El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio no va a enviar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la propuesta de orden ministerial para la revisión de las tarifas eléctricas, por lo que el recibo de la luz se congelará durante el segundo trimestre del año. Según informaron fuentes ministeriales, las tarifas eléctricas para todos los tipos de consumidores continuarán en los términos fijados el pasado mes de enero, cuando subieron un 3,3 por ciento.

Desde junio del año pasado el Gobierno tiene la potestad para revisar las tarifas cada tres meses, aunque no siempre la ha ejercido: en junio y septiembre de 2007 decidió congelarlas, mientras que en enero de 2008 subieron.

Hasta ahora correspondía a Industria elaborar una propuesta de orden ministerial en la que detallaba las subidas para los distintos grupos de consumidores, que remitía a la CNE para su análisis y, posteriormente, el Ministerio aprobaba.

Sin embargo, a partir del próximo mes de junio será el organismo que preside Maite Costa el que haga la propuesta de subida tarifaria y la remitirá al Ministerio, que podrá aprobarla e introducir los cambios que considere oportunos en la propuesta del regulador energético.

De acuerdo con la última revisión tarifaria, el término de potencia de la tarifa 2.0 (entre 1 y 10 kilovatios), a la que están acogidos prácticamente todos los consumidores domésticos, cuesta una media de 1,63 euros por kilovatio al mes, mientras que el término de energía del mismo grupo de consumidores tiene un precio medio de 0,0927 euros por kilovatio hora consumido.

A partir del próximo mes de julio, la tarifa para los clientes industriales (alta tensión) desaparecerá, por lo que estos consumidores sólo podrán disfrutar de precios regulados durante los próximos tres meses. Las pymes y comercios (potencias contratadas de hasta 15 kilovatios) podrán optar por abastecerse en el mercado liberalizado o continuar en el sistema tarifario.

Según lo previsto en la ley, las tarifas reguladas desaparecerán a partir de 2009, aunque continuará vigente un sistema denominado de tarifa de último recurso al que podrán seguir acogidos los consumidores domésticos y pequeños comercios.

– Unesa cree que la congelación de las tarifas retrasará más la recuperación del déficit

La patronal eléctrica Unesa considera que la congelación de las tarifas eléctricas para los consumidores durante el segundo trimestre de este año retrasará aún más la recuperación del déficit, diferencia entre ingresos y costes del sistema eléctrico.

Fuentes de Unesa explicaron que el hecho de que el recibo de la luz se mantenga en los términos fijados el pasado mes de enero, cuando subió un 3,3 por ciento, supone un «nuevo aplazamiento» en la recuperación del déficit tarifario, algo que no «es bueno» para el sistema.

Desde la patronal eléctrica recuerdan que la tarifa regulada debe desaparecer por ley el 1 de enero del 2009 y reiteran la necesidad de acabar antes con este déficit, situación que se produce cuando los ingresos obtenidos por la tarifa son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico.

Antes de eliminar las tarifas, requisito impuesto por la normativa europea y previsto en la Ley del Sector Eléctrico, es necesario que el sistema tenga una metodología que no genere desequilibrios. «Hay que acabar con esa figura y cada vez queda menos para que desaparezcan las tarifas», subrayan desde Unesa.

En 2006, el déficit fue de 3.046 millones de euros, mientras que en 2007, según datos provisionales de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), puede cerrarse en algo más de 1.000 millones de euros. Desde el año 2000, primer ejercicio en el que se produjo déficit y se reconoció su recuperación, esta cantidad supera los 10.000 millones.

Las compañías eléctricas dispondrán de un plazo de hasta 15 años para cobrar el déficit tarifario -diferencia entre los ingresos y costes del sistema eléctrico- en que incurren a priori por la regulación del sector, según una orden de Industria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mediante esta orden se regulan las subastas de los derechos de cobro creados para que las compañías eléctricas puedan financiar a priori (ex ante) el déficit que a partir del ejercicio de 2007 -entre el 1 de enero de ese año y el 31 de enero de 2008 ascendió a 1.197 millones- se pueda generar por la regulación de sus tarifas.

