El CSN acusa a la asociación de técnicos ASTECSN de filtraciones interesadas sobre Almaraz y estudia acciones legales

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Europa Press / EFE.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado por unanimidad un comunicado en el que defiende su «independencia y autonomía» como «único» organismo regulador encargado de la seguridad nuclear y la protección radiológica en España, y acusa a la ASTECSN, una nueva asociación de técnicos, de «filtraciones» e «informaciones» interesadas cuyas repercusiones legales está estudiando.

En un comunicado poco habitual emitido por el regulador, los consejeros exponen su posición «ante circunstancias e informaciones que se han venido produciendo» sobre varios asuntos y respecto del funcionamiento y gestión del CSN en «temas de su competencia durante estos últimos meses». En concreto, defiende el ejercicio de sus competencias y asegura que las seguirá haciendo «con total independencia y autonomía» según exige la ley. Además, explica que en los procesos de licenciamiento, como la de la solicitud de renovación de licencia de la central de Garoña que estudia en la actualidad, su labor regulatoria está «reglada» y «se limita» a emitir un informe preceptivo y vinculante si es negativo al Ministerio de Industria.

«En dichos procesos el CSN sólo y exclusivamente puede informar de las cuestiones relativas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, sin emitir opiniones o conclusiones que puedan ser materia de política energética o que estén fuera de sus competencias», insiste. Por tanto, traslada al Ministerio la responsabilidad de «analizar o tener en cuenta cuestiones de oportunidad política, criterios económico-financieros, sociológicos o de política energética». En este contexto, se refiere expresamente a la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN), creada hace unos meses. Así, los consejeros opinan que las actividades que realizan «no han contribuido a potenciar el ambiente de neutralidad y reposo en los análisis y evaluaciones técnicas, que son propias del CSN”.

´”Acciones criticables y nada transparentes”

Según el CNS, ASTECSN es una asociación privada de la que ha solicitado información a la Junta Directiva, pero que desconoce su composición. De este modo, señala que conoce por comentarios internos que está formada por algo más de una veintena de técnicos. En este contexto, denuncia sus actuaciones «criticables» porque la organización se ha pronunciado “en paralelo” sobre cuestiones que están siendo evaluadas, «unas veces dirigiendo al Pleno su opinión fuera de los procedimientos establecidos y con clara inobservancia de los cauces de tratamiento de discrepancias técnicas, que existen en el organismo; otras veces, la información interna y de trabajo fue publicada incluso antes de su conocimiento por el Pleno y de que finalizasen los procesos internos de evaluación».

A su juicio, estas actuaciones desde el punto de vista regulador son «cuanto menos muy criticables» y las califica de procedimiento inorgánico y «nada transparente» pues sus valoraciones «aparentemente técnicas, se realizan bajo la cobertura de la asociación, pero desde el anonimato de su autor o autores«. El pleno del CSN insiste en que «desconoce la identidad» de los miembros de la asociación salvo de los miembros de su junta directiva y, por tanto de los funcionarios internos del regulador atómico que están elaborando estas opiniones que se dirigen al pleno «o que son recogidas por los medios de comunicación». En este contexto, el regulador atómico insta a que se canalicen orgánicamente mediante los procedimientos establecidos para dichas discrepancias técnicas.

Gota que colma el vaso

El último episodio de estas actuaciones ha sido una información que alertaba de posibles fallos en el sistema de agua y, en consecuencia, de la seguridad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), de la que el pleno finalmente concluyó que no es necesario requerir actuaciones adicionales al titular y que sus garantías de expectativa razonable de operatividad son «suficientes». Sin embargo, advierte de que la normativa existente indica que cuando se vierten “informaciones personales o privadas”, bajo el paraguas «técnicos del CSN» y que no suponen «en ningún caso» la posición oficial del CSN, «pueden provocar una alarma social no justificada que socava la credibilidad del regulador y ocasiona un daño moral a los ciudadanos totalmente inmerecido e injustificado».

