El PSOE propone en Castilla y León compensaciones a los propietarios de los montes por «limpiar» de CO2

EFE.- El grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León plantea la necesidad de que los propietarios de los montes «obtengan compensaciones económicas» por la labor que desarrollan esos bosques como «sumideros de CO2». El grupo socialista, según su portavoz medioambiental, José Luis Aceves, defiende que «quien contamina paga y el que limpia debe cobrar».

Por ello, defienden ante el Gobierno de España y la Comisión Europea ese papel de los bosques y que haya «compensaciones económicas» por esa labor que desarrollan los montes de Castilla y León. Asimismo, el grupo socialista muestra su oposición al empleo de la técnica de la fractura hidráulica en la comunidad y a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El grupo socialista busca «un pronunciamiento claro» de la Junta en materia de calidad y sostenibilidad ambiental, ya que a su juicio las políticas medioambientales autonómicas «están diluidas» y «los objetivos y planes en la materia se han convertido en papel mojado».

La moción del PSOE se completa con la petición de que municipios, sindicatos y organizaciones de defensa del medio ambiente entre en los órganos colegiados y de participación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el ámbito autonómico y provincial. La apuesta efectiva por las renovables o la vigilancia y control de calidad del aire son otros de los planteamientos de la iniciativa socialista en el parlamento autonómico.

Extremadura subvencionará a las instalaciones para compensar por los cargos al autoconsumo mientras la Comunidad Valenciana también trata de impulsarlo

EFE.- El consejero de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana, Rafael Climent, destacó que la comunidad autónoma es «el primer territorio del país» en disponer de un Plan Integral de Fomento del Autoconsumo que prevé ayudas económicas para el impulso de esta tecnología. Asimismo, Extremadura subvencionará de manera «excepcional y transitoria» las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo para compensar por el llamado impuesto al sol decretado por el Gobierno de Rajoy, unas ayudas que se mantendrán mientras sigan vigentes los citados cargos.

El consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro, ha explicado orden que publica el Diario Oficial de Extremadura (DOE), de ayudas destinadas a instalaciones de energías renovables para 2017, dotada con 4,3 millones de euros. El procedimiento de concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta, por lo que se podrán solicitar durante un periodo de cuatro meses.

La convocatoria establece tres líneas de ayudas, la primera de ellas dirigidas a personas físicas respecto a viviendas de su propiedad, ya sean de uso habitual o segunda vivienda, así como a comunidades de propietarios. La segunda línea va destinada a municipios y entidades locales menores y la tercera, a empresas privadas y sus agrupaciones, siempre que dispongan de personalidad jurídica, así como a empresarios, autónomos y a proveedores de servicios energéticos. Navarro señaló que las cuantías de las subvenciones en la mayoría de las modalidades se sitúa en torno al 40% de la inversión.

Finalmente, el consejero ha destacado que las instalaciones de fotovoltaica para el autoconsumo son rentables por sí mismas en todo el mundo menos en España por el «insólito» impuesto al sol que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2015. Por ello, ha justificado esta nueva modalidad de subvención en la orden extremeña hasta que se pueda derogar el citado impuesto, como reclaman todos los agentes sociales y económicos y los partidos políticos, salvo el PP, insistió Navarro.

Plan valenciano de Energías Renovables

El nuevo Plan de Energías Renovables 2017 de la Comunidad Valenciana contempla deducciones fiscales de hasta el 20% en el tramo autonómico del IRPF para particulares e incentivos a empresas en forma de préstamos bonificados de interés cero por un máximo de 100.000 euros, a devolver en siete años. Para esta línea específica de financiación, la Generalitat ha previsto una orden de ayudas con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros en el primer trimestre del año 2017, según indicó la empresa alicantina Bornay, a raíz de una visita del consejero Climent con motivo de la Mesa de Autoconsumo.

El plan también prevé acciones para desarrollar el autoconsumo energético en los edificios de la Generalitat y el desarrollo de una plataforma web, elaborada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), para la promoción y difusión del autoconsumo en todos los sectores económicos y productivos de la Comunidad. En este sentido, Climent resaltó la clara apuesta del Gobierno autonómico por las renovables como «pieza fundamental» del nuevo modelo energético de la Comunidad Valenciana ya que «a sus incuestionables ventajas desde el punto de vista medioambiental y social, hay que sumar las condiciones idóneas de nuestro territorio para su desarrollo».

