La patronal APPA ve un «grave error» de Energía al «enfrentar a las diferentes tecnologías renovables en la subasta»

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Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera «un grave error» del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital «enfrentar las tecnologías renovables en la subasta» e «ignorar la complementariedad que existe entre las distintas energías renovables». APPA denuncia la «precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación» de la subasta renovable, y considera que el diseño de la licitación «perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado».

Achacan esta inseguridad jurídica a que «la rentabilidad razonable no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil» de los proyectos. «La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta», afirma. Además, critica que el proceso se lance sin consenso con el sector, lo que supone «desoír la experiencia del sector renovable y apostar por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de neutralidad tecnológica».

«Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable», señala. APPA insiste en la incertidumbre que genera una rentabilidad razonable que no se mantiene fija a lo largo del tiempo. «No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que clarifiquen cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible», indica el presidente de APPA, José Miguel Villarig.

La OCU pide más protección para los consumidores vulnerables en la nueva normativa para regular el bono social de electricidad

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Europa Press.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confía en que la nueva legislación del bono social eléctrico «mejore la protección» de aquellos consumidores más vulnerables y que también «agilice y simplifique» los trámites para poder acogerse a él. La asociación pide «la colaboración» de las comercializadoras para evitar situaciones de desamparo, «facilitando proactivamente» el ofrecer el bono social a las familias más desfavorecidas y mejorando la comunicación con la Administración para evitar cortes de suministro.

Para OCU, el bono social, según lo conocido, presenta, «graves deficiencias», como la ausencia de una definición de consumidor vulnerable, lo que supone que muchos hogares con serias dificultades no tuvieran acceso a él, o la falta de información para los consumidores sobre el mismo y cómo acogerse a él, «lo que hacía que el bono social fuera inaccesible para los potenciales beneficiarios por desconocimiento». Asimismo, la asociación considera necesario abordar también problemas «más graves» asociados a la pobreza energética y los cortes de suministro.

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla la legislación sobre el bono social. Entre las medidas recogidas en el borrador, figura el hecho de que los impagos deberán reclamarse mediante hasta tres comunicaciones fehacientes antes de iniciar el proceso de corte de suministro. Además, el corte de suministro no se podrá realizar antes de dos meses de la fecha de la reclamación fehaciente del pago, siendo cuatro meses si está reconocido como consumidor vulnerable severo. Precisamente se trata de una nueva categoría, los hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que evitarán los cortes de suministro si la administración (local o autonómica) contribuye con el 50% del coste de ese suministro.

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

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Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

La fotovoltaica UNEF pide al Supremo la suspensión de la subasta de renovables por considerar que favorece a la eólica

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Europa Press.- Al tiempo que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobaba la orden ministerial que regula la subasta por 2.000 megavatios (MW) de potencia renovable, ampliable a otros 1.000 MW adicionales «si el resultado de la subasta ofrece precios competitivos», la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) acordaba solicitar al Tribunal Supremo que aplique medidas precautelares consistentes en la suspensión de la próxima subasta de renovables, según indicó el director general de la asociación, José Donoso.

La petición responde a que el mecanismo preparado por el Gobierno “favorece”, según UNEF, a la eólica y “contradice” por tanto el principio de neutralidad tecnológica establecido en el real decreto sobre la subasta. En la reunión de UNEF han participado las empresas fotovoltaicas asociadas interesadas en la subasta, tanto las grandes como las pequeñas. «La percepción generalizada es que se produce una discriminación hacia la fotovoltaica, ya que con las condiciones de la subasta no se puede ejercer el grado de competitividad alcanzado por esta tecnología desde el punto de vista económico», explicó Donoso.

Al no reflejarse esta competitividad de la fotovoltaica, «se prevé que haya empate, y en caso de empate vamos a quedar desplazados», indicó. El mecanismo de la subasta limita los descuentos que ofrecen los interesados,lo que eleva según UNEF la probabilidad de empate, al tiempo que fija un procedimiento de desempate que premia los proyectos con más horas de funcionamiento y “beneficia por tanto a la eólica”. Para UNEF, este mecanismo contemplado en los desarrollos normativos rompe con el principio de neutralidad tecnológica establecido por el propio Ministerio de Energía en el decreto sobre la convocatoria de la subasta.

