El Gobierno lanzará un plan de incentivos para mejorar la eficiencia energética en empresas dotado con 307 millones de euros

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Europa Press.- El Gobierno lanzará un nuevo programa de incentivos para actuaciones de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas (pyme) y la gran empresa industrial, dotado con 307,6 millones de euros provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética de 2018 y de remanentes de años anteriores.

El Ministerio para la Transición Ecológica lo comunicó en la Conferencia Sectorial de Energía, principal órgano de colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de energía. El presupuesto de las ayudas cuenta, además, con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Hasta el momento, el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial 2014-2020, que gestiona el IDAE, ha realizado dos convocatorias, dotadas respectivamente con 115 y 168 millones de euros.

Asimismo, la Conferencia acordó la propuesta de reparto de las ayudas del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), dotado con 45 millones de euros para 2019. En el encuentro también se informó de la próxima convocatoria de un programa de ayudas para proyectos singulares en materia de movilidad sostenible, que cuenta con 15 millones de euros, con lo que se eleva a 60 millones de euros la dotación para movilidad sostenible.

En concreto, el programa Moves está dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centro de trabajo. Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Las comunidades y ciudades autónomas deberán ahora realizar la correspondiente convocatoria de ayuda en sus respectivos territorios. El presupuesto asignado deberá repartirse de acuerdo a los criterios establecidos. Así, entre un 20% y un 50% de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida. Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0% y un 10%.

El decreto también fija los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos, que oscilan entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, como incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible, se exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de 1.000 euros en la factura, excepto para cuadriciclos y motos.

En lo que respecta a los incentivos para vehículos de gas, se reservan para camiones y furgones. En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros. Finalmente, se fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.

En lo que se refiere a los 15 millones adicionales que el programa Moves dirige a proyectos singulares de movilidad sostenible en Ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación, municipios ubicados en islas o iniciativas de innovación en electromovilidad, el gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que en estos momentos se están preparando las bases del programa, que será gestionado por el IDAE en concurrencia competitiva a fin de poder incentivar proyectos piloto ambiciosos en las áreas descritas en la convocatoria.

La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» del Gobierno a favor de las renovables en su plan de transición energética

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Europa Press.– La Fundación Renovables aplaude «el paso adelante» dado por el Gobierno a favor de las renovables al fijar un objetivo del 42% para 2030 en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 remitido a Bruselas.

La Fundación valora que el documento reconoce que es posible alcanzar en 2050 un modelo energético 100% renovable y destaca que marca que para 2030 un 74% de la generación de electricidad será con energías verdes. Asimismo, valora la propuesta en movilidad de alcanzar los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, así como la delimitación de acceso a los vehículos más emisores y contaminantes a las zonas centrales en las ciudades de más de 50.000 habitantes a partir de 2023. No obstante, la Fundación lamenta que el objetivo del 20% de reducción de emisiones sobre 1990 «es claramente insuficiente«.

Además, subraya que el PNIEC mantiene la estructura de consumo en origen y no apuesta por cambiar el modelo de demanda. «Actuar prioritariamente por el lado de la demanda y por su electrificación supone democratizar el sistema energético», añade la Fundación Renovables, que añora también «objetivos concretos» de generación a través de autoconsumo. La Fundación también lamenta que el documento no ponga una fecha de cierre para las centrales térmicas de carbón y que posponga 10 años el apagón nuclear, «que debería producirse cuando caduque la última licencia de explotación».

Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para que España alcance su completa descarbonización en 2050

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Europa Press.- El Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que contempla la descarbonización al 100% de la economía española en 2050. El proyecto normativo es uno de los tres pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima, del que también forman parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa.

