El PP se opone a la petición mayoritaria de la oposición de citar en el Congreso al presidente del CSN

EFE.- La Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso decidirá este miércoles si cita a comparecer al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí, para que presente los informes de actividad de este organismo en 2014 y 2015 y sobre el futuro de las centrales de Almaraz (Cáceres) y Garoña (Burgos), una petición de la oposición que el PP rechaza. Previsiblemente se aprobará al ser una petición de la mayoría de los grupos.

Fuentes parlamentarias explicaron que los populares alegan para su negativa que la comparecencia del responsable del CSN en la Cámara Baja siempre se ha producido en una ponencia específica cuyas reuniones no son públicas, dado el tema de especial sensibilidad del que trata. Sin embargo, en este caso, el hecho de que la ponencia aún no esté constituida y la posible disolución de las Cortes el 1 de noviembre, lleva a los grupos parlamentarios a adelantar la presencia de Martí en comisión, ya que esperar a esos trámites para una comparecencia en ponencia impedirían que ésta se produjera y se tendría acumularía un nuevo informe a presentar, el de 2016.

El PSOE ya había presentado a mediados de septiembre una petición de comparecencia de Martí denunciando, además, que éste había usado «todos los subterfugios posibles para evitar comparecer» en la Cámara Baja desde diciembre de 2014, «a pesar de reiteradas peticiones formuladas por los grupos parlamentarios«. En el texto registrado, los socialistas también solicitaban su presencia en el Congreso para informar sobre la reapertura de la central de Garoña, la evaluación del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y la posible relajación de los criterios sobre la gravedad de los sucesos en las centrales nucleares.

Industria inhabilita a Vertsel y Zencer como comercializadoras eléctricas

EFE.- El Ministerio de Industria publicó las órdenes por las que inhabilita a Vertsel Energía y Zencer Sociedad Cooperativa Andaluza como comercializadoras eléctricas y fija el procedimiento para el traspaso de sus clientes a otras empresas. El proceso que culmina con la inhabilitación de ambas empresas arranca por el incumplimiento de las garantías económicas exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España, para poder prestar estos servicios. En el caso de Vertsel, estos incumplimientos llegaron a los 8,5 millones de euros; mientras que en los de Zencer a 1,5 millones.

Tanto las distintas eléctricas de forma individual como a través de la patronal Unesa presentaron escritos mostrando su conformidad con estas inhabilitaciones señalando «que, en los últimos años y de manera creciente, se repite una práctica por parte de ciertas comercializadoras que repercuten negativamente en el resto de sujetos del mercado eléctrico». La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también abrió expedientes sancionadores contra estas empresas. Por su parte, las comercializadoras inhabilitadas también alegaron mostrando su disconformidad con los avales que se les exigen, «desproporcionados» a su juicio, y rechazando haber puesto en riesgo el sistema eléctrico.

El CSN respalda el ATI de Almaraz, aunque aún precisa del visto bueno de Industria y Medio Ambiente

EFE / Europa Press.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe favorable para la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de combustible gastado en la central nuclear de Almaraz (Cáceres) que ocupará una superficie pavimentada de unos 2.649 m2, si bien su ejecución aún debe recibir el visto bueno tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de Industria.

Para dar luz verde a la construcción del ATI, el Ministerio de Medio Ambiente aún debe elevar una respuesta al informe de impacto ambiental adscrito al proyecto. De ser favorable, es decir, si se considera que no afecta al medioambiente, se trasladará la misma al Ministerio de Industria que, junto al informe favorable del CSN, deberá pronunciarse. En el caso de que todos los informes respalden el proyecto del ATI, la dirección de la central nuclear de Almaraz tendrá que pedir autorización de obra al Ayuntamiento de esta localidad cacereña.

El CSN ha elevado una propuesta de informe favorable de la solicitud de autorización de ejecución y montaje del ATI para el combustible gastado en las dos unidades de la central de Almaraz. El Plan de Gestión de Residuos Radiactivos elaborado por ENRESA y aprobado en Consejo de Ministros en 2006 indica que para la gestión del combustible gastado se prevé la puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado (ATC), que acogerá combustible gastado y residuos de alta actividad, proyectado en Villar de Cañas (Cuenca). En caso de que no estuviera disponible el ATC en las fechas de necesidad de almacenamiento del combustible gastado de cualquier central española, se contemplaba los ATI como solución transitoria hasta su traslado al ATC.

