La Junta de Castilla y León apoya la continuidad de Garoña porque es energía barata; Greenpeace pide el cierre definitivo

/0 Comentarios/en , , , /por

EFE / Europa Press.- Greenpeace considera que Endesa, accionista al 50% de Nuclenor, la empresa titular de la central nuclear de Garoña (Burgos) «falta al respeto a los ciudadanos, al Gobierno y al clima» al no desistir de su solicitud de operar hasta 2031. Por su parte, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha apostado por la continuidad de la central ya que es una fuente de producción de energía eléctrica barata y genera mil empleos en la zona.

Sin embargo, Del Olmo ha reconocido que las «perspectivas no son buenas» para la central ya que las empresas «no son ONGs» y si no les cuadran los números será «difícil que continúen». La consejera ha explicado que ha mantenido reuniones con las dos empresas y les ha animado a que «estudien muy bien los números y a que inviertan en Garoña«. «Si no quieren invertir habrá que solicitar a esas empresas que contribuyan al desarrollo de esas zonas, porque una de sus principales actividades es la central. Dejarían un amplio territorio sin una empresa de referencia y con un problema de empleo», ha agregado.

Del Olmo ha insistido en que el planteamiento de la Junta de Castilla y León es que «la central nuclear continúe», ya que «es una fuente de producción de energía eléctrica barata» y que «genera 1.000 empleos en la zona», aunque ha reconocido que «no hay instrumentos para forzar a las empresas a que continúen». Preguntada por posibles ayudas públicas para mantener la central, la consejera de Hacienda negó que «sea la forma de ayudar a las eléctricas», pues «tienen una capacidad económica suficiente para realizar esa actividad sin ayudas».

Los ecologistas arremeten contra Endesa

La portavoz de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha pedido al presidente de la eléctrica, Borja Prado, «respeto a los ciudadanos, al Congreso y al clima». «Parece que no piensan desistir del proceso de licencia de Garoña, tal y como le pidió Iberdrola, pero aún pueden cambiar de opinión, porque ha manifestado en varias ocasiones que mantendrá sus inversiones nucleares siempre que las centrales sean viables. Por eso, es mucho más coherente el desistimiento«, ha lamentado. La portavoz de Greenpeace ha subrayado que la decisión de Endesa no solo es de tipo empresarial sino que «va más allá» y tiene que ver con el modelo energético, con la vida del parque nuclear español y con el cambio climático».

A juicio de Montón, Endesa debe decir «adiós a Garoña«, una central que es “el vivo ejemplo de la especulación energética y del envejecimiento de la tecnología atómica”. Si Endesa retirara la solicitud, continuó Montón, sería una respuesta «muy buena», pero si continuarán adelante con la posible reapertura de la nuclear, estaríamos ante una posición de absoluta «debilidad» a las órdenes del Gobierno y jugando con una política energética cuyas decisiones nos competen a todos. Asimismo la portavoz ha pedido a Endesa que «concrete sus planes de transición hacia las energías renovables y el abandono de energías sucias», y para ello le reclamará que anuncie las fechas estimadas de cierre de sus plantas de carbón.

Según datos de esta organización, Endesa produce el 10% de todas las emisiones del país, más de 33 millones de toneladas de CO2, pero según se deduce de su plan estratégico solo dos de sus térmicas cerrarán antes de 2020, ya que no realizarán inversiones en ellas: Andorra (Teruel) y Compostilla (León). Endesa no ha planificado el cierre ordenado de sus térmicas de carbón, pero sí una reducción de emisiones que exige, tarde o temprano, el cierre de todos los grupos de Litoral (Almería), As Pontes (A Coruña) y Alcudia (Mallorca), en las que se quema carbón de importación, pero no detalla cuándo, según Greenpeace.

Ecologistas confía que prevalezca Iberdrola

Por su parte, Ecologistas en Acción confía y desea que, en «el pulso» entre Endesa e Iberdrola, se imponga finalmente la posición de la segunda porque considera que «es más racional». Así se pronunció el portavoz antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, respecto a la falta de acuerdo entre ambas compañías en el seno de Nuclenor, tras no alcanzar una postura común sobre el proceder en el proceso de solicitud de renovación de la central nuclear hasta 2031. «Asistimos a un pulso entre Iberdrola, que quiere desistir, y Endesa, que yo creo que no tiene claro que hacer, si seguir o no, y se lo está pensando», ha valorado.