La «discriminación» sufrida por la fotovoltaica es «mala para los consumidores, a los que se impide aprovechar las ofertas más bajas que puede ofrecer esta tecnología», explicó Donoso, antes de recordar las discrepancias de UNEF con el sistema marginalista que se empleará en la puja. Por ello, planteará sus discrepancias a través de un recurso contencioso administrativo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, afirmó recientemente que la industria eólica española es «muy competitiva» y va a tener «un enorme éxito al participar en esa subasta”. “En España la eólica es muy buena tecnológicamente y tiene grandísimas oportunidades de llevárselo, porque trabaja más horas que la solar, aunque ya veremos», añadió.

Subasta ampliable a 3.000 MW

Por su parte, el gabinete dirigido por Álvaro Nadal subraya que la subasta será tecnológicamente neutra, «permitiendo competir en igualdad de condiciones a las distintas tecnologías renovables». La subasta se realizará mediante un mecanismo competitivo, de manera que resultarán adjudicados aquellos proyectos que supongan un menor coste para el consumidor. Además, para asegurar la ejecución de los proyectos, que tendrán que estar en funcionamiento antes de 2020, el Gobierno ha establecido un sistema de garantías económicas que, conforme se vayan cumpliendo hitos en la ejecución de los proyectos, irán siendo devueltas progresivamente a los promotores.

El Ministerio de Energía indicó que esta subasta representa un «paso muy significativo» para la consecución de los objetivos ambientales a 2020. Actualmente, España se encuentra por encima de la senda prevista para cumplir el objetivo del 20% de renovables en 2020, situándose por delante de la mayoría de países de nuestro entorno. El Gobierno realizó ya en 2016 una subasta, la primera desde la moratoria a las renovables, que sirvió para licitar 700 MW de renovables, de los que 500 fueron de eólica y 200 de biomasa, y en la que los ganadores se llevaron esta potencia sin incentivo.

Endesa replica a Nadal que invierte en sus redes de distribución de electricidad todo lo que le permite la ley

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Europa Press.- Endesa dedica 600 millones de euros anuales a la distribución de electricidad en España e invierte en esta actividad todo lo que le permite la legislación, según indicaron fuentes de la compañía. La compañía eléctrica responde de esta forma a las palabras pronunciadas en el pleno del Senado por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien aludió a la «falta de inversión» de Endesa en España.

«La inversión asciende al 100% de lo que permite la legislación y, además, estos datos están auditados públicamente», señalan por su parte las fuentes de Endesa, antes de asegurar que, de los 600 millones anuales dedicados a distribución, la compañía solo recibe retribución por el 60%. «El resto, en cumplimiento de la Ley, se cobra directamente a los clientes que se benefician de las respectivas infraestructuras», afirman. Como ejemplo, indican que las acometidas eléctricas para dar luz a nuevas urbanizaciones o empresas las tiene que pagar los nuevos beneficiarios y no el conjunto de los españoles. «Por eso Endesa sólo cobra del sistema eléctrico, es decir, del conjunto de consumidores, lo que le corresponde en cada actuación», añaden las fuentes.

Durante su intervención en el Senado, Nadal aseguró que Endesa «sí tiene una falta de inversión en el conjunto de España», ya que «en lugar de llegar al 100% de lo que podría invertir solo llega al 60%». El ministro aseguró que esta circunstancia «preocupa» al Ejecutivo y que desde su departamento se han puesto «en contacto con los accionistas de Endesa para decirles que el Gobierno español quiere que esta compañía invierta mucho más». El socio mayoritario de la compañía es la italiana Enel, con un 70% del capital.

El Gobierno plantea destinar el superávit eléctrico a financiar nuevas renovables en los sistemas extrapeninsulares y a pagar indemnizaciones judiciales

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Europa Press.- El Ministerio de Hacienda ha incluido varias disposiciones adicionales en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 en las que recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar tanto las ayudas a las renovables en territorios no peninsulares como indemnizaciones por fallos judiciales a favor de empresas del sector.