Necesario para principios de 2018

El combustible gastado generado en la explotación de Almaraz está almacenado bajo agua, en las piscinas de combustible gastado, situadas en los edificios de combustible. De acuerdo con la capacidad útil de las piscinas, la central precisa que dicho ATI esté operativo en el primer semestre de 2018. Esto significa, que si no tuviera donde almacenar el combustible, la planta no podría seguir generando electricidad.

El ATI estará situado a la intemperie, en el área bajo control del titular, en una parcela ubicada al norte de la propia central y al este del embalse de Arrocampo. Según describe el dictamen técnico del regulador, básicamente el ATI constará, «de una losa sísmica de hormigón armado, sobre la que podrán descansar verticalmente, sin anclajes, hasta 20 contenedores cargados con el combustible gastado y dispuestos en dos filas», según el informe. La losa estará rodeada de un muro de hormigón armado cerrado en todo su perímetro, excepto en el acceso a la losa, que tendrá como finalidad reducir la exposición a la radiación directa emitida por los contenedores. Este muro delimitará una superficie pavimentada de aproximadamente 2.649 m2.

Los componentes del contenedor se agrupan en tres elementos: el cuerpo del mismo, constituido, entre otros elementos, por virolas y un blindaje neutrónico; un sistema de cierre y el bastidor de combustible, que es el componente más cercano al contenido radiactivo que aloja el contenedor. La misión de este último es múltiple en relación a los elementos combustibles, pues dar soporte y ubicación, protección estructural, disipación de calor residual y mantenimiento de la reactividad en niveles subcríticos, según se explicó.

6 condiciones para la autorización

La autorización lleva asociadas seis condiciones, en las que se establecen los términos y límites específicos de las fuentes radiológicas; medidas de protección contra incendios; deberá cumplir la normativa estadounidense aplicable, la que aplica la Nuclear Regulatory Commission. Además, antes de que comience a ejecutarse la obra del ATI, se deberá haber hecho y auditado aspectos como la utilización de materiales de acuerdo a la norma española, tales como el uso de hormigón estructural de acuerdo con unos requisitos y comprobaciones para garantizar que se cumpla la normativa. Asimismo, se habrá de hacer estudios relativos a la interacción del suelo con la estructura, así como hacer y auditar la ruta de traslado y operaciones del combustible dentro de la losa.

Pese a que el dictamen era favorable a la solicitud de Almaraz, los técnicos consideran que el titular deberá aportar análisis de riesgos relacionados con la presencia de otras industrias, transportes o instalaciones militares que operen en la proximidad del emplazamiento así como completar la caracterización hidrogeológica en la zona, tanto en la unidad acuífera somera como de los niveles más profundos y de su interrelación, realizando ensayos de bombeo adecuados. Igualmente, deberá facilitar la integración del comportamiento de las aguas subterráneas en la zona local del ATI, con las de la isla nuclear y las del resto del emplazamiento de la central, así como confirmar la existencia de un margen entre el ATI y el nivel de agua subterránea.

El déficit eléctrico provisional asciende a 1.672 millones de euros hasta julio, 249 millones menos de lo previsto

Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son inferiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.672 millones de euros hasta julio, un 16% menos de lo previsto al comienzo del año debido a la “favorable” evolución de los ingresos.

Esta cifra, incluida en la séptima liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 249,5 millones de euros inferior a lo previsto, por lo que de continuar la tendencia se producirá superávit a cierre del ejercicio. El organismo presidido por Marín Quemada indicó que la demanda de consumo registrada hasta julio, de 119.758 GWh,  fue un 0,8% inferior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron a 7.084 millones de euros, un 2,1% (147 millones) superiores al valor promedio histórico. Los ingresos totales del sector en el periodo ascendieron a 8.103 millones de euros.

En esta liquidación, el coeficiente de cobertura se situó en el 80%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles. En cuanto a las energías renovables, cogeneración y residuos, el regulador gestionó los pagos a 63.698 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada entre enero y julio ascendió a 3.784 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 504 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente.

Por su parte, en el sector gasista los ingresos netos liquidables fueron de 1.566 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,3% respecto a los ingresos netos liquidables del mismo periodo del ejercicio anterior. La retribución fija acreditada a las empresas ascendió a 1.686 millones de euros, un 2% superior a la del año anterior. Por tanto, el déficit provisional se ha situado en 240 millones, frente a los 105 millones registrados en el mismo periodo del 2015.