En este contexto, no ve muchas opciones puesto que «si Iberdrola dice no, se trata de un bloqueo» porque Castejón no cree que Endesa vaya a comprarle a Iberdrola su mitad, que según calcula conllevaría pagar 250 millones de euros, sin garantías de que tras las inversiones, en un «corto periodo de tiempo» se produzca otra avería o, en el peor de los casos un accidente severo. «No creo que Endesa tenga muy claro seguir y mi deseo es que finalmente Iberdrola impondrá sus motivos porque hay una racionalidad detrás de lo que dice», aseguró.

San Sebastián de los Reyes aprueba a propuesta de Podemos cobrar tasas a las compañías energéticas que usen suelo público

/0 Comentarios/en , , /por

EFE.- El pleno de San Sebastián de los Reyes aprobó que el Ayuntamiento de la localidad cobre una tasa a las empresas eléctricas que hagan uso del suelo público de la localidad, a propuesta del grupo Sí Se Puede. La moción contó con el respaldo del PSOE, PP, Ganemos, Izquierda Independiente y los dos concejales no adscritos, mientras que Ciudadanos (C’s) se abstuvo en la votación.

En concreto, el grupo municipal de Sí Se Puede reclama el cobro de una tasa por aprovechamiento del dominio municipal a todas las empresas transportadoras de energía, agua, gas e hidrocarburos, según indicaron. «En una situación como la actual, donde los Ayuntamientos deben asumir la responsabilidad del rescate de sus vecinos en casos como los de pobreza energética, es totalmente necesario el cobro de estas tasas«, aseveró el portavoz del partido, Iván Cardador. El concejal ha defendido su propuesta aludiendo a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y argumentó que los Ayuntamientos «tienen potestad» para establecer unas tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, desarrollando las correspondientes Ordenanzas reguladoras.

Nadal asegura que las compañías eléctricas estarán obligadas a informar sobre las ventajas e inconvenientes de cada cambio de contrato

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que su departamento «aumentará las obligaciones» de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con contratos de electricidad en el mercado libre (14 millones de clientes), frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades para afrontar los gastos de su factura eléctrica, el ministro señaló que el Gobierno «va a hacer un apunte dentro del decreto del bono social» que obligará a las compañías eléctricas a «informar» a los usuarios que cambien de contrato.

Así, las empresas deberán explicar a las personas interesadas en acogerse a una nueva tarifa «sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados», explicó Nadal. El ministro incidió en «la libertad» de los ciudadanos «a la hora de elegir su tipo de contrato, aunque recordó que para él «el régimen más favorable es el que regula el propio Ministerio: que es el PVPC». «Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga», argumentó Nadal.

Sobre la posibilidad de una subida de la luz en Galicia para pagar el canon eólico, como ha sucedido en Cataluña, La Rioja, Valencia y Castilla-La Mancha, el ministro ha señalado que la política del Ministerio «es que los recibos de la luz sean iguales en toda España». Nadal ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a repercutir en diferentes recibos los impuestos establecidos por las comunidades autónomas en los recibos de la luz durante 2012 y que «ya se ha hecho cumplimiento de esa sentencia». «Sobre esta cuestión no hay nada más, salvo que alguien recurra», ha ahondado el ministro.

En su intervención el ministro ha reivindicado que «la política» de su departamento «es siempre que la electricidad sea lo más barata posible para todos los ciudadanos», pero ha explicado que «si hay una sentencia del Tribunal Supremo hay que cumplirla». «Cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos en el sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario«, concluyó Nadal.

Desestimado el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra la suspensión del decreto medioambiental que obstaculizaba el ATC nuclear

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) desestimó el recurso de reposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra la suspensión por parte de ese mismo tribunal de la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura por el que se ampliaba en 2016 la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria.

