi 14 horas de negociación, establecer un objetivo de reducción de emisiones contaminantes para coches del 35% en 2030, con una meta intermedia del 15% para 2025, en comparación con los niveles registrados en 2021.

Con respecto a las furgonetas, el acuerdo final mantiene el recorte del 15% en 2025, pero rebaja al 30% la ambición de cara al final de la próxima década. También han acordado realizar una revisión de estos porcentajes en 2023. «Hemos conseguido llegar a un acuerdo en el último momento», ha anunciado la ministra austriaca de Medio Ambiente, Elisabeth Köstinger, que este semestre ostenta la presidencia de la Unión Europea, después de que los ministros constatasen en la sala de reuniones que la última propuesta contaba con los apoyos suficientes.

Los gobiernos comunitarios han conseguido así definir sus líneas rojas de cara a las negociaciones que abordarán con el Parlamento Europeo, la otra institución europea con poderes legislativos y que aboga con elevar la ambición al 40%. Se ha impuesto de esta forma una tesis intermedia a la postura que defendían, por un lado, Alemania y los países del Este, partidarios de limitar el recorte al 30%, y, por otro, el grupo de países que como Francia, Italia o los nórdicos, reclamaban una mayor ambición y apostaban por una meta de al menos el 40%.

Algunos países hablan de decepción

De hecho, algunos de estos países expresaron sus reservas con el acuerdo final. Irlanda, por ejemplo, ha hablado de «decepción» por el consenso alcanzado, que encuentra «peor» que el planteamiento con el que comenzó el encuentro. Luxemburgo, Suecia, Eslovenia y Dinamarca han apoyado la posición irlandesa. Países Bajos también ha intervenido para aclarar que no está satisfecho con el resultado final. El texto, sin embargo, ha contado con el apoyo de países como Alemania, Hungría, Bulgaria, Rumanía o Eslovaquia, que se habían opuesto en principio a apoyar un objetivo superior al 30%, que es el que propuso la Comisión Europea.

En conjunto, el texto finalmente aprobado ha sido respaldado por 20 países, mientras que 4 han votado en contra y otros 4 se han abstenido, según ha detallado Köstinger. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, también ha tomado la palabra después de que se confirmarse el acuerdo para celebrar el mismo y que se puedan iniciar las negociaciones con la Eurocámara.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que el acuerdo logrado entre los Veintiocho es «una oportunidad para la innovación y la competitividad de la industria del automóvil en España». «Este acuerdo es una oportunidad para que la industria del automóvil lidere la transición hacia una movilidad libre de emisiones de CO2, principal gas causante del calentamiento global», auguró.

En concreto, la responsable de Medio Ambiente del Gobierno ha señalado que este pacto permitirá al sector español del automóvil «poner en marcha una hoja de ruta coherente con los objetivos comunitarios» y que «visibilice cómo se anticipa y se prepara para innovar y realizar la necesaria transición hacia una movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente y la salud». El Ministerio para la Transición Ecológica ha explicado que España ha apoyado «un acuerdo progresista y ambicioso del 35% hacia arriba», pero «pensando más en que la decisión final se quede entre un 35%-40%».

Crecen las emisiones un 1,8%

Por otro lado, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España se situaron en 117 gramos por kilómetro recorrido en lo que va de año, lo que supone un incremento del 1,8% en comparación con la media del mismo periodo del ejercicio precedente, según datos de MSI para la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). Faconauto achaca esta subida de las emisiones a la caída en las matriculaciones de coches diésel y subraya que se continúa con la tendencia negativa que experimentó esta estadística durante 2017, cuando se incrementó por primera vez en 10 años.

«La caída en las matriculaciones de los coches diésel de última generación, que emiten menos CO2 que los de gasolina y que suponen ya solo un 36,9% del mercado, es la clave que explica este incremento», destaca la federación. Las ventas de coches diésel cayeron un 16,5% hasta septiembre, mientras que de gasolina se incrementaron un 36,7%, suponiendo el 55,5% de todas las adquisiciones. Según Faconauto, los motores diésel emiten hasta un 20% menos de CO2 que los de gasolina, por lo que el descenso en sus matriculaciones, junto al repunte de los de gasolina, explica el «mal dato» de emisiones medias de CO2 en lo que va de año.