Climent criticó que las políticas en este ámbito impulsadas desde el Gobierno central han puesto «barreras injustificadas» a esta tecnología y han generado «un clima tal de desconfianza e inseguridad que, en la práctica, ha supuesto la paralización del desarrollo del autoconsumo». «Con este Plan perseguimos invertir esta situación y enviar una clara señal a toda la sociedad valenciana: el autoconsumo es posible y este Gobierno autonómico apuesta firmemente por su impulso», añadió. En esta línea, la directora general del Ivace, Julia Company, puso de manifiesto la necesidad de que los consumidores «pierdan el miedo» que supuso el Decreto estatal.

Villar de Cañas recurre la decisión de la Junta de ampliar la ZEPA de El Hito que bloquearía el ATC

Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha del pasado octubre por el que se declaró la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno de la Laguna de El Hito, enclave cercano a los terrenos donde habría de construirse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Este recurso ha sido presentado tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de la localidad conquense, que intenta impedir que se lleve adelante la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico con el objetivo de entorpecer la construcción del ATC. Villar de Cañas considera que el decreto que se recurre «adolece de vicios y defectos procedimentales y legales, que lo hacen nulo de pleno derecho», ya que entre otras cosas carece de algunos estudios técnicos o científicos.

Se argumenta en este acuerdo adoptado que las intenciones del Gobierno autonómico con la ampliación de esta ZEPA, a raíz de las palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en el momento de defenderla, «evidencian claramente que la única intención de la ampliación de la zona protegida aprobada es impedir la construcción del ATC y su Centro Tecnológico Asociado, sin considerar que los terrenos destinados a su construcción se encuentran en la superficie de Villar de Cañas», que carece de valor ornitológico. Desde el Consistorio consideran que esta declaración es un “acto arbitrario de abuso y fraude de ley».

A tenor del acuerdo adoptado, esta decisión «cercena una inversión de 900 millones de euros y el consiguiente desarrollo económico, humano, tecnológico e industrial para la comarca y para la provincia de Cuenca«. El decreto que se recurre «priva también a los ayuntamientos y entidades locales menores de gran parte de su autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando, la capacidad decisoria del Ayuntamiento, del alcalde y de los concejales elegidos democráticamente, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica en materia medioambiental«, argumentan.

«El ATC se acabará construyendo»

Por su parte, el alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que va a «ganar» el recurso contencioso-administrativo que su Ayuntamiento ha interpuesto en el TSJCM contra la decisión del Gobierno autonómico de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito para intentar paralizar las obras del ATC de residuos nucleares previsto en el municipio. En este sentido, aseveró que además de ganar esta batalla judicial, el ATC «se acabará construyendo», por lo que considera que el Gobierno autonómico «está engañando a todos los conquenses».

En su opinión, la ampliación de esta zona ZEPA «no tiene ni pies ni cabeza», perjudica a «700 agricultores de 8 pueblos», y podría acarrear la pérdida de «6 millones anuales durante muchos años» a Villar de Cañas, junto a la inversión prevista en el ATC. Por último, ha recordado que, cuando acabe el proceso judicial iniciado con este recurso contencioso-administrativo, pondrá personalmente una querella contra el Gobierno autonómico por haber intentado «dañar» al municipio.

La ampliación ya está “apuntalada”

Al respecto se pronunció el propio Francisco Martínez Arroyo, asegurando que aunque respeta que el Consistorio vaya a los tribunales, esta protección medioambiental «está apuntalada» y señaló que la postura del Gobierno regional es que ese espacio natural «es susceptible de ser protegido desde el punto de vista medioambiental«. Esta decisión, según ha señalado el consejero, fue tomada contando «con todos los elementos suficientes» y estuvo apoyada «en informes de carácter técnico que ponían de manifiesto que hay muchas especies, no solo las grullas, que hay que proteger», además de «una vegetación característica del suelo».