A juicio de los cinco consejeros, esto es lo que pasó con la cuestión de Almaraz, de cuya situación de seguridad el CSN se reitera y aunque no considera requerir al titular actuaciones adicionales, informa de que está realizando un seguimiento detallado de los resultados del plan de actuaciones del titular así como una evaluación de la información adicional que este suministre en virtud de los compromisos adquiridos con el CSN. Por último, el CSN indica que se está reservando la posibilidad de iniciar acciones legales que pudieran derivar de «los hechos y las cuestiones que pudieran ser contrarios a ley» para proteger las actuaciones del cuerpo técnico con el máximo rigor, igual que los procedimientos establecidos en el organismo.

La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN) rechaza la reacción del pleno del CSN a sus actuaciones

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Europa Press.– La Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) está en «desacuerdo total» con el comunicado emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) respecto de las actividades y acciones de la asociación y considera que «atenta contra los principios democráticos» y busca «mantener la cultura del miedo«. Así lo estima su presidenta, Nieves Rodríguez Guitián, que cree que ha emitido una nota «equivocada» pero añade que si consideran que la ASTECSN ha cometido «algún delito», que se lo comuniquen.

De este modo, asegura que los miembros de la asociación entienden que han actuado en todo momento de forma responsable, informando al pleno de las cuestiones de seguridad nuclear que consideraban importante que conocieran los consejeros. «Hemos usado la vía correcta. Los propios inspectores nos han pedido que transmitiéramos esas informaciones al pleno», ha señalado Rodríguez Guitián sobre el informe sobre el presunto fallo de seguridad en Almaraz. Además, apunta que en el CSN «no existe» un procedimiento interno para presentar las discrepancias internas en el organismo, por lo que Guitián solicita, precisamente un mecanismo para gestionar estas discrepancias según el modelo de la NRA (organismo regulador de Estados Unidos).

Asimismo, respecto a la queja del CSN de que no conoce los miembros que conforman la ASTECSN, lamenta la queja porque no tiene por qué informar de los integrantes de la asociación «más aún cuando se pueden producir represalias«. En todo caso, recordó que en el regulador hay en torno a 210 técnicos de los que forman parte de la nueva asociación «más de la veintena que dice el CSN».

En definitiva, opina que la publicación de un comunicado del CSN «contra sus propios técnicos» es un suceso inaudito que no había sucedido nunca. Finalmente, ha manifestado que para la ASTECSN, el CSN adolece de falta de independencia, de transparencia y de un liderazgo de calidad para poder funcionar con responsabilidad y calidad. «Nosotros sabemos que debemos defender la calidad y la transparencia. El camino no es fácil», ha concluido.

Competencia inspecciona de nuevo a empresas fabricantes de cables eléctricos

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Servimedia / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado nuevas inspecciones simultáneas en las sedes de varias empresas fabricantes y distribuidoras de cables eléctricos de baja y media tensión en el marco de la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en el sector, consistentes en la fijación de precios y condiciones comerciales, así como en el reparto de contratos en el marco de licitaciones convocadas en el territorio español. Estas inspecciones forman parte de una investigación abierta por la CNMC hace seis meses que ya conllevó varios registros.

Las inspecciones suponen un paso preliminar en la investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. En el caso de que como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, procedería a la incoación formal de un expediente sancionador. Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de imposición de la multa.

Marín Quemada afirma que el precio de los carburantes disminuye a un ritmo «más lento» de lo deseado

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró que las compañías podrían «estar tentadas» a no trasladar la bajada del precio del petróleo a los precios de los carburantes para compensar la caída de ingresos de sus divisiones de upstream (exploración y producción) y señaló que los precios de la gasolina y el gasóleo están disminuyendo «más lento» de lo que los consumidores querrían.