Estas disposiciones con rango de ley supondrían una modificación de la Ley del Sector Eléctrico de 2013, en la que se establece que el superávit del sistema eléctrico deberá dedicarse íntegramente a amortizar la deuda generada tras sucesivos años de déficit tarifario. Desde 2014, el sistema se encuentra en superávit, del que se habrán acumulado unos 1.130 millones hasta 2016, según las previsiones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cifra la deuda del sistema eléctrico pendiente de pago en 23.000 millones de euros. Precisamente, el regulador reclama al Ministerio de Energía que desarrolle «lo antes posible» la ley para aplicar los superávit de 2014 y 2015 a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

Frente a este planteamiento del regulador, la disposición adicional 110ª del proyecto de presupuestos recoge una convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares «con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley». El Gobierno establece que estos importes se dedicarán a proyectos susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos Feder y establece la cuantía máxima que podrá cargarse al sistema eléctrico, que será de 60 millones de euros. Además, la disposición adicional 114ª señala que, «de forma excepcional para 2017, los superávits del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de sentencias derivadas de normativa del sector eléctrico».

Entre las indemnizaciones que el Gobierno podría verse obligado a afrontar figuran los 500 millones de euros de compensación a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo por haber sufragado el bono social en los últimos años. Sobre este aspecto hay una sentencia firme del Tribunal Supremo que el Gobierno tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Otro de los litigios susceptible de indemnizaciones es el referido al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que las empresas del sector eléctrico, como han hecho otras del energético en general, tienen recurrido. El Supremo ha elevado una cuestión sobre el asunto al Tribunal de la Unión Europea.

El proyecto de ley también recoge una disposición adicional, la 111ª, en la que se contempla una «compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables». La disposición habilita al Gobierno a establecer un sistema de ayudas a las industrias que se determine, “intensas en comercio con terceros países” (exportadoras), consistente en la «reducción del coste de la promoción de la generación de electricidad a partir de fuentes renovables que soportan«.

Ciudadanos y PSOE reprochan al Gobierno que no actúe contra la contaminación del aire a pesar del ultimátum de Bruselas

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Europa Press.- La portavoz de Energía de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que no actúe contra la contaminación a pesar del «ultimátum» de dos meses que Bruselas ha dado a España en materia de calidad del aire el pasado mes de febrero.

«Luego pedirán responsabilidad a la Cámara cuando lleguen a última hora para hacer algo, sin consenso, para que votemos porque si no es responsabilidad de todos que nos multen», criticó la diputada. Rodríguez se refirió así durante su intervención en la sesión de control del Congreso, a las advertencias realizadas por la Comisión Europea. En ellas apuntaba que si España no cumplía en dos meses con objetivos en esta materia acudiría al Tribunal de Justicia Europeo y se podría multar al país por esta situación.

«Madrid, por 7 años consecutivos, no cumple los límites legales y la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción», ha apuntado Rodríguez, para pedirle a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, «responsabilidad» y «trabajo» y elaborar «un Plan Nacional» que «evite que haya políticas de improvisación en ayuntamientos que, en lugar de trabajar por el clima, acaben en caos, como ocurrió en Madrid». Sin embargo, Tejerina ha recordado a Rodríguez que esta materia es competencia de las autonomías y ayuntamientos y que la labor desde el ministerio es dictar la normativa básica y apoyar a los ejecutivos regionales y locales. «Nos hemos dirigido a las administraciones responsables que están fuera de los cumplimientos», ha asegurado.

En su intervención también ha defendido el trabajo del Ministerio y ha asegurado que la calidad del aire es una «prioridad» en las políticas de su departamento y ha recordado que se aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 para actuar sobre las fuentes de emisión contaminantes, entre ellas el transporte. En este sentido, ha explicado que, actualmente, se «trabaja en la evaluación de los resultados» de esta iniciativa y en la preparación del segundo plan del aire.

Respecto a la misma cuestión, la diputada socialista Pilar Lucio, ha interpelado a la ministra sobre la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético y ha criticado los «escasos» avances de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a otros países. Por ello, ha reclamado al Gobierno un «mayor esfuerzo» en esta materia, con medidas, por ejemplo para el fomento del vehículo eléctrico a través del impulso a la fiscalidad ambiental que graven a quien más contamine. «Hay que remangarse», apostilló.