En este sentido, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha indicado que el paquete normativo es la «combinación de anhelo y realidad que quiere poner en marcha el Gobierno con este proyecto que está en línea con los objetivos de la Unión Europea». La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó el conjunto normativo para «facilitar y orientar» la descarbonización de la economía en 2050, de acuerdo con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

«Hemos visto el marco estratégico de energía y clima que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y es una apuesta para facilitar la modernización de la economía, el empleo en sectores y campos en los que tenemos gran potencial y que nos colocará en el porvenir», ha subrayado Ribera. Así, defiende que este es un marco «ambicioso, equilibrado, modernizador y plenamente factible» que permitirá la creación y «reposicionamiento» de la industria, las energías limpias y generará efectos positivos para el desarrollo del medio rural, el medio ambiente, la salud y la justicia social.

El anteproyecto de Ley plantea dos fases, a 2030 y a 2050. El primero de ellos, 2030, marca el objetivo de reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a los niveles de 1990; generar al menos el 70% de electricidad con energías de origen renovable; asegurar al menos el 35% del consumo final de energía procedente de renovables y mejorar la eficiencia energética en, al menos, un 35%.

Por tanto, Ribera ha indicado que reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 en 2030 supondrá eliminar «una de cada tres toneladas de dióxido de carbono» y para llegar a una neutralidad de carbono en 2050 se deberán reducir las emisiones de CO2 en un 90% con respecto a 1990. Para alcanzar estas metas el Gobierno prevé aprobar subastas de por lo menos 3.000 megavatios renovables cada año y desarrollar un nuevo marco de retribución para la generación renovable que se base en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada y que se otorgarán mediante procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación.

Otras de las medidas contempladas en el anteproyecto es que solo se podrán dar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil si están «debidamente» justificados por motivos de «interés social o económico» o por la «inexistencia de alternativas tecnológicas». Además, se deberá elaborar un informe sobre el régimen fiscal que se apliquen a los productos energéticos de origen fósil, que incluirá un calendario para revisar estas ayudas. La Administración General del Estado y los organismos o entidades que forman el sector público estatal deberán desprenderse en dos años de todas las participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil esté ligada a la extracción, refinado o procesado de productos energéticos.

También se fomentarán los combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno y en la aviación se promoverá el uso de biocarburantes avanzados y otros renovables de origen no biológico. Una vez que entre en vigor la ley no se darán nuevas autorizaciones para explorar, investigar hidrocarburos o nuevas concesiones ni en tierra ni en aguas territoriales, ni tampoco se podrán desarrollar proyectos de fractura hidráulica (fracking). Las prórrogas vigentes no podrán extenderse más allá de 2042.

Por otro lado, el anteproyecto contempla que para incentivar la economía baja en carbono, al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en el cambio climático y este objetivo se revisará al alza antes de 2025. A partir de 2020 los ingresos de las subastas de derechos de emisión de GEI se destinarán los objetivos de cambio climático y los Presupuestos podrán destinar, hasta el 30% de estos, a medidas de transición justa.

En general, la Administración General del Estado no podrá construir o licitar obras que no sean de consumo de energía casi nulo o de materiales no sostenibles y más allá de 2030 no podrá tener alquilados inmuebles que no dispongan de la consideración de «casi nulo» que establece el Código Técnico de Edificación. Otras de las medidas será desarrollada por el Ministerio de Educación, que deberá revisar los itinerarios de formación y habilitación profesional y elaborará un plan para impulsar en el empleo en los sectores «motor» del crecimiento en la transición hacia un desarrollo bajo en carbono. El anteproyecto está sometido a información pública hasta el 22 de marzo.

AEE valora «positivamente» la «ambición»

Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) valora «positivamente» los planes climáticos del Gobierno por su «visibilidad a largo plazo» y su «ambición» en los objetivos medioambientales. La organización ve «necesario» que se aporten las herramientas regulatorias que permitan avanzar «de forma óptima», con un ritmo de crecimiento lineal de las tecnologías en los próximos años «que atraigan y aseguren las inversiones que se precisan para acometer la transición».