Al respecto, Marín Quemada subrayó que el sector de la distribución al por menor de la gasolina y el gasóleo no está regulado, pero afirmó que si se detecta algún acto ilícito que afecte a la competencia la institución actuará «inmediatamente». «Si vemos acuerdos encaminados a modificar estos precios al alza por relación ilícita entre las partes intervendríamos«, afirmó el presidente de la CNMC, quien añadió que en estos momentos los márgenes no están disminuyendo tanto como los precios. En este sentido, destacó que se está viendo que el precio del crudo está disminuyendo a un ritmo «más que notable», y que los precios de referencia acusan también, aunque menos «de lo deseable» dada la cotización del petróleo, esa bajada.

El modelo de la CNMC

Por otra parte, Marín Quemada señaló que el modelo de supervisor único «está consolidado», por lo que su cuestionamiento «pertenece a otro momento del tiempo», ante la posibilidad de que la formación de un nuevo Gobierno pueda suponer la separación del órgano de competencia de otras comisiones como la de energía o telecomunicaciones. A este respecto, aseguró que en Europa «me han dejado de preguntar por el modelo», ya que ahora «ya no es tan singular». Asimismo, destacó que «todo el mundo subraya sus ventajas».

Marín Quemada confía en que Bruselas corrija la retirada de competencias que sufrió la CNMC

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Europa Press.- El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, expresó su confianza en que la Unión Europea corrija la retirada de competencias por el Gobierno que sufrió el organismo hace unos meses e indicó que espera que «algunas anomalías que están en mente de todos, como retiradas de competencias de la CNMC, se reconduzcan en los próximos meses». «Quizás de la mano de Bruselas», añadió al respecto.

En los últimos tiempos, la CNMC ha acusado al Gobierno de retirar varias competencias al organismo que son propias del regulador, entre ellas alguna referente a los peajes eléctricos, y que han provocado diversos expedientes de Bruselas. A este respecto, Marín Quemada defendió como pilares «básicos» de un organismo regulador «el rigor, la transparencia y la independencia«. «La acción política, que es complejísima de desarrollar, se adapta a las exigencias políticas, mientras que la acción del regulador se tiene que adaptar a las exigencias del ciudadano, el bienestar general», dijo.

Por otra parte, el presidente de la CNMC se mostró partidario de evitar un marco normativo «petrificado» si se quiere impulsar el desarrollo de las energías renovables. «Creo que en ese entorno tan cambiante, y que varía tan rápido, petrificar un marco normativo es algo que no nos podemos permitir. Debemos ser flexibles en la estrategia», destacó. De esta manera, advirtió de que «las rigideces pueden salir muy caras» y se debe tratar de evitar «aplicar una regulación de ayer a esa realidad de mañana cuando nuestro entorno haya cambiado».

Además, subrayó que esa «petrificación» normativa no suele ser equilibrada y tiende a mantener el statu quo, «que tiende a ser caduco y perjudica a la mayoría». Marín Quemada también aseguró que el incremento del uso de energías renovables va a generar «grandes oportunidades» para la Unión Europea y España, aunque también conllevará «grandes desafíos«. Por ello, subrayó que el marco regulatorio también debe adaptarse a esos «nuevos desafíos que nos van a rodear, aunque no sepamos cómo y cuándo».

Dies Llovera, consejero del CSN a propuesta del PP, defiende su rigor y «más absoluta independencia» de motivaciones políticas

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Europa Press.- El consejero de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies Llovera, emitió un voto particular en el que defiende su «más absoluta independencia de cualesquiera motivaciones políticas ajenas a las funciones del organismo regulador en el marco del proceso de evaluación de la renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).

El consejero votó la semana pasada a favor de cuatro puntos que figuraban en el orden del día relativos a ese proceso y ahora ha emitido una explicación de su voto en la que defiende que su toma de decisión se corresponde con el procedimiento que establece el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas que determinan el proceso de evaluación de las solicitudes de los titulares de las instalaciones nucleares y los requisitos a los que deben someterse y las modificaciones de diseño que deben estar aprobadas durante el proceso de evaluación de la solicitud de renovación de la licencia.