Tras ello, Martínez Arroyo criticó que «el alcalde de Villar de Cañas y una parte de la sociedad que pertenece al PP apuesten por un modelo energético basado en energías no renovables«, pero ha añadido que el Gobierno autonómico «apuesta por un modelo sostenible en el que la industria agroalimentaria sea compatible con la defensa del medio ambiente». Ahora, ha recalcado, lo que ocurre es que «no se podrán tomar decisiones unilaterales» como la de instalar el ATC «sin estar de acuerdo con la administración ambiental, que es la Junta«.

El titular de Agricultura ha incidido en que esta ampliación de la protección del entorno de la Laguna de El Hito está apuntalada ante cualquier recurso judicial, ya que se tomó la decisión con los informes pertinentes. «Ojalá la decisión de poner el ATC en Villar de Cañas hubiera tenido todos los informes técnicos necesarios que daban garantías. Los tribunales decidirán, pero espero que no haya ningún problema», ha finalizado.

El parón eólico en Cataluña se extenderá al menos hasta 2018, prolongándose más de 5 años

EFE.- Cataluña lleva sin instalar un megavatio de energía eólica desde enero de 2013, el parque eólico Vilobí 2 (Lleida) de 9 megavatios (MW), un parón que la patronal EolicCat prevé que se extienda, al menos, hasta 2018. En este sentido, el presidente de EolicCat, Víctor Cusí, augura que el «bloqueo» se romperá «con suerte» en 2018 con la puesta en marcha del proyecto de Gas Natural y Alstom para construir tres parques eólicos, con una potencia total de 90 megavatios, en la Terra Alta.

El máximo responsable de esta patronal, que agrupa a las principales empresas privadas implicadas en el desarrollo eólico en Cataluña, alera de que «ahora mismo nadie se fija en Cataluña para invertir en eólica». Con el fin de reactivar la actividad del sector en Cataluña, EolicCat impulsa la aprobación de una moción en el Parlamento catalán. La propuesta de moción, avalada de momento por el grupo parlamentario de Junts pel Sí, pide que no sea necesario un concurso público para promover un parque eólico de más de 10 megavatios de potencia en Cataluña. Si esta medida se llevara a la práctica, Cusí cree que se podrían desbloquear proyectos en Cataluña que suman «unos 200 megavatios«.

Asimismo, este borrador de moción pide al Ejecutivo autonómico que cree la figura del coordinador de proyectos eólicos con el fin de agilizar la tramitación de parques eólicos en Cataluña. Aunque el sector eólico vive todavía momentos complicados, Cusí reivindica que hay comunidades, como Aragón y Galicia, que impulsan de nuevo este tipo de energía, por lo que «si Cataluña no se mueve ahora», corre el riesgo que quedarse «aún más abajo» en energía eólica en comparación al conjunto de España. En 30 años de historia de la energía eólica en Cataluña, la potencia instalada es de 1.272 megavatios, lejos de comunidades punteras como Castilla y León, con 5.560 megavatios, o Castilla-La Mancha, con 3.806.

Otra reclamación de EolicCat es «revisar» el actual mapa eólico de Cataluña, que data de 2002, para que se aprovechen mejor zonas de viento como las tierras del Ebro. Una prueba de la crisis de la eólica en Cataluña es el despido de 105 trabajadores llevado a cabo en General Electric Wind y en General Electric Hydro, donde se diseñan parques eólicos y turbinas hidráulicas de pequeño y mediano tamaño.

Energía convocará a las comunidades para estandarizar acciones sobre cortes eléctricos

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé abrir el diálogo político para mejorar el sistema del bono social y la asistencia social ante casos de cortes del suministro eléctrico, para posteriormente convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para consensuar un procedimiento «estándar» común a aplicar ante este tipo de casos, según informaron fuentes ministeriales.

La intención del departamento dirigido por Álvaro Nadal es mantener el «status quo» del bono social tras la sentencia del Tribunal Supremo, recurrida ya por el Ejecutivo, que declaró inaplicable el régimen de financiación de la tarifa subvencionada por las compañías eléctricas para los consumidores con bajos ingresos.

