La CNMC discrepa de Red Eléctrica y aconseja no invertir en el mallado de la red de transporte de energía

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EFE / Servimedia.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte de que no se debe seguir invirtiendo en el mallado de la red y de que habría que redistribuir el reparto de las inversiones en la red de transporte para evitar sobrecostes al sistema y considera que debe modificarse la previsión de la evolución demanda eléctrica para los próximos años. Según cálculos del organismo, la demanda eléctrica aumentará una media del 1,7% hasta 2020.

Así lo señala el regulador en su informe sobre la Propuesta de Planificación de la red de transporte de energía eléctrica 2015-2020, en el que recoge una serie de modificaciones que deberían incluirse en el documento que servirán de referencia para el sector eléctrico nacional en los próximos seis años. Entre otros aspectos, la CNMC revisa las previsiones de la demanda, la planificación de la red de transporte o la necesidad de actualizar el documento de planificación al menos cada tres años para, en consecuencia, alcanzar eficiencias económicas y ambientales.

En concreto, sobre la previsión de la demanda de electricidad, la CNMC estima que aumentará de media un 1,7% entre 2015 y 2020, con un crecimiento más moderado en 2015 y 2016, acorde con la recuperación económica y otros factores de eficiencia. Mientras, en el periodo 2017-2020, la tasa de crecimiento rozará el 2%. Por el contrario, la propuesta de Industria señala un crecimiento medio de la demanda de electricidad del 2,3% entre 2013 y 2020. Por lo que respecta a la prospectiva de demanda energética, la CNMC considera que se debería actualizar la previsión de la evolución económica y la de los precios energéticos.

De la misma manera, apunta que la previsión de precio mayorista de la electricidad en 45 euros el megavatio hora (MWh) hasta 2020 contemplado por Industria es «coherente» con la cotización actual, pero que «sería conveniente que el análisis coste-beneficio contemplara diferentes hipótesis de precios», para adaptar las inversiones. En cuanto a gestión de la demanda, la propuesta prevé que los diferentes mecanismos, incluidos los contadores inteligentes, permitan rebajar en 1.500 megavatios (MW) la demanda punta, el momento del día de mayor consumo.Además, estima que en 2020 el parque de vehículos eléctricos habrá alcanzado las 500.000 unidades, lo que supondrá que suba la demanda en 1,5 teravatios hora (TWh).

En cuanto a la calidad del servicio en la planificación de la red de transporte, la Comisión «coincide con el Operador del Sistema (Red Eléctrica) en los problemas que ha detectado». Sin embargo, la CNMC considera que algunas soluciones apuntadas «no cumplen el principio del mínimo coste para el sistema», tal como se exige en la Ley del Sector Eléctrico. De esta forma, cree que «continuar invirtiendo en el mallado de la red, provoca un sobrecoste para el sistema eléctrico, que podría evitarse», y discrepa de la propuesta de cerrar subestaciones construidas, «medida que implica onerosas inversiones en la red de transporte y de distribución».

El Ministerio de Industria prevé que la inversión en la red de transporte eléctrico entre 2015 y 2020 se sitúe en 4.411 millones de euros, según este informe. El conjunto de inversiones prevista se sitúa, de acuerdo a este documento, en 4.541 millones, de los que se deducen 130 millones correspondientes a la estimación de ayudas europeas para contribuir a una economía baja en carbón. La mayor partida de estas inversiones, 1.300 millones, se dedicará a mejorar el mallado, el refuerzo de la red, mientras que 980 millones serán para seguridad de suministro, 971 millones para interconexiones y 706 millones para apoyo a la distribución.

Por áreas geográficas, 2.793 millones corresponderán a la Península, 885 millones a Canarias y 245 millones a Baleares, a los que se añaden 383 millones para conexiones entre islas en Baleares, 129 millones para la conexión entre Ceuta y la Península y 106 millones para las conexiones entre islas en Canarias. Más de la mitad de las inversiones previstas, 2.619 millones, corresponden a actuaciones que ya están en marcha, mientras que el resto obedecen a necesidades identificadas por seguridad de suministro, solicitudes de conexión o redes necesarias para el ferrocarril de alta velocidad, entre otros.

