El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».

El Club Español de la Energía (Enerclub) pide al Gobierno diálogo y estabilidad para hacer una transición energética ordenada

/0 Comentarios/en , , /por

EFE / Europa Press.- El presidente del Club Español de la Energía (Enerclub) y de Endesa, Borja Prado, pidió al nuevo Gobierno estabilidad regulatoria y «diálogo» para avanzar en la transición a un modelo energético más renovable «de forma ordenada» y con costes razonables. En este sentido, Prado subrayó la importancia de la estabilidad para atraer inversiones, así como que el crecimiento en renovables para cumplir con los objetivos ambientales se haga de forma sensata.

Prado aseguró que hay muchos inversores esperando para entrar en España en cuanto se dé la estabilidad necesaria y pidió al próximo Gobierno esfuerzos para lograr pactos en grandes temas. Por ello indicó como dos grandes metas reducir el precio que paga el consumidor en la tarifa eléctrica y que ésta recoja solo los costes reales de producción quitando del recibo eléctrico otras partidas. Asimismo, Prado apreció la reforma con la que se consiguió acabar con el déficit tarifario y reclamó para esta nueva etapa “respaldo regulatorio en la realización de las inversiones necesarias para cumplir los objetivos comunitarios de lucha contra el cambio climático”. También pidió al nuevo Gobierno apostar por retomar el diálogo con los agentes del sector.

Prado, que no ve con malos ojos un posible Ministerio de Energía y Cambio Climático, apostó por que se consensué un pacto de estado energético. Respecto a una transición hacía energías más limpias, reivindicó que se haga con un “calendario ordenado, sin prisas, sin generar otra deuda como el déficit de tarifa y aprendiendo de los errores del pasado”. «Necesitamos respaldo regulatorio y que el nuevo Gobierno tenga en mente los objetivos», así como «un marco retributivo atractivo para las nuevas inversiones, con criterios de rentabilidad«, señaló el máximo responsable de Enerclub, que ha tomado recientemente el relevo del consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró. «Hay que dar un marco con rentabilidades razonables, que no fomente la especulación», sentenció Prado.

A nivel energético, el sector se encuentra ante una auténtica «revolución tecnológica» en la que cualquier avance ha de acometerse de forma «proactiva» y con la exigencia de contribuir al objetivo global de evitar el calentamiento del planeta, explicó Prado. En cuanto al peso del carbón, supeditó la continuidad de algunas de las centrales a ver qué marco de ayudas se establecerá. Sobre las nucleares, resaltó que no hay «líneas rojas» pero que se debe analizar con atención el coste que puede conllevar su cierre.

En cuanto al bono social, el presidente de Enerclub ha apuntado que el Estado deberá cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación y que obliga a devolver lo aportado por las eléctricas para financiar el bono social desde 2014. A Endesa, la compañía que preside, le corresponden unos 250 millones de euros, la mitad de lo que se debe devolver a las empresas. Asimismo, insistió en que deben cambiarse las condiciones de acceso al bono para que de verdad sirva para ayudar a los que más lo necesitan. Asimismo, reivindicó que las compañías también combaten la pobreza energética mediante acuerdos con la Administración.

En su periplo al frente de Enerclub, think-tank que agrupa a las empresas del sector energético español, el presidente Prado planteará varias líneas de actuación, entre ellas la comunicación y difusión de contenidos a la sociedad, las actividades de formación, la diversificación de la actividad geográfica para no concentrar su presencia en Madrid y una mayor actuación internacional mediante iniciativas conjuntas con instituciones como la Agencia Internacional de la Energía o el World Energy Council.

Guindos señala que Industria cumplirá la sentencia sobre el bono social mientras los sindicatos cargan contra el Supremo

/1 Comentario/en , , /por

Redacción / Agencias.- Mientras el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz favorece «a las élites y a las eléctricas», el ministro de Economía en funciones y responsable del departamento de Industria, Luis de Guindos, señaló que el Gobierno cumplirá la sentencia, de la que resaltó que no cuestiona esta ayuda, sino su financiación.

