Industria eleva un 1,4% la retribución a Red Eléctrica por el transporte de electricidad en 2016, hasta los 1.677 millones

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo propuso una retribución para Red Eléctrica de España (REE) de 1.677,5 millones de euros para el ejercicio 2016 por su función como principal transportista de electricidad, lo que supone un incremento del 1,4% con respecto al año anterior.

Según consta en la propuesta de orden ministerial de retribución para las empresas titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para 2016, el Gobierno propone un esquema retributivo para estas instalaciones de 1.705,56 millones de euros. Esta cifra es ligeramente superior a los 1.690,55 millones de euros previstos para 2015. El grueso, 1.677,5 millones de euros, corresponden a REE, propietario de la mayor parte de estas instalaciones de transporte de electricidad, que tuvo reconocidos unos ingresos de transporte en 2015 de 1.653,8 millones de euros. Asimismo, la propuesta recoge una retribución de 27,17 millones de euros a Unión Fenosa Distribución (Gas Natural Fenosa), de 662.105 euros a Vall De Sóler Energía y 209.356 euros a Estebanell y Pahisa Energía.

5.114,72 millones para la distribución.

Asimismo, Industria propuso también su orden para establecer la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para este año, que prevé que ascienda a 5.114,72 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 3% con respecto a la previsión para el ejercicio 2015, que supera los 4.900 millones de euros. De esta cifra total, la mayor parte corresponderá a las tres principales compañías eléctricas. Endesa recibirá 2.013 millones de euros, Iberdrola ingresará 1.647 millones de euros y Gas Natural Fenosa percibirá 733 millones de euros, según El Economista. Por su parte, EDP España percibirá 182 millones de euros y Viesgo unos 150 millones de euros.

Soria ve «buenas perspectivas» de que Bruselas acepte los nuevos incentivos al carbón mientras recibe críticas desde Castilla y León

Redacción / Agencias.- La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, criticó que el Ministerio de Industria lleva en funciones “desde antes” de las elecciones generales del pasado diciembre y reivindicó nuevamente una solución a los problemas de la minería. Por su parte, el ministro José Manuel Soria asegura que existen «buenas perspectivas» de que la Comisión Europea dé el visto bueno a sus propuestas sobre incentivos a la quema de carbón nacional.

Aunque han llevado tiempo las negociaciones con la Unión Europea para establecer un mecanismo que permita al Gobierno seguir ayudando a las centrales térmicas a comprar carbón nacional al menos hasta el 31 de diciembre de 2018, Soria cree que se ha llegado a una solución, ya que propusieron una alternativa y «hay buenas perspectivas”. “Aunque todavía no han respondido, se espera que lo hagan más pronto que tarde”, apuntó Soria respecto a la posibilidad de “reactivar nuevamente” el sistema de ayudas al carbón nacional.

Industria presentó su propuesta ante la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager. Soria explicó que lo que se solicita no son ayudas de Bruselas, sino que se reconozcan como «ayudas compatibles,» provenientes de recursos públicos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, y no sean declaradas ayudas de Estado ilegales. «El problema es que «Bruselas las autorice o no», señaló antes de explicar que, desde que venciera el marco regulatorio en diciembre de 2014, el Ministerio trató de «arbitrar un mecanismo que pueda sustituir al anterior para garantizar la compra del carbón nacional a las empresas mineras».

En funciones, «antes del 20-D”

Por otro lado, la consejera de Castilla y León criticó que, en lo que atañe al carbón nacional, Industria parece que está en funciones desde hace más tiempo que desde el pasado 20-D.No obstante, Del Olmo añadió que está «insistiendo» ante los responsables ministeriales para que se tome alguna medida inmediata que contribuya a la resolución de los problemas que afectan a las explotaciones mineras y a las propias centrales térmicas de la comunidad.

«Seguimos luchando con el Ministerio», ha resumido la consejera, convencida de que «hay cosas urgentes» como la concesión de las ayudas comprometidas y que se apruebe el establecimiento de algún mecanismo que favorezca el consumo del carbón autóctono, ya que esto daría viabilidad a su extracción.En último lugar, Del Olmo ha dejado caer que si finalmente la opción del Ministerio se alarga, la Junta de Castilla y León es partidaria de que sea la vía parlamentaria, en el Congreso, la que desbloquee la situación, aunque no concretó más allá.

Industria fija en 218 millones de euros las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2016

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016. En el texto se explica que en la presente orden se establece el objetivo de ahorro energético en el 2016, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados y las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.