La AEE considera «coherente» el objetivo planteado de alcanzar una potencia instalada de 50.258 megavatios (MW) eólicos en 2030, frente a la actual potencia instalada de 23.484 MW, mientras avisa de que para cumplir con el objetivo de 50 gigavatios (GW) de aportación eólica al sistema en 2030 «es necesario instalar una media de 2.200 MW al año, lo que considera «factible«. Además, califica este hecho como una «oportunidad» para el sector, ya que «sabrá aprovechar y responder con éxito porque tiene la capacidad y tecnología que se requieren», además de una «enorme oportunidad» para el país desde el punto de vista de la competitividad, ambición ambiental, desarrollo industrial especializado, I+D+i, aportación a la economía española y creación de empleo.

La contaminación de los edificios

Por su parte, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) lamenta que el Plan no incida en la contaminación que generan los edificios, que «causan hasta un 40% de la contaminación que se registra en las grandes ciudades«. Según ha recordado al Gobierno, la contaminación y el volumen de emisiones nocivas para la atmósfera no se provocan solo por el crecimiento exponencial del tráfico rodado, sino que también influye «el elevado número de viviendas en las que se derrocha energía».

En España, según Andimac, más de la mitad de los inmuebles superan los 40 años de antigüedad y la mayoría de las edificaciones son «antiguas y no se ajustan a los nuevos estándares de la edificación sobre condiciones térmicas y energéticas». De hecho, según ha apuntado, los edificios españoles representan casi un tercio del consumo de energía total del país. El secretario general de Andimac, Sebastián Molinero, ha resaltado la importancia de “apostar por la descarbonización de los edificios e invertir en su rehabilitación energética».

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

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Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.

El Gobierno prevé destinar 422 millones a un plan de acción urgente para la transición del carbón y las nucleares

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Europa Press.- El Gobierno tiene previsto destinar un total de 422 millones de euros a un Plan de Acción Urgente para abordar los desafíos a corto plazo planteados por la transición energética en comarcas mineras y en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas o plantas nucleares sin planes de reconversión.

Según explicaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, este plan forma parte de la Estrategia para la Transición Justa que aprobó el Consejo de Ministros, dentro del paquete de energía y clima del que también forman parte la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este plan, para el periodo 2019-2021, tiene como fin abordar esos desafíos a corto plazo planteados por el cierre de minas, de centrales térmicas que no han realizado inversiones o no las realizarán para continuar con su actividad más allá de 2020 (9 de las 14 existentes en España) y de centrales nucleares sin planes de reconversión, como las de Garoña y Zorita.

En concreto, el plan recoge un importe de 158 millones de euros a 5 años para la restauración de las minas y el plan de eficiencia y energías renovables, con el fin de mantener el empleo en los territorios afectados, que está previsto que pueda implementarse en junio. Asimismo, cuenta con otros 134 millones de euros procedentes de acuerdos de los fondos Miner no utilizados cuyo destino es dar apoyo a los municipios afectados, también con una vigencia de 5 años. Además, se contempla otra partida de 130 millones de euros cuyo fin serán los convenios de transición justa para todos los territorios afectados, con una vigencia de 3 años.

No obstante, parte de estas partidas estarían pendientes de los resultados de las urnas en abril, ya que se cuenta con unos presupuestos prorrogados y, en el caso de los convenios de transición, sus firmas no se empezarían a producir antes. Además, el Gobierno que salga de esa cita electoral deberá decidir si esta Estrategia Justa diseñada por el actual Ejecutivo y en la que trabajan conjuntamente otros ministerios como los de Industria, de Trabajo y de Economía, sigue adelante en esos términos, ya que lo aprobado en Consejo de Ministros es un borrador. El nuevo Gobierno que surja de las urnas podría, si así lo desea, volver a iniciar su tramitación parlamentaria e introducir los cambios que considere oportunos.

Impacto en otros sectores industriales

Con todo, las mismas fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica subrayaron que «una parte» de este Plan de Acción Urgente «ya está hecha». El Gobierno de Pedro Sánchez planea así lanzar una Estrategia de Transición Justa, siendo el primer país del mundo en tenerla, que aborde los desafíos de una transición energética que, a pesar de que generará unas ganancias netas de empleo en torno a más de 300.000 puestos de trabajo hasta 2030 según las estimaciones del Ejecutivo, producirá también impactos negativos, sectoriales y territoriales a corto plazo.