«No tenemos todavía la sentencia. Hemos visto lo que ha salido por la prensa», si bien su contenido «no cuestiona el bono social, sino la financiación del mismo», indicó el ministro, titular de Industria desde la dimisión de José Manuel Soria, respecto al descuento del 25% en el recibo de la luz que supone el bono. «Cuando tengamos la sentencia, los servicios jurídicos de Industria y Energía la analizarán para conocer el detalle. Cumpliremos la sentencia», añadió. Sobre si cabe la posibilidad de presentar un recurso, Guindos aseguró desconocerlo pero recordó que el Supremo es la instancia más alta que existe en la judicatura española.

El Supremo declaró inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde 2014 recayó sobre las principales compañías eléctricas conforme a lo previsto en la reforma energética anunciada en 2013, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por E.ON España (ahora Viesgo) y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social. Para el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas para el mercado interior de la electricidad, que establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables”.

CCOO: “favorecer a las élites”

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, criticó que la sentencia del Supremo favorece «a las élites y a las eléctricas«. «Una vez más, la Justicia es ignorada por algunos tribunales de justicia, al favorecer a las élites y a las eléctricas a costa de agravar la situación de las personas que peor lo pasan y desentenderse de la más elemental responsabilidad social de las empresas«, según denunció el sindicalista.

De acuerdo con el sindicato, es «inaceptable» que España, que cuenta con «una de las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europea», asista a «una nueva vuelta de tuerca» para «hacer más difícil la vida de las personas en situación de pobreza energética». Górriz ha criticado que el Alto Tribunal ha sido «sensible» a los recursos de las compañías eléctricas y ha «dejado en la estacada» a los colectivos «más desfavorecidos». En su opinión, esta sentencia es una «mala noticia» para la democracia, que ensanchará «aún más» la brecha de la desigualdad y la pobreza en España. Górriz reclamó a los poderes públicos que «activen todas las iniciativas para paliar, al menos, la situación de los colectivos más vulnerables».

UGT: cuidado con los ciudadanos

Por otro lado, UGT pidió que, tras las sentencias del Supremo, el coste del bono social «no recaiga sobre los ciudadanos y ha reclamado que se establezca una regulación que «asegure el acceso a la energía a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas». El sindicato subrayó que el Estado «debe proteger» a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, “que sufren la pobreza en todos sus ámbitos, incluida la energética», por lo que considera que el bono social era «una medida de justicia». A este respecto, UGT afirma no compartir el fallo, ya que «da la razón a las eléctricas y obliga a devolverles lo que pagaron«.

Para el sindicato, el coste de esta decisión judicial no puede recaer «en ningún caso» sobre los ciudadanos, que «han sufrido en primera persona los efectos de la crisis y de las políticas económicas que se han aplicado para combatirla», e insiste en que es necesario establecer una regulación «para asegurar el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando el corte de suministro por falta de pago». También pide un IVA súperreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la energía. Asimismo, pide poner en marcha un plan integral de choque contra la pobreza, «que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las políticas de austeridad».

Industria advierte a Baleares de que no puede seguir en el horario de verano porque la normativa es europea

/0 Comentarios/en , /por

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo aseguró que Baleares «no puede modificar o mantener de forma unilateral el horario» y quedarse en el horario de verano (GMT+2) porque el cambio de hora está regulado a nivel europeo en una Directiva de la Unión Europea que afecta a todos los miembros.

Todos los grupos políticos del Parlamento de Baleares aprobaron una declaración institucional para permanecer en el horario de verano porque la comunidad autónoma es la «más afectada» por el cambio de hora, al ser el primer lugar de España donde amanece y anochece. Según fuentes de Industria, aún se desconocen las consecuencias que tendría la propuesta insular de seguir con el horario de verano a partir del próximo 30 de octubre, cuando a las 3.00 horas volverán a ser las 2.00 horas, de modo que comenzará el horario de invierno.

En la misma línea, las Cortes de la Comunidad Valenciana acordaron instar al Gobierno central a que abra el debate social sobre el mantenimiento del horario de verano en el país ante los beneficios sociales y económicos que comportaría, sumándose así a la propuesta lanzada por el parlamento de Baleares. Por el contrario, el Ejecutivo catalán resaltó el ahorro económico que supone el cambio horario.