La aportación obligatoria al fondo se establece, conforme a la metodología diseñada por Industria, en proporción al volumen de ventas de energía. En el caso del sector eléctrico, se computa la energía vendida al consumidor final, mientras que en los operadores petrolíferos al por mayor se contabiliza la energía vendida. Para realizar la asignación, Industria ofrece un desglose de la energía vendida por cada empresa, así como su porcentaje sobre las ventas totales. A partir de ese criterio, se reparte entre las distintas empresas las aportaciones al fondo de eficiencia.

Así, para el 2016 se establece un objetivo de ahorro agregado de 3.046,51 gigavatios por hora (GWh). La equivalencia financiera se establece en 67.916,58 euros por GWh ahorrado. Además, en la orden se reconocen los derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a aquellos sujetos obligados cuya obligación de aportación en 2016, una vez tenidos en cuenta los ajustes correspondientes al 2015. Contra esta orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en dos meses, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes.

Al igual que en 2015, las empresas del grupo Repsol son nuevamente las que tienen que aportar una mayor cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética con 42,8 millones de euros. Le sigue la compañía eléctrica Endesa (30,1 millones), el grupo Gas Natural Fenosa (27,97 millones), la petrolera Cepsa (22,74 millones), la petrolera británica BP (19,64 millones), la compañía eléctrica Iberdrola (15,03 millones) y la petrolera portuguesa Galp (11,76 millones).

Finalmente, las empresas que tienen que aportar una cantidad mayor al millón de euros, en su mayor parte vinculadas al sector de los hidrocarburos son: la constructora y operadora de parques renovables Acciona (1,05 millones), el operador energético Axpo Iberia (1,54 millones), Carburants Axoil (1,22 millones), Disa (5,8 millones), la eléctrica portuguesa EDP (7,44 millones), la suministradora Energya VM (1,1 millones), Esergui (2,27 millones), la suministradora de grandes consumidores Fortia (2,38 millones), el grupo francés GDF Suez (1,22 millones), Meroil (1,8 millones), Petromiralles (1,94 millones), Saras (3,7 millones), la eléctrica Viesgo (3,65 millones), antigua E.ON.

Las empresas del sector energético obligadas a realizar estas aportaciones han venido recurriendo ante el Tribunal Supremo por separado o a través de asociaciones empresariales las cantidades que tuvieron que aportar. El fondo se lanzó en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro energético conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020. Para lograr el objetivo, cada Estado debe diseñar un sistema de obligaciones de eficiencia energética, en el que las empresas distribuidoras y comercializadoras asumen el compromiso de ahorrar lo equivalente a un 1,5% de sus ventas anuales de energía.

Nadal denuncia que todas las medidas energéticas acordadas por PSOE y Ciudadanos «incrementan la factura»

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, criticó el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Ciudadanos por su contenido energético ya que «todas las medidas propuestas incrementan la factura» al subir los costes del sistema, lo que tendría impacto tanto en la competitividad de las empresas como en la creación de empleo. En la presentación del balance Energético de 2015, elaborado por el Club de la Energía, Nadal mostró su preocupación por el futuro de la política energética en España.

Entre otras cosas, según advirtió, el cierre de las centrales nucleares a los 40 años provocará un encarecimiento del 25% del coste de generación eléctrica. Según Nadal, el cierre progresivo de las centrales nucleares a partir de los 40 años tiene «un coste brutal» para el país porque supone renunciar a activos energéticos que podrían funcionar correctamente sin que causas de seguridad justifiquen el cierre. Además, denunció que supone suprimir el 20% de la producción eléctrica que además es libre de generación de emisiones de CO2, algo que solo se puede paliar comprando derechos para gas y carbón o incrementando la capacidad renovable, algo que considera imposible porque «no se puede soportar a largo plazo».

Por otro lado, admitió que dicha medida es «un canto al sol» ya que ninguna central cumplirá los 40 años durante la legislatura. «Es una declaración de cara a la galería, ya que en la próxima legislatura no se va a cerrar ninguna nuclear, pero sienta un peligroso precedente», dijo. También calificó de «canto al sol» otra de las medidas acordadas por PSOE y Ciudadanos, la de que toda la generación eléctrica sea 100% renovable en 2050 ya que, a su juicio, es inviable tecnológicamente y tendría un coste elevado para el sistema. «Por la noche no hay energía solar y durante buena parte del año tampoco hay eólica», sentenció.