La patronal de los concesionarios explica que en España se experimentaron «importantes» caídas desde el año 2004, cuando se situaban en 155 gramos por kilómetro cuadrado, aunque durante 2017 se incrementó por primera vez en 10 años. «Esta tendencia parece continuar en lo que va de 2018, incrementándose las emisiones medias o manteniendo la cifra de 116 gramos que se alcanzó el pasado ejercicio», añade.

Para Faconauto, los vehículos impulsados por energías alternativas protagonizarán la movilidad del futuro, pero todavía no terminan de ser una alternativa real para los ciudadanos, a pesar de que están experimentando un «fuerte» repunte. Entre enero y septiembre, los eléctricos representan el 0,3% de las matriculaciones, un 5,7% los híbridos y un 1,1% los híbridos a gas. La llegada «real» al mercado de este tipo de vehículos será también, según Faconauto, clave para lograr reducciones significativas de CO2 más allá de los niveles de 2020, pero pasa por la disponibilidad de la infraestructura de recarga. No obstante, para la organización, el liderazgo de las administraciones para intensificar las inversiones en infraestructuras «no está siendo suficiente».

«El incremento en las emisiones medias de CO2 de los coches vendidos en España es un claro indicador de que el debate sobre el diésel es poco realista, lo que resulta contraproducente para el objetivo común, en el que el sector está completamente involucrado, que es alcanzar una movilidad sostenible. Para ello, además de mantener una neutralidad tecnológica, se debe ir a la raíz del problema, un parque automovilístico muy antiguo y contaminante y fomentar la solución que pasa por facilitar el achatarramiento de esos coches más viejos», señaló el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

La Comisión Europea adquiere dos laboratorios de control de emisiones de vehículos que funcionarán en 2020

Europa Press. – La Comisión Europea ha comunicado la adquisición de dos Laboratorios de Emisiones de Vehículos (VELA), que serán gestionados por el Centro Común de Investigación (JRC) y estarán operativos en 2020.

Así, Bruselas refuerza, de esta manera, sus recursos de cara a la entrada en vigor en septiembre de 2020 de la nueva normativa de homologación de vehículos y supervisión de mercado. Los dos nuevos laboratorios se suman a los otros cuatro que tiene el Ejecutivo comunitario para llevar a cabo pruebas en coches de forma independiente a los estados miembros.

Según la organización europea, los dos nuevos laboratorios estarán preparados en febrero de 2019 y empezarán a funcionar en 2020 para realizar pruebas a vehículos tanto en laboratorio (WLTP) como en situaciones de conducción real en carretera (RDE).

Para seguir las normas que reglan la homologación europea de vehículos, la Comisión Europea podrá llevar a cabo controles con el objetivo de ordenar la retirada en el bloque comunitario de aquellos vehículos que incumplen la legislación sobre emisiones. Actualmente, esta competencia recae sobre los países, por lo que las cifras sobre retiradas de vehículos «difieren sustancialmente» de unos a otros, según ha denunciado el Ejecutivo comunitario.

En este sentido, el comisario de Medio Ambiente y Pesca, Karmenu Vella, ha manifestado que los precios de coches diésel de segunda mano están cayendo «y eso hace feliz a mucha gente», pero ha advertido de que «muchos otros están sufriendo por la pobre calidad del aire».

Según Vella, «no podemos permitir que los problemas locales de calidad del aire cambien del oeste al este dentro de la Unión Europea gracias a las exportaciones de coches diésel contaminantes».

El Congreso rechaza tramitar la Ley de Cambio Climático del PP reprochándole los 7 años de inacción en el Gobierno

Europa Press.– El pleno del Congreso rechazó tramitar la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética del PP, quien ha recibido las críticas de la mayoría de los partidos por presentar ahora una norma que se comprometió a elaborar durante su estancia de 7 años en la Moncloa. También ha sido una mayoría quien ha reclamado al actual Ejecutivo socialista que presente en un corto periodo de tiempo el proyecto de ley sobre esta materia.

El texto popular incluía el objetivo de reducir un 26% las emisiones en 2030 y llegar al 80% cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años. Además, pretendía que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32% en 2030, y hasta el 32,5% en lo que respecta a mejorar la eficiencia energética.