30 años de experiencia nuclear

En consecuencia, de acuerdo con el voto particular, añade que la práctica regulatoria se sigue de acuerdo con la normativa aplicable, con los procedimientos internos y, «en este caso también» con una guía de evaluación específica. Asimismo, en su toma de decisión favorable, Dies Llovera expone que su voto se basa también en sus «conocimientos y experiencia adquiridos durante más de 30 años de ejercicio profesional como profesor de ingeniería nuclear». En base a este bagaje, afirma compartir «plenamente» la fundamentación técnica de las propuestas como resultado de la «estricta aplicación de la normativa» y del seguimiento del procedimiento, además de «en cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como consejero».

Respecto del procedimiento de Garoña en cuestión, explica que la evaluación de la seguridad nuclear y la protección radiológica no es un proceso abstracto y dependiente únicamente del buen saber y entender de los técnicos implicados y de los miembros del Pleno, sino que viene determinado por la aplicación estricta de la normativa aplicable y debe basarse en criterios técnicos. El consejero defiende que lo relacionado con Garoña se decide en el marco de las competencias del CSN, a cuyo pleno «le corresponde el ejercicio de todas las funciones resolutorias, de asesoramiento, supervisión y protección radiológica previstas» en la Ley y, por tanto, «adoptará cuantos acuerdos resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de tales funciones.

Los plazos ya están marcados

Del mismo modo, añade que toda esta normativa «garantiza la transparencia y predictibilidad del proceso administrativo y determina con antelación los hitos administrativos que deben irse cumplimiento y los tiempos en que deben cumplirse», de modo que los expedientes analizados en el pleno del 3 de febrero respecto a la planta atómica de Garoña, «cumplen plenamente» tanto con los requisitos técnicos impuestos, como con los procedimientos administrativos e internos preestablecidos«. En todo caso, afirma que «ninguna» de las decisiones adoptadas, en cumplimiento de los procedimientos previstos para su aprobación, prejuzga la decisión final sobre la renovación de la autorización de la central, que continúa evaluándose, sino que son, de acuerdo con la normativa aplicable, requisitos regulatorios previos a dicha decisión.

Por último, subraya que, a su juicio, el pleno tiene la «responsabilidad de analizar en profundidad los argumentos técnicos que apoyan las propuestas, así como si han respetado las garantías administrativas y procedimientos; en base a ello cada consejero debe formarse su criterio y emitir su voto. Mientras, al CSN le corresponde determinar si las solicitudes son «compatibles con la seguridad nuclear, así como qué requisitos deben imponerse para mejorarla».

Fernando Castelló, consejero del CSN, advierte de que parar el proceso evaluador de la reapertura de Garoña podría ser «prevaricación»

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Europa Press / EFE.- Fernando Castelló, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a propuesta del Partido Popular, ha advertido de que interrumpir en estos momentos el proceso evaluador en torno a la solicitud de renovación de autorización de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) podría implicar incurrir en «prevaricación«. Castelló argumenta así su voto favorable a la decisión del pleno del CSN de la pasada semana sobre diversos aspectos relativos a la autorización de Garoña.

Además, precisa que la filtración del voto particular de Narbona, sin que se haya aprobado el acta definitiva en una reunión posterior del pleno, hace necesario difundir también la argumentación de su voto. «Aún en el caso de que en un acto de voluntarismo impropio de un regulador, el pleno del CSN se pudiera plantear que las circunstancias del entorno político, social o económico pudieran ser valoradas para interrumpir aplazar o demorar el proceso evaluador, se debería estudiar previamente si jurídicamente no estuviéramos incurriendo en un acto de prevaricación, o cuanto menos dicha actuación pudiera ser recriminada en sede judicial, por el titular, para reclamar posible perjuicios económicos o sociales, cuanto menos», alerta Castelló en la justificación de su voto.

Castelló advierte de que «en este momento» no dar respuesta por parte del CSN a un proceso administrativo sobre la nuclear de Garoña, como establece la legislación en vigor, sería por parte de este organismo dar respuesta «a criterios no establecidos en la ley y entrar en un debate político, actuando fuera del sentido de la independencia reguladora». «La dilación, el aplazamiento o la moratoria del proceso evaluador justificada por circunstancias políticas, sociales o económicas no tiene cabida en la consideración de los factores que por ley le competen al CSN, que son exclusivamente, la seguridad nuclear y la protección radiológica y nuestro debate debe estar siempre orientado sobre la justificación técnica de dicho objetivos y de ningún otro», asegura.

