En un comunicado, Industria explicó que la decisión de adelantar la liberalización de estas tarifas, prevista inicialmente para junio de 2010, obedece a los «buenos resultados obtenidos en el proceso de liberalización del sector gasista español», donde el 89 por ciento del consumo se contrata libremente.

Para facilitar el proceso, se estable un periodo transitorio hasta el 1 de julio de 2009 para la negociación de nuevos contratos.

A principios de septiembre, la CNE propuso a Industria suprimir las tarifas de último recurso (TUR) -precios máximos que fija el Gobierno para proteger a los pequeños usuarios- para aquellos consumos superiores a 50.000 kilovatios-hora (KWh), las denominadas T3 (entre 50.000 y 100.000 KWh al año) y T4 (más de 100.000 KWh).

Según el comunicado, estas tarifas afectan a pequeñas y medianas industrias, el sector terciario (hospitales u hoteles) y consumos colectivos con elevados gastos medios mensuales, «por lo que se dan las condiciones apropiadas para que negocien los precios libremente en el mercado.

La semana pasada, el ministerio de Industria envió a la CNE el borrador de Real Decreto que define el nuevo sistema de tarifas eléctricas reguladas (TUR), que entrará en vigor el 1 de julio de 2009.

El texto de Industria impide a los consumidores con una potencia contratada superior a 15 kilovatios (KW) -comercios y empresas medianos- acogerse a las TUR y propone una metodología de cálculo que incluirá el coste de la energía, los peajes de acceso y un margen comercial.

El alumbrado público consumió el pasado año más de 3 millones de megavatios, de los que el 95 por ciento correspondió a instalaciones municipales, y la nueva normativa permitirá disminuir en un 30 por ciento el consumo de electricidad en las nuevas instalaciones, según la referencia del Consejo de Ministros.

Según la misma fuente, la implantación de criterios de eficiencia en el alumbrado puede suponer ahorros equivalentes a entre 150.000 y 230.000 toneladas de petróleo, lo que, a su vez, significa la disminución de entre 450.000 y 690.000 toneladas de emisiones de CO2 (dióxido de carbono) al año.

El reglamento, que entrará en vigor en abril de 2009 y desarrolla parte del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011, se aplicará sólo a nuevas instalaciones o a reformas significativas que superen los 1.000 vatios

La normativa afecta a todo el alumbrado exterior, salvo al festivo y navideño, para los que se permite la iluminación genérica aunque limitando la potencia por metro cuadrado de calle.

La aprobación del reglamento, la primera regulación estatal de estas características de España, se enmarca en las seis líneas estratégicas de lucha contra el cambio climático aprobadas por el Gobierno el pasado mes de julio, que comprende actuaciones de nueve ministerios.

Además de bajar el consumo, pretende limitar el resplandor luminoso nocturno, lo que contribuirá a mejorar la apariencia del cielo y a eliminar las perturbaciones ocasionadas por el alumbrado, como la interferencia en los sistemas de observación astrofísica o la desorientación de las aves nocturnas.

El reglamento también persigue reducir la luz intrusa o molesta para evitar gran número de molestias a los ciudadanos en sus hogares o actividades por la presencia de iluminaciones indeseadas.

Para conseguir estos objetivos, el reglamento establece los requisitos mínimos de eficiencia energética de las instalaciones, que irán en función de su diseño (número de lámparas por metro cuadrado) y no de la tecnología; y fija niveles de iluminación en función del uso del espacio exterior (coches, peatones, etc…).

Por otra parte, requiere un régimen de funcionamiento inteligente, ajustado a las necesidades reales y dotado de sistemas de regulación precisos, y determina las características energéticas de las lámparas, luminarias y otros equipos, así como los sistemas de accionamiento y regulación.

También exige una programación sistemática de mantenimiento, que se controlará mediante verificaciones e inspecciones periódicas.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso que establecieron los consejeros Luis Albentosa Puche (designado por el PSOE), Fernando Marti Scharfhausen (actual vicepresidente del organismo) y Javier Peón Torre, éstos dos últimos designados por el PP, contra el decreto 1204/2006 de 20 de octubre por el que se modifica el reglamento del organismo (establecido en el R.D. 1339/1999).

El tribunal declara nulo de pleno derecho el decreto que buscaba “presidencializar” la CNE, aumentando los poderes de su presidenta y erosionando el carácter colegiado del organismo y mediante el que se podía conformar un equipo de tres consejeros que ordenaría el funcionamiento del organismo.