De este modo, el índice de cobertura se situó en el 86% de la retribución acreditada. La demanda de gas facturada hasta junio, ascendió a 170 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 0,8% respecto al 2015 como consecuencia de una reducción de la demanda gasista para generación eléctrica. El número de consumidores declarados por las empresas ascendió a 7,68 millones, con un aumento anual de 93.947 consumidores.

La CNMC califica de «mito» que las gasolineras desatendidas dañen el empleo y sean menos seguras

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) denunció en su blog varios «mitos» en torno a las gasolineras desatendidas, entre ellos los referidos al perjuicio sobre el empleo, la falta de seguridad, la ausencia de acceso para discapacitados o la desprotección a los consumidores. Todos estos argumentos, indica el regulador, «son dignos de análisis» y «preocupan en gran medida» a la propia CNMC, si bien «no es suficiente con invocarlos» ya que «no están suficientemente justificados«.

Una semana después de la publicación de su controvertido informe sobre el tema, Competencia insiste en la defensa de este tipo de gasolineras en aras de una mayor competencia en el sector, dado que “beneficiará a los consumidores y a la actividad empresarial”. Asimismo, califica de «mitos» algunos de los argumentos usados por las normativas que tratan de limitar o prohibir su instalación y que, tras un cuidadoso análisis, «son contrarios a la evidencia empírica».

Sobre el «mito» de la inseguridad de las gasolineras desatendidas, el regulador argumenta que «no tienen por qué ser más inseguras que las gasolineras que cuentan con personal», e incluso indica que en ocasiones la automatización del cierre del suministro puede funcionar con mayor velocidad que al realizarse por un trabajador. La CNMC alude a un estudio del Gobierno francés en el que se aprecia que el 92% de los accidentes en gasolineras se produce en momentos distintos al de echar carburante. También recuerda que en España hay una normativa de seguridad aplicable a todas las gasolineras y argumenta que la mayor parte de las cooperativas llevan actuando así desde hace años sin accidentes graves.

Sobre la desprotección del consumidor, señala que, en el caso de las gasolineras, «la obligación de servicio atendido no beneficia a los consumidores ni en términos de precios, ni de seguridad, ni de calidad del servicio». El regulador también cita un informe para la Comisión Europea sobre las quejas de los usuarios de las gasolineras en el que se aprecia que solo el 10% de los clientes tuvo problemas en una gasolinera desatendida y no pudo dar con una persona responsable. El 90% restante de las quejas de los consumidores están relacionadas con otros problemas, particularmente el precio del carburante y el tiempo de espera para repostar, “puntos que se mitigarían con nuevas estaciones”, remata.

En cuanto al «mito» del daño sobre el empleo, indica que la mayor parte de las empresas que están instalando gasolineras automáticas son de nueva creación, muchas innovadoras y consideradas startups o mavericks (pioneros). Estas empresas están contribuyendo «creando empleo de calidad«. «La creación de nuevas estaciones de servicio, la tecnología para que operen y mantengan la seguridad, la televigilancia de las instalaciones en el caso de las automáticas, favorecen la creación de empleos de valor añadido», afirma la CNMC.

Sobre las dificultades a los discapacitados, la CNMC reconoce que «una parte de la población discapacitada puede tener dificultades para aprovisionarse en las estaciones automáticas en caso de que viajen en su vehículo solas», y afirma que esta dificultad preocupa especialmente al regulador. Sin embargo, indica que, en el caso de aquellos usuarios necesitados de apoyo para repostar, que no cuentan con acompañantes que puedan apoyarles, las normas prevén que las estaciones automáticas realicen los mayores esfuerzos para que el aprovisionamiento pueda realizarse. Entre estos esfuerzos figuran los accesos sencillos, la innovación en los sistemas de aprovisionamiento o pago, y el resto de medidas arquitectónicas y técnicas que facilitan el empleo de las nuevas tecnologías que capaciten a dichos usuarios.

Baja un 2,4% el número de solicitudes de cambio de comercializador de suministros energéticos

Europa Press.- El número de solicitudes de cambio de comercializador en electricidad y gas recibidas por los distribuidores en 2015 fue de 4,54 millones, un 2,4% menos que en el año anterior, según el informe anual de supervisión de los cambios de comercializador en el sector eléctrico y de gas natural publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Del total de solicitudes, 3,58 millones fueron de electricidad y 958.956 de gas. De esta manera, se constata un descenso acumulado en el periodo 2013-2015 en el número total de solicitudes de un 7,1% en el sector eléctrico y de un 0,7% en el gasista. No todas las solicitudes formuladas por los comercializadores están bien realizadas, contienen la información que corresponde a la del punto de suministro o deben rechazarse por aspectos técnicos. Así, durante 2015 se registraron unas tasas de rechazo del 8,2% en el sector eléctrico y del 10,3% en el sector gasista.