No obstante, las mismas fuentes aseguran que se abrirá el diálogo político para estudiar si realmente interesa cambiar o realizar mejoras del sistema actual y evitar que dicha tarifa subvencionada se quede sin financiación.

El Ministerio de Energía entiende que el sistema español referido a los cortes de luz y la garantía de los servicios sociales tiene que estar concentrado en el ámbito social y ve «importante» que esto quede reflejado en una directiva europea.

En cualquier caso, las mismas fuentes detallaron que la intención del Ministerio es alcanzar un acuerdo con los grupos políticos en el parlamento y más tarde convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para que de «común acuerdo» entre ellas se establezca el mismo procedimiento «estándar» y se aplique.

No obstante, desde Energía insisten en que el Gobierno central no puede hacer una política estatal que se inmiscuya en las competencias de las comunidades autónomas.

Los contactos parlamentarios sobre este asunto se han incrementado después de que hace dos semanas una mujer de 81 años que vivía sola falleciese en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada.

En dicho grupo de trabajo se trabajaría para intentar consensuar mejores prácticas de actuación ante este tipo de casos y se intentaría buscar el compromiso de las comunidades para acometer un mismo procedimiento estándar, si bien desde el Ministerio, en el que valoran que la ley catalana haya respetado «escrupulosamente» los límites marcados por el Tribunal Constitucional sobre este tema, insisten en que es una competencia «exclusiva» de las autonomías.

En todo caso, parece haber unanimidad en el posicionamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Comisión Europea respecto a que el sostenimiento de este tipo de situaciones se tiene que hacer con recursos de los servicios sociales, en el ámbito social de cada región.

El Govern catalán crea un grupo de trabajo para crear un bono social energético

Europa Press.- El Consell Executiu del Govern catalán ha aprobado este martes crear un grupo de trabajo para elaborar una propuesta de bono social energético para luchar contra la pobreza energética y que esté consensuada con diversas entidades para presentarla al Estado, que es quien tiene las competencias en materia tarifaria en el ámbito de la energía.

Este grupo de trabajo se centrará en configurar un marco legal que aborde la pobreza energética y que establezca mecanismos de protección para personas vulnerables, además de clarificar el sistema de financiación por parte de los operadores, ha informado la Conselleria de Empresa y Conocimiento en un comunicado.

Esta iniciativa contará con dos representantes del departamento dirigido por Jordi Baiget, dos de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; dos de las entidades de la Mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dos de la Taula del Tercer Sector, uno de la Associació Catalana de Municipis (ACM), otro de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y uno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya.

El presidente de La Rioja resalta la apuesta de Bioenergía por crear actividad y empleo

EFE.– El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, resaltó la importante apuesta de la empresa Bioenergía por crear actividad y empleo en Ortigosa de Cameros, lo que ha permitido relanzar este municipio. Ceniceros visitó las instalaciones de Bioenergía de Cameros junto a sus propietarios, Joaquín Cezón y Miguel Ángel Martínez, a quienes felicitó por ser una de las mayores empresas del Camero Nuevo, junto a Peñaclara y Montenevado.

Esta empresa se dedica a la valorización de residuos forestales mediante la fabricación de pellets para uso doméstico e industrial y la comercialización de biomasa, por lo que es «una apuesta por la sostenibilidad ambiental y energética», subrayó el presidente. «La sierra es tierra de emprendedores y su madera vuelve a ser un factor competitivo para generar negocio y empleo para Ortigosa y para el valle», según Ceniceros, dado que la planta de Bioenergía tiene una plantilla de 19 trabajadores directos planta y conlleva más de 20 empleos indirectos. Ha destacado que la generación de actividad económica y empleo es la manera de «mantener vivos» los pueblos de la sierra.

Bioenergía de Cameros surgió en 2014 de la mano de Joaquín Cezón y Miguel Ángel Martínez Montenegro, quienes compraron las acciones de la cooperativa Cristo Obrero, contratando a sus últimos 8 trabajadores, y emprenden este nuevo proyecto de biomasa con una inversión de más de 1,5 millones de euros. Las inversiones se centraron en las instalaciones de baja tensión, un centro de transformación de alta tensión y la adquisición de maquinaria para fabricar el pellet, explicó el Gobierno regional. Bioenergía de Cameros abastece a particulares desde sus propios silos de almacenamiento, pero, sobre todo, distribuye a explotaciones ganaderas que precisan generar calor para su actividad.

