El bono social supone la congelación de la tarifa eléctrica actual, hasta el año 2012. Podrán acogerse a ella, a partir del próximo 1 de julio (fecha en que culmina la liberalización eléctrica) los hogares con menos de 3 kW de potencia contratada, las familias numerosas, los pensionistas y los hogares con todos los miembros en paro.
Estos últimos tendrán que renovar cada dos años el certificado que les acredita como beneficiarios del bono social (para que no sigan teniendo acceso a esta tarifa social, una vez que se ha encontrado empleo), según fuentes ministeriales. No obstante, para que los desempleados puedan acceder al bono social, será necesario contar con un certificado emitido por la comunidad autónoma, en ejercicio de sus competencias.
Además, Industria está trabajando para conocer qué hogares de los que tienen menos de 3 kW contratados son primera vivienda, y cuáles no lo son, de modo que, quienes disfruten del bono, sean realmente los hogares con rentas más bajas.
En este sentido, Industria podría promover un convenio entre las empresas comercializadoras de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para esclarecer este punto, en un breve plazo de tiempo.
El INE facilitaría qué titulares están realmente empadronados allí donde tienen la vivienda que, con menos de 3 kW de potencia contratada, dicen que es su residencia habitual.
Cerca de 25 millones de clientes, los domésticos con menos de 10 kW contratados de potencia, pasarán a la TUR a partir del próximo 1 de julio. Esta tarifa (la única que se mantendrá tras la liberalización) será revisada al menos cada seis meses (en línea con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa).
Los clientes de la TUR podrán optar por contratar la tarifa de discriminación horaria, que implica un ahorro de cerca del 10% si se concentra el consumo eléctrico (lavadora, lavavajillas, etcétera) en las horas «valle» (las horas en las que la energía es más barata: por la noche).
El consumidor doméstico que, el 1 de julio, no realice ningún trámite, pasará por defecto a pagar la TUR. Sin embargo, podrá encontrar ofertas más competitivas, que pueden suponer un ahorro de hasta un 5%, si se toma la molestia de negociar en el mercado.
Para facilitar que las ofertas de las comercializadoras de último recurso lleguen a los clientes, se ampliarán las bases de datos con las que cuentan las compañías distribuidoras, de modo que se incluyan informaciones como los impagos de los consumidores y la dirección del usuario.
De este modo, recibirán ofertas en su domicilio a menos que, de modo expreso, el usuario comunique que no quiere formar parte de dicha base de datos.
Las compañías eléctricas elegidas para ser comercializadoras de último recurso son las más grandes, de más experiencia y más capacidad financiera. No obstante, las más pequeñas contarán con un plazo de cerca de dos años para competir en el mercado liberalizado y, posteriormente, podrán optar a ser comercializadores de último recurso.
Los consumidores con más de 10 kW de potencia contratada (aproximadamente 1,2 millones) tendrán que buscar un comercializador antes del mes de abril de 2010.
Si no negocian con ninguna compañía, se les aplicará un aumento de precio trimestral del 5% hasta la citada fecha. A partir de entonces, pasarían a pagar una TUR un 20% más cara, de modo transitorio.