En todo caso, Industria recuerda que este cambio horario, motivado para favorecer el ahorro energético, está regulado en toda Europa, por lo que difícilmente ninguna autonomía podría ir en contra. Se trata de la Novena Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, que desde 2001 se aplica indefinidamente para favorecer la planificación. La Directiva se incorporó a la normativa española mediante el Real Decreto 236/2002. Así, el cambio de hora se produce el último domingo de marzo y el último de octubre.

El cambio de hora y la vuelta al horario de invierno comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz solar y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.

300 millones de ahorro energético

El horario de verano, que se ha aplicado entre marzo y octubre y que concluirá este fin de semana, ha permitido ahorrar energía por valor de 300 millones de euros, o lo equivalente a un 5% del consumo, según cálculos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Industria indicó que este ahorro procede de iluminación y que, de la cifra total, 90 millones corresponden a los hogares españoles, lo que supone un ahorro de 6 euros por hogar. Los otros 210 millones proceden de los edificios del sector terciario y de la industria.

En todo caso, Industria advierte de que estas cifras son potenciales, ya que para alcanzarlas es necesario llevar a cabo un comportamiento racional en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como usar tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural, en edificios del terciario y en industrias.

El Código Técnico de la Edificación hace ya obligatoria en edificios de nueva construcción la instalación de fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación en función de las necesidades. Además, Industria recuerda que el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, aprobado por el Gobierno, posibilita ayudas para reformar la iluminación en los edificios del sector terciario.

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) reivindica desde hace años que España regrese al meridiano de Greenwich, que es el que, a su juicio, le corresponde. Según ARHOE, el desfase horario comenzó desde 1942, cuando se adaptó el horario español al de Berlín (Hora Europea Central) en alineación con el régimen nazi y nunca se recuperó el horario en correspondencia con la hora solar. La asociación considera que España tiene que adoptar la hora oficial del Reino Unido, Portugal, Marruecos y Canarias (Hora Europea Occidental), que es la que le corresponde geográficamente y abandonar la Hora Europea Central, que corresponde a países más al este.

A raíz de esta polémica, el presidente de ARHOE, José Luis Casero, reclamó a Baleares «no territorializar» el cambio horario tras la decisión del Parlamento balear. «No deja de ser un gesto cara a la galería porque lo que hay es una Directiva Europea que se tiene cumplir y que afecta a todos sus Estados miembro, por lo que el Gobierno no tiene potestad», indicó Casero, al tiempo que reiteró que la solución pasa por regresar al meridiano de Greenwich.

El Gobierno aprueba 36,1 millones para conceder ayudas de 10 euros por tonelada de carbón nacional

/0 Comentarios/en , /por

Redacción / Agencias.- El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para autorizar la convocatoria de ayudas adicionales al carbón por 36,1 millones de euros, que suponen una ayuda adicional de 10 euros por tonelada, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que explicó que se trata de ayudas aprobadas por la Unión Europea para compensar las pérdidas de producción sufridas por el sector del carbón por las caídas de precios del mineral de importación, que agravaron la situación del sector en España.

2016: 61,4 millones en ayudas

En este contexto, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea en mayo para poder otorgar una ayuda adicional para el periodo 2016-2018, tanto para las minas subterráneas como de cielo abierto. La nueva ayuda adicional supone 10 euros por tonelada de carbón para 2016 y es compatible con la normativa europea, que limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta el 2018, con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas. El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, según indicó el Ministerio de Industria, también incluye la autorización del Plan de Cierre de España, lo que supone que todas las ayudas otorgadas desde 2010 a las compañías mineras son válidas.

Dentro del plan de cierre de las instalaciones mineras no rentables, se contemplan diferentes mecanismos entre los que se incluyen otra partida de ayudas ordinarias a la producción, adicionales a las ayudas por el mismo importe ya previstas en el Plan de la Minería, por valor de 25,3 millones de euros y cuyo acuerdo para tramitación también se aprobó, con lo que se elevan a más de 60 millones las ayudas para el ejercicio 2016.

De la cuantía total de la ayuda, cerca de 1,6 millones van destinados a la empresa pública Hunosa (1,3 millones en 2016 y 260.000 euros en 2017) y 34,4 millones a empresas privadas (28,7 en 2016 y 5,7 en 2017). Esta ayuda excepcional se suma a la ayuda ordinaria de 2016, que estaba dotada con 25,3 millones de euros. Con estas decisiones «se facilita el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea sin menoscabar el desarrollo de las comarcas mineras», indicó Sáenz de Santamaría.