El 43% de la potencia del sector de la cogeneración en Cantabria está parada

EFE.- Cantabria cuenta con 16 instalaciones de cogeneración con una potencia de 302 megavatios asociadas mayoritariamente a industrias, de las que 9 están paradas, lo que representa un 43% de la potencia del sector en la comunidad. Del total de instalaciones, 4 producen más de 250 megavatios, con lo que concentran el 80% de la potencia en Cantabria, de las que 3 están en operación, con una potencia de 162 megavatios, según Acogen (Asociación Española de Cogeneración).

Esta asociación facilitó estos datos con motivo de la reunión de su director general Javier Rodríguez, con el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio de Cantabria, Francisco Martín. En este encuentro, Martín destacó que el apoyo a la cogeneración representa «un impulso a la industria y al sector empresarial y es clave para garantizar la eficiencia energética y la sostenibilidad». También afirmó que la toma de medidas y la puesta en marcha de planes que faciliten la implantación de fabricación con cogeneración, suponen una «apuesta por la reindustrialización y la competitividad de las empresas«.

Acogen, por su parte, ha trasladado al consejero la «urgencia» de poner en marcha un Plan Renove por parte del Ministerio de Energía que fomente y garantice la continuidad de las plantas de cogeneración en España. Sus representantes señalaron que esas empresas «llevan meses esperando» un Plan Renove que garantice la renovación tecnológica de 2.675 MW de cogeneración entre 2017 y 2020 y la puesta en marcha de los desarrollos normativos pendientes, «que permitan a las industrias competir en igualdad de condiciones con el resto de Europa y ser rentables».

«Tras la reforma energética la rentabilidad de las plantas es prácticamente nula y la cogeneración compite en el mercado eléctrico en difíciles condiciones y con grandes retos tecnológicos», subrayó Rodríguez, que pidió la implicación del Gobierno cántabro para que el nuevo Ejecutivo central marque como «prioritario» en su agenda el citado desarrollo normativo. Su petición es que se establezca «un marco jurídico específico de apoyo a la cogeneración, además de la puesta en marcha del plan de renovación y la recuperación de un régimen retributivo razonable que fomente la cogeneración».

En este sentido, Acogen explicó que, a fecha de junio pasado, un 57% de la potencia instalada en Cantabria, el 63% de las instalaciones, no cobra retribución específica y subrayó que 7 empresas están a la espera de un Plan Renove necesario para la continuidad de la actividad. La renovación de estas plantas, según esta asociación, supone una inversión asociada de unos 92 millones de euros que impulsará la eficiencia energética, competitividad, acción por el cambio climático y el mantenimiento del empleo industrial en Cantabria. 

Cataluña abre expediente sancionador contra Gas Natural al considerar que cortó la luz indebidamente a la mujer de Reus

Redacción / Agencias.- La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente sancionador contra Gas Natural Fenosa al considerar que cortó indebidamente el suministro eléctrico a la mujer de Reus (Tarragona), que falleció recientemente a causa de un incendio en su casa por tratar de iluminarse con unas velas. Así lo expuso el secretario de Empresa y Competitividad de Cataluña, Joan Aregio, que recriminó a la compañía no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus de que iba a cortar el suministro.

Tras analizar la información presentada por Gas Natural al requerimiento hecho por Consumo, la Generalitat considera que la empresa “no justifica por qué no trasladó a los servicios sociales municipales que se produciría el corte de la luz a la anciana”, por lo que decidió abrir un expediente por un «corte indebido». «Lo que pasó es muy grave, gravísimo, pero esto no es una calificación jurídica; se tiene que incoar el expediente y con lo que salga se pondrá la sanción que corresponda», manifestó Aregio, que no precisó el importe de la sanción. «La ley dice que no se puede cortar sin haber notificado a los servicios sociales. No hace falta dar más vueltas», sentenció.