Pide un «pacto nacional» energético

Por ello, Nadal ha pedido un «pacto nacional» en materia energética basado en «consensos básicos», que trascienda a las legislaturas, y que tenga como objetivos principales la competitividad y la creación de empleo, todo ello teniendo en cuenta «los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro«. En este sentido, el secretario de Estado de Energía manifestó que la política energética se debe basar en la «sensatez en la introducción de renovables», en las interconexiones, en el mantenimiento de las nucleares y en la eficiencia energética.

Así, en materia renovable, consideró que lo que hay que hacer es «pactar una senda razonable de objetivos», que mida bien el coste y la curva de aprendizaje. Junto a esto, un refuerzo de las interconexiones internacionales, hasta alcanzar entre un 8% y un 9% de capacidad en el horizonte de 2030. Para Nadal, las interconexiones deben ser «una materia de Estado» a defender por todos y criticó el objetivo que el pacto PSOE-Ciudadanos plantea para las interconexiones, acerca de exportar los excedentes de energía,

También llamó a agotar la vida útil de las nucleares «mientras sean rentables» y, por último, apostó por la «eficiencia, eficiencia, eficiencia», una política que «no tiene una sola contraindicación». Con estos ejes, aseveró, solo se necesita gente sensata en una mesa para que España pueda afrontar de forma adecuada sus retos energéticos. Eso sí, también criticó del pacto PSOE-Ciudadanos planteamientos «más a la izquierda» sobre el tamaño de las empresas energéticas españolas. «El problemas de las empresas españolas no es que sean muy grandes son más bien medianas-pequeña, lo que hace falta es hacer el mercado más grande», esgrimió.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía defendió también el decreto para el autoconsumo aprobado por el Gobierno y que pone «límites» para que unos «consumidores no vivan a costa de otros». Finalmente, aseguró que España tampoco puede renunciar a las prospecciones, ya que «no sé cómo se puede avanzar en la independencia energética sin saber lo qué tienes de hidrocarburos». «Renunciar a la nuclear y a la búsqueda de hidrocarburos solamente se propone aquí. Todo el mundo en Europa está buscando, salvo Francia, que tiene nucleares, y España», afirmó.

Tras la intervención de Nadal, la subdirectora de Planificación Energética y Seguimiento de Industria, María Teresa Velasco, desgranó los datos de 2015 y avanzó las previsiones de 2016. Para este año ve «crecimientos moderados» en los consumos energéticos por las menores previsiones del PIB, la consolidación de la eficiencia energética o el clima suave en lo que va de año.

El Tribunal Supremo admite un recurso de Iberdrola contra la orden de peajes eléctricos por obligar a financiar el déficit

Redacción / Agencias.- Mientras la compañía eléctrica continúa con su programa de recompra de acciones propias, que ya ha completado en un 86,7%, en el marco de la convocatoria de la junta general de accionistas, la sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo presentado por Iberdrola en contra de la orden de peajes eléctricos y, en concreto, de las disposiciones en las que se obliga a la empresa a financiar los déficits de tarifa provisionales del sistema.

Desde la puesta en marcha de la reforma energética en 2013, todos los agentes del sistema eléctrico financian los desajustes que mes a mes y de forma temporal puedan producirse en las liquidaciones de la CNMC, conforme a un coeficiente de cobertura que limita sus ingresos regulados. El recurso de Iberdrola, según se aprecia en el BOE, se dirige contra la orden ministerial IET/2735/2015 de diciembre por la que se establecen los peajes de acceso de energía eléctrica para 2016. La admisión a trámite se produjo el 2 de marzo.

El año pasado, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ya dictaminó a favor de la obligación impuesta por el Gobierno en la reforma energética de que todos los agentes con retribución regulada del sector deban financiar el déficit de tarifa que pudiera producirse a partir de 2014. Aquella decisión del Supremo se produjo en respuesta a los recursos presentados por cerca de 40 productores fotovoltaicos, que habían recurrido la orden de peajes de acceso de electricidad de 2014 con el argumento de que la obligación de soportar los desequilibrios y el déficit de tarifa debería imponerse a las principales empresas del sector.

Recompra acciones por 4 millones

Por otro lado, Iberdrola recompró en la última semana 0,68 millones de acciones propias, por valor de 3,99 millones de euros a un precio medio de 5,86 euros. Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estas compras se suman a las acciones adquiridas previamente, lo que hace un total de 7,3 millones de acciones, con lo que completa el 86,7% del programa lanzado, que preveía la adquisición de un máximo de 8,35 millones de acciones. El programa de recompra de acciones pretende evitar la dilución de los accionistas que elijan cobrar el dividendo de la compañía en efectivo en lugar de en nuevos títulos.