Además, el consejero añade que el CSN «ni se ha impuesto plazos para informar sobre este asunto, ni se los puede imponer; ni sobre este, ni sobre ningún asunto que le competa», señala. En este sentido, recalca que las evaluaciones se desarrollan sobre procedimientos reglados y en función de guías de evaluación que elabora previamente el cuerpo técnico del organismo y que «nunca una previsión de fechas se puede confundir con un plazo impuesto o decidido». «Decir lo contrario es querer engañar a la opinión pública y hacerle un flaco favor al prestigio y trabajo riguroso del regulador nuclear español», añade. El pleno del CSN apreció favorablemente varias actuaciones para la reapertura de Garoña, solicitada por el titular hasta 2031.

Castelló explica que la apreciación favorable de dichos puntos «no tiene un efecto inmediato», ya que serían de aplicación si se concediese la renovación de autorización solicitada, decisión que corresponde al Ministerio de Industria, departamento que ha solicitado al CSN información sobre la situación de la planta nuclear en materia de seguridad y protección radiológica. «El CSN no abre ni cierra centrales» asevera el consejero, quien subraya que «no es competencia del regulador». Apunta además que Garoña dispone de autorización y que su estado es de «parada de explotación» desde julio de 2013 y que son aplicables «los documentos oficiales de explotación para una central nuclear en situación de parada».

Castelló argumenta también en su voto que las especificaciones y modificaciones de diseño analizadas en el pleno del día 3 no son «la primera aprobación parcial que eleva al Pleno» y responden a requisitos que el CSN ha exigido a la central. Además el organismo requirió que «todas las modificaciones de diseño deberían ser apreciadas favorablemente». En su voto particular, subraya que desde el punto de vista de la concesión de licencia no serían necesarias, aunque «se considera conveniente», la aprobación de las evaluaciones parciales, sino el informe que el CSN evacúe sobre la solicitud de Nuclenor» (propietaria de Garoña).

PP de Álava: «no reabrirá»

Por su parte, el presidente del PP de Álava, Javier De Andrés, asegura tener la «convicción» de que Garoña «no se va a reabrir» por las condiciones de seguridad impuestas por el Gobierno del PP y el CSN. De Andrés considera que Garoña «lleva tres años cerrada porque económicamente no resulta rentable reabrir Garoña y no hay ningún indicativo real objetivo de que se vaya a reabrir». En ese sentido, indicó que, «así como la prórroga que dio el Gobierno socialista no le puso ninguna condición de seguridad adicional, el PP sí estableció hace más de tres años una serie de condiciones que hacían inviable la continuidad de Garoña, y se cerró en ese momento».

De Andrés ha señalado que la empresa «ha planteado las reformas» que se le han pedido y «va organizando una a una», pero «eso no hace viable Garoña». «Yo tengo la convicción de que no se va a reabrir porque las exigencias de seguridad que no cumple en este momento hacen que sea tan caro reabrirla como para que la decisión final sea la de cierre, que realmente es la situación que ya estamos viviendo», ha insistido. De Andrés ha reiterado que Garoña «ya está cerrada, aunque algunos parece que lamentan esta situación y quisieran que estuviera abierta para tener motivo de queja». «Yo creo que Garoña está cerrada y va a seguir cerrada», concluyó.

Narbona (CSN) pide paralizar las decisiones sobre Garoña hasta debatir las implicaciones de alargar un reactor hasta los 60 años

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Europa Press / EFE.- La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha pedido, en el seno del organismo regulador, que se paralice cualquier decisión sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) hasta que se analicen y difundan a la opinión pública las implicaciones en seguridad nuclear y radiológica de autorizar hasta los 60 años el funcionamiento de un reactor nuclear.