Por otra parte, el organismo presidido por José María Marín Quemada considera que la propuesta de planificación debería haber incluido una memoria económica justificativa, que contemple la metodología europea y la valoración económica de otros criterios que se emplearon para su elaboración. Asimismo, discrepa en la planificación de las infraestructuras eléctricas que se construirán hasta 2020 y su estimación económica al considerar que debería replantearse el reparto previsto de la inversión entre las actuaciones por mallado de la red de transporte (80%) y las otras actuaciones asociadas a la demanda o a la generación (20%).

Nueva demanda de arbitraje presentada por inversores alemanes contra España ante el Ciadi por la normativa renovable

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Europa Press / EFE.- Los inversores KS Invest GmbH y TLS Invest GmbH presentaron una nueva demanda de arbitraje contra España ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los cambios en la normativa renovable, según los datos ofrecidos por el organismo. Con esta demanda, España suma 15 procesos abiertos por cuestiones renovables ante el organismo para la resolución de conflictos entre inversores y países del Banco Mundial. Los inversores alemanes concentran más de un tercio de las denuncias: 6 de 15.

De hecho, los 16 arbitrajes a los que se enfrenta España, contando también un proceso por cuestiones inmobiliarias, la colocan como el tercer país del mundo con más casos pendientes en el Ciadi, solo por detrás de Venezuela y Argentina. La última de las denuncias fue presentada por dos firmas alemanas, KS Invest y TLS Invest. Hace apenas diez días, un grupo inversores alemanes presentó una denuncia similar. Estos dos arbitrajes de origen alemán se suman a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país: Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.

Las demandas de arbitraje contra España han llegado progresivamente desde noviembre de 2013. La de KS y TLS es la séptima presentada en lo que va de año. Están en juego cientos de millones. Recientemente, el Ciadi registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo. Anteriormente, el Ciadi había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos.

Se trata de empresas y fondos que acudieron a España atraídos por las generosas ayudas que ofrecía el Gobierno para animar la inversión en renovables, con la que se consiguió situar al país a la vanguardia de estas tecnologías. Pero el acelerado desarrollo, que no contaba con límites de instalación, provocó una cierta burbuja que encareció de forma creciente el recibo eléctrico y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes retributivos. Las demandas no se dirigen contra una normativa concreta sino a los sucesivos cambios regulatorios, que han afectado especialmente a las tecnologías solares  y que posteriormente se culminaron con el cambio de modelo retributivo renovable.

Tras conocerse hace un año el primero de estos litigios contra España, el ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades del 20%, lo que «no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría». Aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar internacionalmente también a España.

Soria recuerda que la interrumpibilidad no sirve para gestionar el empleo sino la demanda eléctrica

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recordó que el sistema de interrumpibilidad, por el que se paga a determinadas industrias por estar dispuestas a desconectarse del sistema cuando este lo necesita, no es una herramienta más para gestionar el empleo, sino para gestionar la demanda eléctrica, aunque no ha aclarado si tiene intención de convocar una nueva subasta en las próximas semanas ni en qué condiciones.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la diputada socialista Mariví Monteserín preguntó a Soria si piensa que la subasta de interrumpibilidad es la mejor fórmula para mantener el empleo en las empresas electrointensivas y le reprochó el «sufrimiento» que su falta de respuesta a la situación de estas empresas causa a los trabajadores de las comarcas asturianas y gallegas donde están instaladas empresas como Alcoa. «Sus políticas cortoplacistas producen estrés social a consecuencia de la incertidumbre, la inseguridad y la falta de soluciones a medio plazo, imprescindibles para evitar cierres y deslocalizaciones silenciosas o explícitas», insistió la diputada, que considera que el sistema de subastas anuales de la interrumpibilidad está generando un «gravísimo problema«.

Además, Monteserín criticó que tanto el Ministerio como Red Eléctrica de España (REE) estén «aferrados y enrocados en su error» y mantengan el sistema, anunciando «supuestamente» una nueva subasta para las «próximas semanas«. Y es que, según la diputada, los costes eléctricos en algunas empresas intensivas en consumo pueden llegar a suponer «siete veces el coste laboral», lo que hace «imposible competir en el mercado mundial con este lastre«. «Usted es ministro de Industria, no sólo de Turismo, pero en más de tres años nunca se ha acercado a conocer nuestra realidad. Solucionar este problema depende de su voluntad, desgraciadamente hasta ahora para nosotros», concluyó.