Castilla y León: “Da oxígeno”

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, aplaudió la rapidez con que el Gobierno central aprobó las ayudas adicionales a la extracción de carbón autóctono porque suponen «un balón de oxígeno» para el sector minero. En este sentido, Del Olmo recordó la reciente reunión entre el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien asumió las funciones de Energía tras la dimisión de José Manuel Soria. Precisamente este relevo es lo que, según Del Olmo, ha podido motivar el cambio de posición del Gobierno central.

Del Olmo destacó que estas ayudas se aprueban en un momento en el que el Gobierno central tiene sobre sí un cierre presupuestario que dificulta las autorizaciones de gasto, por lo que recalcó que «añade un valor» a la decisión adoptada y revela que el Ejecutivo es consciente de que se trata de un problema «importante y urgente». La consejera destacó que, además de esta medida, existen otras de ámbito autonómico como el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros y el acuerdo para que el Gobierno desbloquee otros 152 millones de euros de ayudas, que van en la misma dirección de apoyo al sector.

Nadal aboga por un pacto de Estado sobre energía “más allá de las ideologías y desde el sentido común”

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, reclamó un pacto de Estado en materia energética sobre unas bases «de sentido común» que «transcienden las ideologías» y que garantice un suministro a precios adecuados que permitan a la economía española ser competitiva y alcanzar los objetivos marcados en la lucha contra el cambio climático, con un marco regulatorio que aporte la estabilidad necesaria para abordar inversiones a largo plazo.

«Todas estas deberían ser las bases sobre las que se debería asentar un pacto de Estado de la energía, ya que las decisiones de inversión que deben de tomar las empresas son a largo plazo. Estos principios trascienden a la ideología, son de sentido común», aseguró Nadal. El secretario de Estado citó entre esas «bases» la necesidad de avanzar en las interconexiones y en la eficiencia energética, y en cumplir los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático de forma «sensata». «Son principios que deberíamos compartir más», ha subrayado tras destacar que los temas energéticos deben apoyarse en esas bases, más allá de una legislatura, para contribuir también a la recuperación económica y la creación de empleo.

Nadal defendió aprovechar al máximo todos los activos del sistema energético, por lo que consideró que España no se puede permitir cerrar las centrales nucleares “porque sí”, ya que prescindir de ellas elevaría el coste de generación entre un 25-30% y además habría que sustituirlas por carbón y gas. «Una cosa es vigilar la seguridad al máximo y otra cerrar un activo del sistema. Así que lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) va a misa. Lo que tenemos construido hay que exprimirlo al máximo, ya que no hacerlo supone un coste intolerable para el sistema», advirtió Nadal.

El dirigente señaló entre esos «pilares» el necesario aumento de las interconexiones de España, tanto en gas como en electricidad, que deberían ser «un tema de Estado» y sin las que no se puede avanzar hacía un verdadero mercado único europeo de la energía. También destacó su importancia para que España pueda cumplir con los objetivos renovables, por lo que consideró “necesario” contar también con el compromiso de la Unión Europea de que va a respaldar el desarrollo de las interconexiones energéticas . “El compromiso de España será más alto cuantas más interconexiones tengamos”, aseveró.

«La mejor prueba de que no existe un mercado energético único es que en cada país el precio de la electricidad y gas es diferente en cada uno. Vamos avanzando y hemos progresado mucho, se ha hecho de las interconexiones centro del debate. Pero hay que seguir, ya que nosotros somos los principales interesados y cualquier Gobierno debe hacer de ello un tema de Estado», manifestó el responsable de Energía.

Nadal señaló que España está en la senda para cumplir con el objetivo del 20% de consumo energético renovable en 2020 que falta un «pequeño empujón» que se hará «con inteligencia». Nadal subrayó que España está bien posicionada para el desarrollo de las tecnologías que deberían «ser las ganadoras de la revolución tecnológica», la eólica y la solar, pero advirtió que la introducción de las renovables debe ser de manera «sensata», midiendo esfuerzos y costes.

Por ello, el dirigente abogó por un sistema que permita que las empresas compitan y en el que la que tenga mejor tecnología y precio «sea la que en última instancia consiga construir el parque». «Tenemos que tener claro también cuál es la cantidad que queremos introducir e ir analizando continuamente cuáles son las tecnologías que son más baratas”, argumentó.