El Ejecutivo también quiere prestar especial atención a los posibles efectos de la transición energética en sectores industriales clave para España como el del automóvil o la industria electrointensiva. En el sector del automóvil, con un objetivo de reinventarse en un camino hacia un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de CO2 hacia ese horizonte de 2050 y con una fecha límite recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático de 2040 para la matriculación y venta de este tipo de coches (diésel, gasolina e híbridos), se trabaja en «un acuerdo estratégico» con el fin de que las empresas españolas estén mejor situadas y se pueda mantener parte de ese empleo industrial “fabricando coches emisiones cero».

La estrategia incluye también las áreas que ofrece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con mayores oportunidades de creación de empleo, como son la rehabilitación, las renovables (subastas, repotenciación, promoción, autoconsumo), así como el desarrollo del almacenamiento, la movilidad eléctrica, el biometano o el hidrógeno. Además, hace especial énfasis en la creación de empleo verde en el mundo rural, en sintonía con la Estrategia Española contra la Despoblación a través del impulso de energías renovables como biomasa o biogás. El objetivo del actual Gobierno es que esta estrategia sea revisable cada 5 años, con el fin de realizar tras esos periodos de tiempo una evaluación del impacto de la transición sobre el empleo.

Sánchez plantea la hoja de ruta hacia la descarbonización en 2050, con 300.000 nuevos empleos y 237.000 millones de inversión

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Europa Press.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el paquete de energía y clima para ser una «brújula» que logre una España descarbonizada al 100% para 2050, un periodo en el que estima que se crearán al menos 300.000 nuevos empleos.

En este sentido, el presidente ha mostrado su compromiso con la agenda 2030 y la lucha contra el cambio climático y confía en que, con el Paquete de Energía y Clima, España sentará las bases para modernizar su economía y erigirse en líder de las energías y tecnologías limpias en la próxima década. Así, ha insistido en que este proceso se realizará «sin dejar a nadie atrás» porque el crecimiento será inclusivo, mediante el fomento del empleo, el desarrollo del medio rural, la justicia social y la mejora de la salud y el medio ambiente.

Para ello, ha precisado que el paquete de energía y clima está compuesto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y la Estrategia para una Transición Justa. En este marco confía en que esta hoja de ruta permitirá de aquí a 2030 desplegar inversiones de colaboración pública y privada por un valor estimado de 237.000 millones de euros y ha adelantado que los nuevos empleos, más de 300.000, fundamentalmente estarán ligados a servicios, industria y construcción, al tiempo que se fomentará el empleo de jóvenes, parados de larga duración y mujeres.

De estos, el Gobierno calcula que mediante las inversiones en renovables en el sector eléctrico se generarán de 99.000 a 172.000 empleos en la próxima década distribuidas en un 18% para la industria manufacturera; el 15% para la construcción, el 13% para comercio y reparación del sector renovable. Mientras, las inversiones en ahorro y eficiencia generarán entre 42.000 y 80.000 empleos, de los que 28.000 corresponden a rehabilitación energética. Asimismo, Sánchez ha vaticinado que las renovables irán aumentando su cuota hasta alcanzar un sistema 100% renovable en 2050, con un cierre escalonado de las centrales de carbón y nucleares y «pronto» se reforzará el autoconsumo.

En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, Sánchez asegura que proporcionará un marco normativo estable, seguro y cierto sobre el que desarrollar este proceso de cambio. «No proponemos nada caprichoso, sino algo posible y en línea con lo que pide la Unión Europea», asegura Sánchez, que desgranó algunas medidas como el fin de la matriculación y venta de vehículos emisores de CO2 en 2040; que en 2030 el 42% de la energía total será de origen renovable, lo que supone, a su juicio un «despliegue sin parangón» de las renovables que dará, a su vez, oportunidades de que el empleo se extienda a las áreas rurales y favorecer así la repoblación.