Sin embargo, José Manuel Soria recordó a la portavoz socialista que la política de interrumpibilidad es «una herramienta para la gestión de la demanda eléctrica» y no para la gestión del empleo, que requiere de «políticas económicas para corregir los desequilibrios, tales como la consolidación fiscal, y de reformas estructurales, entre ellas la energética«. En este sentido, defendió que la Ley del Sector Eléctrico de 2013 permitió convertir el déficit energético en superávit, estabilizar y bajar posteriormente los precios de la energía, congelar los peajes que financian las actividades reguladas del sistema y que no dejaban de subir, o bonificar el 85% del Impuesto de la Electricidad a las empresas electrointensivas, sean grandes o pequeñas.

Además de estos avances, la industria también cuentan con el sistema de interrumpibilidad, que el año pasado pasó de un procedimiento administrativo a una subasta «a petición del propio sector», que temía que sucediera como en Italia, a la que la Unión Europea multó con 300 millones de euros por un sistema similar que fue considerado ayudas de Estado. «Por eso se hizo el sistema de subastas, que gestiona el operador del sistema bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que tiene la enorme bondad de ser un mecanismo competitivo al que se pueden presentar todas las empresas electrointensivas», concluyó Soria, sin aclarar si convocará una subasta próximamente ni en qué condiciones.

Los pagos por interrumpibilidad antes se asignaban «administrativamente», como ha explicado Soria, pero desde el pasado año se conceden mediante una subasta, por la que los distintos lotes van a parar a las industrias que realizan pujas más competitivas. Esto generó cierta polémica porque algunas grandes industrias que tradicionalmente habían disfrutado de esta retribución no lograron entrar en la primera fase de la puja, por lo que amenazaron con cerrar sus plantas. Finalmente, se realizó una segunda fase para asignar los lotes que no se habían adjudicado e Industria planteó que la subasta para el próximo año se realizaría con más tiempo, antes del verano.

Soria dice que los 100 millones de euros de superávit eléctrico de 2014 se destinarán a disminuir el déficit acumulado

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cifró en torno a 100 millones de euros el superávit registrado en el ejercicio 2014 en el sistema eléctrico, y aseguró que este mayor volumen de ingresos se destinará a disminuir los más de 22.000 millones de euros de déficit acumulado y no a abaratar el recibo de la luz.

La cifra definitiva no se conocerá hasta el próximo mes de noviembre cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publique la cifra definitiva. En todo caso, Soria recordó que, en los años en los que se ha registrado déficit, este endeudamiento del sistema eléctrico generaba un coste adicional por amortizaciones e intereses que se iba incorporando a la factura eléctrica de familias y empresas. Por ello, subrayó Soria, «de acuerdo con la ley del sector eléctrico, cuando haya superávit en el sistema no puede ir encaminado a disminuir la tarifa mientras siga existiendo déficit acumulado desde 2001«, que en la actualidad se sitúa por encima de los 22.000 millones de euros.

Asimismo, auguró que conforme a los ingresos y la evolución de los costes en lo que va de año «lo normal» es que en 2015 el sistema vuelva a arrojar un superávit, aunque no se aventuró a concretar posibles cifras. Para cuantificar el superávit final de 2015 será necesario esperar a la liquidación definitiva del ejercicio en noviembre de 2016. «Es una buena noticia que en el sistema eléctrico por primera vez en los últimos 14 años no estemos hablando de generación de déficit en términos de diferencia entre ingresos del sistema y costes de actividades reguladas sino que estemos hablando de un superávit«, añadió.

De la confusión en el debate sobre el autoconsumo: ¿fomento, discriminación positiva o discriminación negativa?

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El torrente informativo que ha provocado la propuesta de regulación del autoconsumo nos debe hacer recapacitar sobre tres posiciones diferenciadas pero que se están poniendo de manifiesto de forma confusa pero intencionada en este debate.