Aprobado en accesibilidad para Iberdrola.es

Las páginas web de las empresas son, cada vez más, el principal canal de comunicación con los clientes, por lo que es necesario que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad en su diseño y renovación. De acuerdo con el último Observatorio Discapnet sobre las webs de Servicios y Suministros del Hogar de Fundación ONCE, sólo los sitios web para clientes de Iberdrola, Vodafone España y Aguas de Barcelona han obtenido un aprobado.

Para la evaluación de las páginas se analizaron tres procesos, como son la consulta de productos y tarifas, la simulación de contratación del servicio y la revisión de una factura electrónica. Además, el análisis ha sido tanto técnico como de experiencia de usuario, para lo cual se ha contado con perfiles de personas con distintos tipos de discapacidad, según indicó David Zanoletty, de Fundación ONCE, en la presentación del Observatorio. Tanto Jose Martín, responsable de Digital de Iberdrola Clientes, como David Carro, Digital Cross Capabilities Manager de Vodafone España, destacan que en un entorno tan cambiante como es Internet es esencial que «la accesibilidad esté incorporada en los entornos digitales».

En Comú Podem exige al Gobierno adoptar acciones legales para que Escal asuma responsabilidades por los seísmos causados por Castor

Europa Press / EFE.- El portavoz de Industria de En Comú Podem (Podemos) en el Congreso, Josep Vendrell, y la diputada Ángela Ballester exigen al Gobierno que tome las medidas legales necesarias para exigir a la empresa promotora de Castor, Escal UGS, que asuma las correspondientes responsabilidades ambientales, administrativas y económicas por los más de 1.000 terremotos causados por la actividad del proyecto Castor.

Ambos diputados explican que han presentado esta proposición porque ven necesario que el Ejecutivo tome medidas para que la compañía, encabezada por ACS, se haga cargo de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los seísmos que afectaron al Levante español a resultas de las operaciones de inyección de gas en los depósitos submarinos. Para ello, consideran que deberían peritarse los «daños materiales y morales» que los vecinos de Tierras del Ebro (Tarragona) y el Bajo Maestrazo (Castellón) han sufrido como consecuencia de los seísmos, así como que habría que realizar estudios técnicos sobre las afecciones al medio ambiente que conllevará la hibernación de la planta.

En este sentido, la confluencia catalana de Podemos reclama también un calendario de desmantelamiento de las instalaciones del almacén, y recuerda que ya registró recientemente en la Cámara Baja una petición de comparecencia del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que explique la «retribución adicional» de 253,3 millones de euros concedida a los promotores del proyecto en concepto de una retribución adicional. Finalmente, Podemos exige que se impulsen los cambios legales necesarias para que, en un futuro, las indemnizaciones no se paguen más con dinero público. En octubre de 2014, el Gobierno estableció una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

Soria augura que cerrar el parque nuclear y una energía 100% renovable encarecería un 40% el precio de la luz

Europa Press / EFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que las propuestas en materia energética de la izquierda de cerrar el parque de centrales nucleares cuando cumplan 40 años y fijar un objetivo del 100% de energías renovables en la generación supondría un incremento «superior al 40%» de la factura de la luz. A su juicio, estas propuestas del PSOE y Podemos representan una «involución» y sólo llevarán al «incremento de precios y déficits en los distintos sistemas».

El ministro de Industria subrayó que cerrar el parque de centrales nucleares representaría prescindir de aproximadamente el 21% de la generación, lo que llevaría «a incrementos importantes de precios». Asimismo, señaló que optar por 100% de renovables en la generación «es lo más contrario a un objetivo de disminución de precios», ya que para ellosería necesario contar con un backup que garantice la sostenibilidad del sistema, por el «cual hay que pagar y que va también repercutido a las facturas». Soria criticó también que se apuesta a la vez por descarbonizar la economía y usar más carbón nacional, algo «incompatible entre sí», y que se propone eliminar el impuesto al sol sin decir «cómo».