El pleno del CSN está compuesto por 5 miembros, el presidente, Fernando Martí (a propuesta del PP) y los consejeros Javier Dies Llovera y Fernando Castelló (a propuesta del PP) y las consejeras Cristina Narbona y Rosario Velasco (a propuesta del PSOE). La consejera ha emitido un voto particular a la decisión adoptada la semana pasada por mayoría en el pleno del Consejo, que apreció favorablemente varias actuaciones en el marco del proceso de evaluación de la renovación de la licencia de la central, solicitada por el titular, hasta 2031. Si ese informe es negativo, obliga al cierre definitivo de la planta; si es positivo, correspondería al Gobierno la decisión política de prorrogar su funcionamiento.

Narbona ha votado en contra de varias decisiones del pleno en relación a la renovación de licencia de la central desde que se presentó y ha emitido diversos votos particulares. Sin embargo, en este caso, la política socialista aclara que sí voto a favor la semana pasada de la decisión del pleno del CSN de ampliar las condiciones del edificio de almacenamiento de material usado al tratarse de una instalación en todo caso necesaria para el desmantelamiento de la central. Eso sí, recuerda en su voto particular que la orden ministerial que decretó el cierre de la planta está plenamente vigente y que esa orden obliga al CSN a proseguir con las labores de cierre.

«Dado que no hay ningún plazo, ni legal ni técnico, que obligue al CSN a emitir su informe preceptivo en un tiempo determinado, por estar parada la central desde hace más de 3 años, el Consejo debería posponer los asuntos para la toma de decisión sobre Garoña», señala. Concretamente, en su voto particular, reclama que antes sea debatidas y explicadas, tanto en el pleno como ante la opinión pública, las implicaciones técnicas y jurídicas y las mejoras que en materia de seguridad nuclear y radiológica se estarían introduciendo derivadas de autorizar a un reactor nuclear a llegar a los 60 años de explotación comercial y con una renovación de más de 10 años de duración.

No es una petición nueva de la consejera, como recuerda Narbona, que apunta también su coincidencia con lo manifestado por el consejero Fernando Castelló (propuesto por el PP) en su voto particular emitido en noviembre de 2014 en el que afirmaba que dicho debate «debería haberlo hecho el pleno como cuestión previa cuando se tuvo conocimiento de la petición por parte del Ministerio de Industria». Que una central nuclear pueda operar hasta los 60 años de actividad es una circunstancia inédita en España, puesto que rebasaría los 40 años que operó por ejemplo la central nuclear de José Cabrera (Zorita).

Narbona plantea que debe aplazarse la decisión sobre Garoña hasta que no estén concluidas todas las mejoras técnicas que permitan a Nuclenor (titular de la central) cargar el combustible nuclear que, «es precisamente para lo que habilita una autorización de explotación». En todo caso, apunta que, si para implantar algunas de las modificaciones requeridas por el CSN para la hipotética carga del combustible, hiciera falta alguna aprobación puntual por tener que intervenir en los sistemas de seguridad disponibles en la actualidad, Narbona entendería justificada la elevación a pleno de un informe concreto sobre este asunto. «Si no fuera así, esta consejera considera que el pleno no debe proseguir con esta inédita forma de evaluar», advierte.

Narbona especifica que no está introduciendo «elementos políticos» en la tramitación de la solicitud presentada por Nuclenor ante el Ministerio y remitida al CSN. «Todos y cada uno de los argumentos que contempla este voto particular se refieren a la calidad de los procedimientos que garantizan la máxima seguridad nuclear y protección radiológica», añade. El regulador atómico ha informado de que está previsto que la remisión de ese informe al Ministerio «se produzca durante el segundo semestre del presente año». Al respecto, la consejera considera que el CSN no debería imponerse plazos para informar sobre la prórroga de la central.