En primer lugar, en algunos medios de comunicación se lee la reclamación de que el Estado “fomente”, es decir que subvencione o beneficie las instalaciones en régimen de autoconsumo. Determinados sectores renovables reclaman esta opción, haciendo una grosera comparación con las políticas incentivadoras existentes en ciertos estados de Estados Unidos donde, por otra parte, existen graves problemas en las redes y, por tanto, su fomento está justificado. Algo que en España no es así, dada la capacidad existente en nuestras redes de transporte y distribución, el desarrollo renovable alcanzado y la potencia instalada de generación de nuestro país. Una posición de “fomento”, subvencionadora del autoconsumo, sería un despilfarro actualmente inasumible.

Una versión light de este fomento del autoconsumo sería la exoneración a las instalaciones en régimen de autoconsumo de los costes de acceso (por otra parte, engrosados por partidas que deberían afrontarse en los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la política de renovables pasada) y del impuesto a la generación que deben pagar todos los usuarios cuando utilizan energía generada en el régimen especial. En este caso, estaríamos hablando de discriminación positiva, entiéndase a favor del autoconsumo, frente al resto de consumidores. Tanto esta fórmula como la anterior provocaría un abandono del sistema general de suministro actual, al incluir incentivos para hacerlo, de forma que los consumidores restantes se tuvieran que hacer cargo del sistema, haciéndolo insostenible a medio plazo.

En tercer lugar, y de forma maniquea en el otro extremo, se sitúa la discriminación negativa, consistente en aplicar un conjunto de costes a la actividad que la hicieran prácticamente inviable. Es decir, un modelo disuasorio, que fuera más allá de la lógica económica, jurídica y moral aplicable. De hecho, quienes promueven las instalaciones en autoconsumo, son conscientes de la necesidad de utilización de los servicios de la red, por lo que, es necesario que participen y sufraguen los mismos. Lo que sí está claro es que el sector eléctrico es un sector en red y la solución debe proporcionarse en la red y asumiendo los costes de la red.

El autoconsumo puede ser en el futuro para el PP lo que la fotovoltaica, con su retribución, su regulación y su desmadre, ha sido al PSOE. Proponer una legislación disuasoria y extremista puede ser un bumerán para los populares. Por tanto, la pregunta es si el modelo propuesto, más cercano a la tercera vía que apuntamos, tiene visos de que se virtualice en una norma legal futura, así como si esta regulación propuesta va a gozar de estabilidad con posterioridad al cierre de este legislatura.

A la vista de la situación de nuestro modelo de suministro, la solución razonable pasa, evidentemente, por no subvencionar el modelo de autoconsumo, ni incentivarlo por la vía de discriminaciones positivas hacia el mismo, con el fin de no aumentar la sobrecapacidad conjunta del sistema, ni generar nuevas tensiones. No hay razón para ello. Al mismo tiempo, lo lógico es que se calculen los costes que deben afrontar estas instalaciones en paridad de condiciones con cualquier otro consumidor, evitando una discriminación positiva o negativa con el resto de consumidores.

Se hace necesaria una solución en red y con visión global.

El PSOE exige a Soria que informe al Congreso sobre cómo se aplicará la nueva tarificación eléctrica por horas

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Europa Press / EFE.- El portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia para que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, informe sobre los pormenores del nuevo sistema de tarificación eléctrica inteligente, que empezará a aplicarse este verano, en aras a facilitar la adaptación a los consumidores, explicándoles las consecuencias que tendrá.

El diputado explica que «los consumidores deben saber que la nueva norma incorporará la facturación eléctrica por horas para los usuarios que ya dispongan de contador con telemedida, que permite valorar en qué franja horaria sale más a cuenta programar sus hábitos de consumo«. «Una buena comunicación a los consumidores posibilitará tomar conciencia y ajustar su conducta en materias como, por ejemplo, delimitar las franjas horarias para utilizar determinados electrodomésticos aprovechando los horarios en los que la electricidad tenga un coste más reducido«, insiste Segura.