Asimismo, proponía elaborar un plan de adaptación al cambio climático, tener en cuenta la asistencia a grupos sociales y sectores especialmente vulnerables y elaborar un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberían tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura. Del mismo modo, se incluía la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética formado por expertos de reconocido prestigio como asesoramiento de las políticas y medidas que se aprobaran en la materia. Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establecía que las administraciones públicas destinaran, al menos, un 20% de su presupuesto anual a actuaciones para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, todos los partidos, excepto Foro Asturias, han rechazado la propuesta de los de Pablo Casado. Tanto PSOE como Unidos Podemos han criticado que el PP haya usado el trabajo de los funcionarios del anterior Ministerio de Medio Ambiente para «uso partidista». «Se creen que España es su cortijo», criticó el portavoz socialista Marc Lamuà, mientras que su homólogo del grupo confederal, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, criticó que durante 7 años de Gobierno haya «hasta legislado en contra» del cambio climático y, «15 días después» de salir de la Moncloa, presente una ley sobre la materia.

«Tuvieron 8 años y 2 semanas después de caerse del Gobierno presenta esta ley que sacaron de no sé qué cajón», insistió el portavoz de Ciudadanos en este debate, José Luis Martínez González. A su juicio, el texto no cumple con ninguna de las exigencias que solicitaron los sectores implicados: que fuera consensuada y participativa. Del mismo modo, ha destacado la falta de medidas en materia energética, pesca, turismo, agricultura o biodiversidad, entre otros aspectos.

Desde el PNV, su portavoz Joseba Agirretxea tampoco considera el texto el más adecuado para la lucha contra el cambio climático y urge al Gobierno socialista a presentar cuanto antes el proyecto de ley al que se comprometió a su llegada al poder. Por su parte, el portavoz de ERC en esta materia, Xavier Eritja, ha reprochado al PP que ahora busque el consenso y se de cuenta de que es necesario cambiar el modelo energético «con retraso y mal».

Desde el PDeCAT, su portavoz parlamentario, Carles Campuzano, ha llamado también al Gobierno a presentar su propuesta, recordando que la duración de la legislatura es «una incertidumbre» y que sería «una lástima» que se acabara sin haber cumplido con una ley de cambio climático. Sólo Foro Asturias ha apoyado al PP, mientras que EH Bildu ha reconocido el cambio de los populares reconociendo ahora la importancia del cambio climático, aunque del texto, según han explicado, no han encontrado nada positivo.

El Gobierno advierte a las compañías eléctricas que vigilará cómo repercuten la suspensión temporal del impuesto a la generación

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilarán «muy de cerca» cómo las compañías eléctricas repercuten en la factura de la luz la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobada por el Ejecutivo dentro de un paquete de medidas para hacer frente a la espiral alcista en el precio de la luz.

«Habrá que seguirlo de cerca. No me parece que sea razonable pensar que las compañías eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo también muy de cerca a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios«, indicó Ribera. Junto a la suspensión del impuesto del 7%, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, el Gobierno acordó también introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde, medidas que el Ejecutivo estima que tendrán un impacto en la factura de la luz del 4%.

Ribera reconoció que las medidas adoptadas por el Gobierno son «más paliativas que estructurales» de cara al invierno y que «lo fundamental» pasa por abordar una reforma estructural y ver cómo el sistema fiscal tiene que mandar las señales adecuadas a todos los actores del sector. Así, señaló que el nuevo bono social «reforzado» y el bono térmico aprobado por el Gobierno es un ejemplo de «respuesta solidaria» con los ciudadanos vulnerables, aunque subrayó que se requiere de «una reflexión a fondo, y por eso nos hemos dado 6 meses».

Convalidación en las próximas semanas

Asimismo, la ministra Ribera prevé que este real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social a los consumidores vulnerables, sea convalidado en el Congreso de los Diputados «en las próximas semanas». «Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique qué es lo que le molesta o que es lo que no le gusta», añadió. Respecto a la financiación de ambos bonos sociales, Ribera indicó que, en el caso del eléctrico, se tomó la decisión «práctica» de mantener el sistema existente de que sea asumido por las comercializadoras eléctricas.

En el caso del nuevo térmico, señaló que en un primer momento se planteó hacerlo a través del sistema gasista, aunque, al comprobar que había muchas familias vulnerables que no tenían gas en sus casas, se optó por la fórmula de ayuda en una especie de cheque que fuera aportada por los Presupuestos Generales del Estado, «en un esfuerzo adicional durante este invierno hasta tener bien diseñada esa estrategia de solidaridad en materia de calefacción».