El PSOE señala que el Congreso puede pedir el cese del CSN mientras Castilla y León pide anteponer la técnica

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EFE.- La secretaria de Cambio Climático del PSOE, Pilar Lucio, indicó que el Congreso de los Diputados puede instar al cese del presidente y consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y demandó explicaciones a su máximo responsable, Fernando Martí, tras la decisión adoptada por este organismo regulador, que informó favorablemente sobre varias actuaciones para la reapertura de la central de Garoña, cuyo propietario, Nuclenor, solicitó una licencia para volver a operar hasta el año 2031.

Precisamente, todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, había registrado una carta en el CSN en la que pedían una moratoria al presidente y a los consejeros del regulador en el proceso de evaluación hasta la constitución del nuevo Gobierno. Por ello, la portavoz socialista de energía acusó al CSN de plegarse al Gobierno en funciones al decidir continuar con el proceso de evaluación de la renovación de explotación de la central nuclear de Garoña (Burgos), no escuchando a los grupos parlamentarios cuando «por respeto» debería haber considerado y respetado el contenido de la misiva.

Debe dar explicaciones al Parlamento

«El Gobierno es ejecutor», pero a quien tiene obligación de dar explicaciones es al Parlamento, enfatizó Pilar Lucio, quien recordó el artículo 7 de la Ley de Creación del CSN: «El Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese de Presidente y Consejeros». «Esto debe quedar perfectamente claro», añadió la responsable socialista, que recordó que tanto su grupo como el resto de formaciones que firmaron la mencionada misiva han exigido la comparecencia de Fernando Martí una vez se constituya la Comisión de Industria y Energía en la Cámara Baja.

En su opinión, la decisión del CSN muestra a las claras que las órdenes del Ejecutivo en funciones «se cumplen sin dilación y las peticiones del nuevo legislativo son totalmente ignoradas». «La moratoria es una petición legítima, perfectamente realizable si el presidente así lo quisiera, ya que es él quien decide los puntos del orden del día a incluir en los plenos» del CSN. «El CSN ha vuelto a hacer caso a las exigencias de un gobierno en funciones y ha dado la espalda al Congreso una vez más», insistió.

En caso de prosperar la renovación de la licencia de autorización de Garoña sería la primera vez en la historia del país en que se permitiría a un reactor operar 60 años, en lugar de 40 años, y que dicha licencia tuviera una duración de 17 años, cuando hasta el momento el máximo fue de 10 años. «Pedimos sentido común y un debate sosegado sobre nuestro modelo energético en un proceso de transición, en el cual estamos la gran mayoría de acuerdo, pero en el que el CSN va en la dirección opuesta», concluyó Lucio.

Anteponer conclusiones científicas en Garoña

Por su parte, la vicepresidenta y portavoz de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, reclamó anteponer las conclusiones científicas a los planteamientos políticos sobre el futuro de la central nuclear de Garoña y reconoció que, si se garantiza la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista científico, el Ejecutivo autonómico estaría «encantadísimo» de que la central nuclear burgalesa pudiera seguir activa, pero insistió en que se trata de una decisión «al margen de la política». «Son muy importantes los puestos de trabajo, pero también que se cumpla lo que diga el CSN», resumió la vicepresidenta, convencida de que deben ser los científicos los que den «garantías» sobre el futuro de Garoña.

«Que el CSN afronte indemnizaciones»

Por otro lado, el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), emplazó a los miembros del CSN a que «paguen cualquier posible indemnización que pudiera derivarse» de la reapertura de Garoña. En este sentido, indicó que la posición del PP «es claramente favorable a la reapertura» de la central burgalesa y que un próximo Gobierno podría denegar la reapertura posteriormente, con lo que los propietarios de la instalación, Nuclenor (Endesa e Iberdrola) podrían reclamar por lo tanto una indemnización. Ante esta posibilidad González invitó públicamente a los miembros del CSN a que paguen esa posible indemnización, ya que «si quieren seguir amparando una decisión del PP, entonces que se hagan responsables personales de sus actos«.