El TSJCM acordó en marzo suspender este decreto tras una sentencia del Tribunal Supremo que acordaba la suspensión cautelar del acuerdo del Ejecutivo regional, de julio de 2015, que dio inicio a una ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito, que afectaba a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y de residuos en Villar de Cañas (Cuenca). La sentencia del Supremo que suspendía cautelarmente, desde su raíz, el inicio del proceso de protección medioambiental por parte del Gobierno autonómico llevó al TSJCM a extender esa suspensión a la ampliación efectuada en 2016.

Un auto del TSJCM que el Gobierno presidido por Emiliano García-Page recurrió, pero que ahora rechaza el Alto Tribunal castellano-manchego al considerar que ninguno de los motivos impugnatorios de la Junta «tendrá favorable acogida, por no quedar desautorizada la corrección jurídica del auto recurrido». El Ejecutivo castellano-manchego reprochó al Alto Tribunal autonómico que su decisión «incurre en el vicio de falta de motivación, de no haber tenido en cuenta el periculum in mora, que es el peligro de un daño jurídico urgente y marginal derivado del retraso de la resolución definitiva, y de no ponderar los intereses en el conflicto».

Unidos Podemos reclama que Nuclenor «corra con los gastos» de cerrar Garoña ya que se ha enriquecido con su producción

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El diputado de Unidos Podemos por Burgos, Miguel Vila, exige que la empresa Nuclenor, propietaria de la central nuclear de Garoña, corra con los gastos del cierre ya que se ha enriquecido con la producción. El parlamentario por Burgos se ha entrevistado con la Plataforma contra Garoña para la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

El diputado asegura que estará vigilante para que el coste del desmantelamiento de la central de Garoña recaiga «exclusivamente» en Nuclenor, sociedad formada por Endesa e Iberdrola. De esta manera quiere «evitar» que se el cierre definitivo se haga con el dinero de todos y «con garantía de seguridad». Vila recordó que no puede ser que la ciudadanía pague el desmantelamiento millonario de la nuclear cuando «la empresa propietaria ha ganado mucho dinero» durante la vida útil de la central.

El desmantelamiento de la central va a generar empleo, pero Vila ha recalcado que no se conforma con ello. Unido al proceso de cierre, que puede durar una década, cree necesario implementar un plan de reindustrialización para la zona pero basado en «un impulso del mundo rural sostenible que garantice empleo de calidad». «Una segunda pata estaría enraizada en la «revitalización del patrimonio histórico y natural que garantice la llegada de turismo sostenible», ha aseverado.

Unidos Podemos entiende que el dinero de que se invierta en la reindustrialización de la comarca de Las Merindades y en Miranda de Ebro, «debe ir a los ayuntamientos». El diputado alertó de que si no se hace así, puede ocurrir lo que ya pasó hace unos años con el Plan Reindus, cuando el dinero del Estado se fue «a la patronal con una total ausencia de mecanismos de control». 

El Gobierno envía a las comunidades autónomas el borrador del reglamento sobre el bono social, más «eficiente» y «accesible»

/0 Comentarios/en , , , , , , /por

Europa Press.- El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo «más eficiente» y «accesible», con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía expone que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social. En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad. Además, crea la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica. Si la reclamación no puede entregarse, habrá una segunda reclamación. Por último, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago. Desde entonces, el consumidor dispondrá de 2 meses para efectuar el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a 4 meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado «esencial» y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares. Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.

El Parlamento de Baleares trasladará al Congreso de los Diputados su propuesta de prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo

/0 Comentarios/en , , , /por

Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de Baleares ha aprobado por asentimiento una proposición de ley, propuesta por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, para rechazar las prospecciones petrolíferas y proteger el Mediterráneo, por lo que tres diputados autonómicos viajarán a Madrid para que defiendan la iniciativa en el Congreso.