Asimismo, la CNMC publica por primera vez los tiempos medios de cambio de comercializador, que oscilaron durante los cuatro trimestres de 2015 entre los 13,1 y 14,2 días en el sector eléctrico y entre los 14 y 15,2 días en el sector del gas natural. El conteo de estos tiempos se inicia con la obtención del consentimiento del consumidor al nuevo comercializador y finaliza con la recepción de la activación del cambio procedente del distribuidor. Las directivas y las leyes sectoriales establecen un tiempo máximo de 21 días para que el distribuidor ejecute el cambio.

Tasa de cambio de comercializador

Por su parte, el número de cambios de comercializador activados por los distribuidores durante 2015 fue de 4,06 millones. De ellos, 3,21 millones corresponden al sector eléctrico y 846.571 al gasista. La tasa de cambio de comercializador (switching) en 2015 fue del 11,2% en el sector eléctrico, mostrando un descenso de casi un 1% con respecto al año anterior, y del 11,2% en el sector gasista, un incremento algo superior al 1% respecto al 2014.

Tomando como referencia el desglose geográfico de la tasa de cambio de comercializador por comunidades en el sector eléctrico, Cantabria (14,1%) y Murcia (12,6%) presentan las tasas más elevadas, mientras que Ceuta y Melilla (1,7%) y Galicia (8,3%) muestran las más bajas a nivel nacional. En el sector gasista, las tasas más elevadas en 2015 se dieron en Cantabria (13,9%) y País Vasco (13,3%), mientras que Galicia (9,4%) y Cataluña (9,9%) presentaron las más reducidas.

Respecto a la movilidad entre el mercado regulado y el libre, el mayor volumen de cambios de comercializador en el sector eléctrico se produjo entre comercializadores del mercado libre, con 1,73 millones de solicitudes, mientras que los cambios de un comercializador de referencia a un comercializador en el mercado libre fueron de 1,25 millones de solicitudes activadas en el 2015.

En lo que se refiere al sector de gas natural, prevalecen los movimientos de cambio de comercializador entre comercializadores del mercado libre, con 720.916 solicitudes activadas por los distribuidores, al mismo tiempo se detecta una disminución del número de activaciones correspondientes a consumidores que pasan del comercializador de último recurso a otro en el mercado libre, pasando de 177.428 solicitudes en 2013 a 118.628 en 2015, con un descenso del 33%. También se observa que en el sector gasista se ha producido un ligero incremento en el número de consumidores que vuelven al comercializador de último recurso procedentes del mercado libre, pasando de 3.741 solicitudes en el año 2013 a 6.777 solicitudes en el 2015, con un incremento del 81%.

La CNMC sanciona con 178.000 euros a Nortedison Electric, otra comercializadora que no presta las garantías exigidas por Red Eléctrica

Redacción / Agencias.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 178.000 euros a la empresa Nortedison Electric por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), entre septiembre de 2015 y enero de 2016, según indicó el regulador. La Ley del Sector Eléctrico, impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías que reglamentariamente resulten exigibles.

Según el informe del expediente sancionador de la CNMC, la eléctrica tenía en septiembre de 2015 un déficit de 357.000 euros en las garantías que le son exigidas por el operador eléctrico, Red Eléctrica, y que se incrementó hasta los 4 millones de euros a 31 de enero de 2016. Por este motivo, REE denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Nortedison Electric de la obligación de prestar las garantías exigidas en septiembre de 2015, lo que originó un déficit de garantías que duró hasta enero de 2016.

Una vez instruido el citado expediente, la CNMC ha declarado a la empresa Nortedison Electric como responsable de una infracción leve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.2 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y le ha impuesto una multa de 178.000 euros. Esta resolución puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998.

Esta sanción se suma al goteo en los últimos meses de multas impuestas por el organismo presidido por José María Marín Quemada a comercializadoras por infracciones de la Ley del Sector Eléctrico. A principios de este mes, la CNMC impuso una sanción de 12.000 euros a Iberoelectra 3000 y de 1.500 euros a Evergreen Eléctrica por infracción leve. Anteriormente, también había multado a la comercializadora Olten Llum con 150.000 euros y a la empresa Comercializadora Zero Electrum con 6.207 euros.