“El gran error del pasado fue el descontrol, no tener claro ni las cantidades ni los mecanismos ni saber era la cantidad máxima que se podría introducir», criticó Nadal tras recordar que España pagó al resto del mundo la curva de aprendizaje de muchas renovables, principalmente en el desarrollo de tecnologías como la fotovoltaica, cuando se instalaron de forma masiva placas a precios muy superiores a los actuales ya que el coste de producir un megavatio se redujo 14 veces desde 2007, algo que no se puede «volver a repetir».

La subasta de renovables de diciembre será por un mínimo de 1.000 MW y abierta a todas las tecnologías

/1 Comentario/en , /por

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, anunció que la subasta de renovables que se realizará antes de final de año será «por un mínimo» de 1.000 megavatios (MW) y abierta a todas las tecnologías. En este sentido, Nadal señaló que habrá una subasta de renovables antes de que acabe 2016 y otra el próximo año, aunque sobre esta segunda no precisó a cuánto ascendería la capacidad a subastar, ya que hay que «analizar las necesidades del país».

Tras intervenir en la jornada Transición energética: pasos hacia un nuevo modelo energético, Nadal ha explicado que «está en los planes de la Secretaría de Estado» realizar una subasta este año y «al menos otra» el próximo. El secretario de Estado ha indicado que, «aunque la potencia aún está por determinar», se baraja «un mínimo» de 1.000 megavatios para la subasta de este año. «Nuestra hipótesis es que en noviembre lanzaríamos está primera subasta y la haríamos probablemente en diciembre», añadió al respecto el secretario de Estado de Energía, sin descartar que estas fechas se pudieran retrasar en un mes.

Nadal ha señalado que las subastas serán «neutralmente tecnológicas», es decir, que la potencia no se asignará a priori a ninguna tecnología renovable en concreto. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo reiteró recientemente que trabaja en una nueva subasta para final de año a fin de continuar impulsando la penetración de las renovables y poder llegar al objetivo comprometido con Europea de que estas tecnologías aporten el 20% del consumo de energía en 2020. De hecho, gracias a estas subastas, Nadal está convencido de que España alcanzará el objetivo del 20% de renovables en 2020, ya que con las medidas tomadas hasta la fecha el país estaría ya entre el 18,5% y el 19%.

En cuanto al autoconsumo, defendió la necesidad de que quién quiera una instalación, contribuya al sistema. “Está en su derecho, pero debe comunicarlo y aportar a los gastos generales del sistema lo mismo que todos los consumidores”, señaló. Sobre la posibilidad de ser nombrado ministro de Industria cuando se constituya el Gobierno, Nadal indicó que «uno tiene las funciones que tiene, y ya son bastantes». «La investidura previsiblemente será pronto y a partir de ahí es el presidente de Gobierno quien toma las decisiones«, afirmó.

Industria tiene lista la metodología para revisar el margen de comercialización de la tarifa regulada

/1 Comentario/en , , , , /por

Redacción / Agencias.- La Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, tiene ya preparada la nueva metodología para calcular el margen de las comercializadoras que suministran electricidad a los clientes acogidos a la tarifa regulada y está «muy cerca» de enviarla al Consejo de Ministros.

Tras participar en la jornada Transición energética: pasos hacia un nuevo modelo energético, el secretario de Estado de Energía en funciones, Alberto Nadal, indicó que su departamento está cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo que insta al Gobierno a fijar una metodología para determinar el margen de comercialización de la tarifa regulada. Nadal señaló que la Secretaría de Estado la tiene ya «preparada» y está «muy cerca de poderla mandar a la comisión de subsecretarios y al Consejo de Ministros».

El presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, urgió con antelación al Gobierno a solucionar el problema del margen de las comercializadoras que suministran en el marco del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la única tarifa regulada. «Todas las comercializadoras que suministran en PVPC están en importantes pérdidas», denunció. Nadal ha recalcado que Industria trabaja para cumplir lo establecido por el Tribunal Supremo y ha apuntado que «el presidente de Unesa no pone deberes al Gobierno». En junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya emitió un informe con una propuesta de metodología para fijar el margen de comercialización de las suministradoras de PVPC.