A juicio del diputado socialista, esta nueva tecnología debe orientarse a «buscar automatismos para que el contador con telemedida aporte instrucciones a los dispositivos electrónicos, especialmente de calefacción o aire acondicionado, para activarse cuando más barata sea la energía, favoreciendo en consecuencia no sólo las economías familiares sino también la eficiencia energética del país«. Por eso, reitera José Segura, es «fundamental» que el ministro dé explicaciones en sede parlamentaria sobre el procedimiento técnico para que las comercializadoras comiencen a aplicar de manera real el precio de la corriente eléctrica doméstica por horas así como el nuevo sistema de tarifa protegida.

Esta semana Segura también registró otra solicitud de comparecencia del ministro Soria ante la Comisión parlamentaria de Industria para que dé cuenta del, a su juicio, «nuevo golpe al autoconsumo eléctrico» que está preparando su departamento con el borrador de decreto de Regulación de las condiciones de suministro y de producción de energía eléctrica con autoconsumo que mantiene los peajes de respaldo y establece «un cargo asociado al resto de sistema», lo que, según Segura, «desincentivará aún más las inversiones en autoconsumo con medidas disuasorias«.

El Gobierno quiere una norma con «cobertura comunitaria» para el carbón

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Servimedia / Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno pretende conseguir una norma con «cobertura comunitaria» para el carbón nacional y que «siga siendo una parte importante del mix energético«. Así lo señaló Soria durante su intervención en el pleno del Senado, en el que explicó que el diseño del nuevo sistema pasa por incentivos a las inversiones para la desnitrificación de centrales térmicas.

Soria explicó que el objetivo es que el nuevo sistema esté operativo para que «el resultado sea el mismo» que con el anterior, de ayudas directas, y «se pueda seguir quemando carbón nacional» ya que «de otra forma no se quemaría por razones de precio y eficiencia«. Tras vencer el real decreto, Soria recordó que actualmente no hay ninguna norma en virtud de la cual se pueda obligar a las centrales a quemar carbón nacional como ya «se sabía en el mismo momento en el que se aprobó» en 2010.

«El Gobierno pretende que haya una norma con cobertura comunitaria», sostuvo Soria, quien precisó que la normativa se encuentra en trámite en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se requerirá que la orden ministerial tenga el visto bueno de las instituciones comunitarias. En este sentido, hizo hincapié en que la legislación en materia de reestructuración y ayuda al sector de la minería del carbón «trae causa de directivas comunitarias que nos podrán gustar más o menos pero que tenemos que cumplir». «Así se ha conducido el Gobierno y así va a seguir siendo; queremos que el carbón siga siendo parte importante del mix energético«, agregó.

Por su parte, el senador de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias, manifestó su inquietud por el estado del carbón en el caso de que el ministro deje su cargo próximamente ya que «hay quien pide su cabeza desde el Partido Popular de algunas comunidades autónomas como consecuencia del carbón». Por ello, Iglesias cuestionó «si va a dejar resuelta de manera satisfactoria esta cuestión«. Además, apuntó que en los cinco primeros meses del año se produjeron 1,1 millones de toneladas de carbón y que «a este ritmo en 2015 se conseguiría una producción de 1,5 millones, aproximadamente el 20% de las previsiones para el plan». El senador recordó que el 2014 ya «fue considerado «catastrófico con una producción de 3,7 millones».

Soria ve su gestión «más que aceptable» aunque admite que es «mejorable»

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, hizo un balance «mejorable», pero «más que aceptable», de la política de su departamento en esta legislatura, al tener España «más industria», ser «más digital», «haber eliminado el déficit de tarifa junto con una reducción de los precios de la luz» y volver al «pódium mundial» en turismo.

Así lo señaló el ministro durante su intervención en el pleno del Congreso, ante una pregunta de la parlamentaria socialista Pilar Lucio, quien acusó al ministro de tomar decisiones «contrarias a los intereses de nuestro país» y le recordó que «incluso su propio partido ha llegado a pedir su dimisión», en alusión al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.