Así, el titular de Industria subrayó que la apuesta energética del Gobierno de Rajoy es la del «equilibrio, basado en la sostenibilidad económica, financiera y medioambiental» del sistema. Soria reconoció que han quedado «retos» en la legislatura por abordar en materia energética, como introducir una mayor competencia en los mercados mayoristas, tanto del mercado eléctrico como de combustibles. Sin embargo, afirmó que espera que «por el bien de España no haya un volantazo» en el signo de la política económica que revierta la situación del país. «Hacer un acuerdo de Gobierno es actuar por el bien de España, hacer un acuerdo para derogar todo lo hecho es una frivolidad«, recalcó.

Por su parte, el presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, destacó que el actual entorno de precios bajos del petróleo llevó al sector a recortar a la mitad sus inversiones, «desde los 800 billones americanos a sólo 400 billones», y ha producido más de 300.000 despidos en el sector. Además, Miró señaló que la COP21 de París marcará «un antes y un después» en la lucha contra el cambio climático y en la consideración de los combustibles fósiles, aunque subrayó que «la volatilidad y la incertidumbre» son factores que influyen en el petróleo y el gas.

Mientras, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KMPG, valoró que el sector está viviendo un momento de «gran incertidumbre», con un derrumbe en los precios del crudo que no se veía en los últimos 30 años. Para Martín, existe una gran incertidumbre sobre cuándo se va a producir ese reequilibrio dentro del mercado, a pesar de que existen señales que indican que la oferta está reaccionando.

Santamaría justifica ante las zonas mineras que estar en funciones limita las capacidades mientras el PSOE dice tener la solución

EFE / Europa Press.- Mientras el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, asevera que con un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez «mañana mismo» se podrían arreglar problemas como el de la minería del carbón, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, justifica que la voluntad de trabajar por encontrar una solución que dinamice las comarcas mineras «sigue intacta» pero que la capacidad de reacción de un Ejecutivo en funciones es más limitada.

Sin embargo, señaló que para la situación del carbón nacional se trabaja dentro de los márgenes que puso Bruselas ya en la anterior legislatura del PSOE y que deja todo «muy condicionado» a ese calendario, que prevé la retirada de las ayudas progresivamente hasta 2018. En funciones, indicó la vicepresidenta, la «capacidad no es la que puedes tener en otros momentos» pero que «sigue intacta» la voluntad de «trabajar por encontrar soluciones y lograr dinamizar esas zonas y darles una salida dentro de los mandatos de Bruselas». Sáenz de Santamaría concluyó que en este tema, como en otros, la capacidad de reacción de un gobierno en funciones «no es tan inmediata» pero que es el escenario que se vive actualmente.

El consejero de Empleo asturiano, Francisco Blanco, afirmó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, le había transmitido que las ayudas a la minería comprometidas estaban paralizadas. Desde Industria, no ha habido comunicación oficial sobre este tema. Se trataría de la tramitación de 250 millones de euros del vigente Plan de la Minería que no fueron incluidos en los Presupuestos Generales de 2016.

El PSOE “arreglaría la minería”

Por su parte, el secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, aseveró que con un gobierno presidido por Pedro Sánchez «mañana mismo» se podrían arreglar problemas como el de la minería del carbón, un sector con el que el Mariano Rajoy «ha incumplido todos los compromisos».  En este sentido crítico «un incumplimiento más» de Rajoy con la minería y recordó que hace unos meses el presidente del gobierno, ahora en funciones, anunció en León la aprobación de 250 millones de euros del plan del carbón, en presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.  «Hemos sabido que esas ayudas no van a llegar, lo que es una puntilla más del Gobierno del PP a la minería«, sentenció.

«Ensañamiento» del Gobierno con carbón

Por otro lado, el procurador socialista Celestino Rodríguez denunció lo que considera un «ensañamiento» del Gobierno central con la minería del carbón tras dar por perdidas las ayudas complementarias anunciadas por Rajoy en septiembre y no cumplir el Plan del Carbón vigente. El representante socialista ha afirmado que del Gobierno de España se lo cree ya «todo» con relación a las cuencas mineras, porque «las únicas noticias siempre han sido mazazos sobre el carbón» que Juan Vicente Herrera, ha tratado de «maquillar con palabras», pero que no ha dado pasos «con hechos» sino que se ha convertido en una «maza».

El procurador del PSOE por la provincia de León ha remarcado que únicamente 800 de los 6.000 empleos vinculados directa o indirectamente al sector de la minería del carbón en la Comunidad figuran aún como afiliados a la Seguridad Social y que muchos de ellos están inmersos en expedientes de regulación de empleo como es el caso de la Hullera Vascoleonesa. «Conflictos ha habido siempre en la minería, pero Herrera y Rajoy van a conseguir lo que no consiguió ni la dictadura, que es acabar con el carbón», según Rodríguez.