Enagás eleva un 1,5% su beneficio hasta septiembre, con 317,4 millones, y espera comenzar este año la regasificadora de Tenerife

/0 Comentarios/en , , , /por

Redacción / Agencias.- El presidente de Enagás, Antonio Llardén, espera que se desbloquee la situación política actual para poder contar con la orden ministerial necesaria para comenzar las obras de construcción de la regasificadora de Tenerife a finales de este año. Así lo señaló tras presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, en los que Enagás registró un beneficio neto de 317,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,5% en comparación con los 312,7 millones del 2015.

Enagás atribuyó el incremento de su beneficio a los activos internacionales. La contribución de las sociedades participadas al beneficio ha sido del 14,8%, frente al 8,8% registrado a 30 de septiembre de 2015. Según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos totales de la gasista sumaron 899,7 millones en los nueve primeros meses de 2016, un 2,3% menos que en 2015, y los gastos aumentaron un 8,7% por temas de personal. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo un 6,1%, hasta los 643,3 millones, en tanto que el resultado neto (Ebit) ascendió a 438,6 millones de euros, con un retroceso del 6,2% sobre los nueve primeros meses de 2015.

La inversión realizada fue de 598,4 millones de euros, de los cuales 175 millones correspondieron a España y 423,4 a inversión internacional. De la inversión en España, hay que destacar que la cifra incluye un importe de 106,6 millones de euros correspondiente a la adquisición de un 42,5% adicional en la planta de regasificación de Sagunto a la compañía Unión Fenosa Gas. La demanda de gas natural del mercado nacional alcanzó hasta finalizar septiembre 226,5 TWh, un 1,7% inferior a la obtenida en 2015, fundamentalmente por un menor consumo para generación eléctrica. Eso sí, la demanda industrial en el mismo periodo continuó su tendencia positiva con un crecimiento del 2,2%.

En cuanto a la evolución del consumo de gas, Llardén se ha mostrado positivo y ha afirmado que el pasado jueves 13 de octubre se batió el primer récord de demanda nacional en 3 años fuera de la temporada invernal. Además, destacó que en los últimos 50 días la evolución general de la demanda de gas natural es muy positiva. «La evolución de la demanda industrial es coherente con la evolución de la economía española y con las previsiones del PIB español para finales de 2016″, apunta la empresa gasista.

Enagás eleva objetivo de beneficio

Por otro lado, el presidente de Enagás valoró que la empresa está en la «senda correcta» para superar los objetivos marcados a principios de año y que espera terminar 2016 con un alza del beneficio del 1,5% frente al 0,5% previsto inicialmente. En este sentido, los directivos de Enagás explicaron que esta mejora del objetivo de beneficio refleja, entre otros aspectos, la contribución de la regasificadora de Sagunto (Valencia). La empresa también reafirmó el resto de objetivos de negocio para el año así como su compromiso de elevar el dividendo un 5% cada año hasta 2020. También avanzó que pronto actualizarán su plan estratégico con objetivos a «2020 o 2021».

El FFO (Funds from Operations) al final del tercer trimestre de 2016 fue de 611,5 millones de euros, superior en un 1,5% respecto al generado en el mismo periodo del 2015. En cuanto a la deuda neta de Enagás, ésta se situó en 4.431,3 millones a finales del tercer trimestre de 2016, frente a los 4.237 millones en que cerró el pasado ejercicio, lo que supone un ratio de FFO (12 últimos meses) sobre deuda neta del 15,9%. El coste neto medio de la deuda a 30 de septiembre 2016 se situó en el 2,4%, inferior al 2,8% registrado en la misma fecha de 2015.

Construir la regasificadora de Tenerife

Respecto a la regasificadora que la compañía pretende construir en Tenerife, Llardén explicó que, tras obtener en julio la autorización ambiental, el Ministerio de Industria trabaja en el borrador de orden ministerial para la autorización administrativa. Sin Gobierno esta orden no sale adelante, indicó Llardén, que confía que la situación se desbloquee antes de final de año y que se apruebe para arrancar así las obras. La planta regasificadora, con una inversión que ronda los 300 millones de euros, se construirá en los próximos tres ejercicios con el objetivo de que esté operativa en 2020.