Además, el paquete normativo del Gobierno prevé aumentar la generación eléctrica mediante renovables pasando del 40% actual al 74% en 2030 y al 100% en 2050, meta que permitirá cumplir los compromisos asignados por la Unión Europea y rubricados en el Acuerdo de París. Para ello, el Ejecutivo presentará un calendario de subastas previsibles que garantizarán una retribución adecuada y una hoja de ruta para el desarrollo de redes, sistemas de almacenamiento y gestión que permitan una adecuada integración en el sistema. Además, destacó la apuesta decidida por la eficiencia energética, con el objetivo de mejorar en 75.000 millones de euros acumulados la balanza comercial del país hasta 2030, «lo que da idea de la oportunidad que supone para España».

En el plan de Energía y Clima, España expone sus objetivos y estrategias para cumplir con sus compromisos de Estado comunitario y adoptados a consecuencia del Acuerdo del Clima de París, que pasan por reducir en 2030 un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, para lo que las emisiones actuales deberán reducirse cerca de un 40% y que el sistema eléctrico deberá ser 100% renovable en 2050. Otras de las medidas planteaban una fiscalidad verde, la exigencia de que el Gobierno no pueda invertir en proyectos que estén relacionados con los combustibles fósiles y la prohibición de dar cualquier tipo de subsidios a estos sectores.

El conjunto normativo establecerá también por primera vez un sistema con indicadores de impactos y de evaluación de la aplicación de estas políticas en el marco del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Consejo de Ministros. Todo ello irá acompañado de la Estrategia de Transición Justa, la que ha definido como la tercera pieza normativa para que «nadie se quede atrás» y que «demuestra» el compromiso del Gobierno con los sectores y regiones más vulnerables. Sánchez ha augurado que este proceso traerá importantes beneficios pero provocará también «ciertos desajustes«, sobre todo a las comarcas vinculadas a los combustibles fósiles.

Al respecto ha adelantado que la Estrategia incluye convenios de colaboración para las comarcas sujetas a cierres de las térmicas y de las centrales nucleares para que «al final» el impacto sea «cero». Estas medidas se acompañarán de ayudas europeas «cuando sea posible» e incentivos fiscales y subvenciones. «Estamos abriendo las puertas a ese futuro, estamos asomándonos a ese mundo de prosperidad compartida. Tenemos listas las herramientas para trazar el camino y recorrerlo con certidumbre y confianza. Estamos preparados para la transición a una economía limpia, sostenible, moderna y algo importante para nosotros, equitativa. Y vamos a recorrerlo juntos. Sin más tardanza. Llevamos mucho tiempo esperando este momento», ha concluido.

Al acto asistieron también el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el presidente de Viesgo, Miguel Antoñanzas; el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales y el presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, entre otros representantes del sector empresarial. Al mismo tiempo han estado también presentes representantes del ámbito ambiental, de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF.

Sánchez certifica el 2040 como fecha límite para la venta de coches que emitan CO2 mientras Ribera reivindica su trabajo

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pide mantener el debate sobre su propuesta para la transición ecológica tras las elecciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros descarbonizado.

En la presentación del paquete de medidas de energía y clima, con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases para la modernización de la economía española y posicionar España «como líder en las energías y tecnologías limpias» que dominarán la próxima década, Sánchez afirmó que no se está «proponiendo nada caprichoso, sino necesario». El presidente del Gobierno aseguró que este objetivo de un parque de vehículos sin emisiones constituye «una enorme oportunidad» para la industria automovilística, que debe «liderar este cambio». «Es una industria importantísima para nuestro país», subrayó.

Así, afirmó que es necesario «adoptar un marco claro» para que sea la industria del automóvil en España, «la que está ubicada en nuestro país y nuestros trabajadores, la que se beneficie de esta ola de cambio». Desde que se conoció el borrador de anteproyecto de la Ley, en el que venía ya recogida esa fecha límite de 2040, tanto el sector del automóvil como las petroleras han rechazado esa prohibición al considerarla «excesiva» y que «socavaba los principios de libertad y progreso». Asimismo, el sector petrolero demanda que se respete la neutralidad tecnológica para abordar la transición energética, ya que el vehículo eléctrico no es una «solución única» para alcanzar los objetivos de descarbonización.