Además, el Decreto modificaba el régimen de incompatibilidades vigente para los ex-consejeros que procedan de la Administración General de Estado y vuelvan a la misma, una vez finalizado su mandato, de una forma insólita de la que no existía precedente, lo que permitía que la CNE fuera el único organismo en el que se podría conseguir tener dos sueldos del Estado una vez abandonado el cargo

Este fue uno de los primeros decretos que aprobó el anterior Ministro de Industria, Joan Clos, aunque según se pudo conocer a posteriori la propuesta fue remitida desde la propia CNE al ex Secretario General de Energía, Antonio Fernández Segura, tras el nombramiento de Maite Costa.

En referencia al propio procedimiento, el propio Ministro Joan Clos llamó en su momento personalmente a los consejeros José Sierra y Carmen Fernández-Rozado para evitar que se adhirieran al mismo. Estos dos Consejeros, finalmente no se incorporaron a la causa abierta inicialmente. Los consejeros que formalizaron la demanda, previamente se habían dirigido por escrito al ex Ministro de Industria justificando los motivos de su oposición y emplazando al ministro a que repensara la medida. El fallo del tribunal se basa en motivos formales, como la necesidad de que toda la normativa que se promulgue en el sector sea previamente analizada por el Consejo del organismo.

Este fallo judicial es un duro revés para Maite Costa, en la medida que debilita su autonomía en el plano organizativo frente al Consejo y devuelve el organismo al ojo del huracán..

En un comunicado conjunto las tres asociaciones fotovoltaicas consideran que esta regulación permitirá al sector fotovoltaico español estar «entre los más fuertes y competitivos» del mundo y valoran que Industria haya escuchado sus preocupaciones.

No obstante, advierten de que el mercado atravesará en 2009 y 2010 «una etapa de contracción» y consideran que la norma podría haber recogido mejores condiciones.

El Consejo de Ministros aprobó hoy un Real Decreto que regula la energía solar fotovoltaica en el que se rebajan las primas a la producción y establece límites a la nueva potencia instalada.

El texto aprobado establece un tope de 400 MW nuevos anuales pero, para suavizar el impacto en la industria que supondrá esta limitación, en 2009 habrá un cupo extraordinario de 100 MW y en 2010 de 60 MW para las plantas en suelo.

Las asociaciones empresariales valoran que el Gobierno haya incorporado cupos adicionales de potencia para los primeros años del nuevo modelo.

Asimismo, destacan la mejora de la tarifa para las instalaciones en suelo, que recibirán 32 céntimos de euro por kilovatio-hora (KWh) frente a los 29 céntimos establecidos en los primeros borradores de la norma.

Durante su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso, Pedro L. Marín, secretario general de Energía, explicó que de los alrededor de 1.500 nuevos MW que se han instalado este año, sólo el 30 por ciento se han fabricado en España por lo que el cupo establecido en el Real Decreto, que hoy se aprueba el Consejo de Ministros, permite mantener la industria del sector.

Industria ha fijado un cupo anual de potencia de 500 megavatios para 2009 y una prima de 29 céntimos por kilovatio/hora (KWh) para las plantas en suelo y de entre 32 y 34 céntimos para los edificios, frente a los 45 céntimos que reciben ahora ambas

Asimismo, Marín explicó que, para facilitar el transito a la nueva normativa, se ha adelantado el cierre de la primera convocatoria de 2009 a finales de 2008 y que el nuevo sistema de registros trimestrales dará más «seguridad jurídica a las empresas».

Marín subrayo que el nuevo Real Decreto da una «base estable» al sector, frente a las criticas del diputado del PP Antonio Erias que acusó al Gobierno de crear incertidumbre en la tramitación de esta norma y alejar así las inversiones.

Comparecencia en el Congreso

En su primera comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso, Marín hizo un amplio repaso de la política en materia energética del Gobierno con especial hincapie en la liberalización de los mercados eléctrico y gasista, las energías renovables, la estabilidad regulatoria y la importancia del ahorro y la eficiencia energética.

El secretario general de Energía reiteró la apuesta del Gobierno por las renovables y avanzó que «ve posible» que estas fuentes cubran el 40 por ciento del consumo eléctrico en 2020 y llegar al objetivo del 10 por ciento en biocarburantes.

También adelantó que Industria presentará antes de final de año, en alrededor de un mes, la nueva prospectiva energética para el año 2030.

Marín apuntó como uno de los retos fundamentales para esta legislatura acabar con el denominado déficit tarifario, que se genera cuando los ingresos del sistema eléctrico son insuficientes para cubrir los costes del mismo, y dar señales de precio reales a los consumidores antes del fin de las tarifas reguladas y la plena liberalización del sector.

Para solucionar este «grave» problema, añadió, se requerirá la colaboración y el esfuerzo de empresas, consumidores y Administración.