La ministra también dejó claro que la solidaridad tiene que «ser eficaz con quien más lo necesita», por lo que abrió la puerta a revisar los criterios actuales para que la renta sea el elemento determinante para percibir la ayuda. «Puede darse el absurdo de que familias numerosas con una renta muy alta puedan ser potencialmente beneficiarias, mientras que familias monoparentales con unos ingresos muy modestos queden excluidos. Todo esto hay que abordarlo de fondo y a futuro», concluyó Ribera.

El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico y lanza medidas para abaratar la factura de la luz

Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno «mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». El decreto-ley hace extensiva la medida de prohibir el corte de luz también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. Ribera también dejó claro que, dentro de esta Estrategia contra la Pobreza Energética, se podrían revisar los criterios actuales para que la renta «sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados» algo que, por ejemplo, no sucede con el actual modelo para las familias numerosas, que tienen derecho al bono social eléctrico por el simple hecho de serlo.

En lo que respecta a los límites de consumo de energía con derecho a descuento, la nueva normativa los amplía un 15% con el objetivo de acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas. Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores acogidos al bono social antiguo.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre y que se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico en diciembre y su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría), señala el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves. Este real decreto-ley también contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.

Así, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo, frente a los actuales escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios (kW). Teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW, de 4,6 a 4,1 kW, podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, donde vivan 4 personas, estima el Ministerio.

Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria. En este caso, son 2 las posibles: tarifas con precios de la electricidad dividido en 2 tramos, punta y valle; o en 3 tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, tan sólo 660.000 consumidores de los 11,1 millones de usuarios con PVPC se acogen a tarifas con discriminación horaria mientras que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el sistema puerta a puerta, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras eléctricas podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda o la adopción de medidas de eficiencia energética. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

El Gobierno deroga el impuesto al sol y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

Europa Press.- El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar «el retraso de España en esta materia», ya que no es lógico que «un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania«. «Hay un largo recorrido», apuntó.

Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado impuesto al sol. Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores «el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero».

Además, considera que es una actividad «generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno». Ya el año pasado y el pasado mayo, todos los grupos políticos, con excepción del PP apoyaron en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.

De esta manera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, da carpetazo al decreto sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad. Sin embargo la normativa nació envuelta en polémica, debido al llamado impuesto al sol, que llegó a ser avalado por el Tribunal Supremo.

En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía. Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se modificaron algunos artículos del Decreto 900/2015 y en particular se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones de autoconsumo operativas sin registrar.

UNEF aplaude las medidas tomadas

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» el fin del llamado impuesto al sol, que grava la energía autoconsumida que no pasa por la red. En este sentido, la UNEF también ha aplaudido la aprobación del Real Decreto Ley para eliminar barreras económicas y administrativas, que, a su juicio, fueron establecidas de manera «artificial e injustificada», lo que supone «un giro en la política energética sobre autoconsumo en el país».

Desde el sector celebran que sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio del modelo energético e invitan a todos los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo al autoconsumo a apoyar el texto para que, «de una vez por todas, se consiga desbloquear la regulación del autoconsumo y su potencial crecimiento».

Aplaude el impulso al autoconsumo

Por otro lado, la Fundación Renovables ha aplaudido la nueva normativa sobre autoconsumo ya que supone «un gran avance» para impulsar la transición energética en España. En este sentido, la Fundación considera que la eliminación de los llamados cargos, asociados a los costes del sistema y popularmente conocido como impuesto al sol, «impulsarán definitivamente el autoconsumo«. Así, subraya que el autoconsumo constituye «una medida fundamental» para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la transición energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda, tal y como propone la Fundación.

Además, señala que la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo equipara a España al resto de los países europeos y permite abandonar así «su trayectoria de políticas energéticas insostenibles». En cuanto al bono social, la Fundación Renovables, aunque valora las medidas aprobadas como «positivas», insiste en que solución para los consumidores vulnerables «es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto».