El secretario de Empresa ha informado de que, hasta el momento, la Generalitat ha incoado 115 expedientes a compañías por cortes indebidos de suministro y que ha impuesto 25 sanciones administrativas, la mayoría a Endesa, ya que es la compañía con más abonados, y ninguna de ellas sobre Gas Natural. Aregio ha explicado que «se han evitado 39.000 cortes ya que hay muchas compañías que cumplen, y una cosa está clara: antes de cortar el suministro se tiene que informar a los servicios sociales municipales«.

El secretario de Empresa subrayó que la ley es «muy clara» y reivindicó que existen unos protocolos de la Generalitat que tienen fuerza legal y que fueron notificados en diciembre de 2015. Un protocolo que está recurrido ante los tribunales por la patronal eléctrica Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). A este respecto, explicó que Gas Natural «consultó en diciembre a la Agencia Catalana de Consumo sobre cómo debía proceder y se le respondió por escrito que se debía ceñir a los protocolos presentados».

Sin embargo, Gas Natural defendió tras el accidente que el protocolo al que hace referencia la Generalitat es una guía informativa de noviembre de 2015 disponible en Internet que no tiene validez legal porque no tiene rango normativo. Además, ha trascendido que, en la pasada reunión de junio de la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, la directora de la ACC, Montserrat Ribera, explicó que se estaba trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley contra la pobreza energética para evitar dudas de aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, según consta en el acta.

En cuanto a los convenios a firmar entre la Generalitat y las compañías suministradoras para luchar contra la pobreza energética, Aregio anunció que el Gobierno catalán enviará un escrito final a las grandes suministradoras eléctricas y que, si pasado un tiempo «prudencial y lógico» no se llega a ningún acuerdo, estudiarán otras medidas para que la ley se cumpla. Aregio participó en la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que participan el Gobierno autonómico, entidades sociales y empresas. Las entidades sociales han reclamado que se imponga la sanción máxima para estos casos de un millón de euros.

Gas Natural respondió al requerimiento

La compañía no se ha pronunciado aún sobre la decisión de la Generalitat de Cataluña. Previamente Gas Natural Fenosa había respondido al requerimiento de información realizado por el Gobierno autonómico catalán tras el accidente de Reus. Fuentes de Gas Natural Fenosa explicaron que han respondido antes de finalizar el plazo pero declinaron detallar el contenido «por respeto al procedimiento». Eso sí, la empresa ha venido insistiendo de que no informó al Ayuntamiento de Reus del corte de luz porque el consistorio no le había comunicado que la anciana fallecida se encontraba en una situación vulnerable.

Cataluña investiga a las eléctricas mientras Podemos exige a Gas Natural que no permita más muertes por cortes del suministro

EFE / Servimedia.– El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigieron ante las sedes de Gas Natural Fenosa que no se permitan más muertes por cortes de luz, una situación «inaceptable» en un país como España. Por su parte, el consejero de Empresa de Cataluña, Jordi Baiget, avanzó que la Generalitat investigará de oficio a las eléctricas en 15 días para asegurarse de que cumplen la ley y no cortan la luz a personas vulnerables.

Baiget indicó que estas inspecciones, en las que se preguntará por los protocolos seguidos en los cortes de suministro, se realizarán en toda Cataluña y que sus resultados se harán públicos. Asimismo, el consejero se ha comprometido a crear un grupo de trabajo que propondrá al Gobierno un nuevo bono social, ya que el actual «no es un bono social real», y ha defendido que las empresas suministradoras «deberían asumir sus costes». Además ha mostrado su voluntad de negociar convenios con las empresas que todavía no se han sumado a los que el Gobierno catalán ha establecido con algunas compañías para frenar la pobreza energética.

Reunión con Villaseca para negociar

Asimismo, el Gobierno catalán impulsará una campaña de difusión y promoción de la ley de pobreza energética que aprobó el Parlamento por unanimidad en 2015 para que las personas afectadas conozcan sus derechos. Por otro lado, Baiget conversó por teléfono con el consejero delegado de Gas Natural Fenosa y ambos coincidieron en la necesidad de reunirse tras la polémica surgida por la muerte en Reus (Tarragona) de una anciana en un incendio, después que se iluminara con velas al haberle cortado el suministro de luz. El consejero de Empresa reiteró que Gas Natural «debe sentarse en la mesa» y no descarta aplicar algunas medidas de presión para que las eléctricas colaboren, como son las cláusulas sociales en los contratos públicos.