Con esta proposición de ley quedarían excluidas en el Mediterráneo las exploraciones, investigaciones y explotaciones de hidrocarburos u otras sustancias minerales, en las zonas en las que España ejerza jurisdicción que abarque al menos la protección de los recursos naturales. Igualmente, la iniciativa propone excluir de este espacio marino la exploración mediante adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías de las que haya quedado científicamente demostrada su completa inocuidad. Asimismo, propone que las exploraciones de hidrocarburos incluidas en esta ley, pero ya concedidas, permanezcan vigentes hasta su extinción sin que haya ninguna prórroga posible. Eso sí, la Ley sería de aplicación para todas aquellas solicitudes que a su entrada en vigor no hayan sido resueltas.

En la exposición de motivos, los grupos parlamentarios señalan que no es «coherente explorar o investigar nuevos yacimientos de combustibles fósiles cuando la Agencia Internacional de la Energía y Naciones Unidas señalan que si se quieren evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, se debe dejar de quemar la mayor parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no aumentar de forma irreversible las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), gas causante del calentamiento global del planeta». Además, «estas actividades suponen realizar un esfuerzo en el sentido contrario a los compromisos adquiridos, que constituyen la única respuesta sostenible al problema del cambio climático».

Las gasolineras españolas facturaron 90 millones de euros más durante la Semana Santa, según un estudio de UniversalPay

/0 Comentarios/en , , , , , /por

Europa Press.- Los conductores españoles gastaron 89,5 millones de euros más en carburante esta Semana Santa que en la misma época del año anterior, según las conclusiones recogidas en un informe elaborado por UniversalPay, filial española de EVO Payments International. El estudio atribuye el incremento en la facturación a aspectos como el aumento de los desplazamientos y el precio actual del crudo, que sitúa el precio de la gasolina y el del gasóleo un 10,05% y un 12,67% más caros respectivamente que en 2016.

El estudio, en el que se han analizado más de 10.000 gasolineras de todo el territorio nacional, concluye que el gasto en carburante fue mayor el Viernes de Dolores, coincidiendo con la primera parte de la operación salida, así como el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Viernes Santo. Estos días concentraron más del 40% de las ventas.

Ante este incremento en las cifras de facturación, las gasolineras se preparan para hacer frente a una mayor demanda de productos en sus negocios. En este sentido, UniversalPay destaca la gran cantidad de posibilidades que ofrecen las nuevas formas de pago como el contactless, el pago por móvil o por matrícula, así como la posibilidad de hacerlo en terminales desatendidos integrados en el surtidor. «Contar con una buena red de plataformas de pago generará una mayor afluencia de vehículos en las estaciones de servicio al ahorrar tiempo al volante a los conductores en una época donde se hacen muchos kilómetros por carretera», indicó el consejero delegado de UniversalPay, Jaime Domingo.

Sin embargo, los datos de facturación no siguen la misma tendencia a lo largo de la geografía española. Las gasolineras de Melilla y las de las Islas Canarias verán disminuir la recaudación durante esta época del año, frente a otras semanas en las que no hay días festivos. En general, las grandes capitales de provincia, como Sevilla, Málaga, Valencia o Barcelona, verán también descender su facturación aunque en menor medida, en torno al 5%. Las provincias de A Coruña, Vizcaya, León y Valladolid apenas lo notarán, pero tampoco verán aumentar su recaudación en estas fechas.

Por el contrario, provincias con destinos más rurales y localidades de paso serán las más beneficiadas. Destacan los previsibles incrementos de Soria, del 143%, y Teruel y Cuenca, que rondarán el 70% y el 60%, respectivamente. Tras ellas, se sitúa Huesca, con un aumento casi del 50%, seguida por provincias de Castilla y León, especialmente por Salamanca, Zamora y Segovia, que superarán el 25%, al igual que Albacete y Badajoz.

Por comunidades autónomas, Aragón es el área geográfica donde más va a notarse el incremento en la facturación de las estaciones de servicio, con un crecimiento en la recaudación de más del 27% en relación a otras semanas del año. Tras ella, Extremadura y Castilla y León completan el top 3 con un aumento de casi el 20% En la parte media de la tabla, por incremento en la facturación, se posicionan Asturias, con casi un 10%, y La Rioja y Castilla-La Mancha, con un crecimiento del 8%. Le siguen Navarra y Cantabria con más de un 6%, Madrid y País Vasco, las dos regiones con una facturación que durante Semana Santa aumentará un 5%.