Además, en abril la CNMC sancionó a Distribuidora Elèctrica D’Albatàrrec con 8.000 euros, así como a Herederos De García Baz y Electra la Honorina con 3.000 euros, respectivamente, por no suministrar la información solicitada sobre la energía adquirida, suministrada y declarada entre julio de 2011 y julio de 2013. También multó a Aayum Companyia Catalana Subministradora D’Energia con 7.000 euros por no aportar al operador del sistema eléctrico las garantías exigidas. A principios de año, la CNMC también había sancionado a otras empresas como Zencer, con 25.000 euros, y Vertsel Energía, con 140.000 euros, por incumplir esta obligación de prestar una serie de garantías exigidas.

El déficit de tarifa eléctrica asciende a 1.517 millones de euros hasta mayo, 297 millones menos de lo previsto

Redacción / Agencias.– El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en mayo 1.517 millones de euros. Esta cifra, incluida en la quinta liquidación del sistema eléctrico de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es 297 millones de euros inferior a lo previsto, por lo que supondría superávit.

La demanda hasta mayo, que alcanzó los 80.773 gigavatios hora (GWh), fue un 0,7% inferior al valor promedio de los años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores, que ascendieron a 4.843,8 millones de euros, resultaron un 2,3% superiores al valor promedio histórico, en 108 millones de euros. El coeficiente de cobertura, o el dinero que reciben los agentes del sistema en proporción a lo que les corresponde, se situó en mayo en un 74,18%, situación que se corregirá en las próximas liquidaciones, a medida que vaya habiendo nuevos recursos disponibles.

Asimismo, la CNMC ha gestionado los pagos a 63.688 instalaciones que estaban activas. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada desde el 1 de enero hasta el pasado 30 de abril ascendió a 2.638 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. Por su parte, la cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 448 millones de euros, antes de impuestos.

En cuanto al sector gasista, el déficit provisional hasta mayo es de 120 millones de euros, frente al superávit de 11,1 millones de euros en el mismo periodo del 2015. El índice de cobertura se situó en el 90,34% de la retribución acreditada. Los ingresos netos liquidables fueron de 1.123 millones de euros, un 8,3% inferiores al mismo periodo del año anterior, y la retribución acreditada fue de 1.243 millones de euros, un 2,4% superior a la del año anterior.

La demanda de gas en 2016, facturada hasta mayo, asciende a 125 teravatios hora (TWh), lo que representa un descenso del 1,7% respecto al 2015 como consecuencia de una reducción de la demanda de gas para generación eléctrica. Mientras, el número de consumidores declarado por las empresas ascendió a 7,66 millones, lo que representa un aumento interanual de 79.278 consumidores.

Competencia defiende una transición energética hacia las renovables «ordenada» y no mediante su «introducción de golpe» que hundiría la competitividad

Europa Press / EFE.- La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, confía en que el futuro energético «va a ser muchísimo mejor siempre y cuando» no se vuelva a repetir problemas del pasado, como el déficit tarifario, y ha abogado por aprovechar la transición en el sector hacia las energías renovables, pero advirtiendo de que ésta debe ser «ordenada» y no una «terapia de choque».

En un momento «crucial» en el ámbito energético, la vicepresidenta de la CNMC ha considerado «necesario» contar con un «programa de transición» para que este proceso se lleve a cabo de forma «ordenada» y en el que se garantice la «sostenibilidad» medioambiental del sistema, su «competitividad económica» y la «seguridad» del suministro. Y es que ha advertido que una integración de las renovables no transitoria, no ordenada y «de golpe» puede provocar un hundimiento de la competitividad debido a que su precio es aún «excesivo» y a que no tiene la flexibilidad o capacidad para asegurar la seguridad del suministro.

Además, aludiendo al «sobreprecio» que se paga a las renovables, apuntó que integrar todas las renovables ahora supondría pagar un precio de inversión «mucho más alto» que el que se podría pagar dentro de «cinco o seis años» e incluso no «incentivar la inversión». Por ello, abogó por «dejar que la propia tecnología vaya innovando«, como ha pasado con la fotovoltaica. Y es que, para Fernández, «lo que no puede hacer el regulador» es «paralizar la innovación» en desarrollar las tecnologías. La vicepresidenta de la CNMC resaltó la necesidad de realizar «análisis económicos», «normativos» y «presupuestarios» sobre el modo y las distintas medidas para llegar a cabo la transición energética.