Por su parte, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ha lamentado que haga falta que muera una mujer «para que la Generalitat haga cumplir la ley». Campuzano ha pedido a la Generalitat que, pese a que la vida de una persona «no tiene precio», multe con un millón de euros a Gas Natural, la mayor sanción posible. Asimismo, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, Oriol Illa, ha coincidido en cargar contra Gas Natural por su «negligencia» y ha instado a la Generalitat a intensificar las inspecciones a las eléctricas para demostrar si el corte de suministro sin aviso a la administración es una «práctica asidua» o no.

Podemos contra Gas Natural Fenosa

Cerca de 300 personas se congregaron ante la sede de Gas Natural Fenosa en Madrid, convocados por Podemos, coreando lemas como «No son muertes, son asesinatos», «Este invierno, nadie sin luz», «Nacionalizar Gas Natural» o «¡Sin luz, sin gas, el Rey tenía que estar!» para protestar por la muerte de la anciana de Reus. Iglesias ha criticado que en España, «la cuarta economía de la zona euro, haya personas que tengan que morir, porque empresas eléctricas que facturan beneficios y que pagan planes de pensiones y sueldos de escándalo a sus directivos dejen sin luz y sin calefacción a compatriotas».

Por ello, Iglesias ha reclamado a Gas Natural que cumpla la ley. «No se puede consentir que haya españoles que este invierno les corten la luz y les corten la calefacción», ha afirmado el líder de Podemos tras destacar que estar en la calle protestando contra estas ilegalidades «también es hacer oposición», si bien ha anunciado que su grupo presentará una interpelación en el Congreso sobre este tema. Iglesias no considera, sin embargo, que esta interpelación vaya a tener mucho efecto, mientras España siga gobernada «por partidos políticos que tienen a algunos de sus expresidentes y exministros en consejos de administración de empresas como estas».

Garzón ha criticado el silencio de los grandes partidos políticos cuando lo que ha pasado va, ha dicho, en contra de la Constitución, que establece que la riqueza de España debe estar subordinada al interés general. «Empresas como Gas Natural son el ejemplo de que se incumple la Constitución sistemáticamente», ha afirmado Garzón, que considera importante poner «rostro a los culpables del saqueo y de la muerte de estas personas». «Reivindicamos algo tan sensato como eso, que nadie debe morir por sencillamente ser pobre cuando tenemos recursos suficientes», insistió. Esta protesta se ha celebrado de forma simultánea en 26 sedes de Gas Natural de otras tantas ciudades españolas, convocadas por Unidos Podemos con el lema «La pobreza energética mata #NadieSiLuz».

Nadal debuta en el Congreso

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, comparecerá por primera vez en el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles para responder a dos preguntas en la sesión de control al Gobierno sobre pobreza energética, así como a una interpelación urgente sobre esta misma materia. Además, Nadal también deberá contestar a dos cuestiones en el pleno del Senado sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas, y si considera suficientes las medidas adoptadas para luchar contra la pobreza energética.

La inquietud por este asunto se ha multiplicado en los últimos días tras la muerte de Reus. Las preguntas serán formuladas por la diputada socialista María Pilar Lucio y de Ciudadanos Melisa Rodríguez, mientras que la interpelación es del grupo parlamentario de Unidos Podemos. En referencia a este asunto, el ministro ya explicó que tras conocer la noticia se puso en contacto con la Generalitat de Cataluña y con el Ayuntamiento de Reus para ofrecer su colaboración para que mejoren los mecanismos previstos para hacer frente a la pobreza energética.

Además, Nadal defendió que «la pobreza energética es un síntoma de vulnerabilidad mayor y no solo un problema de energía» y recordó que «las competencias en cuestiones sociales son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos», por lo que reiteró su disposición a colaborar con las administraciones implicadas ante la posibilidad de que existan «conflictos» con las compañías eléctricas. En estos últimos días, tanto Endesa como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido al nuevo titular de Energía que tome medidas en relación con la pobreza energética.