El PP respaldará así las tesis del ministro frente al voto en contra de toda la oposición, que ha criticado que el Gobierno no haya rebajado la cuantía a pagar a la concesionaria del almacenamiento, Escal UGS, participada al 66% por la empresa ACS, lo que produjo múltiples referencias respecto a tratos de favor hacia Florentino Pérez. Sobre lo que apenas se ha aludido es sobre lo innecesario que era construir la infraestructura del almacén de gas Castor, algo evidente en la medida en que no se prevé la construcción de una instalación que la sustituya en sus funciones y en lo que ya se ha reflexionado desde Energía Diario.

En este sentido, la única referencia la hizo el propio ministro, José Manuel Soria al señalar que en 2006, cuando Escal UGS solicitó la concesión para el almacenamiento que llegaría en 2008, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero modificó la planificación eléctrica vigente para el período 2002-2011 para incluir Castor «en un momento en el que incrementa los incentivos a las renovables». El ministro ahondó en este argumento al insistir en que «se impulsaron al mismo tiempo las infraestructuras de gas y las renovables; pero las de gas casi no se han utilizado por la prioridad de despacho para las energías renovables».

Al respecto, Soria señaló que la labor del Gobierno del PP respecto a Castor fue hacer que se pusiera en marcha de forma provisional «y no permanente», así como disminuir su retribución reconocida y superior al 10%, en un primer momento a un 8,76% anual a 20 años, y ahora a un 4,26% a 30 años. Por ello incidió en que la solución de hibernación de la planta supone «un ahorro» de más del 50% del desembolso previsto al pasar a suponer un coste de 100 millones de euros anuales frente a los 210 previstos si hubiera entrado en funcionamiento.

Sobre la solución adoptada, José Manuel Soria justificó que la hibernación de las instalaciones posibilita seguir recabando datos y disponer de informes más completos que permitan adoptar una decisión en Consejo de Ministros respecto a su desmantelamiento o reapertura. El ministro explicó que el próximo 1 de diciembre el almacén Castor será traspasado a Enagás para su gestión a cambio de la indemnización a Escal UGS de 1.350,7 millones de euros, importe que asumirá en un primer momento la empresa Enagás y que posteriormente se irá repercutiendo durante 30 años en la tarifa de gas que pagan los consumidores para atender «el derecho de cobro preferente» que ejercerá Enagás a partir de abril de 2016.

Para reafirmarse en lo positivo del decreto, el ministro de Industria aseguró que Escal UGS, a pesar de que el Gobierno haya aceptado su renuncia y quede extinguida su concesión, estará obligada a pagar cualquier responsabilidad por vicios de construcción del almacén o acciones u omisiones en la explotación de Castor y que puedan ser determinadas en el futuro. De esta forma, José Manuel Soria considera que la responsabilidad de la antigua concesionaria del almacén de gas queda «amarrada» por el decreto y señaló que las cantidades que tuviera que abonar irían al sistema gasista.

El PSOE pide una quita

El portavoz de Energía del PSOE en el Congreso, José Segura, defendió que la concesión a Castor que realizó el Gobierno socialista no «difiere» de las efectuadas anteriormente a otros almacenes gasistas de las mismas características como Yela o Gaviota. Por ello, criticó que el Gobierno se escude en la sentencia del Tribunal Supremo que no anuló la cláusula que obliga a indemnizar al concesionario aún con dolo y negligencia por el valor neto contable de la instalación cuando renuncie a la concesión ya que considera que «no ata de manos al Gobierno para que module la indemnización al concesionario«.

En este sentido, Segura consideró «relevante» que la instalación no entrara en funcionamiento de forma «permanente», lo que hace que las instalación no estuviera operativa, condición que asegura que era imprescindible para recibir la indemnización. En consecuencia, el diputado socialista se preguntó por qué no se había realizado «una quita» sobre los 1.350,7 millones de euros para repartir el coste entre el concesionario y los consumidores, «más en un proyecto cuyo presupuesto empezó en 400 millones y terminó en 1.400».

Por ello, a pesar de mostrar su acuerdo con la hibernación, denunció que el Gobierno «renuncie a imputar al concesionario cualquier responsabilidad sobre lo sucedido» y reclamó un proyecto de ley para regular la hibernación ya que «resta por saber su coste«. También reclamó un mecanismo de financiación alternativo al propuesto por el Gobierno debido a que considera que generará un sobrecoste de 200 millones de euros en 30 años.