A su juicio, va a haber «tres elementos cruciales» que van a condicionar lo que se vaya a hacer en el sector de cara al futuro: los acuerdos y compromisos alcanzados, como el COP21 aprobado a finales de 2015 en la Cumbre de París; las políticas en el sector que introduzca el nuevo Gobierno que se conforme, y el hecho de haber «conseguido», en su opinión, la «estabilidad económica» y «financiera» en el sistema español desde hace un par de años. Según reivindicó, este logro es «esencial para mirar el futuro», con expectativa incluso de superávits. «No se puede hacer absolutamente nada cuando uno tiene inestabilidad económica e inestabilidad financiera en el sistema», aseveró Fernández.

La vicepresidenta de la CNMC cree que, de cara al futuro, se debe «intentar bajar el precio de la tarifa regulada». «Hay que ir bajando la factura del consumidor final», apuntó Fernández, ya que de ello depende la competitividad de la economía. Precisamente, la directiva de la CNMC opina que en este futuro del sector energético el consumidor debe jugar un «papel activo» y sus necesidades deben ser atendidas. Fernández resaltó el papel del consumidor en el ahorro energético, que, según indicó, es la «principal vía» para ser «medioambientalmente sostenibles». También aludió a la importancia de ir introduciendo el vehículo eléctrico, algo que, a su juicio requerirá igualmente una transición.

En la clausura, la vicepresidenta de la CNMC también ha llamado la atención sobre la marcha de la evolución del sector energético respecto a otros, como el de las telecomunicaciones, y ha opinado que el primero va «un tanto atrás». De hecho, a su juicio, no ha sido hasta el pasado año o el actual cuando el sector energético, cuya importancia ha resaltado para el desarrollo económico del país, ha entrado en el siglo XXI. De cara al futuro, Fernández también calificó como «crucial» garantizar el acceso a la energía y hacer frente al problema de la pobreza energética, en el que, en su opinión, deben «involucrarse todas» las administraciones.

A ese asunto también se ha referido, en el mismo acto, el presidente y CEO de Viesgo, Miguel Antoñanzas, quien ha defendido que la energía es un «bien esencial» y ha opinado que la electricidad es, en estos momentos, la «puerta de entrada a la sociedad del bienestar». Respecto al futuro, el presidente de Viesgo ha opinado que puede estar, entre otros aspectos, en la descarbonización y en las energías renovables. Además, ha considerado que para este futuro, la regulación es «clave» y ha reconocido que el tema de la financiación de la energía va a ser una cuestión «difícil».

Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, llamó la atención sobre la «nula» capacidad que tienen los ayuntamientos, a nivel nacional, en materia energética. Recordó que, además de no tener competencia en este ámbito, los ayuntamientos no tienen «voz» ni «ninguna interlocución» en «ningún órgano» o foro en este campo, limitándose solo al papel de consumidor.

El alcalde ha opinado que en el campo de la energía hay «mucho por hacer» y, al respecto, ha aludido al acuerdo del COP21 y también al proceso que hay abierto para que el acuerdo alcanzado por 7.000 alcaldes europeos de cumplir con unos compromisos «muy exigentes» de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 se «expanda a nivel global«. El resto de su intervención estuvo centrada, en gran parte, en explicar los pasos de la capital cántabra para convertirse en una ciudad inteligente en la gestión de sus servicios y también en qué medidas se están tomando en favor de la eficiencia energética.

La CNMC multa a las comercializadoras Iberoelectra 3000 y Evergreen Eléctrica por no cumplir las garantías exigidas por Red Eléctrica

Redacción / Agencias.– La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por infracción leve a las empresas comercializadoras de electricidad Iberoelectra 3000, de 12.000 euros, y Evergreen Eléctrica, de 1.500 euros, por incumplir con la obligación que tienen estas empresas de prestar una serie de garantías exigidas por Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico.

La Ley del Sector Eléctrico impone a las empresas comercializadoras la obligación de prestar las garantías. En este caso las garantías no fueron consignadas, por lo que Red Eléctrica presentó denuncia contra ambas empresas. En concreto, REE denunció ante la CNMC el incumplimiento por parte de Iberoelectra 3000 de la obligación de prestar las garantías exigidas para abril de 2015, lo que generó un déficit de garantías que ha durado hasta febrero de 2016. En el caso de Evergreen Eléctrica, la denuncia de REE se refiere a la obligación de prestar las garantías para septiembre de 2015, y el déficit generado ha durado hasta diciembre. Estas Resoluciones pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.