El Parlamento del País Vasco presentará un recurso si el Gobierno ordena la reapertura de la central nuclear de Garoña

/1 Comentario/en , /por

Europa Press.- El Parlamento vasco ha aprobado una iniciativa en la que asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición» para impedir la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y, en caso de que el Gobierno ordene la reapertura, faculta a la Mesa de la Cámara a ordenar a los servicios jurídicos parlamentarios la interposición de recursos en contra de la resolución de apertura.

Todos los grupos, excepto el PP, que se abstuvo, votaron a favor de la iniciativa que ha presentado EH Bildu que hace referencia al informe elaborado por la dirección técnica delConsejo de Seguridad Nuclear (CSN) que concluye que la central podrá volver a operar, condicionando la reapertura a una extensa lista de inversiones. El pasado 2 de febrero el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley que exige el cierre definitivo de Garoña y en la que se incluía que los servicios jurídicos de la Cámara estudiaran las posibles acciones jurídico-administrativas a emprender.

El informe elaborado por los servicios jurídicos de la Cámara vasca señala que el Parlamento puede interponer un recurso contra el informe del CSN. Por ello, con esta iniciativa, el Parlamento vasco asume el compromiso de emplear «todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura» y acuerda interponer el recurso para «anular» la resolución del CSN. Finalmente, el texto advierte de que la reapertura de Garoña sería «grave e inaceptable» y, en consecuencia, insta al Gobierno central a no volver a autorizar la reapertura de la central nuclear.

Durante el debate, EH Bildu acusó al PP de «cercenar la posibilidad de la ciudadanía a expresarse», y ha advertido de que, si el Gobierno de Rajoy continúa con la misma actitud, va a llevar a la ciudadanía a un «problema» por «facilitar la apertura de Garoña o de las siguientes centrales» y por «tomar decisiones de espaldas a la ciudadanía en el oscuro órgano que es el Consejo de seguridad Nuclear». También acusó al PP de «empeñarse en decir que no hay novedades». «¿Ustedes están a favor o en contra de la reapertura?. No me ha quedado claro. Se van a abstener y eso no sé qué significa», criticó.

Representando a los intereses vascos

Por su parte, el parlamentario del PNV, Juan Carlos Ramirez-Escudero, ha reconocido que «no es habitual» que una asamblea legislativa se persone como parte interesada en un procedimiento administrativo, como sería la prórroga de la explotación de Garoña, pero ha indicado que el Parlamento tiene «plena legitimación» para personarse «como depositario del mandato representativo de los vascos y en defensa de los intereses colectivos de la ciudadanía vasca». «Votamos a favor de la presentación de este recurso», insistió, para defender que, «aunque se ve cada vez más cerca el cierre de Garoña, no podemos sentarnos con los brazos cruzados», sino que «tenemos que estar vigilantes».

Desde Podemos, José Ramón Becerra criticó que el Gobierno central «no ha hecho nada en estos años» para cerrar Garoña, y ha agradecido la «diligencia y profesionalidad» de los servicios jurídicos de la Cámara a la hora de «concretar las vías más adecuadas para hacer frente al entramado jurídico-administrativo que el propio oligopolio eléctrico y sus puertas giratorias han ido urdiendo en torno a la reapertura y que han quedado al descubierto en el informe».

La parlamentaria del PSOE, Natalia Rojo, ha defendido que la iniciativa de EH Bildu responde a la posibilidad de la Cámara de personarse «en el caso de que al PP se le ocurra continuar con la reapertura de Garoña y acudir a un procedimiento administrativo». Rojo ha defendido que el Consejo de Ministros «puede poner punto y final a la reapertura de Garoña» ya que es «el secretario de Estado quien puede decir lo que puede pasar con la central». «Iberdrola dirá lo que quiera, pero no exime la responsabilidad del Gobierno de Rajoy para tomar la decisión final. Álava y Euskadi no quieren la central, independientemente de lo que diga Iberdrola», ha advertido Rojo.