Soria dijo hacer un balance «mejorable, pero más que aceptable», de la gestión de Industria desde 2011, ya que «en España hay más industria que hace cuatro años» y la energía es «más sostenible» desde el punto de vista medioambiental, económico y financiero que entonces, como se aprecia en la evolución del déficit de tarifa». Además, el titular de Industria recordó que la evolución alcista de los precios de la electricidad entre 2004 y 2012 se saldó con un incremento acumulado del 82%, mientras que los precios bajaron en 2013 y 2014 «por primera vez en los últimos 12 años».

Por su parte, Lucio acusó a Soria de aplicar una «política letal» con las renovables y de tomar «decisiones en la dirección contraria a los intereses del país, de las empresas grandes y pequeñas, y de los consumidores». «Amparándose en informes inexistentes perpetró el hachazo a las renovables, un engaño sin precedentes para un sector puntero», y «el real decreto de autoconsumo parece una propaganda disuasoria» que hace «imposible para la ciudadanía» lo que «debería ser un derecho civil», afirmó.

En este sentido, José Manuel Soria subrayó que «estamos metiendo el autoconsumo en un decreto» que por primera vez regula esta actividad. Al respecto, el ministro explicó que aquel usuario que se decante por el autoconsumo «no tiene que pagar energía al operador, ni impuestos ni peajes por la red» en instalaciones que permanezcan aisladas, pero el autoconsumidor que quiera eventualmente engancharse a la red para abastecerse cuando no esté generando «tiene que pagar las infraestructuras energéticas porque de lo contrario el resto de consumidores estarían pagando lo que consume».

De esta manera Soria respondió a las críticas vertidas desde distintos ámbitos en los últimos días después de que se enviase a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de real decreto de regulación del autoconsumo. Esta normativa, tal y como estaba previsto desde la aprobación de la reforma energética en 2013, prevé que los autoconsumidores conectados a la red paguen un peaje para contribuir a sufragar los costes del sistema, un cargo que el sector considera inasumible porque elimina toda rentabilidad de la actividad.

Soria descarta retirar a Repsol su permiso para explorar en Canarias porque habría que indemnizarla

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Redacción / Agencias.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, descartó retirar a Repsol de forma anticipada la autorización para buscar hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias, porque supondría tener que indemnizar a la petrolera. Por ello, Industria no se ha planteado retirar a Repsol su autorización para realizar prospecciones «por el hecho de que no tramite formalmente esa renuncia».

Soria indicó que es un procedimiento reglado y que ningún Gobierno puede actuar al margen del procedimiento. El ministro explicó que, en virtud de la autorización administrativa, Repsol tiene tres años para perforar dos pozos en aguas cercanas a Canarias y que a partir de ese momento el permiso se consideraría extinguido. Por ello, Soria indicó que si el Gobierno unilateralmente «fuera a obligar esa renuncia sería el Gobierno quien tuviera que indemnizar al operador si se hiciera antes de esos tres años» en los que está vigente la autorización.

Repsol anunció en enero la «mala noticia», según Soria, de la renuncia a continuar con el proyecto tras la realización de un único sondeo, después de hallar gas con una calidad y cantidad insuficiente para su explotación comercial, y como consecuencia, no continuará con un segundo sondeo. Por su parte, el senador Fuentes (PSOE) señaló que ha habido un incumplimiento en la concesión, que no hay derechos «indemnizatorios» y que la empresa se ha marchado unilateralmente una vez no ha encontrado nada en esa zona.

Industria asegura que la nueva regulación «no penaliza el autoconsumo» ni impide usar baterías

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Europa Press.- El Ministerio de Industria asegura que la nueva regulación «no penaliza el autoconsumo» ni impide usar baterías ya que recuerda que el real decreto en el que trabaja «sólo es de aplicación en las instalaciones conectadas a la red, no en las aisladas«, indican fuentes del departamento dirigido por Soria, que indican que el objetivo es permitir la «correcta utilización de las distintas modalidades de autoconsumo» y procurar «un reparto equitativo de los costes asociados a su desarrollo que garantice la necesaria sostenibilidad económica del sistema».

En todo caso, Industria considera que «no se puede evadir el pago de peajes si se utiliza la red cuando no hay sol o viento» y que «no hay que dar ventaja a los que autoconsumen frente a los que no lo hacen«. «Habrá que abonar un peaje por la utilización de la red», pero «no hay ningún impuesto». «De no ser así el resto de los consumidores estaríamos pagando o financiando una parte de ese autoconsumo», indican las fuentes.

