El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado que la inversión de su compañía en Endesa, donde controla más del 20 por ciento, «no tiene sentido» si no supone conseguir una posición estratégica. Entrecanales, que ha participado en una conferencia en el Círculo de Economía, en Barcelona, a la que ha asistido el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, entre otros destacados empresarios catalanes, ha dicho que si no logra esa posición, «entonces venderemos». «Si no podemos influir, no nos interesa, no tiene ningún sentido continuar» en Endesa, ha apuntado.

El presidente de Acciona ha negado que esté negociando con la alemana E.ON, que también pugna por controlar Endesa, ya que esto es «imposible» hoy por hoy. Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Gas Natural «a largo plazo», del mismo modo que no ha rechazado un entendimiento «con nadie» en el mismo horizonte temporal. No obstante, ha reiterado: en estos momentos «no puedo tener acuerdos con nadie y no tengo acuerdos con nadie».

A preguntas de los periodistas, ha señalado que en las últimas semanas ha recibido muchas llamadas de compañías, sobre todo españolas, interesadas en esta operación. También ha reiterado que el objetivo de Acciona es alcanzar el 24,9% de Endesa, a pesar de que ha añadido que no sabe cuándo será posible llegar a esa cota, ya que en la actualidad, con los rumores de que E.ON subirá su oferta por la eléctrica, las personas que controlan los paquetes de acciones existentes son «poco proclives a vender».

«Es absoluta y totalmente falso que estemos promoviendo la entrada de nuevos accionistas» en Endesa, ha afirmado Entrecanales, antes de insistir en que Acciona no tiene acuerdos con nadie hoy por hoy

Los accionistas de Enagás y CLH que operan en los sectores del gas y el petróleo tendrán limitados sus derechos políticos en cada una de las compañías: hasta el 1 por ciento en el caso del gestor técnico del sistema gasista y hasta el 15 por ciento en el propietario de la red de oleoductos.

Los accionistas de Enagás que no desarrollan actividades gasistas verán limitados sus derechos políticos al 3 por ciento, aunque podrán poseer hasta un 5 por ciento del capital.

Estas limitaciones están incluidas en sendas enmiendas del Grupo Socialista al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998 para adaptarla a la Directiva europea sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural.

La portavoz de Energía del Grupo Socialista, Arantza Mendizábal, dijo que los nuevos límites se refieren exclusivamente a los derechos políticos y no a la participación accionarial, cuyos topes se mantienen como hasta ahora.

La enmienda referida a Enagás señala que «ninguna persona física o jurídica podrá participar directa o indirectamente en el accionariado en una proporción superior al 5 por ciento del capital social ni ejercer derechos políticos por encima del 3 por ciento». La barrera del 5 por ciento en el accionariado de Enagás ya existía en la legislación vigente. Las limitaciones son más estrictas en el caso de las sociedades que «realicen actividades en el sector gasista» o que participen en una empresa gasista con más de un 5 por ciento. En estos dos casos, la enmienda establece que «no podrán ejercer derechos políticos por encima del 1 por ciento». Estas limitaciones no serán aplicables a las participaciones directas o indirectas del sector público empresarial.

Las participaciones en Enagás del conjunto de los accionistas que realizan actividades en el sector gasista no podrán superar en total el 40 por ciento. Estos límites afectan a los accionistas de Enagás que poseen más de un 3 por ciento del capital (Gas Natural, Bancaja, Cajastur, Caja de Ahorros del Mediterráneo y Sagane (Caja Murcia, Caja Granada y Caja Castilla-La Mancha) tienen un 5 por ciento).

En cuanto a Gas Natural los derechos políticos quedarán recortados hasta el 1 por ciento, mientras que en el resto se limitarán al 3 por ciento.

El pasado mes de agosto, Gas Natural completó el proceso de reducción de su participación en el capital de Enagás hasta dejarla en el 5 cinco por ciento.

En el caso de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), la enmienda del grupo socialista mantiene que ninguna persona física o jurídica pueda participar en el accionariado en una proporción superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la empresa.

La novedad estriba en que, si el accionista cuenta con capacidad de refino en España, «se limitan sus derechos de voto en dicha sociedad al 15 por ciento», circunstancia que afecta únicamente a Repsol YPF, que tiene una participación total en CLH del 25 por ciento (19,67 por ciento más otro 5,33 por ciento a través de su filial Petronor).