La ministra reivindica su propuesta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha cuestionado la tardanza del Ejecutivo en presentar una norma de Cambio Climático que había prometido para antes del pasado mes de agosto. En su intervención, López de Uralde se ha cuestionado el por qué el Gobierno presenta este marco ahora, ya en campaña electoral, cuando «ha tenido 8 meses» para trabajar en el texto. El diputado preguntó, entonces, por posibles «presiones» de algunos sectores que hayan frenado que se aprobara esta nueva norma.

«No hay pactos ocultos, no hay manos negras», aseguró la ministra, quien ha indicado que su trabajo ha sido «serio» y, por tanto, ha incluido la transformación y la petición de cambios en otros departamentos como los de Energía, Agricultura o Educación, necesarios para «transformar el conjunto de la economía» del país. Según ha apuntado, este trabajo llega en la fecha «prevista» y pidió que su debate «se mantenga» para poder trabajar en el Congreso con el resto de grupos y se pueda «enriquecer». Así, ha llamado también a que este Plan del Ejecutivo socialista sea tenido en cuenta por el «siguiente Gobierno» y que éste cuente «siga con la secuencia» dejada por su Ministerio.

«El debate está lanzado la sociedad y la sociedad lo entiende. Y este paquete protagonizará el debate público que está por venir en los próximos meses», ha indicado, para señalar que este texto se llevará a la Cámara para su debate «en cuanto quede constituida a partir de las elecciones de abril». Durante su intervención, ha adelantado algunos puntos que han marcado la propuesta para la transformación ecológica y económica de España, como que se espera una creación anual de empleo de más de 200.000 personas, especialmente en sectores de la industria y la construcción, y ha asegurado que «reducirá los riesgos» de carácter ambiental.

«Es imposible pensar en cómo transformar económicamente el país si no contamos con un plan sólido y flexible para integrar las ventajas en el proceso», ha indicado, para añadir que «este es el propósito de la esta estrategia». También ha destacado que se ha contado con todos los marcos posibles, en cuanto a la implicación de las diferentes administraciones en políticas relacionadas con el cambio climático. Esta, según la ministra, también ha sido uno de los motivos que ha retrasado la presentación de esta iniciativa.

López de Uralde ha urgido un nuevo modelo energético «ambicioso» y ha reprochado a la ministra que no haya habido diálogo con los grupos sobre el calendario de cierre de centrales. En este sentido, ha acusado a la ministra de realizar un diálogo monodireccional con las eléctricas. El diputado de Equo también ha cuestionado a Ribera sobre el decreto ley del Gobierno que facilita el autoconsumo y le ha pedido que se apruebe en Consejo de Ministros. «Honestidad y claridad», exigió a la ministra, antes de recordar que tienen la «obligación» de dejar un planeta mejor a las nuevas generaciones.

Ribera defiende la neutralidad tecnológica, pero advierte que eso no significa «que valga todo» en el camino hacia la descarbonización

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Europa Press.– La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que en el proceso de transición energética hacia la descarbonización debe haber neutralidad tecnológica aunque advierte de que eso no debe significar «que valga todo» y que se deba permitir «hacer trampas en el solitario«. Ribera, tras señalar que la transición energética debe hacerse «con honestidad», afirmó que es «fundamental» estar abiertos» a la innovación, por lo que consideró que sí es necesaria la neutralidad tecnológica.

No obstante, aseguró que debe siempre primar el objetivo principal, que es la descarbonización, por lo que hay que tener claro que hay una obligación de llegar a unos resultados en materia de emisiones de CO2 de «cero». Ribera confirmó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima recoge «las oportunidades de inversión, de empleo y de mejora de la balanza comercial» que representa esta transición energética, integrando los elementos «que nos hagan más fácil la toma de decisiones».