El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la Ley del Sector Eléctrico del Gobierno al desestimar el recurso de Cataluña

El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley del Sector Eléctrico aprobada en diciembre de 2013 por el Gobierno del PP, desestimando así el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la normativa al considerar que invadía competencias autonómicas.

En su sentencia, el Constitucional considera que la mayoría de los preceptos impugnados son respetuosos con el reparto de competencias en la materia y determina cómo deben ser interpretados ciertos artículos para ser conformes con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía. En su fallo, el tribunal explica cuáles son los aspectos que la doctrina viene considerando «básicos» en materia de energía y, por tanto, competencia del Estado. Así, de forma general, el Constitucional tiene declarado que el ámbito de lo básico incluye las determinaciones que aseguran un mínimo común normativo, «una orientación unitaria y dotada de cierta estabilidad».

La sentencia cree que el Estado tiene la competencia para autorizar las instalaciones eléctricas en función de la potencia instalada y de la tensión. Además, argumenta que el Estado tiene las competencias de regulación en la resolución de conflictos entre usuarios finales de energía eléctrica y empresas suministradoras. Los recursos consideraban que la ley del sector eléctrico «vacía de contenido» la competencia de la Generalitat en materia de energía y de consumo, y perjudica la competitividad de la industria catalana.

La sentencia cuenta con dos votos particulares, uno por parte de la vicepresidenta del Tribunal y ponente de la resolución, Adela Asua. En su voto particular, Asua discrepa de la declaración conforme que la sentencia hace del art. 43.5 de la Ley, ya que el precepto invade competencias autonómicas al atribuir al Estado «facultades ejecutivas que no le corresponden». Afirma que en una materia compartida, como es la energía eléctrica, el Estado puede asumir funciones ejecutivas solo cuando sea necesario para garantizar «las bases estatales», presupuesto que «no concurre aquí».

El otro voto particular es del magistrado Juan Antonio Xiol, al que se han adherido los magistrados Encarnación Roca y Fernando Valdés Dal-Ré, que disienten también de la declaración conforme de ese artículo, según la cual la competencia para resolver corresponde a un órgano estatal. En su opinión, la resolución de esos conflictos corresponde a las comunidades autónomas, por tratarse de una competencia de ejecución.

En Comù Podem exige que Soria dé explicaciones al Congreso sobre la indemnización extra de 295 millones reconocida a Castor

Europa Press / EFE.- El portavoz de En Comú Podem en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, ha exigido la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre la indemnización extra y secreta  de 295 millones de euros que se habría reconocido a los promotores y expropietarios del almacén subterráneo de gas Castor, cantidad que será pagada a través de la factura del gas.

El Confidencial informa de que las cuentas de 2015 del socio canadiense de ACS en Escal, el grupo Dundee Energy, revelan que en noviembre del año pasado, apenas un mes antes de las elecciones, Industria emitió una resolución aprobando una retribución adicional de 253,3 millones de euros y el reembolso de 42,3 millones por gastos de operación y mantenimiento a favor de los operadores de Castor. Una cantidad que se sumaría a los 1.350 millones de euros en concepto de indemnización que el Gobierno ya reconoció a Escal cuando se decidió el cierre del almacén en 2014, con lo que la factura total a la que deberán hacer frente los contribuyentes se elevaría a 1.645 millones de euros, más intereses.

El Ministerio de Industria concedió esta indemnización después de que la empresa promotora Escal UGS decidiera renunciar al proyecto Castor, almacén que llevaba meses suspendido de actividad tras registrarse cientos de pequeños seísmos en la zona, por lo que pasó a manos del gestor del sistema gasista Enagás. El diputado de Podemos denuncia también el mecanismo por el cual la empresa Escal, participada mayoritariamente por ACS, firmó un contrato que «le permite tener beneficios seguros si todo sale bien, pero obliga a pagar con dinero público en caso de pérdidas».

Ante estas informaciones, el diputado catalán quiere que Soria comparezca en sede parlamentaria para informar sobre esta decisión, relativa a un proyecto que «nunca se tendría que haber hecho». En Comú Podem recordó que, según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el proyecto costará 4.731 millones de euros sumando los intereses. «No puede ser que los consumidores tengamos que volver a pagar esta indemnización a través de la tarifa del gas durante los próximos 30 años por la sumisión de este Gobierno a los intereses de las grandes empresas», reprochó Vendrell.