Sobre el uso de baterías de acumulación, Industria asegura que los autoconsumidores podrán usar baterías y «no pagarán un peaje especial». «La energía necesaria para cargar la batería pagará su peaje correspondiente y el usuario la podrá utilizar cuando lo estime oportuno. En el caso de que esa energía proceda de autoconsumo se le dará el mismo tratamiento que al resto de autoconsumos. Por el hecho de acumular energía en una batería, no se pagará ningún peaje especial«, afirma Industria.

Por otro lado, Industria asegura que el real decreto de autoconsumo estará aprobado en esta legislatura y destaca que el autoconsumo en las islas «sí puede reducir los costes del sistema, al contrario de lo que sucede en la Península». «Generar con placas fotovoltaicas en las islas es más barato que la actual generación de electricidad con fuel, además de ser más limpio medioambientalmente. Debido al ahorro que genera para el conjunto del sistema, se le dispensa de una parte del peaje que corresponde al autoconsumo», añaden las fuentes ministeriales.

Soria habla de las baterías

El ministro Soria aseguró que el borrador de real decreto sobre autoconsumo no recoge «ningún tipo de mención» a un peaje para gravar el almacenamiento de electricidad en baterías por parte de los consumidores, e insistió en que lo único que se está planteando el Gobierno es cobrar por utilizar la red general. «Lo que hay es lo que hemos dicho desde el principio: Si alguien quiere producir su propia energía y consumirla no tiene que pagar ningún tipo de canon ni impuesto, sólo la instalación que se haga en su casa. Pero si además quiere estar enganchado a la red entonces tendrá que abonar un peaje por la utilización de esa red», señaló Soria.

A renglón seguido, Soria justificó la necesidad de este peaje de respaldo alegando que no imponerlo «equivaldría a que el resto de consumidores estarían financiando una parte» del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores, por lo que lo justo es «pagar por aquello que se está utilizando» ya que la asunción de este coste de la red sólo por una parte de los consumidores «no se da en ningún país del mundo». Pero Soria, que recordó que el autoconsumo tendrá una regulación por primera vez en España con este Gobierno, niega que haya un recargo para el almacenamiento de electricidad en baterías por parte de los consumidores.

El decreto 1699/2011 ya prohibió la posibilidad de intercalar una batería entre la instalación de generación y el equipo de medida. Sin embargo, los nuevos paneles solares incorporan en algunos casos baterías que ya no se encuentran intercaladas en el circuito y que, por tanto, podrían ser susceptibles de utilizarse sin trabas regulatorias. El director general de GeoAtlanter, Jorge Morales de Labra, asegura que se fija un nuevo cargo del que quedan excluidas las instalaciones que no lleven acumuladores, por lo que los autoconsumidores sufrirán una penalización por usar los sistemas de almacenamiento que ya incorporan los nuevos paneles solares, que sólo podrán usar si no los conectan a la red eléctrica y disponen por tanto de una instalación aislada.

Concretamente, el gravamen se aplica sobre la potencia y oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15 kW conectadas en baja tensión. Este importe, según Morales de Labra, será suficientemente disuasorio. Las baterías incorporadas a las placas solares suelen tener una autonomía media de unas dos horas y su uso está siendo incentivado por reguladores como los de Alemania, que ven en ellas una solución para no concentrar los vertidos de electricidad a la red a las mismas horas.

El borrador de Industria también señala en su artículo 10 que la electricidad excedentaria que los autoconsumidores puedan verter a la red no tendrá ninguna contraprestación económica. Este aspecto podría animarles a almacenar su electricidad para consumirla en las horas en las que no haya sol. Industria sí permitirá a los consumidores conectados en alta tensión y que realicen actividades empresariales tener una retribución por verter electricidad que no pueda ser consumida en su propia instalación, aunque sujeta a condiciones. A estos autoconsumidores en alta tensión se les permitirá implantar sistemas de ahorro y eficiencia, si bien los generadores y las baterías de almacenamientos quedarán también excluidos de esta modalidad.