Que se tramite como proyecto de ley también lo pidió Jordi Jané (CiU), que consideró que el Gobierno socialista «no atendió de manera debida» los informes científicos que alertaban de los riesgos del proyecto Castor. Por ello, reclamó el desmantelamiento del almacén y que no se pague en la factura del gas de familias y empresas a 30 años «un proyecto fallido por la falta de previsión con un desvío absoluto en sus previsiones presupuestarias».

Joan Coscubiela (Izquierda Plural) centró más su intervención en criticar la gestión del Gobierno socialista que la actual del PP. Al respecto, aseguró que lo del PSOE no fue un error sino que el objetivo fue favorecer a los lobbies de la construcción. A juicio de Coscubiela, esto ha desembocado en «un rescate a Florentino Pérez» como consecuencia de «un proyecto que nunca debió iniciarse y que ahora costará 4.700 millones de euros a los ciudadanos». «Zapatero hizo un traje a medida para ese capitalismo parasitario durante ocho años», sentenció.

El número dos de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, denunció un «capitalismo de amiguetes» en el que el Gobierno no defiende el interés general sino a las empresas y se hacen «negocios estupendos sin riesgo con el dinero de los españoles». En este sentido, criticó al Gobierno que no trate de paliar «el perjuicio» de Zapatero sino que la solución que ofrece sea ofrecer «condiciones ventajosas» para ACS y Enagás. Por ello lamentó que el contrato de concesión sea «sagrado» para Castor y no lo regulado previamente para las energías renovables.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, consideró «un desastre» cargar los costes de Castor a la factura de los consumidores, que cree que «no deben pagar los errores de la Administración y de la empresa concesionaria». Por ello, su solución pasaría porque todos hubieran aportado una parte, «negociando una indemnización a la baja con Escal y asumiendo una cantidad vía Presupuestos«. Con el decreto presentado, Azpiazu juzga que el Gobierno «optó por lo fácil».

Joan Tardá (ERC) exigió el desmantelamiento de Castor y que no se pague «ni un euro» hasta que no culminen todas las investigaciones, auditorías e informes. También cree que el decreto responde al interés de ACS y es «un ejemplo de los negocios sucios, que enriquecen a unos pocos, realizados en el palco del Bernabéu». Desde el grupo mixto, Joan Baldoví (Compromís) denunció que Castor es «otra historia de piratería» en la que «saquean a los ciudadanos con la complicidad de los Gobiernos» y consideró «un insulto» que la indemnización se cargue a la tarifa del gas como consecuencia de «un contrato leonino con todas las ventajas para el concesionario».

Por el grupo parlamentario popular, Guillermo Mariscal dijo que había detectado «cierta mala conciencia entre los grupos de oposición porque todos, por acción o por omisión, son corresponsables de Castor» en la medida en que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no tenía la mayoría absoluta. Mariscal hizo suya la indignación de la oposición por la indemnización de Castor pero señaló que el Gobierno tiene que cumplir la Ley y pagar para garantizar la seguridad jurídica.

Adicionalmente, el real decreto-ley permite la adaptación de la titularidad de las centrales nucleares a lo dispuesto en la Ley de 1964 sobre energía nuclear, modificada en 2011, que exige que el titular de la autorización de explotación de una central nuclear sea una única persona jurídica, dedicada exclusivamente a la gestión de centrales nucleares, y que cuente con los medios materiales, económico-financieros y personales necesarios. Con esta medida, la titularidad de las centrales nucleares que no se hayan adaptado se entenderá transferida a la entidad que tenga encomendada la explotación de la central nuclear por parte de los titulares de la autorización de explotación.

Esta enmienda, una de las dos presentadas por el PP con modificaciones de la Ley del Sector Eléctrico, delimita las funciones de la Administración y las de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que también tiene competencia en la metodología de cálculo de los peajes.

Las enmiendas del PP también abren la puerta a la posibilidad de preautorizar instalaciones de la red de transporte de energía que se estime necesario poner en servicio a más de seis años vista, que es el tiempo que la normativa vigente estipula como periodo de planificación a efectos de iniciar los trámites administrativos pertinentes.