«El objetivo último es facilitar y demostrar que aquello que ponemos sobre la mesa es congruente con el objetivo marcado a 2050», afirmó, añadiendo que el texto, que es «complejo y sólido», suscitará «interés y debate», aunque pidió no caer en «la demagogia, el paternalismo y la política de avestruz». Así, afirmó que no es posible resolver «una ecuación tan compleja» como la de la hoja de ruta hacia la descarbonización «con una hoja Excel» y aseguró que el Gobierno propondrá «la senda más coste-eficiente«.

Ribera indicó que el paquete de energía y clima del Gobierno socialista es la base de una propuesta «congruente» para alcanzar ese objetivo de la descarbonización que es una obligación «aceptada y ratificada por unanimidad por el Parlamento». De todas maneras, la ministra se mostró flexible y subrayó que en esa transición energética «no hay nada escrito en piedra» y añadió que por el camino deberán «aprender todos». Por otra parte, la ministra valoró el papel que deben jugar las energías renovables en esta transición energética y destacó que, muestra de ello, es que las inversiones de este sector en España se han multiplicado por 7 en 2018, hasta alcanzar los 6.600 millones de euros.

El Club Español de la Energía (Enerclub), celebró sus XXIX Premios de la Energía, en los que fueron premiados los periodistas José María Camarero (Colpisa), Carmen Monforte (Cinco Días), Miguel Ángel Patiño (Expansión), Juan Cruz Peña (El Confidencial) , Laura Ojea (El Periódico de la Energía) y Stephen Dunne (ReNews). Además, se reconoció la trayectoria profesional de Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y actual consejera de Red Eléctrica (REE).

El Gobierno destina 60 millones a la movilidad sostenible y da 5.000 euros para comprar un coche eléctrico

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, dos planes, con un importe conjunto de 60 millones de euros, que se destinarán a favorecer la movilidad sostenible, mediante el incentivo a la compra de vehículos alternativos y de infraestructuras y también a apoyar proyectos singulares en ciudades patrimonio de la Humanidad o islas.

La primera línea, denominada Programa de Incentivos de Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves), cuenta con una dotación presupuestaria de 45 millones de euros que irá a parar a ayudas a la compra de vehículos alternativos, así como a la instalación de infraestructuras de recarga de modelos eléctricos. Estos 45 millones de euros también servirán para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y para la puesta en marcha de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

Esta partida fue consignada al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, presentados por el PP, y cuyos fondos no se habían activado. Los Presupuestos de 2018, que se encuentran prorrogados, contemplaban que el IDAE gestionaría 50 millones de euros para financiar ayudas orientadas a financiar las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible gestionadas por el Ministerio de Industria,, que tampoco han sido aplicados.

Al mismo tiempo, se aprobó una línea adicional, con un importe de 15 millones de euros, que se orientará a proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como en municipios con un alto índice de contaminación o ubicados en islas o a iniciativas de innovación en electromovilidad. Esta línea con 15 millones de euros proviene de una partida finalista, de 10 millones de euros asignada al IDAE en los Presupuestos de 2017 y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda dotación de 5 millones de euros prevista en los Presupuestos de 2018.

A través del plan de ayudas aprobado por el Gobierno se subvencionará con 5.000 euros la adquisición de turismos eléctricos, mientras que los importes de los incentivos oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo y de sistema de propulsión. Además, se exige a las marcas automovilísticas o a los puntos de venta que realicen un descuento mínimo adicional de 1.000 euros a los clientes, excepto para las compras de cuadriciclos y motocicletas, mientras que las ayudas a los vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, «dado que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo».

Por otro lado, la puesta en marcha de puntos de recarga para vehículos y bicicletas eléctricas contarán con ayudas de entre un 30% o un 40% subvencionable, dependiendo del beneficiario, con un límite máximo de 100.000 euros. Además, la implantación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre el 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo puede contar con hasta un 10%. Estas subvenciones podrán cofinanciarse con fondos Feder, pero no son compatibles con otras subvenciones que tengan la misma finalidad.