La modernización del sistema energético

Por su parte, Norvento considera que la derogación del peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico, conocido como impuesto al sol, es «un paso clave en el avance hacia un sistema energético mucho más moderno y competitivo, y a la vez un acelerador del papel de las renovables en la modernización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático«. La empresa de renovables señala que el derecho a autoconsumir, tanto a nivel individual como de forma compartida, y la expansión de la generación distribuida con tecnologías renovables «cambiará la manera en que se entiende el uso de la energía y su papel en la industria y en la sociedad».

Norvento subraya que, además de una modernización del sistema, la generación distribuida tiene un gran potencial como dinamizadora de la economía propiciando la aparición de nuevos sectores auxiliares, nuevos modelos de negocio y generando empleo. El director Comercial de Norvento y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Manuel Pinilla, considera que la decisión supone «eliminar una importante barrera» no sólo para el negocio en fotovoltaica del grupo, sino para el resto de tecnologías renovables con las que trabaja, «especialmente la eólica y biogás, que también está jugando un papel cada vez más importante para el autoconsumo industrial«.

Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses y aprueba una exención del céntimo verde

Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Actuar sobre las cargas fiscales

Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».

En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».

Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».

En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».

La central nuclear de Trillo realiza un simulacro de emergencia mientras Greenpeace pide que el CSN recoja “la aritmética parlamentaria”

Europa Press.- Greenpeace insta al Gobierno a que la próxima renovación de consejeros en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) recoja la «aritmética parlamentaria» actual ya que, en su opinión, «no atiende diligentemente» las responsabilidades que exige proteger a la población y al medioambiente y considera «urgente que se renueve«. Por su parte, la central nuclear de Trillo (Guadalajara) ha realizado su preceptivo simulacro anual, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI).

En el simulacro ha participado la Organización de Respuesta ante Emergencias (ORE) del CSN. La actuación del CSN se ha desarrollado desde su Sala de Emergencias (SALEM), realizando el seguimiento del estado de planta y de las actuaciones del titular para la recuperación de las condiciones de seguridad. El simulacro ha comenzado con la declaración de un incendio de duración superior a 10 minutos, que ha afectado a los sistemas de seguridad de la instalación.

Durante el ejercicio se ha simulado también la emisión de material radiactivo al exterior, situación ante la cual el CSN recomendó al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) la declaración de la Situación 3 del Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara (PENGUA), en la zona de atención preferente especificando la evacuación y profilaxis radiológica. Además, el organismo regulador especificó las medidas de protección a la población de confinamiento y profilaxis radiológica en el municipio de Trillo, así como el establecimiento del control de accesos en 10 km alrededor de la central.

La central simuló la declaración de Emergencia General, Categoría IV de su Plan de Emergencia Interior. Por su parte, el CSN mantuvo a todos los grupos de apoyo de la SALEM, tal y como establece el «modo 2» de su Organización de Respuesta ante Emergencias. Un suceso de esta naturaleza sería clasificado como accidente de nivel 5 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Renovación de consejeros del CSN

Por su parte, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha exigido la renovación de consejeros en el CSN dadas las «deficiencias de seguridad radiológica» en España. En este momento, la ONG señala que se debería estar iniciando ya la renovación de cargos que caducan en los próximos meses. Asimismo, Greenpeace denuncia la «inconcebible inacción» del CSN y recuerda que el Parlamento es quien debe exigirle responsabilidades.

Monago asegura que Extremadura «no es viable» sin la nuclear de Almaraz y defiende que «no hay alterativa» al cierre

Europa Press.- El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región «no es viable» sin la central nuclear de Almaraz y ha defendido que «no hay alternativa» a su cierre, por lo que apuesta por la «prórroga» de su licencia de explotación.

«No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la central nuclear de Almaraz», ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central. José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la «miseria», el «hundimiento» y la «emigración masiva» en la zona, por lo que ha considerado que es momento de «mojarse por Extremadura». «¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar», ironizó Monago, quien añadió que el presidente extremeño «tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder okupar La Moncloa al señor Sánchez», ha aseverado.

Cierre de centrales de generación

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del PP en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene «mucho que ver» con Extremadura, como es la de la central nuclear de Almaraz. Asimismo, Monago ha recordado que el PP presentó en el Congreso una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad «tan importante» como puede ser la actividad nuclear y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que «no muera la provincia de Cáceres». «No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz», ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va «a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado, yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias», ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado la proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como remarcó Mariscal, entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño. Unos grupos que a su juicio «hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia», concluyó.