En su respuesta, la ministra incidió en que el Gobierno está preparando un nuevo Plan nacional de Calidad del Aire para el periodo 2017-2019 y ha asegurado que es una de las «prioridades» del Ejecutivo. Así, citó medidas en el marco del plan actual como el etiquetado de vehículos según contaminen, los planes PIMA y el Plan Clima, entre otras actuaciones que suman un importe de 172 millones de euros para impulsar iniciativas de mejora de la calidad del aire.

También ha indicado se establecerán otros planes y programas que estarán listos en 2019. La ministra ha garantizado que «este es uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta legislatura» y ha puesto como muestra de ello la anunciada Ley de Cambio Climático y para la transición energética. Finalmente, ha relatado las medidas dirigidas a la revisión del modelo energético entre las que destaca la apuesta por la eficiencia energética, con 255 millones de euros desde 2012, y la interconexión eléctrica con el resto de Europa para promover la integración del mercado energético que permita ajustar y estabilizar los precios porque insiste en que para el Ejecutivo «proteger la salud y el medio ambiente es un objetivo irrenunciable».

Nadal dice que la eólica española es «muy competitiva» y tendrá «grandes oportunidades» en la subasta

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Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha afirmado que la industria eólica española es «muy competitiva» y va a tener «grandes oportunidades» en la subasta. «Creo que va a haber un enorme éxito por parte de la energía eólica a la hora de participar en esa subasta, porque lo va a hacer con capacidad de competencia, ya que la industria es buena, está avanzada y porque es capaz de competir con quien sea a nivel mundial», ha recalcado Nadal.

El ministro también ha recordado que hay muchos intereses creados en España, tanto territoriales como empresariales, y que el Ejecutivo quiere que la subasta se haga «bien», de forma «muy competitiva» y «a los menores costes posibles». «En España la eólica es muy buena tecnológicamente y tiene unas grandísimas oportunidades de llevárselo, porque trabaja más horas que la solar, aunque ya veremos», ha añadido Nadal.

El titular de Energía, Turismo y Agenda Digital ha insistido en que si España quiere tener una industria competitiva es necesario que el sector energético tenga el mejor coste posible. Así, ha apuntado que el Gobierno tiene que cumplir con los objetivos medioambientales, que están fijados en un 20% de energía renovable en los objetivos para 2020, y no perjudicar a la competitividad de la industria. Según ha recordado Nadal, aunar estos dos objetivos forma parte del principio de neutralidad, recogido en el paquete de invierno en la propuesta que se mandó a la Comisión Europea de cara al futuro.

Proyectos de la primera subasta

Sobre la primera subasta de energías renovables, el titular del Ministerio ha afirmado que ya se iniciaron algunos de los «grandes» proyectos de inversión energía eólica y biomasa de la subasta anterior. También ha señalado que estas energías ya están prácticamente en capacidad de competir a precios de mercado, aunque todavía no son suficientemente competitivas, ya que necesitan un respaldo y unas redes más densas.

No obstante, Nadal ha insistido en que en España hay una energía renovable que empieza ser «muy parecida» a la del resto de países europeos en nivel de coste. Por su parte, el senador del PNV, José María Cazalis, ha resaltado los buenos datos del panorama eólico español y le ha transmitido al ministro que parece “tener prisa” en cumplir con los objetivos en materia energética de 2020 de la Unión Europea. Cazalis ha resaltado que el resultado de la primera fue «sorprendente e inesperado» e insiste en que «nadie sabe cómo van a acabar estas subastas» y teme que «los resultados puedan ser similares y se acabe propiciando la integración de tecnologías baratas de terceros países en estas energías«.

El Gobierno tendrá en «breve» el borrador de desarrollo del bono social, que podría aplicarse antes de verano

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Europa Press.- El Gobierno contará en «breve» con el borrador del reglamento para desarrollar el bono social eléctrico, que podría así estar listo para antes de este verano, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que destacó que el texto recogerá como «requisito fundamental» la consideración de la renta para acceder al bono social. Hasta ahora, al bono social accedían las familias numerosas, los consumidores con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (kW), las pensiones mínimas y los desempleados.