Esta orden determina las características de los derechos de cobro y señala que podrán recuperarse «en un plazo máximo de 15 años a partir de la fecha de su desembolso», y establece que la primera subasta que se celebre con esta nueva regulación se haga en un plazo de tres meses -antes del 16 de junio próximo-.

Así, el derecho de cobro está integrado por el «valor base» del mismo, que «será como máximo el reconocido como déficit ex ante en las órdenes -trimestrales- por las que se modifiquen las tarifas eléctricas», aunque el valor base definitivo será «el que resulte efectivamente adjudicado en la subasta». Además, el derecho de cobro incluirá «los intereses de actualización del valor base», que serán anuales y estarán ligados al Euribor -tipo de interés del mercado interbancario del euro- a tres meses correspondiente a noviembre inmediatamente anterior al año en que haya de aplicarse.

La orden ministerial también determina que se incluya el derecho de cobro y se abone «como coste de la tarifa mediante la afectación a ese fin de un determinado importe mensual de los ingresos del sistema eléctrico», por lo que el derecho de cobro «tendrá la consideración de coste liquidable del sistema».

La orden también regula el procedimiento de cálculo definitivo del déficit tarifario que las compañías eléctricas podrán percibir a través de los derechos de cobro. A este respecto, señala que la Comisión Nacional de Energía comunicará a la Dirección General de Política Energética y Minas «el importe definitivo pendiente de cobro al término de cada ejercicio», que deberá publicar antes del 30 de junio del ejercicio siguiente, además de proporcionar otros detalles sobre la forma de determinar el déficit.

El mecanismo de subastas para financiar el déficit ex ante se diseñó el año pasado y ha sido reformado después de que el pasado noviembre se declarara desierta la primera puja de estas características, en las que se subastaron 1.500 millones en derechos de cobro.

La orden también incluye un epígrafe sobre protección de datos de los consumidores, que modifica la normativa sobre la fijación de tarifas para este ejercicio y establece que «los consumidores podrán manifestar por escrito a los distribuidores su voluntad de que sus datos no sean accesibles a los comercializadores».

El ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, ha reconocido que «la CNMV se equivocó al dejar desamparada a E.ON» durante el proceso de opa contra Endesa, y ha defendido su decisión de dejar la presidencia del regulador español.

Así lo explicó Conthe durante una entrevista en el programa «La Mirada Crítica«, de Telecinco, en la que ha reconocido que, «aunque no hubo entonces el más mínimo indicio de delito», la decisión tomada por la CNMV no fue la correcta. «El consejo de la CNMV, añadió, dejó desamparado al oferente, en este caso E.ON, al que habíamos obligado a que no comprara las acciones de Endesa«.

En la pugna por el control de Endesa, que abrió Gas Natural con una opa considerada hostil por la eléctrica, participó también la empresa alemana E.ON -que estuvo a punto de llevarse el gato al agua-. Una vez que Enel y Acciona anunciaron su acuerdo para lanzar una opa sobre la eléctrica española a 41 euros, precio que mejoraba el ofrecido por E.ON., el grupo alemán optó por negociar y retirarse de la puja tras asegurarse la compra de activos de Endesa en España, Italia, Francia, Polonia y Turquía, y de Viesgo, la filial española de Enel.

El proceso culminó el pasado 5 de octubre, cuando la italiana Enel y la española Acciona se hicieron con el control del 92,06 por ciento del capital social de Endesa, después de haber conseguido a través de su opa conjunta el 46,05 por ciento de la eléctrica española.

Manuel Conthe dimitió el 2 de abril de su cargo de presidente de la CNMV porque el Consejo del supervisor rehusó abrir un expediente sancionador a Enel y Acciona sobre el proceso de la opa a Endesa, según explicó él mismo ante la Comisión Económica del Congreso.

El ex presidente de la CNMV acaba de publicar «La paradoja del bronce«, un ensayo con el subtítulo «Espejismos y sorpresas en el mundo de la economía y la política«. El título responde, según su autor, a un descubrimiento que se hizo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en los que una investigadora constató que «los que habían ganado la medalla de bronce eran más felices que los que habían conquistado la de plata».