Cepsa, que cuenta con tres refinerías en España (Huelva, Gibraltar-San Roque y Tenerife), no se verá afectada por estos cambios ya que su participación en CLH es del 14,15 por ciento, al igual que British Petroleum (BP), que opera la refinería de Castellón y tiene un 5 por ciento del gestor de la red de oleoductos.

En caso de que prospere la enmienda, CLH deberá adaptar sus Estatutos a la nueva legislación en un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Hidrocarburos.

La Comisión Nacional de Energía prolonga la incertidumbre en el sector de las renovables en virtud de un nuevo aplazamiento al debate que el Consejo de Administración de este organismo tiene que realizar, según pudimos conocer ayer. Así, estaba previsto que el Consejo de la CNE analizase hoy la modificación del decreto 436 y éste punto del orden del día no se tratará hasta el próximo Consejo, es decir el jueves de la semana que viene. El motivo es la solicitud de varios consejeros del organismo que han solicitado que se aplace esta discusión para poder contar con más tiempo para el análisis del mismo.

El informe interno que ha elaborado el órgano regulador sobre esta reforma y que Energía Diario ha podido conocer, analiza la propuesta del Real Decreto desde cuatro perspectivas diferentes. En primer lugar, analiza en qué medida la reforma contribuye al cumplimiento de la planificación en materia de energías renovables, para adecuar su aplicación al cumplimiento del Plan de Energías Renovables. En segundo lugar, la propuesta de decreto se analiza desde el punto de vista de si la misma minimiza la incertidumbre regulatoria en el sector de las renovables. Los otros dos puntos de vista complementarios son en qué medida facilita la operación del sistema eléctrico y si incentiva a la participación de los agentes de las renovables en el mercado.

Visión no positiva de la propuesta de Industria

De estas cuatro perspectivas, la propuesta que hace Industria sólo supera la primera, es decir la Comisión considera que la propuesta se puede adecuar a la planificación de las renovables, en la medida que aumenta considerablemente las primas, y por tanto la retribución de la biomasa (entre un 56% y un 118%), de la energía solar fotovoltacica (82%), así como en la cogeneración. En el caso de la eólica, apenas si aumenta esta prima aunque la Comisión considera que el crecimiento de los últimos años es compatible con los objetivos de planificación para la generación de energías renovables. Prácticamente, todos los expertos consultados, empresas y asociaciones, consideran que es imposible el cumplimiento de alcanzar los 20.000 MW en el año 2010 sin aumentar el marco retributivo de esta tecnología.

En segundo lugar, la Comisión dictamina que su valoración no puede ser positiva bajo la perspectiva de la incertidumbre regulatoria, en la medida que la propuesta de decreto incumple manifiestamente el artículo 40 del R.D. 436/2004, que permite modificar a partir del 1 de enero de 2008 las tarifas y las primas para las instalaciones nuevas que entren en funcionamiento a partir de esa fecha. La propuesta normativa que ha recibido la CNE, incumple claramente este artículo, introduciendo en muchos casos retroactividad para las instalaciones anteriores a 2008. Los servicios de la Comisión admiten en determinados casos algún grado de retroactividad.

En tercer lugar, la Comisión también valora negativamente el impacto del decreto sobre la operación del sistema eléctrico, en la medida que aumenta la penalización a los errores en las programaciones de las instalaciones (los denominados desvíos), una medida que dificulta la operación del sistema según los expertos consultados.

Y, finalmente, en lo que respecta al efecto del decreto sobre la incentivación de la participación de los agentes de las renovables en el mercado, la desaparición del incentivo como elemento retributivo hace también que el órgano regulador se pronuncie negativamente sobre el cumplimiento de este criterio. Hasta el momento, los operadores de renovables que iban al mercado percibían además de la tarifa, una prima y un incentivo que ahora desaparece.

La Comisión propone una veintena de modificaciones a la propuesta de Industria.

Además, en el informe la Comisión introduce alrededor de veinte modificaciones a la propuesta procedente del Ministerio de Industria para corregir las cuestiones que el órgano regulador considera que agreden contra estos cuatro criterios. Finalmente, el documento incorpora la totalidad de alegaciones que el Consejo Consultivo de la Comisión formuló en su reunión de finales de diciembre a esta propuesta y en la que están presentes muy especialmente, además de las empresas, consumidores y asociaciones las Comunidades Autónomas, cuyo papel en la aplicación de la regulación de las instalaciones de energías renovables es muy relevante.