Además, Navia destacó que se va a trabajar en la protección adicional del consumidor en las prácticas de comercialización, así como en la regulación de los cortes, estableciendo una categoría de consumidores particularmente en riesgo de exclusión social, «donde los cortes quedarán cubiertos con una contribución de las comercializadoras«. El secretario de Estado de Energía indicó que el Gobierno está ultimando este borrador después de haber mantenido contactos con todos los grupos políticos y contar con «un consenso importante» y avanzó que se procederá a una tramitación acelerada que podría, si todo funciona según lo previsto, «concluir antes de verano».

El texto deberá pasar previamente al Consejo de Estado y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su aprobación, añadió Navia, quien aseguró que la percepción tras las reuniones con los grupos es «muy positiva» y que existe un grado de acuerdo «bastante importante». Por otra parte, el secretario de Energía insistió en que el Gobierno, «en la medida que haya márgenes en el sistema», bajará la parte regulada del recibo. «Está en nuestro programa electoral. No subir la parte regulada y, si se puede hacer de forma prudente, ir reduciendo la parte regulada», aseguró.

Los impuestos y cargas sitúan el recibo de la luz entre los más caros de Europa, según Gas Natural Fenosa

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Europa Press.– Los impuestos y las cargas parafiscales gravan más de la mitad de la tarifa eléctrica y la convierten en una de las más caras de Europa, al tiempo que la tarifa de gas natural en España es cerca de un 10% más cara que la media europea debido al impacto del coste de las redes de transporte y al menor consumo debido a la climatología.

Así se puso de manifiesto en una jornada organizada por la Fundación Gas Natural Fenosa, titulada Las cuentas de la energía: tarifas, impuestos y autoconsumo, a la que asistieron más de 200 profesionales y en la que diferentes expertos buscaron soluciones para reducir el precio de la energía. Durante la jornada, se describieron en detalle la estructura de la tarifa eléctrica y del gas natural, la evolución de los costes y el papel de los impuestos y tasas públicas, así como su relevancia en el debate sobre el autoconsumo eléctrico descentralizado con energía solar fotovoltaica.

Según el director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, Martí Solà, «las cuentas de la energía se están convirtiendo en un tema de máxima actualidad en España y en los países de nuestro entorno». «Es así tanto por el aumento de los precios de la energía en nuestro país, como por el impacto que tiene esta subida de precios en la competitividad internacional de nuestras empresas y en el bienestar de nuestras familias», señaló.

El senior manager strategy de PwC, Gerardo Fernández, explicó que «la factura eléctrica en España es una de las más caras de Europa, lo que repercute en una menor renta disponible para hogares y empresas». Este experto explicó los diferentes conceptos que componen la tarifa eléctrica y mostró que la parte directamente relacionada con la comercialización solo es un 26% del total del coste de la factura, mientras que los costes asociados a políticas energéticas y sociales (cargas parafiscales), así como los impuestos sobre la factura eléctrica (cargas fiscales), suponen en torno al 50% del total de la factura eléctrica.

El socio de Accenture Strategy, Álvaro Polo, explicó la composición de las tarifas del gas natural, donde el coste de la energía representa solo alrededor del 40% del total. «Las ofertas del mercado libre suelen ser más competitivas», comentó. Asimismo, este experto recalcó que la tarifa doméstica española del gas natural es todavía cerca de un 10% más cara que la media europea. «Esto está relacionado con el bajo nivel de gasificación de España, la dispersión de la población y el clima más moderado que limita los consumos, lo que implica una repercusión mayor del coste de las infraestructuras«, adujo.

El director gerente de NERA Economic Consulting, Óscar Arnedillo, explicó que el incremento de la factura eléctrica ha inducido a los consumidores a instalar equipos de autoconsumo aun cuando en realidad el coste del suministro desde la red eléctrica es menor que el coste de dichos equipos. «Es urgente limpiar las tarifas de las cargas ajenas al suministro eléctrico, ya que cuanto más tarde en acometerse más consumidores habrá que hayan malgastado su dinero invirtiendo en equipos de autoconsumo«, manifestó.

Según Arnedillo, el autoconsumo no solamente es «ineficiente», sino que esconde transferencias de costes desde aquellos que instalan autoconsumo hacia el resto de consumidores. «Por ello, cuando el autoconsumo empiece a desarrollarse, el regulador no tendrá más opción que quitar estos impuestos y cargas, de modo que el coste de suministrarse desde la red volverá a ser la opción más económica para los consumidores», comentó.