Fuentes forales confirmaron que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava se personarán conjuntamente «de manera inmediata» en el expediente de reapertura de Garoña, para mostrar su «disconformidad con cualquier acto administrativo encaminado a la reapertura de la central». Si pese a los fundados motivos jurídicos no se permitiera la personación de la Diputación, ésta recurrirá, anunció González. El ejecutivo foral y el Gobierno Vasco solicitaron un informe jurídico sobre las posibilidades de actuación legal en el procedimiento de reapertura de la central, «ya que no se ha tenido en consideración la opinión de Álava en ningún momento». Este informe jurídico concluyó que la entidad «tiene que ser parte en dicho procedimiento, ya que tiene un interés directo».

Podemos exige al CSN que detenga la evaluación de la reapertura de Garoña hasta que haya un nuevo Gobierno

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Europa Press / EFE.- Mientras el Gobierno autonómico de Navarra también reclama su cierre, la secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y diputada del grupo parlamentario de esta formación, Carolina Bescansa, entregó una carta en el registro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para instar a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen, a detener el proceso de evaluación de la solicitud de Nuclenor para volver a producir electricidad en la central nuclear de Garoña (Burgos), por lo menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

Tras entregar la misiva en el registro del organismo, Bescansa se mostró en contra de la reapertura de la instalación e incidió en la necesidad de iniciar una «transición energética» hacia otras fuentes de energía «limpias y renovables». En todo caso, hizo hincapié en que un Gobierno en funciones no debería tomar decisiones cuyo efecto podría revertir en una aprobación de actividad de Garoña para los próximos 15 años. Según indicó, «no es el momento de tomar una decisión» mientras el Ejecutivo sea un Gobierno en funciones «transitorio» y señaló que, en caso de que el Parlamento o el próximo Ejecutivo decida clausurarla, el permiso de reapertura podría dar lugar a reclamaciones por lucro cesante.

«Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por lucro cesante, en caso de que el Parlamento o el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo«, reza la misiva firmada por los diputados de Podemos y dirigida al presidente del CSN. Garoña está paralizada desde 2013 por decisión de su propietaria, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola), que no renovó la autorización de explotación por motivos de no rentabilidad.

Para Bescansa, más allá de las cuestiones técnicas sobre la viabilidad o no de la reapertura de la instalación, la decisión sobre la vuelta a la actividad de la planta es también cuestión de «voluntad política» y de «un modelo energético de país». «En todo caso, las decisiones sobre energía nuclear no son decisiones aisladas sino que responden a un modelo energético de país y creemos que ya llegó el momento de que se plantee la transición energética de nuestro país, tan necesaria, hacia las energías limpias y renovables», subrayó.

Durante su intervención, Bescansa reiteró hasta 4 veces que Garoña es una instalación «gemela» de la central nuclear de Fukushima, en Japón, que fue destruida por un maremoto en 2009. En este sentido, el texto que han entregado en el CSN pone de relieve que la hipotética renovación de la concesión de actividad de Garoña sería «inédita en la historia de la seguridad nuclear de España» y supondría «autorizar llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida» cuando «su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años«. Asimismo, recuerdan que permitiría «una autorización administrativa de 17 años consecutivos, cuando jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años«.

Por estos motivos, «es debida una detallada explicación al Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación», añade el documento. Finalmente, Podemos señala que la paralización de la actividad de la central en 2013 «no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico«, situación que, a su juicio, podría prolongarse «unos meses más», hasta que se haya formado un Ejecutivo. «En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente», concluye el texto.

Navarra en contra de Garoña

El Gobierno de Navarra, formado por una coalición de nacionalistas vascos y partidos de izquierdas con el apoyo de Podemos, adoptó un acuerdo por el que solicita al Estado que no se reabra la central nuclear de Garoña, así como que se desmantele con seguridad para las personas y el medioambiente. En su acuerdo, el Ejecutivo que presidente Uxue Barkos ha considerado que «cualquier incidencia de esta central puede tener implicaciones directas en amplias zonas de Navarra, sobre todo en la Ribera del Ebro, densamente poblada, y con una actividad agraria muy importante para la economía de la Comunidad Foral».