Llardén también se ha mostrado confiado en que los números del sistema gasista cuadran para acabar con el déficit en 2020, tal y como estaba previsto. «Está perfectamente controlado«, ha apuntado. En cuanto al Midcat, el gasoducto que conectará Francia y España a través de Cataluña, ha insistido en que esperan tenerlo concluido también en ese horizonte previsto de 2020.

El Gobierno apoyará a la nueva Abengoa con 153,5 millones de euros en avales de Cesce

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE / Servimedia.- El Gobierno quiere apoyar a la nueva Abengoa y por eso la aseguradora de mayoría pública Cesce ofreció avalar proyectos de la ingeniería andaluza en el exterior por un máximo de 153,5 millones de euros. La aseguradora Cesce, en la que el Estado posee el 50,1%, comunicó a la banca acreedora que está dispuesta a asegurar parte del riesgo que las entidades asumirán con proyectos de la nueva Abengoa en el exterior, siempre que se consiga el visto bueno a su plan de reestructuración.

Según fuentes próximas al proceso, Cesce recibió a finales de julio una solicitud de aval de proyectos de la nueva Abengoa en el exterior, que se consideran «imprescindibles» para que la compañía siga adelante. Se trataba de proyectos seleccionados por la propia Abengoa y los bancos, algunos ya en cartera, entre ellos la central termosolar de Atacama, ubicada en el desierto chileno, uno de los proyectos más relevantes de Abengoa y el mayor complejo solar de América Latina, y otros nuevos, cuyos riesgos requieren avales por importe de 307 millones, 209 millones nuevos y 98 refinanciados. Teniendo en cuenta que Cesce asegura el 50% de esos avales, esto se traduciría en 153,5 millones de euros. 50 serán para nuevas licitaciones.

En una misiva dirigida a los bancos acreedores de Abengoa, Banco Popular, Banco Santander, Bankia, Credit Agricole y CaixaBank, Cesce muestra su voluntad de seguir apoyando a la compañía ya que afirma que existe «la mejor disposición» para valorar su participación como asegurador de futuras operaciones. No se trata de una oferta de seguro ni de un compromiso en firme de cobertura por parte de Cesce, pero sí de una muestra de apoyo a la continuidad de la nueva Abengoa una vez haya finalizado su reestructuración y se homologue judicialmente.

Aval a precios de mercado

Eso sí, Cesce aclara que las operaciones para las que se solicite aval se presentarán una a una, se discutirán en los correspondientes comités, serán aprobadas por la banca y a precios de mercado. Igualmente deberán cumplir las normas españolas, de la Unión Europea y de cualquier otra normativa que le resulte de aplicación en el ejercicio de su actividad.

Al margen de este ofrecimiento, la exposición de Cesce a Abengoa era ya de 206 millones de euros con datos de septiembre, la mayor parte, 115 millones de euros en avales y el resto en crédito comprador. Abengoa, inmersa en un preconcurso de acreedores desde noviembre de 2015, debe lograr este mes el apoyo del 75% de sus acreedores al plan de reestructuración y la homologación judicial para evitar la quiebra. Ese acuerdo de reestructuración prevé la inyección de 1.170 millones de euros y la dilución de los actuales accionistas.

Las mismas fuentes indicaron que Cesce no va a inyectar dinero, «porque no es el ICO» y añadieron que avalaran técnicamente los proyectos que hay en cartera, los nuevos que pueda conseguir Abengoa «para que consiga una carga de trabajo suficiente durante los primeros meses o años, una vez superada la reestructuración«. Respecto a las fechas previstas, señalaron que «muchos proyectos están en la cartera y no sería ilógico que los presentasen relativamente rápido» y añadieron que «según nos los vayan presentando los iremos licitando».

Asimismo, indicaron que «va a depender de cada aval, de cada estudio y de cada condición, pero en principio son proyectos que han sido seleccionados por Abengoa y por la banca acreedora como los proyectos más sólidos y claros que tienen en su cartera». Por tanto, «hemos demostrado nuestra predisposición favorable». Ante la posibilidad de la entrada en un procedimiento concursal, comentaron que no tienen por qué perder todo el dinero «porque habitualmente, cuando una empresa entra en quiebra, con los avales lo que ocurre es que podría aparecer una tercera empresa que se lleve el aval y se traspase».