Así, se permite que la planificación eléctrica incluya un anexo «de carácter no vinculante» que recoja las infraestructuras que podrían ser necesarias en un plazo superior al contemplado actualmente, de modo que se pueda «asegurar la disponibilidad de las infraestructuras en la fecha estimada de necesidad y garantizar con ello la seguridad de suministro», dado que los periodos de tramitación de algunas infraestructuras de la red de transporte de la electricidad superan los seis años que actualmente se incluyen en la planificación eléctrica.

No obstante, estar incluido en este anexo sólo serviría para «iniciar los trámites administrativos pertinentes» y en cualquier caso se garantizaría que «no se generen derechos para el interesado, tales como autorizaciones de acceso y/o conexión a la red de transporte, declaración de impacto ambiental o autorización administrativa, entre otros».

De hecho, «antes de dictar las resoluciones que corresponda podrá acordarse la suspensión en los procedimientos administrativos relativos a las instalaciones hasta la inclusión de las mismas en la planificación eléctrica vinculante». Y, a través de una enmienda acordada con CiU, finalmente también se especifica que el contenido del anexo podrá ser modificado bajo los mismos supuestos.

El proyecto de ley de Metrología también incorpora otras enmiendas, entre ellas dos que permiten preservar la participación autonómica en el control de los sistemas de medida y peso.

La Comisión parlamentaria de Industria dio luz verde al texto con el voto a favor del PP y el rechazo de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU a pesar de que entre los trámites de ponencia y comisión se aceptaron nueve enmiendas socialistas, dos de los nacionalistas catalanes, que también vieron transaccionadas cinco de sus propuestas; y una transacción más a una enmienda del PNV. No obstante, muchos de los cambios son meras correcciones técnicas.

No obstante, se eliminó la referencia a que el informe del Consejo Superior de Metrología, en el que estarán representados todos los niveles de la administración, dará por cumplida la participación de las comunidades autónomas. Además, se incluyó una apostilla para encargar a la Comisión de Metrología Legal o a la Comisión de Laboratorios Asociados al Centro Español de Metrología las directrices que éste fije en esta materia.

Controles e infracciones

Dado que se abre la puerta a habilitar con una declaración responsable a entidades privadas para realizar la evaluación o las verificaciones sobre el control metrológico del Estado, también se decidió aclarar que serán «organismos notificados los que actúan en la evaluación de la conformidad de los instrumentos sometidos a la legislación armonizada por la Unión Europea».

En concreto, los organismos de control metrológico actuarán durante la fase de evaluación de la conformidad de los instrumentos sometidos a la legislación nacional, mientras que los organismos autorizados de verificación metrológica intervendrán en la fase de instrumentos en servicio.

En cuanto a las infracciones, se incluye entre las de carácter leve el emplear instrumentos que, estando sometidos al control del Estado, no hayan superado las fases establecidas legalmente, «siempre y cuando no se ponga en riesgo el bien del interés protegido», una actitud que será considerada infracción grave.

En cuanto al organismo competente para sancionar, el proyecto de ley asigna esta responsabilidad a la administración donde se encontrara el instrumento de medida en el momento en que se produjo la acción que dé lugar al expediente sancionador.

Además, se precisó que todas las medidas de control que el Estado puede llevar a cabo sobre los instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas de medida y programas informáticos que sirvan para medir y contar deben ser «proporcionadas en relación con el interés público perseguido» y deben poder obtenerse «de la forma menos costosa para los operadores económicos».

La ley unifica la normativa existente desde 1985

La Ley de Metrología actualiza el marco legal del sistema de medidas, vigente desde 1985, unificando y clarificando la normativa, incorporando las directrices internacionales y mejorando el control de los instrumentos de medida, lo que dará, según el Ejecutivo, una mayor calidad en los instrumentos de medición y en la seguridad jurídica de las mediciones.

Como principal novedad, la ley recoge la obligatoriedad de utilizar el Sistema Internacional de Medidas, que va más allá de las tradicionales unidades de medida al incluir no sólo las unidades, su nombre y definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura y el uso de múltiplos y submúltiplos.

Por otra parte, se define el alcance del control metrológico del Estado, los elementos que se someten a control, las fases que comprende, sus procedimientos de vigilancia e inspección, el tratamiento de las modificaciones y reparaciones realizadas durante la vida útil de los instrumentos y la regulación metrológica de los productos preenvasados.