El parlamentario del PP, Carmelo Barrio, asegura que «estamos más cerca que nunca del cierre de Garoña y de su desmantelamiento», y recuerda que, en la actualidad, la central nuclear está cerrada, por lo que no ve «ninguna novedad en el trámite político o jurídico». Tras recordar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegurando que la central «no es viable», ha señalado que la única «novedad» está en que Nuclenor «reconoce que la continuidad es inviable económicamente».

Además, ha afirmado que el Gobierno central «no puede cercenar unilateralmente un procedimiento administrativo, al que tiene derecho las sociedades mercantiles Iberdrola y/o Nuclenor» porque se enfrentaría a sanciones que beneficiarían a las propietarias de la central. Asimismo, anunció su abstención a la propuesta y ha contestado a las críticas del PSOE sobre las distintas posiciones que han mantenido los populares ante los debates sobre Garoña, recordando que fue el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el que «impulsó la prórroga» de la central burgalesa.

Castilla y León no contribuirá a «la confusión» creada sobre Garoña y desconoce el cambio de opinión de Iberdrola

/0 Comentarios/en , , /por

Europa Press.- La Junta de Castilla y León no va a participar en la «ceremonia de la confusión» que se está produciendo en torno al futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y asevera que no puede valorar las razones aducidas por Iberdrola para cambiar su criterio y posicionarse ahora por el cierre de la planta ya que esta compañía «no ha tenido aún la deferencia de comunicar directamente» al Gobierno regional las causas de este cambio de postura.

Así se ha manifestado el Gobierno regional tras el posicionamiento de Iberdrola en contra de la reapertura de la central antes de que haya concluido el plazo de 6 meses dado por el Gobierno para escuchar a todas las partes implicadas y pronunciarse sobre el futuro de Garoña. En este sentido, el Gobierno regional recuerda que «contando siempre con que la voluntad de los propietarios» de la central era la de mantenerla abierta, la Junta viene defendiendo esa continuidad siempre que, como condición imprescindible, se contara para ello con la autorización previa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y una vez cumplidas «todas las exigencias técnicas y de seguridad» establecidas.

Asimismo, ha recordado que Nuclenor (Iberdrola y Endesa al 50%) solicitó en mayo de 2014 reabrir la central hasta 2031 con la renovación de la autorización de explotación, lo que motivó que se iniciase un «exigente procedimiento» para obtener esa solicitud de reapertura, que requería preceptivamente un informe del CSN. Finalmente, a principios de febrero, el CSN informó favorablemente sobre la reapertura de la central, aunque condicionado a obras de mejora que se deben acometer antes de volver a operar.

Vigente plazo de 6 meses

A partir del informe favorable del CSN, corresponde al Gobierno de la Nación pronunciarse definitivamente sobre la solicitud de reapertura y sobre el nuevo plazo hasta el que la central podrá estar operativa. No obstante, antes de su pronunciamiento, el Gobierno abrió un periodo de consultas durante 6 meses, para escuchar a empresas, agentes sociales, instituciones y partidos; «un trámite de consultas que la Junta de Castilla y León aprovechará para reiterar los argumentos que ha defendido durante estos años».

La «sorpresa» surge, según la Junta de Castilla y León, cuando en los últimos días Iberdrola, una de las propietarias de Nuclenor, se posiciona y no considera rentable reabrir la central «antes de conocer las condiciones de la posible autorización del Gobierno» y pide a su socio, Endesa, cerrarla definitivamente, y «presentar un escrito de desistimiento de la solicitud de renovación que ellos mismos habían formulado hace 3 años». Es una decisión que, en principio, Endesa «no parece compartir» ya que prefiere esperar «en todo caso» a que el Gobierno se pronuncie, una vez transcurrido el plazo de 6 meses que ha abierto para consultas.

La Junta de Castilla y León considera necesario que ese plazo sea respetado y ha reiterado que aprovechará este tiempo para reiterar su posición en este tema y el futuro de la central, del que depende «su mayor o menor aportación a la producción energética española» así como la pérdida o mantenimiento de casi mil empleos en una zona de Burgos «con difíciles alternativas de actividad económica y de ocupación».