El control metrológico del Estado es el conjunto de actividades que contribuyen a garantizar la certeza y corrección del resultado de las mediciones, los procedimientos adecuados para su utilización, mantenimiento, evaluación y verificación, así como la tipología y obligaciones de los agentes intervinientes.

Los elementos sometidos a este control son aquellos instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas de medida y programas informáticos que sirven para medir o contar y que sean utilizados por razones de interés público, salud y seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente, protección o información de los consumidores y usuarios, recaudación de tributos, cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales y establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal.

Además, el proyecto de ley modifica diversos artículos de la normativa de Industria de 1992 para mejorar las garantías que los productos e instalaciones industriales cumplan los requisitos técnicos de seguridad y protección del medio ambiente. Así, obliga a que los organismos de control que deben verificar la conformidad de las instalaciones y productos industriales dispongan de una acreditación como medio de evaluación de su competencia técnica, independencia e imparcialidad.

Durante su intervención en la clausura de las jornadas del Capítulo Ibérico del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Soria aseguró que «algunos de los resultados de la reforma ya se pueden ver en la disminución de precios y en el mejor déficit» de tarifa.

«A la vista de los buenos resultados, hay que persistir en la reforma», añadió el ministro, antes de destacar la importancia de las reformas no solo en España, sino en América Latina.

Por su parte, la ministro de Fomento, Ana Pastor, aprovechó el acto para expresar el «compromiso» de España con América Latina, basado en una «relación de reciprocidad».

«La política del Gobierno pasa por seguir poniendo en valor la condición de socios privilegiados para lograr una rentabilidad bidireccional. España aspira a ser la base europea para las inversiones latinoamericanas», señaló.

Así lo señaló Soria en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), en la que adelantó que tras la aprobación del sistema retributivo del gas, en las próximas semanas llegará el resto de la reforma del mercado gasista.

Soria sostuvo que con la reforma gasista, junto a la del sector eléctrico, se busca conseguir unos costes energéticos «más racionales» que los registrados hasta la fecha, tras el aumento del 70% en términos acumulativos entre los años 2004 y 2012.

«Eso resta competitividad, capacidad y músculo industrial», apostilló Soria, quien volvió a reiterar que «si siguen así las cosas», y en base a los precios a futuro que marcan los mercados, este año habrá un descenso de la factura de la luz «incluso superior al del año pasado», cuando disminuyó un 3,7%, según el INE.

«España podría ser parte de la solución al suministro de gas ruso»

En cuanto al asunto de Ucrania, el titular de Industria indicó que un «primer problema» y el «más importante» es que en este país el 85% de la calefacción se alimenta con gas, y el 15% restante con petróleo que «tampoco tengo garantía plena de que puedan suministrarse con petróleo».

Desde un punto de vista del suministro, Soria explicó que «hay países europeos más o menos vulnerables», por ejemplo, España «no depende del gas ruso», al importar gas, en un 50% procedente de Argelia, a través de dos oleoductos y mediante siete regasificadoras de gas natural licuado existentes en la península.

«España podría ser parte de la solución a un problema de suministro de gas ruso a Europa porque tenemos capacidad suficiente para poder suministrar», aseveró Soria, si bien matizó que se cuenta con esta capacidad «teóricamente» al no contar con interconexiones de gas suficientes con Francia. «No lo tenemos porque llevamos muchos años como si fuese una cuestión bilateral cuando es una cuestión multilateral, que afecta a toda Europa», añadió Soria al tiempo que dijo esperar que la Comisión Europea aborde este asunto como una «cuestión europea».

A este respecto, Soria destacó que es «muy importante» para España que el exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, nombrado como nuevo comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, sea el responsable de unos de los asuntos más importantes «en cualquier agenda política y económica en todo el mundo».

Precisamente sobre la designación de Arias Cañete, el titular de Industria recordó que los socialistas españoles se comprometieron a que si el grupo popular europeo votaba al candidato socialista para la presidencia del parlamento europeo, ellos votarían al candidato popular. «No es una buena forma de comenzar la agenda europea incumpliendo de esa manera un compromiso institucional como se había asumido», reprobó Soria.